Según el plan estatal, se prevé una financiación de 85.000 por cada vivienda pública o para impulsar la construcción público-privada. El precio de alquiler máximo de un alquiler protegido será de 900 euros. Si se utilizan métodos de industrialización en la construcción se habilita una ayuda adicional de 8.500 euros por vivienda, de manera que podrá ascender hasta 93.500 euros. Si esto se produjera en una zona tensionada (como Barcelona), se podrán añadir 8.500 millones de euros, llegando a un máximo de 102.000.
Vivienda
Así es el plan de vivienda del gobierno español: 7.000 millones de euros a pagar entre el Estado y las comunidades autónomas
Para Cataluña se prevé una inversión de 1.015 millones, el 40% de los cuales los debe aportar la Generalitat
Act. hace 5 min
4 min
MadridPrimer plan de vivienda del gobierno español en el marco de la nueva ley de vivienda. Este martes el consejo de ministros ha presentado los pilares de su política para intentar resolver el principal problema de los ciudadanos, según el CIS, pero con la dificultad de que una parte importante de las competencias se encuentra en manos de las comunidades autónomas. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha asegurado que se "blinda el parque de vivienda público" para evitar que la inversión de fondos estatales en la construcción y habilitación de edificios acabe en manos privadas. "Hasta ahora el papel de la administración general del Estado era de caja pagadora", ha dicho Rodríguez, mientras que ahora su voluntad es de intervenir en las comunidades autónomas para asegurar los "derechos" de la ciudadanía. E
Este nuevo Plan 2026-2030 prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el 60% de los cuales los aportaría el Estado y, en cambio, el 40% las comunidades autónomas. Ahora bien, no se distribuirán en el territorio de forma igualitaria: en el caso de Cataluña el plan prevé que se destinen 1.015 millones de euros entre la Generalitat (el 40%) y el Estado (60%). Un incremento de 473 millones de euros respecto al plan anterior. En el caso de la Comunidad de Madrid se perfilan 1.113 millones de euros, lo que significa un aumento de 815 millones de euros. ¿A qué se debe esta diferencia? Según fuentes del ministerio, el incremento respecto al plan anterior es menor que en otras comunidades porque previamente la Generalitat ya había aportado más del 40% de recursos en el plan. "Cataluña ha hecho los deberes", aseguran, ya que ha cumplido más de los mínimos que exigía Vivienda. Y es que el cumplimiento del plan, como evidencian los datos, depende de la voluntad de cumplimiento de cada comunidad autónoma y lo que se han encontrado hasta ahora desde el ministerio es que las comunidades del PP, dicen, no invertían el 40% mínimo que exigía el Estado.
Por este motivo la polémica ya está servida. El gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso dice que el nuevo plan estatal "invade competencias y no está consensuado con las comunidades". "Todo se resume en que si no crees en el intervencionismo de Pedro Sánchez, no hay dinero", ha dicho el consejero de Vivienda madrileño, Jorge Rodrigo, a través de X. El gobierno español ha contestado: "Isabel Díaz Ayuso cree que hace daño al gobierno cuando no aplica la ley, pero está haciendo daño a un millón y medio de personas que viven de alquiler. Hoy podrían ver congeladas sus rentas si la presidenta de Madrid aplicase el tope" de rentas, ha lamentado la ministra, añadiendo que les "sorprendería" que Madrid se quedase fuera del plan porque implicaría quedarse sin recursos estatales para destinar en materia de vivienda.
Y es que la distribución de los fondos está "sujeto" a un compromiso de "ejecución" por parte de las comunidades autónomas en tres ámbitos: construir nuevas viviendas, rehabilitar el parque ya existente y proteger el derecho de la ciudadanía a una vivienda por encima de la especulación". La idea es que de los recursos un 40% vaya destinado a la construcción, un 30% a la rehabilitación y un 30% a las ayudas. La garantía que el gobierno del Estado tiene para conseguir más inversión —dice el ministerio— en vivienda es el "control semestral" a las comunidades sobre la ejecución de obras y poner condiciones para seguir recibiendo dinero en función de la evolución. "Antes perdíamos el control en el momento que cedíamos el dinero, ahora nos tendrán que reportar información", ha aclarado la ministra.
Medidas para aumentar el parque de vivienda
Construcción de viviendas
Promoción del alquiler asequible
Para ampliar el parque público con viviendas ya construidas, se pone a disposición de las autonomías la financiación del 70% para adquirir un piso a través de método de tanteo y retracto. Pudiendo aumentar hasta el 85% si es en una zona tensionada, con un máximo de 800 euros de alquiler. En una dirección contraria, los particulares que cedan su piso a la administración para alquiler asequible recibirán una ayuda de hasta 17.000 euros, 25.000 si se trata de una vivienda en una zona tensionada, para que sea la comunidad autónoma quien la ponga a disposición de la ciudadanía. Se podrá cobrar un máximo de 600 euros de alquiler. Una vez finalizado el contrato, la administración debe devolver el piso al propietario en "condiciones óptimas". Se prevé una ayuda extra de 12.000 si se rehabilita la vivienda, una medida pensada para las zonas rurales donde se concentra el máximo de viviendas vacías. También para zonas rurales, se prevé una ayuda de 35.000 euros para la rehabilitación de edificios si se ponen a alquiler asequible por un mínimo de cinco años.
Ayudas para jóvenes
En cuanto a los jóvenes, se prevé una ayuda de 300 euros para menores de 35 años para pagar el alquiler; y 15.000 euros de ayuda para adquirirlo en propiedad en zonas rurales de menos de 10.000 habitantes. Esta ayuda puede llegar hasta los 20.000 euros si la localidad pierde población. En el caso de las mujeres víctimas de violencia machista, la administración se hará cargo de la renta de máximo 1.000 euros; y una ayuda para personas vulnerables de 250 euros para pagar el alquiler.
El "blindaje del parque público"
Otra novedad que ha presentado la ministra Rodríguez es la introducción de "controles" y "transparencia" en políticas de vivienda. Según el gobierno español, el plan incorpora un "blindaje" para que "no se pueda especular" con la vivienda pública. "En los últimos 45 años se han construido 2,7 millones de viviendas protegidas, pero la mayor parte se descalificaron con los años", dice el ministerio, si se hubieran mantenido dentro del parque público —aseguran— España contaría con un parque similar a los estándares europeos.
Al mismo tiempo, el ministerio también introduce una cláusula antifraude en las adjudicaciones de viviendas públicas para evitar casos como los de Alicante. ¿Con qué medidas? De acuerdo con el plan, se adjudicarán con "criterios objetivos, medibles y transparentes" los pisos de alquiler asequible, sin concretar más. En términos de transparencia, también quieren garantizar que haya datos públicos y disminuir los discursos "basados en fake news" y para hacerlo pedirán a las comunidades autónomas que les remitan "información de contratos de alquiler en el registro de fianzas de la comunidad". Esta medida, creen, "facilitará información en tiempo real sobre el número de alquileres vigente, su precio, la rotación de personas inquilinas y la oferta vigente".
El calendario de aplicación del plan de vivienda es el siguiente: este abril se deben reunir el Estado y las comunidades para hablar de la aplicación del plan; una conferencia sectorial para aprobar la distribución de los fondos; y finalmente el despliegue de las medidas entre junio y septiembre de este año.
