Hasta 549.596 solicitudes para la regularización en el primer mes y medio

MadridEl Tribunal Supremo ha parado los pies al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a Vox y ha rechazado paralizar temporalmente la regularización extraordinaria deinmigrantes que arrancó hace un mes y medio. Lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de cinco vistas que se han celebrado esta mañana y que han servido para que el ejecutivo madrileño, el partido de extrema derecha y tres asociaciones ultra cargaran contra el proceso de regularización que impulsó el gobierno español después de un pacto con Podemos. En una de ellas, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y busca ofrecer una "integración efectiva y rápida" a personas que tienen "arraigo" y un "vínculo indisoluble de convivencia" en España.

Lejos de estos argumentos, el abogado del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha exhortado al tribunal a "empatizar" con los gestores públicos que tendrán que hacer frente a las consecuencias de la regularización y ha advertido de los que considera que son los peligros que comporta: "Son personas que serán demandantes de prestaciones, que se han de dimensionar de manera abrupta. De manera inmediata, se puede intuir y presumir el colapso que supondrá para los servicios sociales", ha verbalizado. Asimismo, ha reconocido que la población "ha de ser atendida" para evitar un "conflicto social".

La abogacía del Estado también ha tenido que salir al paso de afirmaciones relativas a los antecedentes de delitos penales. "Hablar de la posibilidad de la regularización con falta de antecedentes penales es simplemente no leerse lo que finalmente ha sido el decreto", ha manifestado. En el Patricia Fernández, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de la Coordinadora de Barrios, ha defendido que suspender la regularización tendría un "impacte directo" en los 147.000 niños que se podrían beneficiar. Y Javier Moreno, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes, ha esgrimido que tendría un "perjuicio de gran importancia" para la economía española, especialmente en los sectores de la construcción, la agricultura y los cuidados, donde se destina buena parte de esta mano de obra. Por su parte, Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, ha reclamado que se frene la regularización para evitar que se produzcan "derechos consolidados" que sean irreversibles. Y ha puesto el ejemplo de los expedientes de retorno o expulsión: "El archivo o revocación serán definitivos porque no se podrán volver a abrir", ha argumentado. El Supremo, sin embargo, ha cerrado el paso a la entidad ultracatólica y ha inadmitido su recurso por falta de legitimación.

Los antecedentes de delitos

La abogacía del Estado también ha tenido que salir al paso de afirmaciones relativas a los antecedentes de delitos penales. "Hablar de la posibilidad de la regularización con ausencia de antecedentes penales es simplemente no leerse lo que finalmente ha sido el decreto", ha manifestado. En el primer redactado, en ausencia de un documento oficial que acreditara que no se tienen antecedentes penales, sí que se permitía presentar una declaración responsable. De hecho, Junts y el PP se querían aliar al Congreso para revertirlo, pero la Mesa del Congreso lo impidió. Finalmente, después del dictamen del Consejo de Estado, el gobierno español matizó para hacerlo obligatorio. "Miles de personas están haciendo un esfuerzo extraordinario solicitando los antecedentes penales en sus países de origen. Esto, sin duda, demuestra el estricto filtro que hay", ha subrayado Javier Moreno.