"Si presido la Generalitat, la consejera de Interior será Núria Parlon, que ha sido excelente en políticas de seguridad, y, como quiero profesionalizar la gestión en Cataluña, el director general de la Policía será Josep Lluís Trapero, que es un ejemplo de servidor público". El anuncio estrella del entonces candidato Salvador Illa en el último debate de la campaña electoral de 2024 fue situar al tándem Parlon-Trapero al frente de las decisiones de seguridad. A Illa (y también a Trapero) le advirtieron de las contraindicaciones de situar a un policía a hacer de político, pero, ya como presidente, el mensaje que quería transmitir era el de confianza plena en un experto condecorado –protagonista mediático y, hoy también cinematográfico, de la persecución de los terroristas de la Rambla– y, de paso, reparar la injusticia que percibía que había cometido el gobierno Aragonès destituyéndolo como jefe de los Mossos.

La noticia ha saltado a primera hora: Josep Lluís Trapero ha dimitido como director general de la Policía. La decisión de Trapero ha llegado en un día clave para los Mossos d'Esquadra, ya que este miércoles por la mañana había convocada una reunión de la cúpula policial en el departamento de Interior para anunciar quién sería el nuevo comisario jefe del cuerpo, pero la dimisión de Trapero ha generado sorpresa entre los altos mandos de los Mossos y de Interior.Rápido recordatorio: en Interior hay una consejera, que tiene un número dos político de paisano, que ahora era Trapero, y un número dos uniformado, policial, que hasta hoy era Miquel Esquius, que se jubila. Lo digo para que no se confundan, porque Trapero había sido el jefe policial (fue cuando ascendió a mayor y fue cesado por el 155 en el año 2017) pero ahora era un cargo político por decisión de Salvador Illa, que en la campaña electoral de 2024, como aquel que se saca un as de la manga, anunció que Trapero sería su director general de la Policía.

Aunque también empiece a tener –no hace falta decirlo– sus negacionistas, el informe PISA sigue siendo un instrumento fiable y de referencia en el ámbito educativo. Los pésimos resultados que ha obtenido el Estado español en la última edición, claramente por debajo de la media europea en lectura y matemáticas, confirman todos los temores. El malestar de los docentes se expresa con huelgas y protestas el primer día de clase: criticar y devaluar estas protestas es una tentación en la que incurren algunos políticos y opinadores, pero eso es caer en el error clásico de matar al mensajero. Con sus movilizaciones, maestros y profesores vienen a dar la misma mala noticia que el informe PISA: la situación de la enseñanza pública no es sostenible y hay que trabajar en ella de forma extremadamente urgente y seria. Hay que trabajar sobre la realidad y no sobre palabras, discursos ni consignas. Existe una relación inversamente proporcional entre la naturaleza sumamente delicada del sistema educativo y el alud de voces que se ven con ánimo de dar su opinión con pretensiones de pontificar. Quienes mejor conocen las aulas son los que trabajan en ellas día a día, y es a ellos a quienes hay que escuchar y seguir.El desbarajuste es generalizado en todo el estado español, y Cataluña no es ninguna excepción: ni siquiera con la desviación ocasionada por una muestra desviada que ha invalidado las pruebas (algo mucho peor que un simple error, en un Gobierno que ha hecho de una supuesta buena gestión de los servicios públicos su bandera), los resultados obtenidos por Cataluña no son significativamente mejores que en España. Cataluña, que ha destacado siempre por ser un país avanzado en cuanto a calidad educativa con relación a su entorno, sí que tiene motivos para hablar, en este caso, de decadencia, de caída libre o de cualquier metáfora de la derrota. Tampoco se salva el País Vasco, que era la otra nación de la Península que tradicionalmente había destacado en materia educativa.Se debe respetar el derecho a la educación, dice el presidente Salvador Illa. Y tanto, solo que este derecho tiene unos apellidos que no se pueden dejar de decir: se debe respetar el derecho a la educación pública y de calidad. Y en catalán. Las comunidades autónomas tienen transferida la competencia educativa, y en muchas –gobernadas por el PP o por el PP con Vox– se constata una ofensiva frontal contra la educación pública en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad. En el País Valenciano y en las Baleares, y también en Aragón, la ofensiva es también contra la lengua catalana. Se pretende convertir la escuela pública en un espacio de conflicto, para asustar a las familias y redirigirlas a la concertada y la privada. En Cataluña la ofensiva política y judicial contra los que odian la escuela catalana viene de lejos y se añaden todo tipo de discursos y teorías que pretenden utilizar a los docentes y a los alumnos como conejillos de indias de toda clase de falsos debates. Dejad que los enseñantes enseñen, que los alumnos aprendan y respetad el derecho de huelga y el derecho a la educación pública, de calidad y en catalán.

