El presidente Illa ha brindado, en un acto de Efe y RTVE en Madrid, la "cooperación institucional" y “lealtad” de su gobierno, y ha considerado que los que critican el nuevo modelo de financiación porque lo propone Cataluña y no por el contenido son unos “malos españoles”.

Hace una década, cuando un presidente de la Generalitat aterrizaba en Madrid, era para defender la posibilidad de que Cataluña votara en una consulta sobre la independencia. Lo hizo Artur Mas primero; después Carles Puigdemont, Quim Torra y, finalmente, Pere Aragonès. Diez años después, en cambio, con ya unas nuevas mayorías en el Parlament, el gobierno catalán se presenta como la mejor garantía de "cooperación institucional" y "lealtad" al proyecto del gobierno de España. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha protagonizado este lunes un desayuno informativo en la capital española, organizado por Efe y RTVE, en el que ha remarcado el momento que vive la Cataluña sin Procés: la Generalitat tiene presupuestos; "lidera" la nueva propuesta de financiación donde todas las autonomías ganan recursos, y es sinónimo de "estabilidad". Además, ha pedido "celeridad" a la hora de aplicar la ley de amnistía, hurgando en la llaga a aquellos como el PP y Vox que acusan al PSOE de reavivar el independentismo: "Es la primera vez en cuarenta años que no hay mayoría nacionalista e independentista. No ha revitalizado, al contrario [...]. Sé de qué hablo".

Seguramente no sorprenderá a nadie si afirmamos que Salvador Illa es el principal pilar que le queda a Pedro Sánchez en el Estado. El actual jefe del ejecutivo catalán fue la apuesta del líder del PSOE para volver a conquistar el Palau de la Generalitat en 2021 después de años de gobiernos independentistas. No lo consiguió a la primera, pero tras tres años de espera los socialistas volvieron a presidir el Gobierno. Su idilio había nacido de la etapa de Illa como ministro de Sanidad: fue en plena pandemia cuando los dos dirigentes socialistas forjaron un vínculo, político y personal, que no se ha resquebrajado con el paso de los años. Tampoco ahora, cuando el presidente español atraviesa su peor momento de la legislatura, asediado por diversas causas judiciales que implican a su entorno político y personal más cercano. De hecho, ha sido ahora cuando Salvador Illa le ha mostrado su apoyo más incondicional. También con el riesgo de ligar su futuro político a la suerte del presidente español.

Nadie diría que Salvador Illa fue el cabeza de la oposición de Pere Aragonès durante tres años. Nadie lo diría a juzgar por los elogios que el presidente de la Generalitat ha lanzado este viernes a su predecesor para agradecerle que haya entregado el fondo documental de su mandato de tres años al Archivo Nacional de Cataluña. Illa ha subrayado el "sentido institucional" del republicano –"Siempre puso la institución por delante de todo", ha asegurado– y ha vuelto a valorar el traspaso "modélico" que le hizo Aragonès cuando abandonó el Palau de la Generalitat. Un traspaso que Illa toma de "referencia" para cuando le toque a él. "Espero que aún queden algunos años", ha admitido con una media sonrisa en el acto que ha presidido esta mañana en el Archivo Nacional.

La encuesta del CEO confirma las tendencias que ya apuntaba la del ARA y que dibuja un doble eje de crecimiento en el mapa político catalán: uno que concentra la oposición al ejecutivo de Salvador Illa, y que ahora mismo patrimonializa Aliança Catalana, y otro que agrupa el voto de izquierdas que se considera más útil para parar la extrema derecha, que ahora mismo es ERC del tándem Junqueras-Rufián. Para sintetizar podemos decir que Aliança es el partido anti-Illa y ERC el partido anti-Orriols. Y ahora mismo la encuesta sitúa estos dos partidos disputándose la segunda posición en unas hipotéticas elecciones al Parlament.

