Los cuatro puntos más importantes de la gran reforma migratoria de la Unión Europea
La nueva normativa prevé ampliar los acuerdos con países terceros, una solidaridad a la carta y más tiempo de detención en los centros
BruselasLa reforma migratoria es una de las principales leyes que se aprobó en la Unión Europea en la legislatura anterior. Desde que la Comisión Europea presentó la primera propuesta hasta que los estados miembros y el Parlamento Europeo le dieron el visto bueno pasaron más de dos años, pero ha entrado en vigor justo este viernes. Se trata de un dossier legislativo muy atractivo electoralmente, sobre todo para la extrema derecha, y altamente sensible, que ha sido criticado por multitud de organizaciones sin ánimo de lucro. Les desgranamos los puntos más importantes.
Más detención en fronteras
La nueva normativa comunitaria amplía el tiempo que las autoridades fronterizas pueden detener a recién llegados a los que se está tramitando la solicitud de asilo. El objetivo, según recoge el mismo texto legislativo, es asegurarse de que no entra nadie en territorio comunitario que pueda suponer una amenaza para los ciudadanos europeos. Sin embargo, fuentes diplomáticas de algunos países, grupos europarlamentarios progresistas y diversas ONG alertan de que puede abrir la puerta a retener de manera injustificada a personas inocentes, y puede reducir de manera importante las garantías legales y del derecho al asilo.
Las mismas voces critican que la normativa puede acabar comportando que los cribados iniciales que se lleven a cabo en estos centros de detención fronterizos sean discriminatorios, sobre todo por cuestiones étnicas. Por otra parte, el Parlamento Europeo consiguió en las negociaciones con los gobiernos estatales y la Comisión Europea que los menores queden exentos de estos cribados, de tramitaciones de solicitud de asilo exprés y de la ampliación de los plazos de detención.
Excepciones polémicas
Rusia instrumentaliza políticamente la migración.
Esta excepción se ha incluido en la normativa, sobre todo, por la presión de los países del este de Europa. Polonia, por ejemplo, se ha quejado siempre que Rusia instrumentaliza políticamente la migración. También se ha hecho pensando en eventuales nuevas oleadas de refugiados, tal como sucedió con la guerra de Siria o la invasión rusa de Ucrania. De hecho, ya ha habido países que, con esta excusa y a pesar de las dudas legales, han dejado de aplicar parte de la normativa europea para situaciones de crisis. Grecia, por ejemplo, la suspendió el año pasado durante tres meses a raíz de la numerosa llegada de migrantes a la isla de Creta.
Solidaridad a la carta
Uno de los principales objetivos de los países del sur del continente —sobre todo España e Italia— en las negociaciones de la reforma era asegurarse un reparto equilibrado y proporcional entre estados miembros de los solicitantes de asilo. Finalmente, sin embargo, la normativa recoge una especie de solidaridad a la carta y los países que reciban menos recién llegados podrán ayudar en la acogida a otros gobiernos solo en forma de dinero, pero sin acoger a solicitantes de asilo que no estén ya en su territorio.
El objetivo de la legislación es que se acaben redistribuyendo al menos 30.000 personas al año entre todos los estados miembros. Ahora bien, la gran mayoría de socios ya se han mostrado contrarios a ayudar a los países que reciben más recién llegados y, por ello, la normativa europea da la opción a los gobiernos estatales de pagar unos 20.000 euros por persona que han rechazado acoger o aportar algún tipo de ayuda a los países que reciben más presión migratoria.
Acuerdos con países terceros
El reglamento también quiere potenciar los acuerdos con países terceros para que frenen las oleadas migratorias hacia la Unión Europea. Sin embargo, el hecho de involucrar a países de fuera del bloque europeo en la gestión de la inmigración supone un peligro político para el bloque comunitario. Estos estados, en gran parte gobernados por regímenes autoritarios y que no respetan los derechos humanos de los migrantes, a menudo instrumentalizan políticamente las oleadas de inmigrantes y amenazan con dejarles avanzar hacia la Unión Europea a cambio de favores económicos o políticos.
Algunos de los ejemplos que han levantado más polvareda otras veces, por ejemplo, ha sido la lluvia de millones de la Unión Europea a Turquía, liderada por el autoritario Recep Tayyip Erdogan, para que retuviera a los refugiados; o la decisión del gobierno español de reconocer que el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos, que previamente había provocado una crisis migratoria. Durante los últimos años, la Comisión Europea ha ampliado el número de países con los que ha llegado a acuerdos, como Túnez y Mauritania, entre otros.
En cuanto a la normativa comunitaria que avala los centros situados fuera de la Unión Europea para deportar a migrantes, todavía no entrará en vigor. Esta iniciativa, inspirada en las instalaciones creadas por la Italia de Giorgia Meloni en Albania, apenas se acordó políticamente la semana pasada y se prevé que se ratifique la próxima. Por tanto, no entrará en funcionamiento hasta dentro de unos meses, ya que se trata de una ley anexa a la gran reforma migratoria, que se quiso añadir después de que la actual primera ministra italiana llegara al poder.