El asesinato de otra persona en Minneapolis, víctima de los disparos de la policía de fronteras, nos pone ante dos consecuencias simultáneas: la americana y la mundial. Dar impunidad a una policía que solo obedece al líder y se dedica a perseguir a inmigrantes sin mandamiento judicial oa matar a gente que se opone se parece demasiado a la Gestapo cuando iba a la caza y captura de judíos y de opositores en la Alemania de los años treinta. De los países donde la policía mata a su propia gente a sangre fría por la calle y después le acusa de terrorista se llaman dictaduras. El siguiente paso es imaginable: aumentar la tensión, provocar a la gente, acusar a las autoridades locales de insurrección, retirarles los poderes constitucionales y, con la excusa de evitar altercados o enfrentamientos armados, suspender las elecciones en nombre de la seguridad y el orden público.

Murcia vuelve a ser protagonista en lo que se refiere a los derechos de las personas migrantes. Tras los disturbios y ataques racistas en Torre Pacheco, una moción de PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla ha hecho saltar las alarmas entre la comunidad islámica, pero también dentro de la Iglesia y el gobierno español. El consistorio, en manos de los populares, acaba de aprobar una enmienda que abre la puerta a vetar el ruego colectivo con el que la comunidad musulmana celebra el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero. El ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha dicho que lo investigará y la Conferencia Episcopal Española ha denunciado a través de un comunicado que restringir el culto en espacios públicos es "una discriminación que carece en democracia".

Rosa RR lleva más de tres años viviendo en un piso del barrio de Buenos Aires de Martorell, pero el Ayuntamiento le impide empadronarse porque no tiene ningún título de propiedad ni contrato de alquiler. Hasta seis veces ha pedido el ingreso en el padrón y en todos los casos no ha recibido ninguna respuesta, si bien la ley interpreta este silencio como positivo pasados ​​los tres meses reglamentarios. Pero ella sigue sin constar en el padrón.

Existe cierta alarma social ante la posibilidad de que los fraudes a la ley trans pongan en riesgo los derechos de las mujeres. Es un miedo legítimo, pero también infundado. Por un lado, el fraude no es sistemático ni generalizado, como confirmaron los datos del ministerio el mes pasado. Por el otro, a medida que los hombres cis que se hacen pasar por mujeres no obtengan los “privilegios” que esperan, irán desistiendo de la ocurrencia.

El Síndic de Greuges y las entidades sociales llevan años advirtiendo de las trabas administrativas que ayuntamientos catalanes de todos los colores ponen para empadronar a los vecinos que no tienen permiso de residencia ni un domicilio fijo o que viven realquilados en habitaciones. Básicamente, a la hora de pedir el registro en el padrón, los afectados se encuentran con un catálogo de requisitos diferentes a cada consistorio: desde la titularidad de la vivienda o el contrato de alquiler hasta el número de ocupantes, pasando por la cédula de habitabilidad o para disponer de una autorización para residir en el país.

La aceptación a trámite de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas que viven en el Estado, más de 100.000 en Cataluña, ha creado una cierta "esperanza" entre el colectivo migrante. También dudas sobre si la votación supone ya un sí directo a los papeles o no. Por primera vez ven que existe una posibilidad real de que su situación administrativa cambie. Desde 1991, el gobierno español ha realizado nueve regularizaciones extraordinarias, la última de las cuales fue en 2005, cuando se dio la residencia a 575.000 personas. De estos procesos, cinco fueron impulsados ​​por el PP y cuatro por el PSOE.