Un chico de 15 años ha muerto esta noche en el barrio de la Sagrera, en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona, cuando le han disparado con un arma de fuego en el Parc de la Pegaso. Según la consellera Parlon, los primeros indicios apuntan a una venganza entre bandas.Tenemos un problema grave, que no teníamos, con las armas de fuego. En Barcelona ya ha habido este año siete personas muertas por las balas. Una al mes. Las bandas de narcotraficantes hacen de las ciudades sus centros de distribución, hay mucho dinero circulando, muchas armas circulando (recuerden que tenemos una guerra en Europa, en Ucrania, concretamente), y sus crímenes tienen como escenario cualquier barrio, desde Balmes/Travessera hasta el Parc de la Pegaso. Ya no están instalados en Barcelona, sino que viven en Barcelona, y allí matan, tanto da que sea el día que viene el Papa como el que se presenta el Tour de Francia. Y compran otros negocios y tienen capacidad, si la policía y la justicia no les hacen frente, de convertirnos en una narcosociedad.Esta semana he dicho aquí que alrededor de 300.000 personas habrían pedido papeles en Cataluña (a la vista de la cifra total española), y han acabado siendo un poco menos, 257.000 solicitudes, del total de un millón ciento setenta mil en toda España. Y eso que al principio el gobierno español hablaba de medio millón en total. Más de la mitad ya están admitidas a trámite. En Madrid las solicitudes han acabado siendo 200.000, y en el País Valenciano 167.000. En estas dos páginas hay el detalle de qué edades tienen los nuevos ciudadanos, de qué países vienen, de qué sectores van a trabajar. No repasaremos ahora el reto que supone integrar a todas estas personas en todos los sentidos. La inmigración permite que la economía no se detenga, pero hacen falta servicios. ¿Pagaran impuestos, y, al mismo tiempo, cómo pagaremos todo esto? Y aquí es donde entran los presupuestos que ayer aprobó el Parlament. Es una buena noticia, que llega en julio (!), y aún gracias, porque ahora íbamos con los presupuestos prorrogados del 2023. De hecho, tener presupuestos debería ser una obligación, porque como hemos dicho aquí muchas veces no son sus dinero, son nuestro dinero. Ahora bien, Cataluña siempre irá justa, con presupuestos o sin ellos, mientras no pueda disponer de su esfuerzo fiscal. Por eso hace falta un nuevo y mucho mejor sistema de financiación. Y hablando de todo esto: ya están al tanto de la denuncia del despido de una trabajadora de la empresa Aticco por haber hablado en catalán. La empresa dice que no fue exactamente así, que la decisión “responde exclusivamente a motivos profesionales”, pero la trabajadora lo niega. De hecho, de las causas de despido que le dieron, dos tenían que ver con el uso del catalán. El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenado a la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos que abra una investigación y adopte las medidas oportunas.

Salvador Illa llegará al ecuador de la legislatura con la estabilidad política que buscaba. Este jueves el Parlament ha aprobado de forma definitiva los presupuestos que hace unas semanas acordó con Esquerra y Comuns, los dos socios de investidura, que esta mañana han sumado sus votos para validar las primeras cuentas del gobierno socialista –también ha votado a favor por error la diputada de Junts Noemí Nieto–. Unas cuentas que llegarán casi a los 50.000 millones de euros, un 22% más que las de 2023, el último proyecto aprobado todavía bajo la presidencia de Pere Aragonès. El pleno de este jueves también ha validado la ley de acompañamiento de los presupuestos, que incluye, entre otras cosas, subir hasta los 30 euros al día la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona y crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. Illa se garantiza, así, llegar al final de la legislatura con unos presupuestos actualizados y con una mayoría parlamentaria que necesita que el Govern continúe para que cumpla sus acuerdos.

