El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se niega ahora a amnistiar a Carles Puigdemont hasta que no le ordene hacerlo el Tribunal Constitucional, porque considera que la sentencia —demoledora— del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe tener suficiente consistencia para un juez patriota como él. Investido de don Tancredo, Llarena se enroca y dice que la sentencia del TJUE no sirve como base jurídica para amnistiar a Puigdemont, dado que considera que no se ha revisado la interpretación del Supremo sobre la malversación. La respuesta sale sola: pues que la revisen. Sobre todo, porque la idea de “malversación” que se esgrimió para condenar a los líderes del Procés fue una nueva muestra de inventiva judicial a la altura de la acusación de rebelión, que se acabó descartando. La malversación no, porque necesitaban cargos para añadir años de prisión. Pero la inconsistencia de la acusación era la misma.Las razones de Llarena para no amnistiar a Puigdemont tampoco tienen fundamento. No solo eso, sino que deben estar muy cerca de la prevaricación, dada su insistencia en desobedecer no solo la ley de amnistía, sino también una sentencia de un alto tribunal europeo que, como juez que ejerce dentro de un estado miembro de la UE, tiene la obligación de acatar, cumplir y hacer cumplir. Sin embargo, se sobreentiende que la respuesta de Llarena no va dirigida a los especialistas en derecho, ni siquiera a los ciudadanos con un mínimo de espíritu crítico, sino a los medios de comunicación que aplauden las demostraciones de orgullo torero. Es como si Llarena viniera a decir que, puestos a tomarse la cicuta de tener que amnistiar a un enemigo de España, no lo hará si no se lo ordena al menos un tribunal español (aunque sea un tribunal, el Constitucional, que el siempre ecuánime Esteban González Pons definió hace dos años como “el cáncer del estado de derecho”, a pesar del uso y el abuso que hizo de él el Partido Popular cuando tenía mayoría). A Llarena le da igual haber hecho el ridículo repetidamente ante la justicia europea con sus órdenes internacionales de detención contra Puigdemont. Ha visto que la cosa no funciona, pero su reacción es mantener la orden de detención dentro del territorio del estado español: si Puigdemont pone un pie en él será detenido automáticamente, una escena que es el sueño húmedo del juez desde hace nueve años. Para salvar a España, naturalmente.El hecho es grave, pero parece anecdótico porque en estos años hemos visto a la justicia española cometer tantos despropósitos, y de tanta envergadura, que esta tozudez de Llarena parece poca cosa en comparación. Sirve de recordatorio, en todo caso, del hecho de que la sentencia del TJUE no solo supone un aval para la ley de amnistía (que desmontaba todo el estado de derecho en España, según la derecha y la extrema derecha), sino que también dejaba en evidencia, hasta el escándalo, la vergüenza televisada que supuso el juicio del Procés. Y que nos recuerda también que el poder judicial, reconvertido en arma política del ultranacionalismo conservador, sigue siendo el problema más grave de los muchos que tiene la democracia española.

El presidente Illa ha decidido romper la monotonía, consciente, quizás, de que le estaba atrapando. Su tono contenido tuvo premio en el desconcierto del desenlace del Procés y, haciendo de la calma virtud, captó la necesidad del país de bajar el tono y hacer una pausa. Con este criterio, y con su rechazo a las estridencias, Illa ha ido haciendo camino, en un momento en que el ejercicio de asumir coyunturalmente el marco de lo posible parecía imponerse.

Si fuera por el Tribunal Supremo, el expresidente Carles Puigdemont no sería amnistiado. Tampoco después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que dictó que el 1-O no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Se ha vuelto a demostrar este martes, cuando el magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, ha vuelto a rechazar retirar la orden de detención contra el expresidente y aplicarle la amnistía. No obstante, el tono del auto ha sido ya diferente a los anteriores, como quien ya sabe que está llegando al final del camino. El alto tribunal mantiene su doctrina de excluir el delito de malversación de la norma porque interpreta que Puigdemont y el resto de exiliados tuvieron un beneficio patrimonial a raíz del referéndum de octubre de 2017, pero también admite que esto es así a la espera de los recursos de amparo en curso en el Tribunal Constitucional (TC). La decisión de Llarena llega semanas antes de que el TC empiece a discutir el recurso de amparo de los líderes independentistas, que previsiblemente debería desmontar este criterio del Supremo para desencallar la aplicación de la amnistía. La previsión, pues, es que si el Constitucional es claro avalando los argumentos de los expresos y exiliados, Llarena sí modifique su doctrina.

