Cómo desatascar los presupuestos (y el IRPF)
La aprobación de los presupuestos anuales de un gobierno autonómico debería abordarse como una cuestión prioritaria y separada de otras reivindicaciones políticas que dependen de ámbitos institucionales distintos. Cuando unas cuentas públicas están prorrogadas, la administración pierde capacidad para actualizar programas, ajustar partidas a nuevas necesidades y desplegar políticas públicas con mayor ambición. En particular, la ampliación del gasto social -en ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a colectivos vulnerables- requiere un marco presupuestario vigente y plenamente operativo. Condicionar la aprobación de estos presupuestos a demandas cuyo cumplimiento corresponde principalmente al gobierno central introduce un factor de bloqueo que acaba afectando directamente a la ciudadanía, que ve atrasadas o limitadas políticas que sí están dentro de la competencia del gobierno autonómico.
Desde una perspectiva de metodología de negociación, conviene diferenciar claramente los planes en los que se sitúan las diversas reivindicaciones. Las negociaciones complejas suelen avanzar con mayor eficacia cuando se separan los asuntos que dependen de actores distintos o de niveles institucionales distintos. En este caso, la aprobación de los presupuestos autonómicos debería evaluarse por su contenido y por su capacidad para mejorar los servicios públicos y la cohesión social en el territorio. Asimismo, la reivindicación de la transferencia completa de la gestión del principal impuesto, el IRPF, es una cuestión que requiere necesariamente la intervención y la decisión del gobierno central, pese a que en el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC estaba el acuerdo de impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con la relación bilateral con el relación bilateral. Pero mezclar ambos asuntos en una única negociación no sólo dificulta los acuerdos, sino que desplaza el foco del debate desde las necesidades inmediatas de la ciudadanía hacia una disputa institucional que, aunque es muy importante, debe resolverse en otro ámbito.
Una vía constructiva sería, precisamente, separar formalmente ambas negociaciones y transformarlas en procesos complementarios. El gobierno autonómico y ERC podrían alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos que permita desbloquear el aumento del gasto social, al tiempo que firmar un compromiso político conjunto para impulsar ante el gobierno central la transferencia plena de la gestión de este impuesto. Un posicionamiento compartido reforzaría la legitimidad de la demanda y aumentaría su peso en la negociación con el ejecutivo central. De esta forma, cada cuestión avanzaría en el ámbito donde se puede resolver realmente: los presupuestos para atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía, en el Parlament de Catalunya, y la reivindicación fiscal, mediante una acción política conjunta de PSC y ERC, dirigida al gobierno central. Insistir en presentar el traspaso como un proceso gradual y pactado, esperando a que pasen las elecciones andaluzas, que como más tarde serán en junio y que son un factor que condiciona mucho al gobierno central, podría rebajar los temores actuales derivados de las declaraciones de la ministra de Hacienda, que ahora no puede decir en público que finalmente se hará todo el traspaso del IR. En las técnicas de negociación se considera una virtud estratégica la capacidad de construir siempre puntos de encuentro en momentos como éste. Hay que evitar lo que se conoce como la "trampa del suicidio", es decir, quedar atrapados en posiciones públicas de no retorno y adoptadas por miedo al coste reputacional de retroceder o esperar, en este caso tres meses. Para no caer en esta trampa, los negociadores experimentados procuran diseñar soluciones que permitan a ambas partes preservar su credibilidad, darse un tiempo que genere un margen de maniobra y transformar posiciones rígidas en un proceso paulatino de convergencia que dé un margen temporal, en este caso, a la parte que tiene más dificultades para explicar el acuerdo a los suyos.
