Cerró el curso con una cumbre de alcaldes y cargos locales, con cierta inquietud, y lo abre con la incertidumbre que generan el grueso de incógnitas abiertas. Junts iniciará el curso político la próxima semana mirando hacia Waterloo. Más allá de estar a la espera de la aplicación de la amnistía, aún hay que desatar decisiones capitales para el futuro inmediato de la formación. A estas alturas, fuentes de la dirección de Junts relatan que no se prevé ningún congreso extraordinario para hacer cambios en el partido, a pesar de los rumores en algunos sectores, ni tampoco una reunión inminente para tomar grandes decisiones de la cúpula juntaire.

Josep Manel Busqueta (Sant Andreu de Llavaneres, 1972) fue uno de los diputados de la CUP que más se opuso a la investidura de Artur Mas en 2015, y la negativa de los cupaires a investirle hizo que tuviera que dejar el Parlament en cumplimiento del acuerdo con Junts pel Sí para la investidura. El otro diputado dimisionario fue Julià de Jòdar, que se inclinaba por votar a favor de Mas. Las dos salidas buscaban el equilibrio entre los diferentes sectores de la CUP, en medio de una gran tensión interna.

La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

Antes de que Lamine Yamal, Cubarsí y Olmo ganaran el Mundial, Piqué, Puyol, Xavi y Busquets ya levantaron la Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica. Ellos, sin embargo, no fueron los primeros catalanes en tocar el preciado trofeo. Fue Jaume Marquet (Sabadell, 1976), conocido popularmente como Jimmy Jump. Minutos antes de comenzar la final entre España y Países Bajos, saltó al campo para poner una barretina al trofeo, pero los agentes de seguridad lo placaron justo cuando lo tenía delante, y lo tocó. "Fui el primer catalán en tocar una Copa del Mundo", remarca con orgullo.

No muy ruidosos, pero los tambores electorales empiezan a oírse. Las elecciones al Parlament de Catalunya todavía están lejos en el calendario, pero en 2027 viviremos un primer test en las municipales y, quién sabe, quizás podría haber elecciones legislativas en el Estado más pronto de lo esperado. Mientras tanto, las encuestas que se van publicando empiezan a mostrar algunos movimientos de fondo importantes. Uno de estos es la progresiva bajada de Junts, señalada por múltiples sondeos. En los comicios de mayo de 2024 Junts obtuvo la segunda posición, con el 21,59% de los votos, mientras que en la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió las estimaciones le adjudicaban entre el 11 y el 13% de los sufragios (y una pérdida de unos 18 escaños).

1. Un prócer de Figueres, de los que fueron amigos de Dalí y de Pla, me explica con una sola frase cómo ha cambiado su ciudad en una década. “La gente de Figueres de toda la vida solo la encuentras en dos sitios, en el tanatorio y en el AVE”. El exabrupto, que quizás no lo sea tanto, me hace pensar qué Cataluña encontrará Carles Puigdemont, ahora que Llarena y Marchena tendrán que claudicar, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por mucho que el rodillo judicial español reniegue para retrasar su retorno, ahora sí que solo es cuestión de meses que el president pueda volver de su exilio. Ahora que vendrá a Cataluña para quedarse, y no con aquel vodevil de visto y no visto de hace dos años, ¿qué se encontrará?

La primera muestra de que la aplicación de la amnistía no será fácil a pesar del aval de la justicia europea la ha dado el Tribunal de Cuentas, que se ha negado a aplicarla de entrada a pesar de ser uno de los señalados directamente en la sentencia de la semana pasada. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un escrito a la Comisión Europea denunciando a España por el incumplimiento de la amnistía y alertando de la maniobra del Tribunal de Cuentas. En un escrito avanzado por Vilaweb y al que ha tenido acceso el ARA, denuncia que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía y que ha abierto un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que también asegura que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“Todo esto acabará en los tribunales internacionales”, vaticinó el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en noviembre de 2017. De momento, la amnistía –que entonces no se podía ni imaginar– ya ha pasado la validación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no es el primer revés que la justicia europea da al Tribunal Supremo español. Desde el exilio, la defensa de Puigdemont ha encadenado una serie de resoluciones favorables en todo el continente. Una serie de victorias que, de momento, no le han servido para volver a Catalunya sin riesgo de ser detenido.