¿Es posible que los mismos jueces del Tribunal Supremo que han dilatado tanto como han podido los plazos de aplicación de la ley de amnistía se avengan pronto a ello, viendo la más que probable decisión del TC, con su considerada “mayoría progresista”?Se lo he preguntado a dos de los políticos directamente afectados. Para que vean el nivel de escepticismo, uno contestó: “No debemos esperar nada del Supremo, y para que el tribunal acabe revocando sus propias decisiones el TC tendría que ser muy contundente en su sentencia, y no está tan claro que sea así”. Y el otro fue más irónico: “Desde hace un tiempo, hago de santo Tomás, y si no lo veo, no lo creo”.El nivel de especulación política sobre la posibilidad de que la amnistía se acerque es inacabable, y razones hay para dar y tomar. Una de las más extendidas es que la prisión y los nueve años de inhabilitaciones y exilio ya han sido un castigo considerable y (esta es la buena) que si los jueces levantan la orden de detención de Puigdemont y el presidente en el exilio cruza la raya, el principal perjudicado sería Pedro Sánchez (“¡Traidor!”) y facilitaría los cantos de sirena postelectorales de Feijóo a Junts. También hay quienes están seguros de que una vez Puigdemont esté en Cataluña, la justicia buscará encausarlo por algún otro hecho.De los planes de Puigdemont no se sabe nada porque, harto de filtraciones, se ha autoaplicado un silenzio stampa. Para los que piensen que, de todas formas, ya es página pasada, quizá deberían considerar que en una situación tan volátil todo lo que pase tendrá importancia. La buena nota del independentismo en esta Diada es un detalle a retener. Y de cómo salga el Gobierno de la gestión que tiene encallada, también.

La recta final de la legislatura tendrá seguramente más interés del que se podía pensar meses atrás, en especial para Cataluña y la política catalana. Obviamente, el gobierno de Pedro Sánchez sufrirá porque es muy improbable que consiga aprobar el proyecto de presupuestos que se ha vuelto a comprometer a presentar este año. Y seguramente a la crisis de Ceuta le queda mucho tiempo. Pero hay otro objetivo que se podría alcanzar durante las próximas semanas. Se trata de la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont y los otros miembros de su ejecutivo que están pendientes de las sentencias que debe dictar el Tribunal Constitucional sobre esta materia. Es bien cierto que el Supremo nunca habría aplicado por su cuenta la ley de amnistía al líder de Junts, pero en esta recta final de la legislatura hay una concatenación de circunstancias que hacen verosímil lo que hasta ahora había sido imposible.

Ya hace casi dos meses que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la amnistía, pero, de momento, todo sigue igual. Los tribunales españoles mantienen bloqueados numerosos casos, incluso los directamente afectados por la decisión del TJUE, como el de los CDR y el del Tribunal de Cuentas. La última decisión, de este jueves, llega del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que mantiene suspendida la causa contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos de los responsables del segundo gobierno del 1-O. El TSJC presentó en 2024 una prejudicial a la justicia europea preguntándole si la malversación podía ser amnistiada. Como el TJUE todavía no ha respondido sobre esta cuestión, los magistrados Fernando Lacaba, Jesús María Barrientos y Carlos Ramos –que firman el auto–, reafirman su decisión de seguir esperando.

Cerró el curso con una cumbre de alcaldes y cargos locales, con cierta inquietud, y lo abre con la incertidumbre que generan el grueso de incógnitas abiertas. Junts iniciará el curso político la próxima semana mirando hacia Waterloo. Más allá de estar a la espera de la aplicación de la amnistía, aún hay que desatar decisiones capitales para el futuro inmediato de la formación. A estas alturas, fuentes de la dirección de Junts relatan que no se prevé ningún congreso extraordinario para hacer cambios en el partido, a pesar de los rumores en algunos sectores, ni tampoco una reunión inminente para tomar grandes decisiones de la cúpula juntaire.

Josep Manel Busqueta (Sant Andreu de Llavaneres, 1972) fue uno de los diputados de la CUP que más se opuso a la investidura de Artur Mas en 2015, y la negativa de los cupaires a investirle hizo que tuviera que dejar el Parlament en cumplimiento del acuerdo con Junts pel Sí para la investidura. El otro diputado dimisionario fue Julià de Jòdar, que se inclinaba por votar a favor de Mas. Las dos salidas buscaban el equilibrio entre los diferentes sectores de la CUP, en medio de una gran tensión interna.

La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

Antes de que Lamine Yamal, Cubarsí y Olmo ganaran el Mundial, Piqué, Puyol, Xavi y Busquets ya levantaron la Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica. Ellos, sin embargo, no fueron los primeros catalanes en tocar el preciado trofeo. Fue Jaume Marquet (Sabadell, 1976), conocido popularmente como Jimmy Jump. Minutos antes de comenzar la final entre España y Países Bajos, saltó al campo para poner una barretina al trofeo, pero los agentes de seguridad lo placaron justo cuando lo tenía delante, y lo tocó. "Fui el primer catalán en tocar una Copa del Mundo", remarca con orgullo.

No muy ruidosos, pero los tambores electorales empiezan a oírse. Las elecciones al Parlament de Catalunya todavía están lejos en el calendario, pero en 2027 viviremos un primer test en las municipales y, quién sabe, quizás podría haber elecciones legislativas en el Estado más pronto de lo esperado. Mientras tanto, las encuestas que se van publicando empiezan a mostrar algunos movimientos de fondo importantes. Uno de estos es la progresiva bajada de Junts, señalada por múltiples sondeos. En los comicios de mayo de 2024 Junts obtuvo la segunda posición, con el 21,59% de los votos, mientras que en la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió las estimaciones le adjudicaban entre el 11 y el 13% de los sufragios (y una pérdida de unos 18 escaños).

