La crisis en Ceuta tiene que ver con la regularización de migrantes?

MadridLa entrada de miles de migrantes en Ceuta en las últimas horas, que ya ha dejado al menos 19 víctimas mortales, ha llevado a la derecha y la extrema derecha a colocar en el punto de mira el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes del gobierno español. "Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran que otorgar la ciudadanía española, por lo tanto, europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es una decisión errónea que incentiva el tráfico de seres humanos", reaccionó rápidamente a la crisis el vicepresidente italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani. Un relato al que se han sumado el PP, Vox e incluso la Casa Blanca. El gobierno español, a través del ministerio de Exteriores, se ha apresurado a censurarlo. "No tiene nada que ver [...] a diferencia de lo que falsamente se está diciendo desde alguna instancia", afirmaban fuentes de Exteriores este jueves por la noche.

De entrada, hay que tener en cuenta que las personas que han entrado a Ceuta y Melilla no se ven afectadas por el proceso de regularización. La medida extraordinaria del gobierno español se acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 solicitudes presentadas. Desde entonces, ya nadie puede acogerse a ella. Más allá de su finalización, se trata de un proceso lleno de requisitos estrictos y definidos, comenzando por la acreditación de la residencia en el estado español desde antes del 1 de enero de 2026. Pero también el hecho de haber estado en España durante cinco meses continuados antes de esta fecha.

Después de lo ocurrido en Ceuta, PP y Vox han afirmado que este proceso había generado un llamado "efecto llamada", una idea que ya abanderaron cuando se puso en marcha la medida. "A nadie le puede sorprender que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a un millón de inmigrantes irregulares de un día para otro", ha afirmado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

En este sentido, sin embargo, hay que tener en cuenta que una vez se presenta la solicitud, la regularización no es automática. Primero, las peticiones se deben admitir a trámite y el gobierno español tiene tres meses para responder de forma favorable o no. Hace un mes (el último día del proceso) más de la mitad de las solicitudes habían sido admitidas a trámite. Por el momento, no se han hecho públicas las demandas rechazadas. Una vez la solicitud es aceptada, los beneficiarios pasan a disponer de una autorización temporal de un año para vivir y trabajar en España. Pero después deben volver a demostrar unos requisitos para poder renovarla.

¿Qué ha pasado en otras ocasiones?

Pero más allá del hecho de que no se puede traducir el número de solicitudes en las regularizaciones autorizadas, este no es el primer caso en que España lleva a cabo un proceso de estas características. Si se tiene en cuenta lo aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, el Estado ha realizado seis procesos de regularización extraordinaria de personas migrantes desde los años 80, dos de los cuales bajo el gobierno de José María Aznar (PP). Y en paralelo, ha puesto en marcha otras vías para regularizar la entrada de personas migrantes.

La última vez que se llevó a cabo un mecanismo similar fue en 2005 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Se autorizó la residencia y el permiso de trabajo temporal a 576.000 personas. "Las mejoras relativas al derecho a trabajar en la economía formal que supuso la nueva normativa, para los trabajadores en situación irregular, no se tradujeron en un efecto llamada de trabajadores inmigrantes atraídos por la nueva situación [...] ni en un incremento significativo de llegada de inmigrantes", se concluye en un informe del Observatorio Social de la Fundación La Caixa del año 2021 en colaboración con la Universitat Pompeu Fabra.

A lo largo de este tiempo, diferentes expertos ya han indicado que aquel proceso "no causó" este efecto. De hecho, tal como apuntan los autores del estudio, el proceso también tuvo un impacto positivo en la economía: "Cada persona regularizada aportó entre 4.000 y 5.000 euros anuales solo en impuestos sobre el salario", se indica. Joan Monrás, catedrático de Economía y uno de los autores del estudio, afirmaba que "la regularización del 2005 tuvo un efecto claramente positivo". Fuentes gubernamentales insisten, sin embargo, que "es imposible" vincular la actual crisis en Ceuta con el proceso de regularización.