El viernes 24 de junio de 2022 será recordado en Estados Unidos como un salto inaudito al vacío –¡ni siquiera al pasado!– en la historia de sus derechos civiles. Para ser más precisos, del feminismo. La nueva resolución del Tribunal Supremo, aprobada por 6 votos a 3, revoca la famosa sentencia de Roe contra Wade del año 1973, anula el derecho federal al aborto y remite su normativa en cada estado. La decisión apenas esconde la voluntad de profundizar la grieta entre dos Américas, entre dos relaciones con la religión y con la libertad individual. Más sutil es el programa natalista que hay detrás –originalista, racista y fundamentalista– y que de manera casi inmediata garantizará la prohibición total del aborto en mitad del país. No se trata de dividir el país, sino de hacerlo crecer para frenar lo que las teorías conspiranoicas del Gran Reemplazo –también fuertes en países europeos como Francia o Italia– denuncian: el riesgo de desaparecer de las poblaciones occidentales, blancas y cristianas.

El principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación son unas antiguas aspiraciones del ser humano, recogidas de forma entusiasta por el constitucionalismo del siglo XVIII para acabar con el Antiguo Régimen. Al constitucionalismo español le costó más tener claro que todos somos y tenemos que ser iguales, y no fue hasta la Constitución republicana de 1931 que, en su artículo 2, proclamó la igualdad ante la ley de todos los españoles, y en el 25 recogía la prohibición de discriminación, entre otras cosas por razones de ideología política. El artículo 14 de la Constitución española de 1978, siguiendo la línea de la Constitución francesa de 1958 (arte. 2.1), de la italiana de 1947 (arte. 3), y de la alemana de 1949 (arte. 3), dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de...”.

Por el humo se sabe dónde está el fuego. El refranero siempre tiene una manera sencilla para explicarnos las cosas en pocas palabras. Si el programa Pegasus solo lo pueden comprar organismos de un estado y los espiados son políticos, activistas, abogados y personas del entorno independentista, coincidiendo en momentos políticos o judiciales relevantes, no hay que hacer muchas conjeturas para saber qué estado hay detrás.

Un embarazo, y lo que se deriva de él, también puede convertirse en una lucha política y una batalla por los derechos de la mujer. Así lo ha vuelto a plantear la diputada laborista británica Stella Creasy, de 44 años, que a estas alturas está en el séptimo mes de una complicada segunda gestación, y que ha visto cómo el órgano independiente que regula el comportamiento y los derechos de los diputados le ha rechazado que tenga una sustituta con casi plenas funciones mientras ella está de baja maternal. Creasy, pionera en la reivindicación de un derecho que las diputadas británicas no han tenido hasta 2019, y solo de forma experimental, sí había disfrutado de ello durante su primer embarazo, en el que fue un programa piloto del Parlamento de Westminster sobre cómo responder a las bajas por maternidad.

A la puerta de Maria Ribas llamaban vecinas buscando el consejo de una mujer que antes de que hubiera divorcio ya se había separado amistosamente. Sus hijos, ahora ya superada la cuarentena, recuerdan cómo el comedor de casa se convertía de vez en cuando en un consultorio de mujeres que querían saber con qué toparían si se animaban a seguir sus pasos. "Entonces no era tan normal separarse o divorciarse, la gente era moderna solo de boca", dice Ribas.

El avión que se elevó de Caracas y aterrizó en Madrid, un día de 2007, llevaba a una Vicenta Matos que huía de humillaciones y persecuciones por ser hombre homosexual. A los 61 años responde ahora con la identidad con la que se encuentra cómoda y que le fue negada tanto en Colombia, su país de nacimiento, como en Venezuela, el de adopción. Pero explica que no fue hasta que llegó a Barcelona cuando encontró su primer y único hogar, en una ciudad en la que no ha tenido nunca problemas, excepto algún pequeño incidente resuelto con la condena de los agresores. “En Barcelona he encontrado mi identidad de mujer. Nunca me habría imaginado tener la vida que tengo ahora, tranquila, con un compañero y con amigos”, dice. Matos es asilada, tiene un estatus que no siempre es fácil de conseguir para las personas LGTBI. 