1. Un prócer de Figueres, de los que fueron amigos de Dalí y de Pla, me explica con una sola frase cómo ha cambiado su ciudad en una década. “La gente de Figueres de toda la vida solo la encuentras en dos sitios, en el tanatorio y en el AVE”. El exabrupto, que quizás no lo sea tanto, me hace pensar qué Cataluña encontrará Carles Puigdemont, ahora que Llarena y Marchena tendrán que claudicar, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por mucho que el rodillo judicial español reniegue para retrasar su retorno, ahora sí que solo es cuestión de meses que el president pueda volver de su exilio. Ahora que vendrá a Cataluña para quedarse, y no con aquel vodevil de visto y no visto de hace dos años, ¿qué se encontrará?

La primera muestra de que la aplicación de la amnistía no será fácil a pesar del aval de la justicia europea la ha dado el Tribunal de Cuentas, que se ha negado a aplicarla de entrada a pesar de ser uno de los señalados directamente en la sentencia de la semana pasada. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un escrito a la Comisión Europea denunciando a España por el incumplimiento de la amnistía y alertando de la maniobra del Tribunal de Cuentas. En un escrito avanzado por Vilaweb y al que ha tenido acceso el ARA, denuncia que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía y que ha abierto un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que también asegura que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“Todo esto acabará en los tribunales internacionales”, vaticinó el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en noviembre de 2017. De momento, la amnistía –que entonces no se podía ni imaginar– ya ha pasado la validación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no es el primer revés que la justicia europea da al Tribunal Supremo español. Desde el exilio, la defensa de Puigdemont ha encadenado una serie de resoluciones favorables en todo el continente. Una serie de victorias que, de momento, no le han servido para volver a Catalunya sin riesgo de ser detenido.

El Tribunal Constitucional (TC) hará el primer debate sobre la amnistía a los líderes del 'Procés' el próximo 22 de septiembre, según ha podido saber el ARA. Será en el marco del recurso de amparo presentado por el exconseller y ahora secretario general de Junts, Jordi Turull, cuyo ponente es el magistrado José María Macías. Con esta primera discusión, el Constitucional iniciará las deliberaciones que tanto el gobierno español como el independentismo esperan que acaben con resoluciones favorables a la amnistía para el expresidente Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de exconsellers condenados o procesados. De hecho, es el paso que ya se preveía en otoño, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya concluido que los gastos relacionados con el 1-O no afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta semana también había pleno del Constitucional, pero han considerado que no tenían suficiente tiempo para abordar el tema antes de vacaciones.

Hay estados fuertes, pesados, laberínticos, implacables. También los hay de fallidos. En el caso de España les dejo a ustedes el adjetivo calificativo, pero el caso es que no estaríamos hablando ni de resolutivo ni de pragmático. ¿Quizás tampoco lo es la mayoría de nuestra sociedad? Este es un tema para otro día.

Avalada por la justicia europea, la amnistía ha iniciado esta semana el último tramo del camino para que todos los represaliados del independentismo puedan dejar atrás las causas judiciales. Para empezar, en las próximas semanas los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo y los treinta y cinco dirigentes políticos a quienes la Fiscalía pide 3 millones de euros al Tribunal de Cuentas, deberían ser los primeros beneficiados por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero en la cúspide de la jerarquía jurídica del Estado, el Tribunal Supremo se resiste a aceptar que los líderes del Procés queden exonerados de cualquier responsabilidad, algunos sin siquiera haberse presentado ante él.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apoyando la ley de amnistía española es un paso sumamente importante para conseguir que algún día esta norma se pueda aplicar finalmente sin exclusiones ni restricciones. Pero de momento no es suficiente para parar la larga partida de ajedrez que en los ámbitos políticos y judiciales se juega desde 2017 –y antes– en torno a esta cuestión. Resulta evidente que la razón de estado sigue presente en la actitud que mantienen instituciones, organismos e instancias de todo tipo, junto con el núcleo de poder de la magistratura conservadora, bien asentado en la cúpula del organigrama del edificio estatal. Para darse cuenta no hace falta ser un independentista radical. Basta con haber seguido con algún interés los acontecimientos de los últimos años.

Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965) es uno de los abogados de cabecera del Procés, el principal responsable de la estrategia jurídica del exilio y uno de los artífices de la ley de amnistía que acaba de ser validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del jueves sobre la amnistía ha vuelto a poner el foco sobre quién y cómo juzga a nuestros representantes. Una vez el Tribunal Constitucional (TC) determine su posicionamiento, la decisión final sobre la aplicación de la ley a los líderes del 'procés' recaerá sobre el Tribunal Supremo (TS), dado que fueron o deberían ser juzgados por esta instancia. Pero, ¿por qué hay que ir directamente a Madrid?