Junio comenzó en el Parlament con una crispada sesión de control en la que la oposición intentó cercar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Y la primera sesión de control de este julio ha comenzado igual, con un paso más de los juntaires. La presidenta del grupo de Junts en la cámara catalana, Mònica Sales, ha exigido este miércoles a Illa que pida "perdón" por los casos judiciales y que deje de "esconderse". "Cuando Cataluña tiene un problema usted desaparece, cuando lo tiene el PSOE siempre está", ha dicho. "Este fin de semana tenía la oportunidad de pedir perdón en nombre de su partido", ha espetado, haciendo referencia al comité federal del PSOE, en el que el presidente dijo que los socialistas no tienen "miedo" de nada. Illa, por su parte, ha reiterado que no teme nada y que ya ha dado las "explicaciones" que tocaban.

Cataluña encabeza los fondos europeos Next Generation destinados a las autonomías, con un total de 10.180 millones de euros desde que se pusieron en marcha en 2021, según los últimos datos registrados por la Consejería de Economía. Esta cifra, dada a conocer por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante un acto en el Palau de Pedralbes sobre el impacto en Cataluña de estos recursos, ha permitido, ha explicado, "impulsar una transformación económica, social y ambiental que ha contribuido al crecimiento económico".

Los elogios que el presidente Salvador Illa ha dedicado a Jordi Pujol y a Convergencia han hecho un bien a la vida pública del país.

Jordi Pujol ha reaparecido este lunes para poner rostro a la donación que el partido que fundó, Convergència, ha hecho al Archivo Nacional de Cataluña. La formación ha donado su fondo documental en un acto que ha presidido el jefe del ejecutivo catalán, Salvador Illa. De hecho, el presidente socialista se ha vuelto a deshacer en elogios hacia Pujol: le ha reconocido su "tarea y pasión política al servicio del país". Unos elogios que ha extendido también hacia Convergència: "Cataluña le debe mucho a Convergència y Cataluña, sin Convergència, no hubiera sido el país que es hoy". El presidente ha calificado de "tesoro colectivo" los 150 metros lineales de documentos, cartelería y merchandising del partido.

La vida política española tiene esta semana un calendario bastante explícito: ayer declaró ante el juez Begoña Gómez, mujer del presidente Sánchez; hoy declara en el Senado la directora general de la Guardia Civil por sus contactos con Leire Díez, y mañana tiene que declarar Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales por haber hecho de intermediario en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, a pesar de que el expresidente español ha pedido más días al juez para defenderse sobre el origen de las joyas, que ahora resulta que tienen un valor que asciende a más de un millón de euros. Es un momento infernal para el PSOE.El juez tiene que decidir si retira el pasaporte a Begoña Gómez, porque no quiere que salga de España porque cree que hay riesgo de fuga, mientras que de la investigación de la Guardia Civil sobre las cloacas del PSOE se desprende que Santos Cerdán ordenó aprobar todos los viajes de Leire Díez sin ninguna comprobación y que “nadie sabe qué pasaba en el despacho de Cerdán”. Contactos en Madrid me dicen que la mayoría de los ministres están desolados, y que Sánchez aguanta porque se lo juega la vida o, al menos, la libertad. La deriva catalana de este panorama ya la saben: Salvador Illa es íntimo de Sánchez y, ahora mismo, es el único dirigente socialista con peso en España.Y mientras tanto, ¿qué hace Illa? Ayer el president firmó un nuevo pacto de estos que tanto le gustan, esta vez con patronales y sindicatos, para relanzar la industria, de manera que dentro de tres años y medio, en 2030, la industria represente el 25% del PIB de Cataluña. Ahora no llega al 20% en una economía, como la nuestra, muy inclinada hacia el sector servicios.Cataluña es todavía un país industrial, y hace más de un siglo que lo empezó a ser. Quiero decir que hay realidades que no se improvisan, y ahora Illa vuelve a una narrativa muy pujolista de la Cataluña locomotora a través del crecimiento industrial. El viernes oí al presidente en La Seu d'Urgell, en el Encuentro Empresarial en el Pirineo. Les habló de aquella asociación de los Cuatro Motores para Europa de la época de Pujol, creada en 1988: Cataluña (Barcelona), Baden-Wurtemberg (Stuttgart), Lombardía (Milán) y Auvernia-Ródano-Alpes (Lyon). Illa habló a los empresarios de confianza, del valor de un sistema público de salud como el de Cataluña, e incluso del humanismo cristiano. Fue un discurso de normalidad institucional y constitucional, sin aventuras políticas, muy centrado en reverdecer el potencial económico del país a base de innovación, de apertura exterior y de exportaciones, en un tono que recordaba el de Pujol, con la diferencia de que han pasado 23 años desde que Pujol dejó de ser presidente. Illa habla del futuro económico del país como un convergente, quizás porque aspira a ganar la reelección desde la centralidad convergente, ahora que la rosa del puño está marchita y amenazada y que los herederos de Convergencia están atrapados con el líder aún en el exilio.Buenos días.