Mañana comienza la escuela, y comenzará con la huelga de maestros que ya anunciaron los sindicatos cuando terminó el curso, por San Juan. El Gobierno no ha sabido desactivar la huelga, a pesar de que ha tenido dos meses para hacerlo. Los sindicatos se sienten fuertes y llevan un impulso basado en carencias reales, arrastradas desde hace mucho tiempo, y esta velocidad reivindicativa de los sindicatos no se puede frenar con una negociación al uso. La educación en Cataluña necesita una reformulación de arriba a abajo, y las turbulencias que comenzarán mañana continuarán unos cuantos meses. Ya lo dijimos aquí la semana pasada: si hay algún servicio público que pide un pacto generoso, de país, es la educación. Pero hoy todos los titulares de portada son para la victoria de Alternativa para Alemania en Sajonia.La extrema derecha gana en un estado de Alemania hablando de cerrar fronteras, expulsar delincuentes y recuperar Alemania para los alemanes y no para los inmigrantes. Las razones de esta victoria resuenan aquí: electores que se sienten abandonados por los partidos de siempre, que se han empobrecido, que han visto cambiar el paisaje de la calle, resentidos por lo que consideran fracaso de la reunificación, que pagan muchos impuestos que no mejoran los servicios públicos, etc.Este resentimiento basado en hechos reales, pero que es convenientemente excitado por la violencia verbal de las redes, acaba en un voto de protesta, aquel que hace más daño, contra el sistema.El problema es que estos partidos no tienen soluciones para estos problemas, y a la larga solo acaban empeorando las cosas. Y detrás del discurso antiinmigración hay un discurso antidemocracia. Este voto es una invitación a ir cambiando la democracia por un sistema autoritario y violento (Rusia, China, los Estados Unidos de Trump) que parezca que resuelve los problemas porque no acepta los límites de estas tonterías llamadas leyes o derechos humanos.Es verdad que los partidos de siempre tampoco dan las mejores respuestas, y hace mucho tiempo que la gente normal y corriente que los votaba se ha hartado porque no escuchan, y porque no notan que las maravillas que explican en campaña mejoren su vida. De acuerdo, la solución a problemas graves nunca es rápida, pero los partidos o espacios ideológicos de toda la vida están más cómodos con la pelea dialéctica que defendiendo a la gente de potentes intereses privados. Un ejemplo: esta mañana el presidente Illa ha sido entrevistado en 3cat y ha asegurado que el gobierno de la Generalitat está valorando si llevar a la Fiscalía a la líder de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, por sus tuits sobre la agresión mortal en Manresa.Ricard Ustrell: ¿Llevarán a la Fiscalía, como delito de odio, los tuits de Sílvia Orriols?Salvador Illa: Siempre que se observa que hay comportamientos que vulneran el marco legal y que incitan al odio, el Gobierno actuará. Lo estamos valorando, y si es el caso, en este caso y con todos actuaremos igual.

Estos días estamos viendo cómo la crisis de Ceuta está desplomando a Pedro Sánchez. El presidente español había encontrado un tono y un perfil que le permitían aprovechar los vacíos producidos en una Europa que se desplaza descaradamente hacia el autoritarismo posdemocrático. Esto le había dado resultado en España y en el exterior, en un momento en el que las izquierdas se desdibujan aceleradamente. La gestión —y se notaba día a día— desgasta, pero un cierto sentido de la anticipación y un estilo contrapuesto al estado de irritación permanente de las derechas daba margen al presidente.

Los recortes en el grupo Volkswagen ya tienen el visto bueno del consejo de supervisión. Pero no queda claro qué pasará con la marca española del grupo Seat. Mientras la prensa alemana informaba el jueves que la intención es que la marca Seat desaparezca a más tardar en 2029, este viernes desde la empresa de Martorell se reivindicaba su papel dentro del grupo Volkswagen, pero sin aclarar en ningún caso cuál será su futuro.

La insistencia de Salvador Illa en su voluntad y capacidad de buena gestión del Gobierno sirve para disimular la gran misión de fondo del presidente: desnacionalizar Cataluña con el fin de incorporarla sutil y dócilmente a la nación española. Es justo lo contrario de aquello tan conocido de cuando el sabio señala la Luna, el imbécil se mira el dedo. Aquí, el presidente insiste astutamente en que nos fijemos en el dedo —no sé si haciéndonos pasar por imbéciles— con el fin de que él pueda trabajar sabiamente y sin mucha molestia en conseguir la Luna.

El presidente de la Generalitat comienza este miércoles un viaje oficial que lo llevará a pasar 48 horas en Ucrania, acompañado del conseller de Exteriores, Jaume Duch, y también se encontrará con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Illa llegará a Kiev en un momento especialmente complicado, ya que hace seis días consecutivos que caen misiles en la ciudad, donde este martes murieron al menos 12 personas en un ataque ruso contra infraestructuras ferroviarias.

Compromiso del Gobierno con la acogida de menores llegados a Ceuta a raíz de la última crisis migratoria. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado este viernes en el encuentro del ejecutivo catalán en Os de Balaguer que Cataluña actuará "con solidaridad, responsabilidad y rigor" ante el drama ceutí y la necesidad de acogida de menores de edad. Precisamente por ello, ha defendido la "capacidad de acogida" de los inmigrantes por la "crisis humanitaria", pero ha hecho énfasis también en la necesidad de que las fronteras sean seguras y las normas claras. La Generalitat ya dejó claro desde el primer día el talante de mano tendida en la acogida, a pesar de que al Principado a priori no le tocaría acoger más menores no acompañados porque la ratio es muy superior a la de la mayoría de autonomías.

Hoy hace dos años que Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat. Su discurso de investidura –su programa de gobierno– quedó eclipsado por la fugaz aparición en el espacio público del president Puigdemont, pero vale la pena revisarlo.Se trata de un discurso bien construido, caracterizado por la promesa de rigor y por la buena voluntad. No evita la referencia a los problemas del país –la pobreza, los resultados educativos, la deriva a la baja de los salarios, el encarecimiento de la vivienda, la debilidad de las infraestructuras para hacer frente al reto climático, etc.–, pero no incluye un diagnóstico; Illa afirmó que los resultados educativos eran malos, que los salarios eran bajos y que la vivienda era inaccesible para demasiada gente, pero en ningún momento explicó el porqué.No resulta sorprendente, por tanto, que resulte imposible de localizar en aquel discurso la terapia propuesta, a pesar de que puede adivinarse que se trataba de poner más dinero a los servicios públicos, de impulsar el crecimiento económico (“decisiones valientes para que Cataluña gane peso”) y de administrar con consensos (“gobernar para todos”, “dialogar con todos”, “pactar con ayuntamientos y sociedad civil”, “ambición pero pragmatismo”, “consensuar siempre que se pueda”, etc.)La materialización práctica de aquellas ideas resultó ser el plan “Cataluña lidera”, presentado medio año después. La idea central era la potenciación del crecimiento económico, y, de hecho, la referencia a “liderar” no parecía sino referirse al objetivo de que el PIB de Cataluña volviera a superar al de Madrid, ya que el sorpasso estaba siendo mal digerido por las élites locales. Dos años después del discurso de investidura es difícil no llegar a la conclusión de que la terapia aplicada está resultando equivocada: Cataluña continúa creciendo muy deprisa económicamente, pero no solo la vivienda, la sanidad y la enseñanza públicas están peor que hace dos años, sino que todo indica que de aquí a dos años habrán empeorado, ya que la población sigue creciendo a un ritmo muy superior a la capacidad de respuesta de estos servicios: ¿alguien duda de que los resultados de PISA de 2025 habrían sido peores que los de 2022 si los centros hubieran excluido solo un 5% del alumnado? En cuanto al servicio de Cercanías –el cuarto pilar del estado del bienestar que ha hecho aguas–, aunque se está trabajando en ello, buena parte de las inversiones no se están concentrando en la potenciación del servicio sino en el soterramiento de vías urbanas, y lo que quedará por hacer cuando finalice el vigente plan 2020-2030 será mucho más de lo que se habrá hecho.

El 8 de agosto de hace exactamente dos años la investidura de Salvador Illa pendía de un hilo. Aquel día, todas las miradas estaban puestas sobre Carles Puigdemont. El regreso del expresidente acabó siendo fugaz y marcó una jornada que culminó con el líder del PSC designado como nuevo presidente de la Generalitat gracias a los votos de ERC y Comuns. Desde entonces, Illa ha querido erigir su Govern como el que ha "pasado página" del Procés. El que ha puesto la vivienda en el centro de sus prioridades y también el que ha acordado con ERC y el gobierno español un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Ahora bien, Illa también es el presidente con la crisis educativa más profunda de los últimos años y quien ha tenido que afrontar el crónico desbarajuste de Rodalies. Superado el ecuador, el gobierno socialista encara la segunda parte de la legislatura con los primeros –y quizás los únicos– presupuestos en el saco. Es la garantía de estabilidad que Illa buscaba para llegar al final del mandato –aunque los socialistas no descartan presentar los del 2027–. Ahora bien, al Govern le quedan asignaturas por resolver antes de llegar al final de una legislatura que también tendrá variables externas que la impactarán de lleno, como las próximas elecciones municipales y generales, o el posible regreso de Carles Puigdemont.

Salvador Illa llega este sábado al ecuador de su mandato al frente de la Generalitat, y llega enfrentándose a un fenómeno bien conocido por la ciencia política: el desgaste de la acción de gobierno. La demoscopia nos muestra que tras la victoria en las urnas, el PSC experimentó un repunte al alza. Sin embargo, a medida que ha avanzado la legislatura y se ha impuesto la crudeza de la gestión diaria, el apoyo ciudadano ha ido sufriendo un declive constante y progresivo hasta tocar fondo y situarse en el punto más bajo de apoyo desde el inicio del mandato. ¿Cómo se explica este ciclo de pérdida de popularidad y qué opciones reales tiene el PSC de recuperar el terreno perdido antes de las próximas elecciones?

El poder es una hidra de Lerna, un dragón de diversas cabezas. Una parte del poder se concreta en instituciones formales, pero hay centros que tienen como mayor fortaleza precisamente su carácter informal. La división de poderes de Montesquieu, que es el esquema de equilibrios y control que predomina en las cada vez más desgastadas democracias modernas, no contiene, ni de lejos, los ámbitos de influencia y de decisión que intervienen en la economía, la política o la sociedad. Aunque en el mundo libre, abierto y democrático pensemos en la preeminencia de lo político, lo cierto es que en este ámbito, aunque se tiende a sobreactuar, en realidad los excesos verbales son una demostración de debilidad e impotencia. El poder, cuando es real y auténtico, tiende a ser poco ruidoso y a moverse en una cierta clandestinidad. Cuando la opacidad supera lo evidente, estaremos ante una sociedad que ha perdido el valor de la transparencia y donde impera el reino de la ocultación.Las organizaciones políticas, los líderes, pierden toda credibilidad en la medida en que ostentan el gobierno, pero gobiernan entre poco y muy poco, ya sea por incapacidad o por el bloqueo que hace la oposición, que puede ser política de forma estridente, pero que puede ir acompañada del poder judicial empoderado, de los sectores económicos que quieren políticas más benévolas o bien de unos medios de comunicación predominantemente en contra de quien dispone formalmente del gobierno. En España, decir que Pedro Sánchez ostenta el poder sería una falacia. Ha tomado decisiones sociales y económicas muy valientes, pero no puede aprobar presupuestos, y los teóricos aliados en el Congreso le hacen decaer las grandes iniciativas legislativas. Al mismo tiempo, los órganos del poder judicial le demuestran —día sí, día también— quién manda de verdad.Los grandes poderes económicos se expresan en el palco del Bernabéu o en los diarios pidiendo rebaja de impuestos y una mayor liberalización económica, especialmente de los servicios públicos. Mientras tanto, los obispos denigran a la izquierda gobernante desde el púlpito y los pseudomedios llenan el espacio comunicativo de descalificaciones, mentiras y medias verdades. El electorado de izquierdas que no cae en el relato ficcionado del antisanchismo, sabe que está en modo "resistencia" y que se bloquean sus políticas mientras recibe un ataque despiadado de una justicia que ya lo es todo, menos justa. Quien gobierna no tiene el poder, no dispone de la hegemonía en el sentido gramsciano: es un masovero que se quiere desahuciar, ya sea de forma civil o criminal.

