La regularización desborda las previsiones: 257.000 solicitudes en Cataluña

BarcelonaEl proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha finalizado con 1.174.978 solicitudes para acogerse al proceso en todo el Estado. La cifra desborda las previsiones de medio millón que había hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez cuando anunció la apertura del procedimiento, el séptimo de estas características en democracia y el primero desde hace 20 años. Del total de peticiones, más de un 52% ya han sido admitidas a trámite, y por tanto los beneficiarios ya disponen de una primera autorización temporal para vivir y trabajar en España. A partir de la admisión, el gobierno tiene tres meses para responder, pero no se han hecho públicas las demandas rechazadas. Cataluña es, con 257.000 —dos de cada 10—, el territorio que ha registrado más expedientes, por delante de la Comunidad de Madrid (202.000), el País Valenciano (167.000) y Andalucía (161.000).

Todas estas personas residen desde hace tiempo en el Estado, pero por diversas razones no han podido completar nunca el circuito de regularización ordinario, que requiere una estancia mínima de dos años con padrón ininterrumpido, una oferta laboral de un año de duración a tiempo completo, una vivienda digna y, si se quieren reagrupar familiares (pareja, hijos y padres), disponer de suficientes ingresos para mantenerlos. El proceso ha flexibilizado estos criterios, y con la notificación de admisión a trámite ya se ha habilitado a los beneficiarios para poder trabajar legalmente, de manera que muchos han podido salir así de la economía sumergida.

El efecto del proceso se ha manifestado ya en la cifra récord de altas a la Seguridad Social este mes de junio. La regularización ha sumado 159.000 nuevos trabajadores extranjeros en el Estado con el permiso provisional recién estrenado. De estos, el 83% se han dado de alta en el régimen general, mientras que en el agrario hay un 8% y un 5% son autónomos. Por ámbitos laborales no hay sorpresas y uno de cada cuatro está ocupado en la hostelería, el 12% en el comercio y el 11% en la construcción. Significativa es la cifra tan baja del personal activo en cuidados y trabajos domésticos, solo el 4% del total.

¿De dónde provienen? La mayoría de los migrantes solicitantes son latinoamericanos, concretamente un 67%, de los cuales, un 27% son colombianos. A mucha distancia, se sitúan los originarios de Marruecos (13%), seguidos de Venezuela (11%) y Perú (8,8%), según los datos presentados este jueves por responsables del ministerio de Migraciones, que han subrayado que el proceso aún está en marcha y que lo que se muestra es una fotografía provisional que se irá perfilando a medida que se vayan resolviendo los expedientes. El 57% de los demandantes son hombres y el 43% son mujeres.

Son mayoritariamente personas jóvenes: el 81% tienen menos de 45 años, y el grupo 25-34 años es el más numeroso (31%), mientras que los de más de 65 años son testimoniales (2%). En cuanto a los niños menores de 15 años, representan el 11% de las solicitudes. El 20% de los demandantes, además, son solicitantes de asilo a la espera de una resolución que han probado suerte con esta nueva vía, visto que la de la protección internacional es lenta y con un elevado porcentaje de rechazo.

Disputa política

La regularización ha llegado a su punto final entre ataques furibundos de la derecha y la ultraderecha a la política migratoria de la Moncloa y en medio de una batalla judicial en el Tribunal Supremo. El alto tribunal, de hecho, ha expresado "dudas sobre el encaje del proceso en el derecho europeo" y valora plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo. Los expertos consultados por ARA, sin embargo, coinciden en decir que es poco probable que estos movimientos judiciales tengan efectos inmediatos sobre las solicitudes presentadas.

En un mensaje de vídeo, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha calificado el procedimiento de "exitoso" por ser una "verdadera hito" en la política migratoria que debe permitir que "cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y esperanza".

El plazo de solicitudes se abrió de forma telemática el 16 de abril y se cerró el pasado martes, 30 de junio, entre demandas de los impulsores de la medida, algunas entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos de ampliar este período por considerar que no era suficiente debido a las trabas burocráticas encontradas para pedir el certificado de vulnerabilidad, una exigencia que propuso días antes del inicio del proceso el Consejo de Estado.

La medida, que aprobó el Gobierno en forma de real decreto, surge de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso con el apoyo de más de 600.000 firmas, pero quedó bloqueada en la cámara baja por falta de acuerdo parlamentario. Podían presentar la solicitud todas las personas migrantes que vivieran de manera irregular en España desde antes del 1 de enero y llevaran al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tuvieran antecedentes penales.