“Más industria, pero, sobre todo, de mejor calidad”: Salvador Illa y los principales agentes económicos del país han sellado este lunes el nuevo Pacto Nacional por la Industria. La hoja de ruta hasta 2030 prevé una inversión de casi 4.500 millones de euros en 190 actuaciones comprendidas en cinco grandes ámbitos, como la innovación o la ocupación. Durante su intervención, el presidente de la Generalitat ha remarcado que el acuerdo "no es un pacto sectorial" sino un "de país y de futuro". El texto ha sido acordado con las dos principales patronales del territorio, Fomento del Trabajo y Pimec, y los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT. El objetivo: que en 2030 la industria represente el 25% del producto interior bruto (PIB) catalán, el indicador macroeconómico que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un territorio.

El 1 de noviembre de 2010 Mas ganó las elecciones al Parlament de Catalunya con suficiente contundencia para gobernar. Al día siguiente, el ARA dedicaba su portada a "la agenda del nuevo presidente": 1) Adelgazar la administración, 2) Suprimir el impuesto de sucesiones, 3) Renegociar la deuda de la Generalitat, 4) Refer y acabar el Cuarto Cinturón, 5) Eliminar los 80 km/h. En el lenguaje popular distinguimos entre los políticos que pretenden cambiar el mundo y los que se quieren limitar a “gestionar”. Para entendernos, los primeros quieren aprobar el matrimonio homosexual y los segundos que los trenes lleguen a la hora; los primeros quieren cambiar el sistema educativo y los segundos que el curso comience en la fecha prevista y con las plantillas al completo. Mas se presentaba como un gestor que pondría orden después de los dos tripartitos de izquierdas que se habrían caracterizado por decisiones que frenaban el país. También consideraba –muy en línea con una ideología neoliberal que gozaba de mejor salud que en la actualidad– que las cuentas de la Generalitat podrían equilibrarse a base de recortar gastos innecesarios.Mas fracasó, no hace falta decirlo: quince años después, la administración catalana no se ha adelgazado, tanto el impuesto de sucesiones como los 80 km/h en los accesos de Barcelona siguen en vigor, el Cuarto Cinturón sigue en obras y estamos pendientes de la condonación de un 15% de la deuda del FLA. El malestar lo devoró, y acabó liderando un movimiento independentista en el que no creía. Un movimiento que –hay que recordarlo– empezó con un caos del servicio de Cercanías, cinco años antes del inicio del Procés.

De aquí a un mes el gobierno de Salvador Illa tendrá aprobados los primeros presupuestos de la legislatura. Un acuerdo con Comuns y ERC que da aire al ejecutivo y que certifica que esta es hoy día la única mayoría viable en Cataluña. Republicanos y comunes ya invistieron a Illa y, a pesar de los tira y afloja de los últimos dos años, continúan siendo los socios que le dan estabilidad. Incluso para evitar comparecencias molestas del presidente en el Parlament. Este martes, por segunda semana consecutiva, ERC, Comuns y el PSC evitaron que la cámara citara a Illa. Junts quería hacerle comparecer para que explicara el papel de la Generalitat en la crisis abierta con los docentes de la escuela pública. Hace siete días los juntaires, de la mano del PP y Vox, reclamaban que el presidente respondiera por los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE (y que el juez no descarta del todo que tengan una derivada en el PSC).