El Tribunal Constitucional (TC) hará el primer debate sobre la amnistía a los líderes del 'Procés' el próximo 22 de septiembre, según ha podido saber el ARA. Será en el marco del recurso de amparo presentado por el exconseller y ahora secretario general de Junts, Jordi Turull, cuyo ponente es el magistrado José María Macías. Con esta primera discusión, el Constitucional iniciará las deliberaciones que tanto el gobierno español como el independentismo esperan que acaben con resoluciones favorables a la amnistía para el expresidente Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de exconsellers condenados o procesados. De hecho, es el paso que ya se preveía en otoño, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya concluido que los gastos relacionados con el 1-O no afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta semana también había pleno del Constitucional, pero han considerado que no tenían suficiente tiempo para abordar el tema antes de vacaciones.

Hay estados fuertes, pesados, laberínticos, implacables. También los hay de fallidos. En el caso de España les dejo a ustedes el adjetivo calificativo, pero el caso es que no estaríamos hablando ni de resolutivo ni de pragmático. ¿Quizás tampoco lo es la mayoría de nuestra sociedad? Este es un tema para otro día.

Avalada por la justicia europea, la amnistía ha iniciado esta semana el último tramo del camino para que todos los represaliados del independentismo puedan dejar atrás las causas judiciales. Para empezar, en las próximas semanas los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo y los treinta y cinco dirigentes políticos a quienes la Fiscalía pide 3 millones de euros al Tribunal de Cuentas, deberían ser los primeros beneficiados por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero en la cúspide de la jerarquía jurídica del Estado, el Tribunal Supremo se resiste a aceptar que los líderes del Procés queden exonerados de cualquier responsabilidad, algunos sin siquiera haberse presentado ante él.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apoyando la ley de amnistía española es un paso sumamente importante para conseguir que algún día esta norma se pueda aplicar finalmente sin exclusiones ni restricciones. Pero de momento no es suficiente para parar la larga partida de ajedrez que en los ámbitos políticos y judiciales se juega desde 2017 –y antes– en torno a esta cuestión. Resulta evidente que la razón de estado sigue presente en la actitud que mantienen instituciones, organismos e instancias de todo tipo, junto con el núcleo de poder de la magistratura conservadora, bien asentado en la cúpula del organigrama del edificio estatal. Para darse cuenta no hace falta ser un independentista radical. Basta con haber seguido con algún interés los acontecimientos de los últimos años.

Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965) es uno de los abogados de cabecera del Procés, el principal responsable de la estrategia jurídica del exilio y uno de los artífices de la ley de amnistía que acaba de ser validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del jueves sobre la amnistía ha vuelto a poner el foco sobre quién y cómo juzga a nuestros representantes. Una vez el Tribunal Constitucional (TC) determine su posicionamiento, la decisión final sobre la aplicación de la ley a los líderes del 'procés' recaerá sobre el Tribunal Supremo (TS), dado que fueron o deberían ser juzgados por esta instancia. Pero, ¿por qué hay que ir directamente a Madrid?

