El gobierno español ha garantizado este martes a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal como pactaron las dos partes en el acuerdo marco que firmaron el mes de noviembre del año pasado. Así lo han comunicado los tres sindicatos después de reunirse con el ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública en el marco de la comisión de seguimiento de este acuerdo, en el cual se preveía una subida global del salario de los más de tres millones de empleados públicos del 11% para el periodo 2025-2028.

A los ojos del mundo Francia vuelve a ser el enfermo de Europa. No es ninguna novedad en un país marcado históricamente por la conflictividad laboral, los escándalos políticos, las derrotas militares y crisis de todo tipo, pero a la vez no es una buena noticia que, en el clima actual de protestas de estudiantes y un ambiente preelectoral marcado por el auge de la extrema derecha, se añadan ahora temores por la viabilidad de las finanzas públicas del país.

Cuando se trata de dinero, los estados no dan su brazo a torcer. El próximo presupuesto de la Unión Europea, que fijará las prioridades de gasto para el periodo 2028-2034, continúa bloqueado y, a pesar del tira y afloja de las negociaciones de este jueves, los estados han sido incapaces de acercar posiciones respecto a la propuesta de cuentas que había presentado la presidencia irlandesa esta semana.

Pedro Sánchez "ve preparado" a Bruselas para hacer frente a los reproches migratorios que le hagan los socios, también a los de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, según aseguran fuentes diplomáticas. La cumbre de líderes de esta semana será la primera vez que el presidente del gobierno español se ve con la primera ministra italiana desde la crisis de Ceuta de este verano. Entonces la respuesta de la dirigente a la entrada masiva de inmigrantes abrió la veda de un enfrentamiento en materia migratoria. Italia suspendió la libre circulación con los viajeros españoles –una medida replicada por el gobierno español– e inició una espiral de confrontación que le ha servido para reivindicar su modelo de control de fronteras externas.

"Pedro Sánchez no ha sido socialdemócrata, sino socialista". Un exdirectivo de alto nivel del Ibex-35 resume así la política que, a su parecer, ha llevado a cabo el gobierno español durante esta última legislatura en lo que respecta a la relación del Estado con las empresas, especialmente las consideradas estratégicas. Pero también en lo que respecta a la política económica –la regulación– sobre sectores de gran peso. Una afirmación, sin embargo, que probablemente cuestionarían los partidos a la izquierda del PSOE, particularmente Podemos.

Los intereses de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se dispararon este miércoles por encima del 5,3%, de modo que superaron el pico que alcanzaron en 2007 –el año previo al estallido de la burbuja inmobiliaria– y se situaron en el nivel más alto desde 2002. La cifra es un indicador de cómo entre los inversores está cambiando la percepción del riesgo asociado a la economía estadounidense bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

La deuda de las administraciones públicas cerró el segundo trimestre con una cantidad equivalente al 101,4% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide la actividad económica de un territorio), según los datos publicados este miércoles por el Banco de España. La cifra es inferior a la ratio registrada durante el primer trimestre, cuando el pasivo representaba un 103,2% del PIB. En términos absolutos, en cambio, la deuda se elevó un 4,3% en términos interanuales, hasta los 1,763 billones de euros, un nuevo récord para el conjunto del Estado.

El Consejo Metropolitano, el órgano de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha dado luz verde a la oferta de la multinacional francesa Veolia para abastecer el servicio de agua de ocho poblaciones barcelonesas, con un contrato por valor de más de 1.000 millones de euros.

Con la inflación otra vez por las nubes y sin perspectivas de que baje de manera inminente –el Banco Central Europeo (BCE) ha retomado la subida de los tipos de interés–, el gobierno español se ha visto abocado a prorrogar una parte de las medidas puestas en marcha por la guerra en Irán, que debían decaer este 30 de septiembre. Es, pues, el tercer paquete de medidas que aprueba el ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar los efectos del conflicto sobre el coste de la vida, y supondrá 12.000 millones de euros para las arcas públicas.

El gobierno español prevé incrementar un 50% la capacidad de la red eléctrica en Cataluña en 2030. Así, se añadirán 3.800 megavatios (MW) adicionales al sistema eléctrico, que permitirán hacer frente a la creciente demanda tanto por parte de particulares como por diferentes inversiones en infraestructuras públicas. Este incremento es la parte que le toca a Cataluña del plan del ejecutivo de Pedro Sánchez para mejorar la red eléctrica en todo el Estado, que incluye inversiones por valor de 17.000 millones de euros en todas las comunidades autónomas en los próximos cuatro años.

Bruselas vuelve a dar un toque de atención a España en materia fiscal. El Consejo Fiscal Europeo, el órgano que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, reprocha al ejecutivo español que solicitase activar la cláusula de exención de las reglas fiscales para gastar más en defensa, pero que esta partida solo aumentase un 0,1% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el tamaño de una economía). En cambio, España se desvió un 0,4% del PIB respecto a la trayectoria de gasto neto recomendada.

