El Consejo Metropolitano, el órgano de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha dado luz verde a la oferta de la multinacional francesa Veolia para abastecer el servicio de agua de ocho poblaciones barcelonesas, con un contrato por valor de más de 1.000 millones de euros.

Con la inflación otra vez por las nubes y sin perspectivas de que baje de manera inminente –el Banco Central Europeo (BCE) ha retomado la subida de los tipos de interés–, el gobierno español se ha visto abocado a prorrogar una parte de las medidas puestas en marcha por la guerra en Irán, que debían decaer este 30 de septiembre. Es, pues, el tercer paquete de medidas que aprueba el ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar los efectos del conflicto sobre el coste de la vida, y supondrá 12.000 millones de euros para las arcas públicas.

El gobierno español prevé incrementar un 50% la capacidad de la red eléctrica en Cataluña en 2030. Así, se añadirán 3.800 megavatios (MW) adicionales al sistema eléctrico, que permitirán hacer frente a la creciente demanda tanto por parte de particulares como por diferentes inversiones en infraestructuras públicas. Este incremento es la parte que le toca a Cataluña del plan del ejecutivo de Pedro Sánchez para mejorar la red eléctrica en todo el Estado, que incluye inversiones por valor de 17.000 millones de euros en todas las comunidades autónomas en los próximos cuatro años.

Bruselas vuelve a dar un toque de atención a España en materia fiscal. El Consejo Fiscal Europeo, el órgano que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, reprocha al ejecutivo español que solicitase activar la cláusula de exención de las reglas fiscales para gastar más en defensa, pero que esta partida solo aumentase un 0,1% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el tamaño de una economía). En cambio, España se desvió un 0,4% del PIB respecto a la trayectoria de gasto neto recomendada.

Casi dos de cada tres personas que tienen que liquidar el impuesto de sucesiones terminan sin ningún importe a pagar. Según datos de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) obtenidos por la ACN a través de una solicitud de información pública, entre 2022 y el 15 de mayo de 2026, el total de declaraciones que tuvieron un importe a pagar de menos de un euro –la inmensa mayoría de las cuales, ni un céntimo– fue de 482.567. Esto supone el 63,6% del total, aunque se aprecia una evolución a la baja de los que no tienen que ingresar nada en este concepto; si bien en 2022 eran el 65,8% de todos los herederos, el porcentaje ha ido bajando progresivamente hasta el 61,3% desde principios de 2026.

La ratio de deuda de las administraciones públicas españolas se situó en julio en el 99,9% del producto interior bruto (PIB, el indicador que muestra el tamaño de una economía), 2,4 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, con un importe total de 1,744 billones de euros, según los datos publicados este jueves por el Banco de España. Según la estimación disponible para julio, la ratio habría bajado por debajo del 100% por primera vez desde febrero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia de la covid-19. Entonces se suspendieron las reglas de gasto y la deuda se disparó para hacer frente al choque que supuso la pandemia.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido que los países deben reducir ciertas partidas del gasto público para poder financiar "inversiones necesarias" en inteligencia artificial (IA) y defensa –entre otras cuestiones–, pero sin desequilibrar las cuentas.

Cinco años después del final de los peajes en la AP-7 y la AP-2 —las principales autopistas de Cataluña—, unos 250 economistas y expertos en movilidad han dedicado la mañana del miércoles a reflexionar sobre la gestión de las principales carreteras del país. "Como economistas, sabemos que las decisiones aparentemente gratuitas también generan costes y que, si no se asignan de manera explícita y transparente, recaen sobre los contribuyentes o se trasladan al futuro", ha advertido el decano del Colegio de Economistas de Cataluña (CEC), Carlos Puig de Travy.

El Gobierno ha puesto en marcha el trabajo para elaborar los presupuestos de la Generalitat para 2027. Tal como avanzó la consejera de Economía, Alícia Romero, en una entrevista con el ARA, la administración catalana ha dado el pistoletazo de salida de cara a tener cuentas para el próximo ejercicio. El ejecutivo catalán ha acordado fijar en 43.191 millones de euros el techo de gasto no financiero no finalista de la Generalitat para 2027, un 4,9% más que en los presupuestos aprobados de 2026. En valores absolutos supone un incremento de 2.021 millones respecto a las cifras del ejercicio actual.

Los rendimientos de la deuda pública han experimentado en las últimas semanas una importante escalada, hasta niveles de hace dos décadas. Los temores a la inflación y, por tanto, la previsión de nuevas subidas de los tipos de interés, han impulsado las ventas de estos activos. El hecho es que si el coste de la vida se encarece, el interés fijo que paga un bono pierde poder adquisitivo y, en consecuencia, los inversores venden los títulos que tienen en cartera y reclaman una rentabilidad más elevada en las nuevas emisiones.

Los salarios y las pensiones avanzan por caminos diferentes. La divergencia es "absolutamente estratégica" para la evolución de la economía y de la cohesión social, asegura Jordi Garcia, catedrático de derecho del trabajo de la Universitat de Barcelona (UB). Este agosto los jubilados han cobrado de media 1.574,9 euros, un 4,5% más que hace un año, según ha publicado la Seguridad Social. Ahora bien, los precios de julio subieron un 3,5% respecto a 2025, a la espera de conocer cuánto se ha encarecido el coste de la vida este mes (a partir de los datos del IPC, el índice de precios de consumo, que publica el INE).

La Generalitat volvió el año pasado a batir un récord de gastos que pasan de un año a otro. Esta práctica, consecuencia de la insuficiencia presupuestaria, es decir, de unas cuentas públicas previstas que no permiten cubrir todo el gasto real, se disparó en 2025 hasta los 5.295 millones, un 12% más que el ejercicio anterior y más de la décima parte de todo el gasto no financiero del ejercicio.

"Resulta difícil explicar que alguien no quiera que se le reduzca el pasivo". De esta manera ha defendido el ministro de Hacienda, Arcadi España, la condonación de parte de la deuda a las autonomías ante las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y que ha fracasado en el Congreso gracias a los votos de la mayoría plurinacional. Para Arcadi España es necesario un respiro para buena parte de las comunidades, que son las administraciones que soportan los gastos del estado del bienestar, pero muchas como Cataluña y el País Valenciano están infrafinanciadas y ahogadas aún a raíz de la crisis económica de hace una década.

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), vinculada a la consejería de Economía, ha recuperado 333 millones de euros que durante el 2025 los contribuyentes habían evitado pagar a las arcas públicas, un 13% más que el año anterior. El estudio de la Generalitat presentado este jueves solo hace referencia a los impuestos que tiene cedidos y que, por tanto, la hacienda catalana tiene el encargo de recaudar.

Los futbolistas de la selección española cobrarán cada uno unos 750.000 euros de prima por haber ganado el Mundial, una cifra que multiplica por tres los 245.000 euros que recibieron las jugadoras del combinado femenino español campeón del mundo en 2023. Así pues, la diferencia entre la bonificación extraordinaria entre jugadores hombres y mujeres por ganar la Copa del Mundo supera el medio millón de euros.

El ministerio de Hacienda ha entregado a los grupos parlamentarios los datos correspondientes a la ejecución territorializada de las inversiones del Estado a las diferentes comunidades autónomas. Y la Generalitat ha emitido una nota a través del departamento de Economía y Finanzas. ¡He aquí algunas sorpresas, que ya no lo son tanto!

La Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña constata una "pérdida de dinamismo" de la contratación pública que, tal como aseguran, "mantiene el volumen licitado lejos de los niveles que serían necesarios para reducir el déficit acumulado de inversión en infraestructuras". En su informe trimestral de licitaciones en Cataluña, la entidad señala un "estancamiento": entre enero y junio, se han licitado 1.714,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al mismo período de 2025.

Más de 32 de cada 100 euros que el Estado presta a las autonomías para pagar facturas pendientes, a través de instrumentos de financiación extraordinarios como el fondo de liquidez autonómica (FLA) desde 2012, los recibe Cataluña. Según los últimos datos del ministerio de Hacienda, la cifra llega actualmente, una vez distribuidos los recursos hasta el tercer trimestre, a los 170.152,1 millones de euros de un total de 526.598,82 millones para el conjunto de las comunidades autónomas. Pero la clasificación cambia cuando la cantidad se calcula por habitante. En este caso, es el País Valenciano el que se sitúa a la cabeza, especialmente después de los recursos para paliar los efectos de la dana de otoño de 2024.

Los fondos europeos antipandemia ya están en plena cuenta atrás. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha comparecido este miércoles en el Congreso con el 31 de agosto marcado a fuego, ya que es la fecha fijada para que los hitos y los compromisos del plan de recuperación pactado con la Comisión Europea estén alcanzados. Un cumplimiento del cual depende que lleguen la totalidad de los fondos europeos a los que puede aspirar cada país. Cuerpo ha asegurado que el ejecutivo español "trabaja a marchas forzadas" para conseguirlo y ha explicado que, en este sentido, presentará de forma "inminente", este mes de julio, una "addenda técnica de cierre" al plan de recuperación español para reajustar los hitos pendientes para evitar perder recursos.

El gobierno español ha oficializado el relevo en la cúpula de la Agencia Tributaria este martes. Asumirá la dirección general de la administración tributaria Antonio Ansón Latorre (Zaragoza, 1962), que desde hace poco más de un año es el director del gabinete del secretario de estado de Hacienda, el máximo responsable de dirigir y coordinar la política fiscal, la gestión del sistema tributario y la financiación autonómica.