Hace una década, cuando un presidente de la Generalitat aterrizaba en Madrid, era para defender la posibilidad de que Cataluña votara en una consulta sobre la independencia. Lo hizo Artur Mas primero; después Carles Puigdemont, Quim Torra y, finalmente, Pere Aragonès. Diez años después, en cambio, con ya unas nuevas mayorías en el Parlament, el gobierno catalán se presenta como la mejor garantía de "cooperación institucional" y "lealtad" al proyecto del gobierno de España. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha protagonizado este lunes un desayuno informativo en la capital española, organizado por Efe y RTVE, en el que ha remarcado el momento que vive la Cataluña sin Procés: la Generalitat tiene presupuestos; "lidera" la nueva propuesta de financiación donde todas las autonomías ganan recursos, y es sinónimo de "estabilidad". Además, ha pedido "celeridad" a la hora de aplicar la ley de amnistía, hurgando en la llaga a aquellos como el PP y Vox que acusan al PSOE de reavivar el independentismo: "Es la primera vez en cuarenta años que no hay mayoría nacionalista e independentista. No ha revitalizado, al contrario [...]. Sé de qué hablo".

Seguramente no sorprenderá a nadie si afirmamos que Salvador Illa es el principal pilar que le queda a Pedro Sánchez en el Estado. El actual jefe del ejecutivo catalán fue la apuesta del líder del PSOE para volver a conquistar el Palau de la Generalitat en 2021 después de años de gobiernos independentistas. No lo consiguió a la primera, pero tras tres años de espera los socialistas volvieron a presidir el Gobierno. Su idilio había nacido de la etapa de Illa como ministro de Sanidad: fue en plena pandemia cuando los dos dirigentes socialistas forjaron un vínculo, político y personal, que no se ha resquebrajado con el paso de los años. Tampoco ahora, cuando el presidente español atraviesa su peor momento de la legislatura, asediado por diversas causas judiciales que implican a su entorno político y personal más cercano. De hecho, ha sido ahora cuando Salvador Illa le ha mostrado su apoyo más incondicional. También con el riesgo de ligar su futuro político a la suerte del presidente español.

"Talar árboles no es un delito", decía este lunes Salvador Illa en una entrevista a RAC1. El presidente de la Generalitat reclamaba un "cambio de mentalidad" con la gestión forestal y defendía que "el bosque se debe gestionar". Hace unos meses, el Parlament modificó una parte de un decreto del Govern de medidas relacionadas con el sector agrario y forestal. ¿Qué cambió exactamente?

Julio será un mes trepidante para el ministerio de Hacienda. No solo porque ha puesto en marcha la maquinaria para presentar los presupuestos de 2027 –con la votación de la senda de estabilidad en el Congreso y la presentación del techo de gasto–, sino porque será clave para el modelo de financiación. Después de casi dos años de negociación con Esquerra y la Generalitat, esta semana el ministerio tiene previsto enviar por escrito el borrador de la nueva ley del sistema de financiación y el 29 de julio el ministro Arcadi España lo oficializará en una nueva reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y será en este encuentro en el que todas las autonomías de régimen común (País Vasco y Navarra quedan fuera) votarán en contra del modelo a excepción de Cataluña.

Franco acababa de morir, Arias Navarro todavía era presidente y el país vivía entre la esperanza y el temor. En este contexto se celebró hace cincuenta años el Míting de la Llibertat, el primer gran acto político democrático autorizado en Cataluña desde el final de la guerra, que impulsó el PSC y que reunió a 15.000 personas. Raimon Obiols (Barcelona, 1940) fue uno de los participantes y este año el Govern, a través de la dirección general de Memoria Democrática, y la Fundació Rafael Campalans le hicieron un homenaje en el Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Salvador Illa llegará al ecuador de la legislatura con la estabilidad política que buscaba. Este jueves el Parlament ha aprobado de forma definitiva los presupuestos que hace unas semanas acordó con Esquerra y Comuns, los dos socios de investidura, que esta mañana han sumado sus votos para validar las primeras cuentas del gobierno socialista –también ha votado a favor por error la diputada de Junts Noemí Nieto–. Unas cuentas que llegarán casi a los 50.000 millones de euros, un 22% más que las de 2023, el último proyecto aprobado todavía bajo la presidencia de Pere Aragonès. El pleno de este jueves también ha validado la ley de acompañamiento de los presupuestos, que incluye, entre otras cosas, subir hasta los 30 euros al día la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona y crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. Illa se garantiza, así, llegar al final de la legislatura con unos presupuestos actualizados y con una mayoría parlamentaria que necesita que el Govern continúe para que cumpla sus acuerdos.

El PSC, Esquerra y los Comunes han llegado a un acuerdo para encarecer la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona. A través de una enmienda a la ley de acompañamiento de presupuestos de la Generalitat, presentada este martes en el Parlament, los tres grupos forzarán el incremento del impuesto hasta los 30 euros para los buques que estén menos de 12 horas en la capital catalana.

