La Moncloa veta el endurecimiento de la regularización de migrantes: dice que revisar antecedentes penales costaría 16 millones de euros
Hace uso de los poderes de la Constitución para frenar la enmienda del PP en el Senado, que se aprobaba el jueves con el aval de Junts
MadridVeto del gobierno español al endurecimiento de la regularización de migrantes que se debía aprobar este jueves en el Congreso. Teniendo en cuenta que, tal como avanzó el ARA, Junts avalaba la enmienda introducida por el PP en el Senado a la ley de multirreincidencia para controlar los antecedentes penales de los solicitantes del permiso de residencia y revisar informes policiales, la Moncloa ha decidido hacer uso de los poderes excepcionales que le otorga la Constitución para frenarlo. Según ha avanzado la SER y confirman fuentes parlamentarias a este diario, el gobierno español ha vetado a través de la mesa del Congreso los cambios escudándose en el hecho de que suponen un coste extra para las arcas públicas. En concreto, han argumentado que revisar los antecedentes penales o las causas pendientes de los solicitantes de residencia implicaría un gasto de 16 millones de euros.
Amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, aseguran que "la consulta manual en bases de datos de la administración de justicia para obtener información sobre los diferentes supuestos de causas penales correspondientes al 100% de las personas solicitantes de permiso de residencia" o la tramitación de solicitudes internacionales para "obtener información" de otros países implicaría la creación de 400 plazas de funcionarios en la comisión general de extranjería de la Policía Nacional, con un coste de 41.967 euros por plaza de funcionario. En total, la Moncloa argumenta que supondraía "un incremento anual de crédito para la administración general del Estado estimado en 16 millones de euros".
El gobierno español también ha vetado otra enmienda del PP que proponía crear más plazas de fiscales en dos años. Un hecho que, según la Moncloa, implicaría un coste de 53 millones de euros para las arcas del Estado. De esta manera, barren el paso a la mayoría del Congreso formada por el PP, Junts y Vox que pretendía limitar la regularización de migrantes pactada entre el PSOE y Podem. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, hace exactamente un año, cuando el gobierno español vetó enmiendas de Junts y ERC para proteger las plantas de cogeneración de tratamiento de purines catalanas y una enmienda del PP para rebajar del 4% al 2% el IVA de los alimentos básicos. Como represalia, los juntaires hicieron descarrilar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.
Junts y el PP critican el veto
Junts per Catalunya y el PP han salido al ataque contra la maniobra del gobierno español. La líder de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, ha acusado al gobierno español de ir "a contracorriente" de los países de la Unión Europea y de querer "imponer medidas que no pasen" por el Congreso. "Es de todo menos democrático que nos tengamos que tragar como un sapo una regularización masiva", ha denunciado en una entrevista a TV3.
En nombre del PP, la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, cree que el gobierno español "ha vaciado de competencias" la cámara baja: "Estamos maniatados ante un gobierno que es una mafia. Tienen mayoría de posiciones políticas que no se pueden hacer ley porque un gobierno en minoría las veta", ha lamentado. Ester Muñoz ha argumentado que a la Moncloa "no le importa que entren delincuentes" en el Estado y ha acusado al PSOE de querer convertir España en un "colador de delincuentes", y ha cuestionado los motivos del ministerio de Hacienda para vetar la enmienda: "¿Cómo afectará a unas cuentas si no tenemos cuentas?", se ha preguntado.
La "competición" con Alianza Catalana
En rueda de prensa en el Congreso, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha enmarcado el apoyo de Junts a la enmienda del PP en el "camino que hace tiempo que recorre [Junts] en la competición con la ultraderecha catalana", en alusión a Alianza Catalana, para "ver quién es más racista". "Es coherente con presentar enmiendas que dificulten y pongan problemas a una regularización que es imprescindible para la gente de nuestro país", ha añadido. Y ha celebrado que el Gobierno español haya vetado las modificaciones para "no permitir" que "la asociación entre criminalidad e inmigración" llegue a la cámara baja: "Sabemos que no correlacionan, pero ellos insisten porque cale el racismo".