La vía de la regularización de los menores que llegan solos a España no ha sido nunca fácil, pero los retrasos para conseguir la documentación y el endurecimiento de la ley de extranjería empujan todavía más a la marginalidad a los que cumplen 18 años. El Tribunal Supremo modificó los tres reglamentos que hacen referencia a los menores tutelados y les exige unos criterios durísimos para renovar el permiso de residencia. En este callejón sin salida se encuentran 1.490 menores migrantes tutelados por la Generalitat, a través de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), y 4.000 jóvenes más de entre 18 y 23 años que sigue atendiendo en centros de protección o bien ofreciéndoles recursos formativos.

Que el feminismo no es un movimiento homogéneo ha quedado demostrado, una vez más, con la filtración del borrador de la ley trans, que debe permitir un cambio de sexo en el DNI solo con la solicitud y sin que sea necesario un informe médico de disforia de género o pasar por un tratamiento hormonal. De este modo, se despatologitza la transexualidad, una reivindicación histórica del colectivo. Sin embargo, desde que el Ministerio de Igualdad de Irene Moreno anunció la iniciativa, detractores y defensoras se han tirado los trastos a la cabeza, y la autodeterminación de género es el principal caballo de batalla que enfrenta a ambos bandos.

La comunidad LGTBI se muestra satisfecha con el borrador que ha redactado el ministerio de Igualdad de Irene Montero para la futura ley trans y porque por primera vez reconoce "la autodeterminación de género" y es una apuesta para hacer un marco normativo "fuerte" a favor de la igualdad de derechos. El texto, que todavía tiene que pasar debates y negociaciones dentro del gobierno español y provoca reticencias entre el movimiento feminista, prevé el cambio de sexo y de nombre en el Registro Civil a partir de los 16 años, solo con una declaración expresa y sin necesidad de tener ningún informe médico.

La imposición del toque de queda desde las nueve de la noche ha desencadenado una nueva oleada de disturbios en los Países Bajos esta semana, donde los manifestantes han apedreado hospitales, han prendido fuego a puntos de testaje de coronavirus y han saqueado tiendas: 450 detenidos en cuatro noches consecutivas de disturbios. También en el Líbano el confinamiento ha llevado a miles de jóvenes a enfrentarse con piedras contra la policía, donde el ejército ha usado fuego real contra los manifestantes de Trípoli. Dinamarca todavía está en estado de choque por las imágenes de los hombres de negro contrarios a las restricciones que la semana pasada colgaron de una farola un maniquí con una careta de la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, e instaban a matarla. Son solo los últimos ejemplos de protestas anticonfinamiento que se han visto también en Israel, donde judíos ultraortodoxos querían saltarse el cierre de sus escuelas. Ya habíamos visto protestas similares en Alemania, en la República Checa o en las calles de Barcelona o Madrid.

Lo ha hecho, ha confesado unos hechos que no ha cometido. Peor todavía, ha asumido pagar una cuantiosa indemnización por la reparación de los daños de una furgoneta policial que no ha dañado y una indemnización por las lesiones de un agente que se cayó mientras lo golpeaba para detenerlo. Esta decisión duele en el alma de cualquiera: defender la propia dignidad y la verdad, o claudicar y comprar seguridad. Esta confesión engrosará las envenenadas estadísticas que el día de mañana serán usadas para demostrar que el sistema funciona: los cuerpos policiales redactan atestados, la Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen acusaciones en base a estos atestados y, finalmente, se dicta una sentencia que cierra el círculo y valida todo el engranaje. Una vez cerrado el acuerdo, se hará un juicio, denominado de conformidad, que se reduce a que las acusaciones rebajan la pena para asegurar un no ingreso en prisión, a cambio de la admisión de los hechos y de la pena por parte de la persona encausada. Nuestra confesión servirá para demostrar que los agentes policiales detuvieron a quien correspondía, que la Fiscalía y las otras acusaciones también acusaban a quienes correspondía y que la sentencia ha condenado a quien era culpable. ¿Qué muestra más indudable hay que una confesión para demostrar la culpabilidad de alguien?