De aquí a un mes el gobierno de Salvador Illa tendrá aprobados los primeros presupuestos de la legislatura. Un acuerdo con Comuns y ERC que da aire al ejecutivo y que certifica que esta es hoy día la única mayoría viable en Cataluña. Republicanos y comunes ya invistieron a Illa y, a pesar de los tira y afloja de los últimos dos años, continúan siendo los socios que le dan estabilidad. Incluso para evitar comparecencias molestas del presidente en el Parlament. Este martes, por segunda semana consecutiva, ERC, Comuns y el PSC evitaron que la cámara citara a Illa. Junts quería hacerle comparecer para que explicara el papel de la Generalitat en la crisis abierta con los docentes de la escuela pública. Hace siete días los juntaires, de la mano del PP y Vox, reclamaban que el presidente respondiera por los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE (y que el juez no descarta del todo que tengan una derivada en el PSC).

La Agencia Tributaria ya tiene sobre la mesa toda una serie de peticiones de la Audiencia Nacional para revisar las cuentas del PSOE, pero, en cambio, no tendrá que hacerlo con las del PSC. El juez Santiago Pedraz ha excluido finalmente a los socialistas catalanes de los requerimientos fiscales, a pesar de que la Guardia Civil insistía en incluir al PSC en la investigación. Del PSOE, y de las personas imputadas en el caso Leire, el magistrado busca cuentas bancarias, imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo y facturas.

No sé si los dos sacerdotes tanzanos y los dos filipinos que integran la comunidad agustina de Barcelona explicarán a León XIV, cuando visite el 10 de junio la iglesia de Sant Agustí, en el Raval, que en aquel templo fue fundada la Assemblea de Catalunya, la gran coalición de fuerzas antifranquistas del país. Corría el año 1971. Tiempos eran tiempos. Cuando la Iglesia catalana hacía piña con los que luchaban por las libertades individuales y colectivas. Cuando los rectores cobijaban a trabajadores en huelga e impedían que entraran los grises. Cuando Comisiones Obreras se fundaba en una parroquia (Sant Medir, la Bordeta, 1964), cuando los estudiantes se encerraban en conventos (la Caputxinada, Sarrià, 1966) o el monasterio más simbólico era el marco elegido para “bautizar” un partido que gobernaría Cataluña durante décadas (Convergència, Montserrat, 1974). Tiempos eran tiempos de los Escarré, Jubany, Cassià Maria Just, Xirinacs, Ragué, Ballarín y muchísimos curas obreros... Tiempos eran tiempos en que la Iglesia tenía mejor reputación que en la actualidad. Más practicantes, más vocaciones religiosas, más complicidades con los seglares, más credibilidad, ninguna denuncia de pederastia.

La sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid se ha despertado con la visita de agentes de la Unidad de Acción Operativa de la Guardia Civil. Llevaban una orden judicial para que se les facilitara toda una serie de información vinculada a un caso bajo secreto que hace meses que investiga la Audiencia Nacional. En caso de que los socialistas se hubieran negado a facilitar la documentación a los policías, incluso tenían firmada una autorización para registrar la sede del partido. ¿Qué buscaba allí el juez Santiago Pedraz?

"Por respeto institucional le recuerdo que la lengua natural es el catalán y, si no tiene conocimiento, le hago saber que quedan plazas en la escuela de adultos. Si quiere le puedo entregar un formulario de inscripción". De esta manera la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, reprochó al nuevo concejal del PSC, Jorge Iglesias, que ayer se estrenaba en el pleno, que hiciera su intervención en castellano. En una intervención posterior, Morillo le respondió que hará "lo posible por aprender catalán", pero pidió a la líder de Aliança Catalana que ella "haga lo posible por hacer acciones sociales". Todo empezó cuando Iglesias, jubilado nacido en Montevideo y vinculado a la comarca del Ripollès, intervino en la toma de posesión y aseguró que desarrollará la actividad "con la lealtad que corresponda". El otro concejal socialista, Paco Morillo, vecino de Ripoll, no quiso intervenir en su estreno como concejal.

O Pedro Sánchez con Yolanda Díaz o Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal. Esta es la elección que los dos principales bloques estatales ofrecen para el 23-J, y parece que en Cataluña los electores tienen claro por quién decantarse. El PSC, con Meritxell Batet al frente, ganaría ampliamente las elecciones y podría ascender hasta los 16-18 escaños, doblando los resultados de quien acabe quedando segundo. Sería la primera victoria socialista en unas generales en Cataluña desde que en 2008 Carme Chacón consiguió los mejores resultados históricos del partido con 25 diputados. En todo caso, la victoria socialista en el Principado podría acabar siendo amarga si el PP domina en el conjunto del Estado. La última encuesta publicada, la del CIS, asegura que aún no hay nada decidido, aunque la mayoría de encuestas sitúan a los populares muy por encima de los socialistas. El CEO detecta, además, una predisposición a participar mayor que en otras ocasiones en las elecciones generales, hecho que podría reducir la abstención en estos comicios.

