Acuerdo en el desacuerdo. Los líderes europeos solo coinciden en una cosa sobre la propuesta que tienen sobre la mesa de los próximos presupuestos plurianuales (2028-2034) europeos: no gustan a nadie.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, intentó ganarse al empresariado catalán durante su intervención en el Círculo de Economía anunciando inversiones en "infraestructuras estratégicas" mediante un sistema de colaboración público-privada para acelerar la construcción de infraestructuras con inversiones de hasta 3.300 millones de euros. Este martes, el consejo ejecutivo de la Generalitat "ha analizado los proyectos" y la portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión que la voluntad del Govern es que las obras comiencen en otoño-invierno del próximo año y que estén disponibles al cabo "de unos seis años".

El ministerio de Hacienda confía en que todas las comunidades autónomas acepten reunirse de forma bilateral en las próximas semanas para abordar la reforma del modelo de financiación autonómico. Después de que este lunes el departamento que ahora pilota Arcadi España enviara una misiva a los territorios para fijar estos encuentros, el mismo ministro se ha mostrado confiado en que esto suceda, incluso a pesar de las críticas de las comunidades gobernadas por el PP: "Espero que todas [las CCAA] quieran sentarse. Se me escapan las razones para no hacerlo", ha reflexionado España en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes.

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a la segunda edición del Plan de Barrios, una de las medidas estrella del ejecutivo de Salvador Illa. Los socialistas pondrán a disposición de los municipios una bolsa de, "como mínimo", 300 millones de euros para actuar en barrios especialmente vulnerables, ha asegurado la portavoz y consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Es un 29,3% más que la cantidad invertida en la primera convocatoria.

En agosto, vacaciones. La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), ha pedido al ministerio de Hacienda que declare este "mes inhábil a efectos fiscales y de plazos administrativos". Esta organización, integrada por 12 asociaciones de todo el Estado, se ha dirigido por carta al ministerio, pero también a la secretaría de Estado de Hacienda y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, para pedir diversas cuestiones. Estas incluyen, además de reclamar una pausa de descanso en agosto, también el ajuste de la tarifa del IRPF a la inflación (deflactación) –que solo se ha aprobado en dos ocasiones en los últimos 20 años– o la ampliación del plazo de alegaciones de 10 a 25 días.

Después de casi tres meses de negociación presupuestaria, ERC y Comuns han conseguido comprometer 893 millones de euros de los presupuestos de este 2026, el 1,8% de los 49.162 millones de gasto total de la Generalitat. A grandes rasgos, sin embargo, las grandes cifras de las cuentas que la consellera de Economía, Alícia Romero, ha llevado este viernes al Parlament son las mismas que en febrero: 49.162 millones de gasto del presupuesto, 4.146 millones en inversiones y 329,6 millones de déficit (el 0,1% del PIB). Incluso ha sido prácticamente calcado al de febrero el dossier que se ha presentado como resumen del proyecto que este mismo viernes ha aprobado el consejo ejecutivo. ¿De dónde salen, pues, estos 893 millones?

Las patronales y los sindicatos catalanes participarán en la toma de decisiones del consorcio paritario de inversiones entre el Estado y la Generalitat. El acuerdo de presupuestos ratificado por el Govern y Esquerra Republicana de Catalunya este martes prevé la creación de un consejo asesor para "orientar en las funciones" del organismo, así como de la sociedad mercantil de inversiones que deberá constituirse para garantizar su ejecución. Así lo ha confirmado el ejecutivo a las organizaciones económicas más representativas –CCOO, UGT, Pimec y Foment del Treball– en la reunión que han celebrado los cuatro con la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, este martes. Los representantes de trabajadores y empresarios han celebrado la propuesta, aunque han asegurado que todavía "se tiene que leer la letra pequeña".

La crisis de vivienda y el encarecimiento del precio, tanto de los alquileres como de compra, ha puesto en duda una parte importante de la fiscalidad en las empresas inmobiliarias por el bajo nivel de impuestos que pagan en comparación con otros sectores de la economía. Uno de los blancos de las críticas a esta baja tributación son las socimis, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

A pesar del crecimiento protagonizado por la economía española en términos de PIB y ocupación, la pobreza no desaparece. El 8% de la población está en una situación de "pobreza extrema o exclusión" –es decir, tiene una renta inferior a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo– y el 19,5% se encuentra en "riesgo de pobreza", al formar parte de una unidad de consumo con una renta inferior a los 12.220 euros anuales.

Hay mucha diferencia entre un asalariado y un autónomo. Especialmente en la declaración de la renta. La campaña de la declaración comenzó el pasado 8 de abril y la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares (APTTCB) ha advertido que un asalariado con unos ingresos anuales de 10.000 euros no paga prácticamente IRPF gracias a las reducciones por rendimientos del trabajo. En cambio, un autónomo con el mismo nivel de ingresos no puede aplicar estas reducciones y "acaba tributando por una parte significativa de su base", y puede acabar pagando 500 euros, avisan.

