El escándalo de la vivienda protegida de Alicante se extiende a hermanos y primos de concejales

ValenciaEl escándalo por la adjudicación de vivienda protegida en Alicante no deja de crecer. A la polémica por el hecho de que una promoción inmobiliaria haya beneficiado hasta a cinco cargos del PP, diversos empleados del consistorio y la Generalitat, se suma la circunstancia de que en el edificio residen más de una decena de familias con diversos miembros a los que se les ha concedido pisos. Entre ellos hay, incluso, tres hermanos y dos primos con edades de entre 18 y 24 años, un dato especialmente llamativo, dado que los primeros trámites del proyecto se remontan a 2018, lo que habría obligado a su inscripción con 14 o 15 años.

Los últimos datos provienen de un informe elaborado por la Policía Local de Alicante a instancias del juzgado que investiga el caso. El documento revela que en hasta 46 de las 140 viviendas del inmueble bautizado como Les Naus no hay personas empadronadas, y que en muchas otras hay un residente censado pero, "más personas" viviendo allí. También recoge que 12 personas no adjudicatarias residen en seis pisos. Incluso, señala que hay 26 cubos de basura con una apariencia descuidada, con abundante publicidad sin recoger, circunstancia que apuntaría al hecho de que las viviendas están vacías. Todos estos datos indicarían posibles infracciones porque la normativa para la concesión de los pisos obliga a incluir la documentación de todos los convivientes, exige que el piso adjudicado sea utilizado como primera residencia y estipula que los ingresos anuales de la unidad familiar no deben superar los 54.600 euros anuales según el nuevo límite fijado por el PP –anteriormente era de 48.000.

Pisos para cinco cargos del PP

Los nuevos detalles aportados por la policía se suman a los hechos que destaparon la polémica: que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, fue beneficiaria de un piso; que otros tres pisos fueron a parar a los dos hijos y al sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; que dos más fueron para el arquitecto municipal Francisco Nieto y la esposa del jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, y que otro recayó en la mujer del técnico de la conselleria de Vivienda que validó los expedientes. A la lista habría que sumar el hijo de la concejala de Medio Ambiente y Sanidad de la localidad cercana de Sant Vicent del Raspeig, la popular Mercedes Torregrosa, y Sira Pérez, actual tesorera del Ayuntamiento del vecino municipio de Sant Joan d’Alacant, según dos informaciones aportadas por Eldiario.es y el diario Información.

Fruto del escándalo, ya han dejado el cargo Gómez, Pérez-Hickman y Sánchez. Además, se ha expedientado a dos arquitectos municipales y un técnico del departamento territorial de Vivienda en Alicante. No es el caso del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, que se ha negado a dimitir y a quien Vox ha evitado la reprobación. Según Eldiario.es, en el año 2005 la esposa de Barcala y su cuñada ya obtuvieron una vivienda protegida para destinarla a alquiler en otra promoción de pisos públicos.

La polémica –que ya ha originado las primeras protestas ciudadanas– y que ya es investigada por la justicia por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, se ha visto agravada por las denuncias de alquiler –con mensualidades de hasta 1.600 euros– y la venta –con precios de hasta medio millón de euros, la mitad de los cuales en dinero negro– de los pisos, a pesar de que la normativa lo prohíbe. También ha generado mucho debate el hecho de que los pisos tienen una ubicación muy preciada, además de disponer de piscina, gimnasio y pistas de pádel-tenis.

Hasta el momento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento –gobernados ambos por el PP– han eludido cualquier responsabilidad y únicamente han anunciado la creación de dos comisiones de investigación, una autonómica y otra local. La conselleria de Vivienda –la encargada de supervisar la adjudicación– ha informado de que todos los pisos han sido tramitados por un funcionario que dio por buenos expedientes –incluido el de su propia esposa– sin evaluar los datos económicos del cónyuge del beneficiario, tal como exige la ley. Por su parte, el consistorio ha defendido que su papel se limita "a vender el suelo a un precio tasado" a las promotoras y que es la Generalitat la que debe validar el proceso.

Sant Joan d'Alacant, València i un excàrrec de Compromís, també sota sospita

El escándalo de Alicante se ha visto agravado por la posibilidad de que se haya producido un caso similar en el municipio de Sant Joan d'Alacant, donde el Ayuntamiento ha informado de posibles irregularidades en la comercialización de viviendas protegidas por parte de la promotora adjudicataria de una parcela municipal licitada en 2025. El alcalde, el popular Santiago Román, ha señalado que se han observado "actuaciones de publicidad presuntamente engañosas, de promoción y de captación de reservas o cantidades a cuenta".

A más, en Valencia, el PSPV ha denunciado ante la Fiscalía la permuta de cuatro solares municipales para construir vivienda protegida por un edificio de 39 pisos. La constructora, según las denuncias vecinales, anuló las reservas que habían formalizado poco antes de optar por la permuta –circunstancia prohibida por la convocatoria–. También ha sido polémica la concesión de una vivienda protegida al exdirector del Institut Cartogràfic Valencià y miembro de Compromís, Xavier Navarro, en el año 2017, cuando entonces tenía un sueldo de 60.000 euros –superior al límite de 46.800 estipulado en ese momento por la ley–, un hecho denunciado por el diario Las Provincias y que la conselleria de Vivienda está investigando.