Crece la polémica por la adjudicación de vivienda pública a cargos municipales de Alicante

ValenciaEl Ayuntamiento de Alicante cruzará los datos de los adjudicatarios de las viviendas públicas con los de la actual plantilla de funcionarios para saber si algún empleado más está relacionado con la concesión de pisos protegidos a varios cargos municipales. Así lo anunció este martes el concejal de Contratación y Recursos Humanos y dirigente del Partido Popular, Manuel Villar, quien señaló que no pretende llevar a cabo una "caza de brujas", pero quiere aclarar si hay más funcionarios y cargos del consistorio que hayan sido adjudicatarios o que hayan tenido "relación con el procedimiento". Además, detalló que este jueves se hará un pleno extraordinario y monográfico sobre la polémica tal y como habían reclamado los grupos de la oposición.

El escándalo ya se ha saldado con la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez –que fue una de las adjudicatarias–, y de la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, los dos hijos y un sobrino y un sobrino. Además, se investiga la actuación de un técnico de la consejería de Vivienda, ya expedientada, que validó una vivienda para su mujer, funcionaria municipal.

Sin competencias ni responsabilidades

Manuel Villar ha defendido que el Ayuntamiento de Alicante carece de competencias en la adjudicación de la vivienda y que su papel se limita "a vender el suelo a un precio tasado" a las promotoras inmobiliarias y que son éstas las encargadas de que se cumplan los criterios de adjudicación. De hecho, el consistorio ha denunciado los hechos ante la Fiscalía para que sea este órgano el que comprobó si se han respetado los requisitos. Los criterios actuales son que los adjudicatarios no tengan otra vivienda, que el piso concedido sea utilizado como primera residencia y que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen los 54.000 euros anuales.

"Es un fraude"

El relato del dirigente del PP no es compartido por la portavoz socialista, Ana Barceló, que calificó los hechos de "fraude" que atenta "contra la confianza que tiene el ciudadano en la administración". Desde el PSPV sospechan que se habrían cometido delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas por funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa, fraude a la administración y fraude de ley con relevancia penal. Compromís ha ampliado el foco y ha instado al Ayuntamiento a que compruebe si en las viviendas "vive la gente que ha sido adjudicataria" o, por el contrario, se han alquilado o vendido, tal y como apuntan algunas denuncias de ciudadanos recogidas por el diario Información. Estas denuncias vecinales citan alquileres de entre 1.200 y 1.600 euros mensuales y precios de venta cercanos al medio millón de euros, la mitad de ellos en dinero negro. Dada la magnitud de la polémica, la diputada valencianista María José Calabuig ha reclamado una comisión de investigación en Les Corts que aclare por qué se beneficia con pisos públicos "personas con sueldos de casi 70.000 euros".