Si las predicciones hubieran sido correctas, desde 2022 en Noruega no quedaría ni un solo millonario. En 2021 el Partido Laborista (centroderecha) del actual primer ministro, Jonas Gahr Store, ganó las elecciones parlamentarias y entró en un gobierno de coalición con el Partido de Centro. El nuevo ejecutivo aprobó una reforma del formuesskatt, el impuesto de patrimonio, que aumentaba lo que pagan los contribuyentes más ricos del país.

España fue uno de los siete países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, el think tank de las economías más desarrolladas del mundo) donde el año pasado la subida de impuestos que gravan los salarios se comió con creces el incremento de los sueldos, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos reales. El cálculo, sin embargo, no tiene en cuenta el valor de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que se financian con los impuestos.

La Oficina Antifraude Europea, la OLAF, ha instado a la Unión Europea a recuperar casi 600 millones de euros de los fondos europeos, porque cree que se han utilizado "de forma indebida" durante el 2025. Ahora es trabajo de las autoridades nacionales y de las instituciones europeas decidir cómo proseguir con la información que les ha facilitado este organismo independiente, que el año pasado abrió 250 investigaciones nuevas y cerró 200, según el informe anual publicado este lunes. Además de los dinero que cree que deben devolverse al presupuesto europeo, también detuvo el desembolso de 18 millones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pide a los gobiernos que apliquen políticas "temporales" para proteger sus economías del shock energético provocado por la guerra en Irán, con especial énfasis en la protección de las capas de la población más "vulnerables", según el informe de este abril de Fiscal Monitor, que publica semestralmente el organismo económico. En el estudio, el FMI alerta de que algunos países —como muchos de los miembros de la Unión Europea, China o Estados Unidos, entre otros— tienen un margen de maniobra limitado para llevar a cabo políticas públicas de apoyo a la economía debido a los niveles elevados de deuda pública que han ido acumulando en los últimos años y los bajos niveles de crecimiento.

El Consejo General de Economistas, el organismo que agrupa los colegios de economistas del Estado, propone que el gobierno español ajuste su tramo del impuesto sobre la renta (IRPF) a los incrementos salariales de los últimos años. Según los cálculos de la entidad, un trabajador catalán con un sueldo bruto anual de 25.000 euros se ahorraría unos 252 euros anuales, mientras que en los sueldos más altos, como 400.000 euros, el ahorro superaría los 2.100 euros anuales.

Este miércoles, 8 de abril, comienza la campaña de la renta (IRPF) 2025, en la que habrá más colaboración entre las haciendas estatal y catalana, aunque lejos de la cesión de la recaudación del impuesto por parte de la Generalitat, como pretendía ERC. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha contratado para esta campaña un 49% más de personal temporal, hasta 152 personas, y se sumarán 36 oficinas distribuidas por Cataluña dedicadas a esta tarea. De estas, ocho serán plataformas temporales destinadas exclusivamente a la atención por la campaña de la renta y se ubicarán en Barcelona (tres centros), Girona, Lleida, Tarragona, la zona del Baix Llobregat y la zona del Besòs.

La Generalitat ha anunciado que ha adjudicado 292,75 millones de euros de deuda nueva a largo plazo a tres entidades financieras a un tipo medio "muy ventajoso" del 2,331% e inferior al máximo fijado inicialmente. El departamento de Economía y Finanzas ha precisado que las ofertas de las entidades triplicaron el importe requerido por el Gobierno y el coste final de los préstamos se sitúa entre 5 y 10 puntos básicos por encima del Tesoro, cuando el límite fijado era el del Tesoro +20 puntos básicos (T+0,20%). Esta operación supone la vuelta de la Generalitat de Cataluña a los mercados financieros por primera vez en 14 años después de más de una década dependiendo casi exclusivamente del fondo de liquidez autonómico (FLA) para financiar el déficit.

Solo en dos de los últimos veinte años –en 2008, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y en 2015, con el de Mariano Rajoy (PP), que en realidad fue una reforma fiscal–, Hacienda ha deflactado la tarifa del impuesto de la renta (IRPF), lo que significa ajustarla a la inflación para evitar que se tribute más a pesar de tener los mismos o menos ingresos reales. Y las dos últimas veces que se tomaron medidas similares fueron ante la convocatoria de elecciones generales, en marzo de 2008, comicios en los que Zapatero fue reelegido para un segundo mandato, y en diciembre de 2015, cuando Rajoy repitió en el cargo. Entre hacerlo y no hacerlo hay una diferencia esencial: de 2019 hasta 2024 ha supuesto unos ingresos adicionales para el Estado de entre 9.700 y 16.700 millones, según diversos estudios. Desde el espacio de las izquierdas, encabezado por el PSOE, se considera que este tipo de ajustes defendidos por el PP y que son para todas las rentas benefician especialmente a las más altas. Y, por lo tanto, abogan por medidas más selectivas y directes para las familias de ingresos bajos o medios, como las reducciones y rebajas al transporte público y otras.

El Estado cerró el 2025 con el déficit público más bajo desde el estallido de la crisis financiera del año 2008, gracias a un nuevo récord histórico de recaudación de impuestos, según ha informado este martes el ministerio de Hacienda.