Perú

El apellido que nunca desapareció vuelve al poder en Perú

Keiko Fujimori asume el cargo de nueva presidenta del Perú 26 años después de la dimisión de su padre

Keiko Fujimori
Lluc Vendrell
27/07/2026 - 19:01 h.
4 min

BarcelonaVeintiséis años después de la dimisión vía fax de Alberto Fujimori, el apellido que dominó la política peruana durante la década de los noventa vuelve al Palacio de Gobierno del Perú. Esta vez es el turno de Keiko Fujimori, la hija mayor de El Chino, que este martes toma posesión como presidenta tras haberse impuesto por un margen de solo 50.000 votos al candidato progresista Roberto Sánchez.

La hija del expresidente condenado por corrupción y violaciones de los derechos humanos asume el cargo más alto del estado en un país que continúa profundamente dividido por el legado de su padre. Algunos peruanos ven en la investidura de Keiko Fujimori el inicio de una nueva etapa de estabilidad política, mientras que otros alertan de un posible retroceso de las garantías democráticas. Es natural pensar que, al cabo de casi treinta años, el país andino querría relegar el apellido asociado al autoritarismo a una página pasada. La realidad, sin embargo, es otra. A pesar de no ostentar la presidencia, el movimiento ha conseguido mantener una fuerte influencia en los diferentes pilares del estado peruano. "El fujimorismo nunca se ha ido", resume la investigadora del CIDOB Anna Ayuso.

Los escaños conseguidos elección tras elección por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, han sido el principal bastión del fujimorismo durante estos años. Esta influencia en el Congreso ha determinado la estabilidad de los diferentes ejecutivos, lo que ha agravado la crisis institucional que arrastra el Perú desde hace una década: en solo diez años, el país ha encadenado nueve presidentes, entre destituciones, renuncias y sucesiones constitucionales.

El analista peruano Alejandro Boyco destaca cómo, en medio de un panorama efímero marcado por la fragmentación extrema de los partidos, el transfuguismo y las alianzas cambiantes, la formación de Keiko Fujimori ha sabido consolidarse como una de las pocas organizaciones políticas estables del país, con una estructura territorial sólida y unas bases fieles.

¿Por qué ahora?

Uno de los interrogantes es por qué Keiko Fujimori ha conseguido ahora superar el 50% de los votos después de tres derrotas consecutivas en la segunda vuelta. Los expertos consultados coinciden en que la respuesta no es un aumento súbito del apoyo al fujimorismo. Muy al contrario, la nueva presidenta continúa siendo una de las figuras más polarizadoras del país, con un 43% de desaprobación social, según una encuesta de RPP, el principal grupo de comunicación del Perú.

Para Boyco, muchos electores no la han votado porque tengan una adhesión decidida a su proyecto político, sino como "mal menor" ante una actitud reprobable de la izquierda. "Los gobiernos predecesores han estado inmersos en diversos casos de corrupción, cosa que ha movido a algunos sectores de la población históricamente antifujimoristas a arriesgarse por el voto a la hija del expresidente, que representaba la única alternativa disponible", sostiene el politólogo.

En la misma línea, la politóloga Leticia Ruiz destaca el apoyo implícito del resto de candidatos conservadores a Fujimori como factor determinante de las elecciones, las cuales se transformaron de un "Keiko contra todos" a una confrontación entre dos grandes bloques ideológicos. "No es que la gente se haya vuelto fujimorista, sino que se ha consolidado una identidad por negación", señala Ruiz.

Un legado que mantiene la fractura

Aunque en un inicio Keiko Fujimori intentó marcar distancias con la figura de su padre, en los últimos años el fujimorismo ha vuelto a sacar pecho del legado de Alberto Fujimori, especialmente en lo que respecta a las reformas económicas y a la victoria contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, esta reivindicación de los éxitos del régimen ignora la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos de aquellos años.

Diversas agrupaciones de familiares de las víctimas de la violencia de estado de Alberto Fujimori se han manifestado recientemente ante su "preocupación por el régimen autoritario y de impunidad" que encarna la presidenta electa del Perú. Los afectados también rechazan la reconciliación nacional hasta que no se busquen los desaparecidos que dejó el conflicto.

Ayuso recuerda que Keiko Fujimori evita condenar los métodos autoritarios de su padre. En este contexto, la propuesta de "reconciliación nacional" que defiende la líder de Fuerza Popular topa con un límite evidente: "No se puede hablar de reconciliación si antes no hay un reconocimiento de los excesos", apunta la investigadora.

Familiares de las víctimas de la violencia de estado se manifiestan contra la reconciliación "impune" que abandera Keiko Fujimori.

Mismo apellido, diferentes contextos

A diferencia de los nuevos liderazgos populistas que han surgido por toda América Latina y con los que tiene afinidad, Keiko Fujimori no es una outsider. "Proviene de dentro del mismo sistema", señala Boyco, que recuerda que es una dirigente forjada dentro de las instituciones que ocupa un lugar central en la política peruana desde hace tres décadas.

Sin embargo, gobernar como su padre no le será fácil. Ruiz remarca cómo Alberto Fujimori llegó al poder en un Perú golpeado por guerrillas terroristas y una hiperinflación devastadora, mientras que actualmente los retos son otros: la inseguridad ciudadana, la desigualdad y la necesidad de mantener el crecimiento económico. Además, sin mayoría absoluta en el Congreso, la nueva presidenta se verá obligada a negociar cada paso con otras fuerzas conservadoras.

La gran promesa de la nueva presidenta es recuperar la política de "mano dura" de su padre en la lucha para combatir la inseguridad. Además de anunciar la construcción de cuatro grandes prisiones "más rápido que Bukele", Keiko Fujimori ya ha anunciado su intención de sacar al ejército a la calle para hacer "redadas contra el crimen". De hecho, su huella ya se nota en el Parlamento, donde se han aprobado cambios legislativos para que militares y policías queden bajo la jurisdicción militar y no la civil, lo que les dota de más inmunidad jurídica.

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