El ciclo electoral está teñido de azul. El PP ha avanzado con fuerza en todas partes, pero especialmente en Andalucía, en el País Valenciano y también en Madrid tanto en las autonómicas como en las municipales. Ahora confía en hacer lo mismo en las generales del 23 de julio, tal como pronostican todas las encuestas, incluso la del CIS. Son, con Cataluña, los territorios clave para allanar el camino hacia la Moncloa. Por eso, es en el Principado donde los socialistas se juegan buena parte de su crédito. Pedro Sánchez sabe que del diferencial que consiga con el PP en Cataluña puede acabar siendo decisivo, sobre todo si pierde empuje en otras autonomías. El PSC ganará las elecciones con amplia diferencia, según la encuesta que el Institut Opinòmetre ha hecho para el ARA. Con una horquilla de entre 14 y 16 diputados, los socialistas volverán a la primera posición quince años después. ¿Y cuál será el diferencial con el PP? Los populares, también al alza captando la mayor parte del voto de Cs, se quedarían con entre 5 y 7 diputados en las Cortes españolas.

"¡Vaya, es difícil decir cuándo empezarán las obras. Es una línea compleja, muy importante y estratégica del país. La parte urbanística está hecha desde 2010 y ahora habrá que empezar con estudios y proyectos. No será mañana; estas infraestructuras cuestan". Son declaraciones de la consejera de Economía, Alícia Romero, a Catalunya Ràdio sobre el macroproyecto que ha sido decisivo para desbloquear la aprobación de los presupuestos: la línea orbital ferroviaria. ERC ha querido reactivar un plan que está en un cajón desde hace veinte años para dar su "sí" a las cuentas. De hecho, los republicanos lo presentan como una apuesta de futuro para una red que este año ha vivido una crisis inédita y que todavía intenta recuperar una cierta normalidad.

Uno de los mantras a los que ERC recurre para definir su relación con el PSC es el de "ganancia de soberanía". Los republicanos explican que sus acuerdos se basan en conseguir más recursos, competencias y capacidad de decisión para Cataluña. ¿Lo han conseguido? De momento, a empujones y a trompicones republicanos y socialistas han ido desbloqueando algunas de las carpetas acordadas en las investiduras de Salvador Illa (2024) y Pedro Sánchez (2023). Ahora bien, han encontrado la solución en una fórmula mixta: constituir empresas participadas por la Generalitat y el Estado, donde la administración estatal tiene mayoría.

Pocas veces (muy pocas o nunca) se asiste dos veces en un año a la presentación de un mismo proyecto de presupuestos. Es lo que ha pasado en esta ocasión en el Parlament, donde han entrado las cuentas para lo que resta de ejercicio, después de que el pasado febrero se acabaran retirando por desacuerdo con ERC.

Después de tragarse el sapo de retirar los primeros presupuestos que presentaba como presidente de la Generalitat, Salvador Illa comienza, ahora sí, el camino para que el Parlament dé luz verde a las primeras cuentas de la legislatura. Con los apoyos de ERC y Comuns atados, Illa se asegura uno de sus principales objetivos de la legislatura. Las cuentas de este 2026 serán las primeras del Govern y, quizás, las únicas, porque el 2027 es año electoral, con las municipales y generales a la vista, y el 2028 ya es su último de legislatura, dos escenarios poco propicios para negociar unas cuentas. Por lo tanto, habiendo conseguido estos presupuestos, Illa se asegura, por ahora, la continu­ad de la legislatura.

El Estado y la Generalitat han rubricado este miércoles los acuerdos con ERC para los presupuestos catalanes en la Comisión Bilateral que han celebrado en Madrid y que ha durado menos de una hora. Los republicanos fijaron esta condición para tener garantía del cumplimiento de los pactos que dependen del ejecutivo de Pedro Sánchez, entre los cuales está la constitución de una sociedad mercantil de inversiones, es decir, una empresa que aprobará el consejo de ministros a lo largo de este 2026 y estará participada por ambas administraciones. Esta sociedad servirá para "dotar de más agilidad, flexibilidad y capacidad operativa" la ejecución de estudios, proyectos y obras vinculados a infraestructuras y otras inversiones públicas, tal como ha explicado el Govern en un comunicado de prensa. En paralelo, sin embargo, no se tira la toalla con la posibilidad de sacar adelante un "consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones" y que dependería del ministerio de Transportes. Para que esto prospere, sin embargo, hace falta el aval del Congreso, donde la propuesta descarriló hace pocas semanas por el voto contrario de Junts.

Ha pasado de ser un proyecto guardado en un cajón desde el año 2010 a convertirse en el protagonista de la negociación de los presupuestos entre el PSC y ERC. En ARA te explicamos qué es la línea orbital ferroviaria (LOF) en siete claves: