El Supremo duda de la legalidad de la regularización de migrantes y se plantea enviar el caso a Europa
El tribunal da cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la idoneidad de plantear una cuestión prejudicial al TJUE
Barcelona / MadridEl Tribunal Supremo expresa dudas sobre la legalidad de la regularización extraordinaria de migrantes. En dos providencias avanzadas en las últimas horas por diversos medios, y a las cuales ha tenido acceso el ARA, el alto tribunal cuestiona el encaje del decreto aprobado por el gobierno español en el derecho europeo y da cinco días a las partes personadas contra el proceso para que se pronuncien sobre la idoneidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.
Los escritos del Supremo, con fecha a 24 de junio y en respuesta a los recursos de los gobiernos valenciano y aragonés, han trascendido cuando faltan pocas horas para que acabe el proceso de regularización: esta próxima medianoche expira el plazo para presentar las solicitudes. Los últimos datos oficiales de hace un par de semanas apuntaban que se han hecho 900.000 solicitudes, aunque informaciones periodísticas aumentaban las cifras hasta 1,2 millones de expedientes, más del doble de las previstas por el gobierno español (500.000).
"El régimen de regularización establecido [...] suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo de la UE", afirma el Supremo en sus providencias. Es por ello que valora la posibilidad de elevar varios preceptos del decreto de regularización a la justicia europea para que se pronuncie al respecto.
Cuando se emite una cuestión prejudicial se paraliza automáticamente el procedimiento principal a nivel estatal, si bien esto no debería afectar automáticamente a la vigencia de la regularización. Hay que recordar, de hecho, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo Supremo rechazó el mes pasado suspender cautelarmente el decreto del gobierno español, tal como le habían pedido tanto Vox como la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso.