"Resulta difícil explicar que alguien no quiera que se le reduzca el pasivo". De esta manera ha defendido el ministro de Hacienda, Arcadi España, la condonación de parte de la deuda a las autonomías ante las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y que ha fracasado en el Congreso gracias a los votos de la mayoría plurinacional. Para Arcadi España es necesario un respiro para buena parte de las comunidades, que son las administraciones que soportan los gastos del estado del bienestar, pero muchas como Cataluña y el País Valenciano están infrafinanciadas y ahogadas aún a raíz de la crisis económica de hace una década.

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), vinculada a la consejería de Economía, ha recuperado 333 millones de euros que durante el 2025 los contribuyentes habían evitado pagar a las arcas públicas, un 13% más que el año anterior. El estudio de la Generalitat presentado este jueves solo hace referencia a los impuestos que tiene cedidos y que, por tanto, la hacienda catalana tiene el encargo de recaudar.

Los futbolistas de la selección española cobrarán cada uno unos 750.000 euros de prima por haber ganado el Mundial, una cifra que multiplica por tres los 245.000 euros que recibieron las jugadoras del combinado femenino español campeón del mundo en 2023. Así pues, la diferencia entre la bonificación extraordinaria entre jugadores hombres y mujeres por ganar la Copa del Mundo supera el medio millón de euros.

El ministerio de Hacienda ha entregado a los grupos parlamentarios los datos correspondientes a la ejecución territorializada de las inversiones del Estado a las diferentes comunidades autónomas. Y la Generalitat ha emitido una nota a través del departamento de Economía y Finanzas. ¡He aquí algunas sorpresas, que ya no lo son tanto!

La Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña constata una "pérdida de dinamismo" de la contratación pública que, tal como aseguran, "mantiene el volumen licitado lejos de los niveles que serían necesarios para reducir el déficit acumulado de inversión en infraestructuras". En su informe trimestral de licitaciones en Cataluña, la entidad señala un "estancamiento": entre enero y junio, se han licitado 1.714,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al mismo período de 2025.

Más de 32 de cada 100 euros que el Estado presta a las autonomías para pagar facturas pendientes, a través de instrumentos de financiación extraordinarios como el fondo de liquidez autonómica (FLA) desde 2012, los recibe Cataluña. Según los últimos datos del ministerio de Hacienda, la cifra llega actualmente, una vez distribuidos los recursos hasta el tercer trimestre, a los 170.152,1 millones de euros de un total de 526.598,82 millones para el conjunto de las comunidades autónomas. Pero la clasificación cambia cuando la cantidad se calcula por habitante. En este caso, es el País Valenciano el que se sitúa a la cabeza, especialmente después de los recursos para paliar los efectos de la dana de otoño de 2024.

Los fondos europeos antipandemia ya están en plena cuenta atrás. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha comparecido este miércoles en el Congreso con el 31 de agosto marcado a fuego, ya que es la fecha fijada para que los hitos y los compromisos del plan de recuperación pactado con la Comisión Europea estén alcanzados. Un cumplimiento del cual depende que lleguen la totalidad de los fondos europeos a los que puede aspirar cada país. Cuerpo ha asegurado que el ejecutivo español "trabaja a marchas forzadas" para conseguirlo y ha explicado que, en este sentido, presentará de forma "inminente", este mes de julio, una "addenda técnica de cierre" al plan de recuperación español para reajustar los hitos pendientes para evitar perder recursos.

El gobierno español ha oficializado el relevo en la cúpula de la Agencia Tributaria este martes. Asumirá la dirección general de la administración tributaria Antonio Ansón Latorre (Zaragoza, 1962), que desde hace poco más de un año es el director del gabinete del secretario de estado de Hacienda, el máximo responsable de dirigir y coordinar la política fiscal, la gestión del sistema tributario y la financiación autonómica.

La Airef, el organismo independiente que controla las finanzas públicas, advierte que la condonación de la deuda de las comunidades autónomas quedará "coja" si no se acompaña de una reforma del sistema de financiación autonómico. La presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, ha defendido que "la línea lógica de actuación" sería: primero, "objetivos realistas", segundo, la reforma del sistema de financiación y, en tercer lugar, "medidas para aligerar la deuda".

Acuerdo en el desacuerdo. Los líderes europeos solo coinciden en una cosa sobre la propuesta que tienen sobre la mesa de los próximos presupuestos plurianuales (2028-2034) europeos: no gustan a nadie.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, intentó ganarse al empresariado catalán durante su intervención en el Círculo de Economía anunciando inversiones en "infraestructuras estratégicas" mediante un sistema de colaboración público-privada para acelerar la construcción de infraestructuras con inversiones de hasta 3.300 millones de euros. Este martes, el consejo ejecutivo de la Generalitat "ha analizado los proyectos" y la portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión que la voluntad del Govern es que las obras comiencen en otoño-invierno del próximo año y que estén disponibles al cabo "de unos seis años".