La batalla de la educación tendrá consecuencias nefastas para los alumnos, las familias, los maestros que sostienen la huelga y, sobre todo, para los protagonistas del proceso negociador: por un lado, los sindicatos, desautorizados por la base, y, por otro, el departamento de Educación, que ha visto que sus vaivenes y sus concesiones de última hora no han servido de nada. En resumen, es una batalla en la que pierde todo el mundo. Habrá –eso sí– mejoras laborales para unos servidores públicos que bien que se lo merecen (pero no son los únicos), pero la gran cuestión pendiente, que es la crisis del modelo educativo, continuará a la espera de tiempos mejores, tiempos en que la generosidad y la visión de país se impongan al tacticismo y los intereses de parte.A nivel político, el conflicto ha confirmado la quiebra del relato del gobierno Illa. Nos vendieron buena gestión y rebaja de la tensión, pero quedan lejos los tiempos en que el PSC presumía de haber anestesiado el país. Al contrario, se ha demostrado que los problemas que motivaron, en parte, el auge del soberanismo continúan muy vigentes, aunque de momento no hay un movimiento social capaz de convertir la ira ciudadana en una fuerza de choque. El país está tan enfadado como siempre, pero se le ha privado de un horizonte de cambio y de mejora. Y el enfado empieza a dar oxígeno a los que siempre están a punto para señalar a los más vulnerables, como víctimas pero también como cómplices involuntarios de un modelo productivo que está triturando el contrato social y los factores de cohesión colectiva. Para rematar, el PSC ya no confía en el comodín del PSOE (que es también el comodín anti-PP), porque el futuro de Sánchez se ensombrece por momentos.Este panorama puede animar a los rivales electorales del PSC, pero justamente la crisis educativa debería hacerles ver que el tacticismo, ante los verdaderos retos de país, no es una opción. ERC y CiU ya han sufrido huelgas de maestros, y ambos partidos son cómplices del fracaso del modelo escolar catalán. Corresponde al Govern iniciar el baile de un nuevo pacto nacional por la educación, y corresponde a la oposición –y a los maestros– tener la generosidad de implicarse a fondo sin pensar en sus intereses particulares, sean electorales, ideológicos o corporativos.No sabemos qué pasaría hoy en unas elecciones, pero sí sabemos que la ciudadanía está descontenta. Si la ultraderecha sube, será difícil de evitar una colaboración más estrecha entre las fuerzas centrales del país –PSC, Junts, ERC, Comuns–, con independencia del número de escaños que obtengan. Como ahora mismo todo el mundo está peleado con todo el mundo, es la sociedad civil quien está haciendo propuestas (el Informe Fénix es el ejemplo más claro). Pero, a la larga, las instituciones han de ejercer el liderazgo que les corresponde. Esto no quiere decir solo consenso parlamentario; quiere decir también un proceso constituyente para que se acabe la anormalidad de la vida política catalana, que tiene el teórico líder de la oposición en el exilio, independentistas inhabilitados o pendientes de juicio por culpa de una amnistía que es papel mojado, y todo esto regido por un Estatuto de Autonomía recortado y no refrendado por la ciudadanía.Si el PSC quiere liderar el país y acometer las grandes reformas que cada vez son más urgentes, ahora ya sabe que no lo puede hacer solo. También sabe que sus aliados potenciales son partidos soberanistas o confederalistas –en todo caso, partidos que impugnan el marco constitucional vigente–. Esto se hará aún más evidente cuando el PP y Vox lleguen a la Moncloa. Hacen falta más soberanía y más recursos para afrontar el presente y salvar el futuro. ¿Quién osará oponerse a este lema? Afortunadamente para Salvador Illa, ERC y Junts están demasiado ocupados metiéndose el dedo en el ojo y resolviendo sus contradicciones internas. Algún día, sin embargo, verán el mango de la sartén que tienen delante.

