¿La regularización está en peligro? ¿Qué dicen juristas y entidades?

Barcelona / MadridLa recta final del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el gobierno español llega a su fin con un frente judicial abierto. Ante las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre el encaje de la medida con el derecho europeo, los expertos consultados por el ARA coinciden en que es poco probable que tengan efectos inmediatos sobre las solicitudes presentadas. Mientras que desde el mundo jurídico señalan posibles deficiencias en la tramitación, entidades y colectivos que han ayudado a los migrantes con la papeleta –a menudo luchando contra la desinformación y la falta de medios y sufriendo el colapso de la administración– centran ahora todos los esfuerzos en garantizar que los solicitantes puedan completar los trámites antes de que expire el plazo este martes.

Desde el mundo jurídico, el abogado y diputado responsable de la comisión de extranjería del Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB), Quim Clavaguera, cuestiona que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva a favor de dejar sin efecto las regularizaciones y, por el contrario, afirma que quizás sí que hay un reproche sobre cómo se ha hecho el proceso e incluso pueda acabar imponiendo una multa al Estado. Ahora bien, indica que las regularizaciones aprobadas son "derechos adquiridos" y, además, el tribunal comunitario puede tardar años en valorar la petición del Supremo; un tiempo en el que los beneficiarios del procedimiento ya habrán tenido que hacer una renovación de la documentación.

Con todo, Clavaguera señala que todo el proceso de regularización se ha hecho "de manera caótica" y "con prisas" desde el principio, con diversos criterios y requisitos para acogerse a los trámites, y que una vez se abrieron las ventanillas para recoger la documentación también ha habido desorden, como se ve en el hecho de que cinco semanas después del arranque del proceso el ministerio de Derechos Sociales tuvo que salir a resolver dudas y confusiones. En este sentido, el abogado indica que se pidieron documentos que no hacían falta y alerta de que ahora el "caos" es en las comisarías de la Policía Nacional, donde no se encuentran citas para hacer la recogida de las huellas digitales.

El paso del Supremo ha cogido a las entidades sociales en los últimos compases del proceso de regularización. El abogado experto en migración Albert Parés, de la Associació Noves Vies, asegura a el ARA que la decisión del Tribunal Supremo "no afectará" al proceso de regularización porque finaliza, precisamente, este martes.

Victoria Columba es portavoz de Regularización Ya, la entidad que promovió la recogida de firmas que permitió abrir el proceso, y dedica el día a ir a las colas que se producen en la Seguridad Social o las comisarías de la Policía Nacional. Descarta que la vía judicial tenga recorrido alguno en el gesto del tribunal y lo enmarca como un intento de "la ultraderecha de hacer incidencia política" ante el éxito de dar derechos a miles de personas. Para la activista, además, es una más de "las trabas, el laberinto burocrático, el racismo institucional" con que se topa la población inmigrante y recuerda que ya pudieron parar las medidas cautelares que presentaron ante el mismo Tribunal Supremo Vox, Hazte Oír y la Comunidad de Madrid para intentar evitar que se iniciara el proceso.

En la misma línea, Maria Creixell, de la Coordinadora Obrim Fronteres (entidad colaboradora en el proceso), afirma que el único objetivo de hoy es poder registrar todas las solicitudes "hasta las 23.59 horas" y que "a partir de mañana" ya verán si tienen que "batallar" por otras cuestiones.