El ministerio de Hacienda confía en que todas las comunidades autónomas acepten reunirse de forma bilateral en las próximas semanas para abordar la reforma del modelo de financiación autonómico. Después de que este lunes el departamento que ahora pilota Arcadi España enviara una misiva a los territorios para fijar estos encuentros, el mismo ministro se ha mostrado confiado en que esto suceda, incluso a pesar de las críticas de las comunidades gobernadas por el PP: "Espero que todas [las CCAA] quieran sentarse. Se me escapan las razones para no hacerlo", ha reflexionado España en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes.

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a la segunda edición del Plan de Barrios, una de las medidas estrella del ejecutivo de Salvador Illa. Los socialistas pondrán a disposición de los municipios una bolsa de, "como mínimo", 300 millones de euros para actuar en barrios especialmente vulnerables, ha asegurado la portavoz y consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Es un 29,3% más que la cantidad invertida en la primera convocatoria.

En agosto, vacaciones. La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), ha pedido al ministerio de Hacienda que declare este "mes inhábil a efectos fiscales y de plazos administrativos". Esta organización, integrada por 12 asociaciones de todo el Estado, se ha dirigido por carta al ministerio, pero también a la secretaría de Estado de Hacienda y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, para pedir diversas cuestiones. Estas incluyen, además de reclamar una pausa de descanso en agosto, también el ajuste de la tarifa del IRPF a la inflación (deflactación) –que solo se ha aprobado en dos ocasiones en los últimos 20 años– o la ampliación del plazo de alegaciones de 10 a 25 días.

Después de casi tres meses de negociación presupuestaria, ERC y Comuns han conseguido comprometer 893 millones de euros de los presupuestos de este 2026, el 1,8% de los 49.162 millones de gasto total de la Generalitat. A grandes rasgos, sin embargo, las grandes cifras de las cuentas que la consellera de Economía, Alícia Romero, ha llevado este viernes al Parlament son las mismas que en febrero: 49.162 millones de gasto del presupuesto, 4.146 millones en inversiones y 329,6 millones de déficit (el 0,1% del PIB). Incluso ha sido prácticamente calcado al de febrero el dossier que se ha presentado como resumen del proyecto que este mismo viernes ha aprobado el consejo ejecutivo. ¿De dónde salen, pues, estos 893 millones?

Las patronales y los sindicatos catalanes participarán en la toma de decisiones del consorcio paritario de inversiones entre el Estado y la Generalitat. El acuerdo de presupuestos ratificado por el Govern y Esquerra Republicana de Catalunya este martes prevé la creación de un consejo asesor para "orientar en las funciones" del organismo, así como de la sociedad mercantil de inversiones que deberá constituirse para garantizar su ejecución. Así lo ha confirmado el ejecutivo a las organizaciones económicas más representativas –CCOO, UGT, Pimec y Foment del Treball– en la reunión que han celebrado los cuatro con la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, este martes. Los representantes de trabajadores y empresarios han celebrado la propuesta, aunque han asegurado que todavía "se tiene que leer la letra pequeña".

La crisis de vivienda y el encarecimiento del precio, tanto de los alquileres como de compra, ha puesto en duda una parte importante de la fiscalidad en las empresas inmobiliarias por el bajo nivel de impuestos que pagan en comparación con otros sectores de la economía. Uno de los blancos de las críticas a esta baja tributación son las socimis, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

A pesar del crecimiento protagonizado por la economía española en términos de PIB y ocupación, la pobreza no desaparece. El 8% de la población está en una situación de "pobreza extrema o exclusión" –es decir, tiene una renta inferior a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo– y el 19,5% se encuentra en "riesgo de pobreza", al formar parte de una unidad de consumo con una renta inferior a los 12.220 euros anuales.

Hay mucha diferencia entre un asalariado y un autónomo. Especialmente en la declaración de la renta. La campaña de la declaración comenzó el pasado 8 de abril y la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares (APTTCB) ha advertido que un asalariado con unos ingresos anuales de 10.000 euros no paga prácticamente IRPF gracias a las reducciones por rendimientos del trabajo. En cambio, un autónomo con el mismo nivel de ingresos no puede aplicar estas reducciones y "acaba tributando por una parte significativa de su base", y puede acabar pagando 500 euros, avisan.