Casi dos de cada tres personas que tienen que liquidar el impuesto de sucesiones terminan sin ningún importe a pagar. Según datos de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) obtenidos por la ACN a través de una solicitud de información pública, entre 2022 y el 15 de mayo de 2026, el total de declaraciones que tuvieron un importe a pagar de menos de un euro –la inmensa mayoría de las cuales, ni un céntimo– fue de 482.567. Esto supone el 63,6% del total, aunque se aprecia una evolución a la baja de los que no tienen que ingresar nada en este concepto; si bien en 2022 eran el 65,8% de todos los herederos, el porcentaje ha ido bajando progresivamente hasta el 61,3% desde principios de 2026.

La ratio de deuda de las administraciones públicas españolas se situó en julio en el 99,9% del producto interior bruto (PIB, el indicador que muestra el tamaño de una economía), 2,4 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, con un importe total de 1,744 billones de euros, según los datos publicados este jueves por el Banco de España. Según la estimación disponible para julio, la ratio habría bajado por debajo del 100% por primera vez desde febrero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia de la covid-19. Entonces se suspendieron las reglas de gasto y la deuda se disparó para hacer frente al choque que supuso la pandemia.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido que los países deben reducir ciertas partidas del gasto público para poder financiar "inversiones necesarias" en inteligencia artificial (IA) y defensa –entre otras cuestiones–, pero sin desequilibrar las cuentas.

Cinco años después del final de los peajes en la AP-7 y la AP-2 —las principales autopistas de Cataluña—, unos 250 economistas y expertos en movilidad han dedicado la mañana del miércoles a reflexionar sobre la gestión de las principales carreteras del país. "Como economistas, sabemos que las decisiones aparentemente gratuitas también generan costes y que, si no se asignan de manera explícita y transparente, recaen sobre los contribuyentes o se trasladan al futuro", ha advertido el decano del Colegio de Economistas de Cataluña (CEC), Carlos Puig de Travy.

El Gobierno ha puesto en marcha el trabajo para elaborar los presupuestos de la Generalitat para 2027. Tal como avanzó la consejera de Economía, Alícia Romero, en una entrevista con el ARA, la administración catalana ha dado el pistoletazo de salida de cara a tener cuentas para el próximo ejercicio. El ejecutivo catalán ha acordado fijar en 43.191 millones de euros el techo de gasto no financiero no finalista de la Generalitat para 2027, un 4,9% más que en los presupuestos aprobados de 2026. En valores absolutos supone un incremento de 2.021 millones respecto a las cifras del ejercicio actual.

Los rendimientos de la deuda pública han experimentado en las últimas semanas una importante escalada, hasta niveles de hace dos décadas. Los temores a la inflación y, por tanto, la previsión de nuevas subidas de los tipos de interés, han impulsado las ventas de estos activos. El hecho es que si el coste de la vida se encarece, el interés fijo que paga un bono pierde poder adquisitivo y, en consecuencia, los inversores venden los títulos que tienen en cartera y reclaman una rentabilidad más elevada en las nuevas emisiones.

Los salarios y las pensiones avanzan por caminos diferentes. La divergencia es "absolutamente estratégica" para la evolución de la economía y de la cohesión social, asegura Jordi Garcia, catedrático de derecho del trabajo de la Universitat de Barcelona (UB). Este agosto los jubilados han cobrado de media 1.574,9 euros, un 4,5% más que hace un año, según ha publicado la Seguridad Social. Ahora bien, los precios de julio subieron un 3,5% respecto a 2025, a la espera de conocer cuánto se ha encarecido el coste de la vida este mes (a partir de los datos del IPC, el índice de precios de consumo, que publica el INE).

La Generalitat volvió el año pasado a batir un récord de gastos que pasan de un año a otro. Esta práctica, consecuencia de la insuficiencia presupuestaria, es decir, de unas cuentas públicas previstas que no permiten cubrir todo el gasto real, se disparó en 2025 hasta los 5.295 millones, un 12% más que el ejercicio anterior y más de la décima parte de todo el gasto no financiero del ejercicio.

"Resulta difícil explicar que alguien no quiera que se le reduzca el pasivo". De esta manera ha defendido el ministro de Hacienda, Arcadi España, la condonación de parte de la deuda a las autonomías ante las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y que ha fracasado en el Congreso gracias a los votos de la mayoría plurinacional. Para Arcadi España es necesario un respiro para buena parte de las comunidades, que son las administraciones que soportan los gastos del estado del bienestar, pero muchas como Cataluña y el País Valenciano están infrafinanciadas y ahogadas aún a raíz de la crisis económica de hace una década.