Corre la broma de que el PSC ahora es el Partido Social Cristiano. Salvador Illa ha sido explícito desde que es presidente en su posicionamiento ideológico, que fundamenta en el humanismo cristiano. Lo mismo que defiende el papa Prevost, León XIV, como ha quedado claro en su primera encíclica. La vertiente social de este pontífice es incluso más sólida que la de su popular predecesor, el argentino Bergoglio. Prevost se ha convertido en una voz global fuerte a favor de la acogida de los inmigrantes, a favor de los más vulnerables, contra el renovado belicismo de Trump, Netanyahu y Putin, a favor del diálogo cultural y contra el capitalismo de plataforma que polariza la sociedad, tanto ideológicamente como económicamente, con una lógica de uso meramente pecuniario de los algoritmos y la inteligencia artificial.

Los primeros presupuestos de Salvador Illa han superado este jueves el primer trámite en el Parlament. El debate sobre la totalidad de las cuentas ha vuelto a exhibir la alianza que llevó al presidente socialista al Palau de la Generalitat y que el Govern pretende que le sirva también para llegar al final de la legislatura. Así, los presupuestos se han empezado a tramitar con el apoyo de los dos socios de investidura, ERC y Comuns, con quienes el Govern cerró un acuerdo hace dos semanas. El ejecutivo, sin embargo, no ha conseguido arrancar el sí de ninguno de los grupos de la oposición: Junts, la CUP, Aliança, el PP y Vox habían presentado enmiendas a la totalidad, cuatro textos que han quedado rechazados. Las palabras de la consellera de Economía, Alícia Romero, pidiéndoles salir de la "trinchera" y defendiendo unas cuentas que llegan casi a los 50.000 millones de euros y que crecen un 22% respecto a las de 2023 no han servido para convencerlos. Y más aún cuando, durante el debate, se ha conocido la noticia de que los docentes rechazaban el acuerdo de los sindicatos con Educación. Junts y la CUP han aprovechado para cargar contra el ejecutivo, mientras que los socios han pedido al Govern que reabra la negociación.

El mismo día que el juez autorizó a la Guardia Civil a presentarse en la sede del PSOE en Madrid, desde la calle Pallars de Barcelona, el PSC enviaba toda la documentación relativa a su campaña electoral de 2024. Aunque la petición iba dirigida al PSOE, los socialistas catalanes quisieron adelantarse remarcando que todo era transparente y estaba auditado por la Sindicatura de Comptes. Con esta información, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado no tiene suficiente y ha elevado una reclamación de información adicional a la Audiencia Nacional, que el juez Santiago Pedraz ha aceptado.

No sé si los dos sacerdotes tanzanos y los dos filipinos que integran la comunidad agustina de Barcelona explicarán a León XIV, cuando visite el 10 de junio la iglesia de Sant Agustí, en el Raval, que en aquel templo fue fundada la Assemblea de Catalunya, la gran coalición de fuerzas antifranquistas del país. Corría el año 1971. Tiempos eran tiempos. Cuando la Iglesia catalana hacía piña con los que luchaban por las libertades individuales y colectivas. Cuando los rectores cobijaban a trabajadores en huelga e impedían que entraran los grises. Cuando Comisiones Obreras se fundaba en una parroquia (Sant Medir, la Bordeta, 1964), cuando los estudiantes se encerraban en conventos (la Caputxinada, Sarrià, 1966) o el monasterio más simbólico era el marco elegido para “bautizar” un partido que gobernaría Cataluña durante décadas (Convergència, Montserrat, 1974). Tiempos eran tiempos de los Escarré, Jubany, Cassià Maria Just, Xirinacs, Ragué, Ballarín y muchísimos curas obreros... Tiempos eran tiempos en que la Iglesia tenía mejor reputación que en la actualidad. Más practicantes, más vocaciones religiosas, más complicidades con los seglares, más credibilidad, ninguna denuncia de pederastia.