Salvador Illa llega al ecuador de mandato con la estabilidad que buscaba, con sus primeros presupuestos, pero cierra el curso político sin ser capaz de apaciguar una de las crisis que arrastra desde hace meses: la educativa. De hecho, el conflicto con los docentes se ha agraviado en los últimos días a raíz del fiasco de las pruebas PISA, pero el president de la Generalitat ha vuelto a reafirmar su confianza en la consellera de Educación, Esther Niubó, y ha asegurado que el Govern llegará hasta el final para saber qué ha pasado. Pese a la crisis, Illa ha presumido de la marcha del país y ha puesto el nuevo modelo de financiación como una "prioridad" para su mandato. De hecho, ha confiado en mantener la confianza de los socios hasta el final de la legislatura y ha asegurado que no prevé hacer ningún otro cambio de conseller después del relevo de la titular de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.

Los constructores catalanes han asegurado que la Generalitat solo ha licitado 3.000 pisos del famoso Plan 50.000, y han matizado así al presidente del Gobierno, Salvador Illa, que dijo que había 31.041 "en marcha" durante una intervención en el Parlament en octubre. Además, han advertido que "no hay ninguno acabado". El ejecutivo catalán se comprometió a incorporar al mercado 50.000 pisos de alquiler asequible, que deben estar construidos en 2030.

Salvador Illa cerrará el curso político con su tercer viaje a Asia. Después de visitar Japón, Corea del Sur y China, el presidente de la Generalitat regresa este jueves de su viaje de cinco días a Vietnam y Singapur, en el que es la primera vez que un jefe del ejecutivo catalán viaja al sudeste del continente asiático. El objetivo era estrechar lazos económicos con el sector empresarial de estos dos países y la agenda del presidente ha sido eminentemente económica. Así, por ejemplo, Illa se reunió con directivos de Vietnam Airlines para explorar la posibilidad de crear un vuelo directo entre Hanói y Barcelona. En la agenda del presidente, sin embargo, también ha habido lugar para encuentros institucionales con las autoridades del país, como la que mantuvo este miércoles con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong (quien lidera el Partido de Acción Popular, de carácter centrista-conservador). La vivienda fue una de las cuestiones que trataron los dos mandatarios, un tema que, precisamente, Illa ha puesto en el centro de su agenda política.

Salvador Illa hace piña con la consejera de Educación, Esther Niubó, después de que el Govern hiciera público "el error" en las pruebas PISA. "Todo el apoyo", ha expresado el presidente de la Generalitat desde Vietnam, donde está de viaje oficial. Es la primera vez que Illa se pronuncia sobre este fiasco, que la consejería de Educación hizo público el viernes y por el cual este lunes está previsto que Niubó comparezca en el Parlament para dar explicaciones. De hecho, Illa ha asegurado que la consejera dejará "las cosas claras" en su comparecencia. La "incidencia técnica" de la que hablaba el viernes la Generalitat no permitirá que Catalunya pueda comparar los resultados que se harán públicos en septiembre con otros territorios ni tampoco con años anteriores.

Dos meses después de cruzar el Atlántico y visitar California, Salvador Illa mira ahora hacia Asia y este sábado comienza un viaje de cinco días a Vietnam y Singapur para estrechar lazos comerciales con el Sudeste Asiático. De hecho, es la primera vez que un presidente de la Generalitat visita esta zona, pero es el tercer viaje que Illa hace a Asia: desde que es presidente del Gobierno ha visitado Japón, Corea del Sur y China. El objetivo es promover las exportaciones y atraer inversiones del mercado asiático. Salvador Illa visitará Hanói, Da Nang, Ho Chi Minh y Singapur para reunirse con agentes económicos y la principal aerolínea de cada país, además de visitar empresas catalanas situadas en ambos territorios. En paralelo, el presidente también se reunirá con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y el vice primer ministro de Vietnam, Pham Gia Tuc.

Tras nueve meses, quince sesiones y hasta cincuenta comparecencias, este martes el Parlament ha aprobado parte del dictamen de la comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre los años 2011 y 2025. La comisión se creó, entre otras cosas, por el caso de la menor de edad protegida por la DGAIA que fue víctima de abusos sexuales entre 2020 y 2021 y que desencadenó la refundación y cambio de nombre del servicio por parte del Govern.