Junts limitará la regularización masiva de migrantes de Pedro Sánchez

MadridEl PSOE y Podemos pactaron a principios de año una regularización masiva de migrantes para dar papeles a medio millón de personas que ya viven en el Estado. Lo hicieron a través de la elaboración del reglamento de extranjería para que no tuviera que pasar por el Congreso, donde difícilmente habrían reunido la mayoría para sacarlo adelante. Pero el PP ha encontrado una rendija para intentar influir en el Senado, a través de la ley sobre la multirreincidencia impulsada por Junts que se votó la semana pasada en la cámara alta. Los populares impulsaron una enmienda para endurecer las condiciones de la regularización de migrantes y, según ha podido saber el ARA, Junts votará a favor este jueves en la votación definitiva en el Congreso. La regularización saldrá adelante igualmente, pero aumentarán los controles para obtener el permiso de residencia.

¿Qué implica este cambio? El Senado añadió al texto de la ley de multirreincidencia que, en el marco de la regularización, los migrantes solicitantes deberán demostrar a través de un documento oficial que no tienen ningún antecedente penal. En el reglamento impulsado por el gobierno español y Podemos, este no era un requisito indispensable porque, en ausencia de documento oficial –por ejemplo, por falta de respuesta de los países de origen– sería suficiente con la presentación de una declaración responsable que asegure, por parte del solicitante, que no tiene ningún delito en su currículum.

La enmienda impulsada por el PP y que tendrá el aval de Junts y también de Vox dice lo siguiente: "Todas las autorizaciones de residencia requerirán que el solicitante no tenga antecedentes penales [...] y que no figure como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en este sentido". Y añade, a diferencia del reglamento pactado entre el PSOE y Podemos: "La falta de antecedentes penales deberá acreditarse mediante la certificación oficial expedida por las autoridades competentes del Estado o estados de origen o de anterior residencia [...]. En ningún caso, la imposibilidad de obtención de esta certificación, la falta de respuesta de las autoridades extranjeras o la inactividad administrativa podrán dar lugar a presunciones automáticas favorables ni a la sustitución de este requisito por otros medios como declaraciones responsables".

Se aplica el mismo criterio en caso de que se tenga algún asunto penal pendiente en los siguientes supuestos: si hay escrito de acusación del ministerio fiscal con penas privativas de libertad, si hay una apertura de juicio oral por delitos con prisión o si se han dictado órdenes de búsqueda y captura.

Esta disposición legal, que tiene rango normativo más elevado que el reglamento pactado entre el gobierno español y el partido de Ione Belarra, endurecería la regularización. ¿Qué dice ahora la propuesta del PSOE y Podemos? El real decreto de Pedro Sánchez detalla que no tener antecedentes penales es un requisito para poder acceder a la regularización excepcional. Ahora bien, en caso de no recibir la documentación oficial del país de origen o del que se haya residido en los últimos cinco años, y transcurra un mes sin recibirla, establece que la administración puede recabar información por su cuenta. Y, en caso de que tampoco obtuviera esta información, la propuesta de reglamento actual establece que sería suficiente presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. "En este caso, se entenderá que el interesado no tiene antecedentes penales en los respectivos países", dice el texto que el gobierno español abrió en enero a exposición pública.

Este domingo la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en declaraciones a Europa Press que confía en el apoyo de Junts para intentar limitar la regularización de migrantes. Aun así, ha dicho que teme que el PSOE busque "filibusterismo parlamentario" o "alguna maniobra" para impedirlo. "El gobierno plantea procesos de regularización de migrantes sin ningún tipo de control desde el punto de vista de la seguridad. Pero si hay una mayoría parlamentaria que está en otra posición, tendrá que respetarlo e incorporarse a la ley", ha declarado.

El apoyo de Junts a esta enmienda del PP también implicará otros controles adicionales, como que será causa de denegación de la solicitud si el migrante ha sido condenado de forma ejecutoria como reincidente. Sin embargo, al mismo tiempo también se deja claro que figurar en reseñas policiales no será per se motivo de denegación de la residencia. La futura ley de multirreincidencia dice que "la mera existencia de reseñas policiales no podrá fundamentar por sí misma una resolución denegatoria si procedieran de una diligencia de identificación que no hubiese llevado a una detención", detalla.

La enmienda que, en cambio, no se aprobará en el Congreso y que sí se introdujo en el Senado es una introducida por Vox que pretende que el gobierno español suscriba acuerdos con otros estados para que los reincidentes sean expulsados y cumplan las penas en su país de origen. En este caso, Junts votará en contra.

Las competencias en inmigración

Todos estos cambios se introducirán en la ley contra la multirreincidencia impulsada por Junts y que tuvo el apoyo en la cámara española del PSOE, el PP, Vox y el PNB. De hecho, su tramitación —guardada en un cajón durante meses— fue un guiño de los socialistas a los de Carles Puigdemont. Con la votación del jueves en el Congreso, el voto de Junts volverá a chocar con las pretensiones de Podemos, que en su día tumbó en la cámara española la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat que era clave para los juntaires.

Precisamente, la regularización masiva de migrantes cocinada entre los de Belarra y el PSOE había abierto la puerta a que Podemos se sentara a negociar la propuesta de delegación de competencias de Junts, que hasta el momento consideraban "racista". Ahora bien, según fuentes conocedoras, este camino hasta ahora no ha tenido recorrido. Podemos ha estado trabajando un texto con el gobierno español que modifica diversos elementos de la ley de Junts, mientras los juntaires reclaman que se apruebe la norma tal como la presentaron porque es una mera delegación de facultades "técnica" al gobierno catalán. El único punto al que se muestran abiertos a modificar es el preámbulo, cosa que es insuficiente para los de Podemos.