Pirotecnia y gases lacrimógenos: Bolivia se aboca al estado de excepción tras seis semanas de revuelta campesina

BarcelonaLa pirotecnia y el gas lacrimógeno llevan días ocupando las calles de Bolivia, donde manifestantes y policía se enfrentan desde hace un mes y medio. Tan solo seis meses después de llegar al poder, el primer presidente de derechas de Bolivia en veinte años ya se ha encontrado con su primera gran crisis. Rodrigo Paz, de corte ideológico moderado, asumió la presidencia en noviembre tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por el expresidente Evo Morales, y ahora ha topado con las protestas más grandes en años en el país andino.

Sindicatos y organizaciones de trabajadores y de los pueblos originarios colapsan ciudades y carreteras desde hace seis semanas con protestas contra las políticas de austeridad y otras reformas que el nuevo presidente pretende impulsar. Por ahora, nada hace pensar que las concentraciones vayan a remitir, y el gobierno se prepara para reprimirlas de forma más dura.

Sentimiento de traición entre los pueblos originariosEl Congreso, en un intento de frenar las movilizaciones, ha aprobado una ley que regula el estado de excepción y permite la actuación del ejército para reprimir y controlar las protestas. Pero lejos de calmar la situación, la ley ha añadido más leña al fuego. Los manifestantes se quejan de la represión y consideran que la norma "debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos", tal como ha afirmado el expresidente Evo Morales, partidario de las protestas, a pesar de que no las ha impulsado.

Sentimiento de traición entre los pueblos originarios

A estas alturas pocos manifestantes buscan ya un diálogo con Paz. Muchos bolivianos habían depositado en el nuevo presidente una esperanza de cambio que por ahora no se ha cumplido. A diferencia de Jorge Quiroga, el candidato de la derecha conservadora que pasó a la segunda vuelta junto con Paz, el actual presidente se había presentado a las elecciones prometiendo reformas graduales y haciendo gala de ser un candidato moderado que podía reconducir el país sin medidas drásticas y sin acudir a organismos internacionales, tal como proponía su rival en las urnas.

Sus promesas habían convencido a diversos pueblos originarios, entre ellos la mayoría de los aimaras y parte de los quechuas, los dos principales de Bolivia, que durante muchos años habían dado apoyo al Movimiento al Socialismo. Durante la última campaña electoral, sin embargo, mayoritariamente apoyaron públicamente a Paz, convencidos de que su receta era la adecuada para enderezar el país, y se convirtieron en una de las principales bases electorales y de apoyo popular del nuevo ejecutivo.

", resumía Caricari en la entrevista a CLACSO.

El gas y el Fondo Monetario Internacional

Para solucionar algunos de los problemas económicos que atraviesa el país, Paz ha acudido al Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien ha negociado un programa de créditos por valor de 5.000 millones de dólares. En campaña, el actual presidente dejó claro explícitamente que no buscaría financiación del FMI, y a raíz de este cambio de parecer y algunas declaraciones públicas que ha hecho, los manifestantes temen un acercamiento a los EE. UU. "Esto genera mucha susceptibilidad en el país teniendo en cuenta la intención de los EE. UU. de cooptar gobiernos para ejecutar políticas alineadas a sus intereses", resumía Caricari en la entrevista a CLACSO.

La industria gasística en decadencia también tiene un rol importante en las protestas. En la última década la exploración de nuevos yacimientos se ha reducido drásticamente, y la producción y la exportación de hidrocarburos, uno de los principales motores económicos del país durante los gobiernos de Evo Morales, se han desplomado. Bolivia tiene dificultades para encontrar nuevos yacimientos, y las mismas autoridades han apuntado que no es descartable que el país tenga que importar gas. Este escenario, sumado a la sensación de falta de propuestas para abordar la situación y la distribución de gasolina de mala calidad en febrero, que estropeó miles de vehículos, es otro de los factores que generan malestar.

En el trasfondo de las protestas también hay un rechazo ideológico al modelo de país que el ejecutivo intenta impulsar. Paz ha definido su propuesta para Bolivia como un "capitalismo para todos", un modelo basado en la reducción de impuestos y aranceles, con un sistema cambiario con máximos y mínimos y un acceso más ágil a créditos bancarios. Aunque ha defendido que debe haber unas "reglas claras" para producir y que el Estado debe "ayudar" en esta tarea, su proyecto contrasta con la intervención de la economía que impulsaban los anteriores ejecutivos, y los manifestantes han expresado reiteradamente su preocupación por un debilitamiento del estado en favor del sector privado. Sea con medidas concretas o consiguiendo la dimisión de Paz, las protestas buscan, en resumen, contener un giro a la derecha del país.