Después de la validación de la justicia europea a la amnistía, quedan un par de preguntas inmediatas, la primera: ¿quién queda por amnistiar?Aquí lo explicamos: los CDR (encausados en la Audiencia Nacional por terrorismo) y los pendientes del Tribunal de Cuentas, acusados por la Fiscalía y por Societat Civil Catalana, que les reclama cinco millones, pero después hay un pequeño goteo de casos que se reparten por diversos puntos del país. Y la otra: ¿cuándo podrá regresar Puigdemont? La Núria Orriols, nuestra delegada en Madrid, repasa todos los escenarios posibles, que incluyen el hecho de que el Tribunal Supremo no tiene ningún plazo que le marque ninguna prisa para pronunciarse y que incluso podría volver a preguntar a Europa si la malversación es amnistiable, por más que el Tribunal Constitucional ya hubiera dicho que la amnistía era constitucional. Lo único que es seguro es que el Constitucional se pronunciará en otoño precisamente sobre que la malversación es amnistiable. Y aquí es donde entra el calendario político: por Madrid corre que será en otoño cuando Pedro Sánchez puede anunciar la convocatoria de elecciones. Si Puigdemont llega antes o en plena campaña, las consecuencias son diversas: ayuda a Junts, le hace la campaña a PP y VOX contra el PSOE en España y ayuda al PSC en Cataluña. Ayer Aznar dijo que “la agresión sediciosa” no podía quedar impune. Y es que en la amnistía confluyen dos agravios según el PP, el agravio patriótico (España no se vota) y el del poder, y aquí es donde se encuentran los dos enemigos públicos número uno: Puigdemont y Sánchez. Los quieren a los dos en prisión. El PSOE gobierna habiendo perdido, gracias a la amnistía pactada con Junts. Aznar, por cierto, recordó que la unidad de España es básica para la Unión Europea, como lo es la de Italia o la de Alemania o la de cualquier otro país. Aznar y buena parte de la política española ponen primero la unidad y después la democracia, con la reserva mental de que sin unidad no hay democracia. De este enredo entre bandera agravada y el poder que no tienen, se deriva la razón de la negativa de la cúpula judicial española a aplicar una ley que hace más de dos años que está aprobada, que es Constitucional y conforme a la legislación comunitaria. Recuerden el Estatuto 2006. Llevamos 20 años igual. Y el problema es que en estos 20 años el país ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, se han multiplicado las necesidades y no tenemos todas las herramientas. Y los partidos de Cataluña están demasiado divididos para superar la enormidad del reto que representa el futuro del país. Una cierta unidad de acción es condición necesaria.Buenos días.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley de amnistía, y ha desactivado de esta manera las principales dudas de los jueces españoles que hasta ahora se han resistido a aplicarla. La Gran Sala del tribunal de Luxemburgo ha resuelto las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas –sobre los 35 ex altos cargos de la Generalitat investigados por la financiación del 1-O y la acción exterior– y por la Audiencia Nacional, en la causa contra los CDR de la operación Judes. La sentencia llega dos años y medio después de que entrara en vigor la ley, y puede ser el desbloqueo definitivo para decenas de causas que llevan meses –algunas, años– paralizadas a la espera de una respuesta de Luxemburgo.

La legislatura española acabará más o menos como empezó: debatiendo sobre la ley de amnistía. Pero mientras Pedro Sánchez ya hace tiempo que asumió los costes políticos, parece que el poder judicial todavía tiene facturas pendientes y no está claro si querrá cobrarlas o guardarlas en un cajón. No en vano, la ley del olvido penal, validada el jueves de forma contundente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha afrontado desde el inicio la hostilidad de la derecha política y mediática, pero sobre todo de la derecha judicial, herida por lo que se ve en su amor propio (y en su patriotismo), incluso antes de que el Parlament, única instancia con legitimidad democrática directa, decidiera dejar sin efecto los severos escarmientos impuestos por un puñado de modernos torquemadas a los fautores del Procés. No en vano, la ley ha experimentado muchos obstáculos políticos, como las minas que le puso en el Senado la mayoría del PP, la petición de informes consultivos prescindibles o la intervención de la Comisión de Venecia. Pero también ha tenido que superar el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Constitucional (TC) —a instancias de la sala segunda del Supremo de Marchena y Llarena— y ante el TJUE —en este caso, por parte de la Audiencia Nacional, que juzga a los CDR por terrorismo (!), y del Tribunal de Cuentas, que dirime la responsabilidad contable por el 9-N de decenas de altos cargos—, con el pretexto de que había dudas sobre el encaje de la ley en la Constitución o en el derecho europeo.Primero fue el Constitucional el que reafirmó la plena constitucionalidad de la ley en una veintena de sentencias derivadas de recursos de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP e incluso del inefable García-Page. Y ahora ha sido el TJUE el que se ha pronunciado en dos sentencias sobre la adecuación inequívoca de la amnistía al derecho de la UE, reconociendo que ha servido para rebajar la tensión y que ha actuado como una “herramienta de normalización”, tal como mencionaba el preámbulo de la norma. Este argumento, fundamental, reafirma lo que en su día expresó el abogado general del tribunal, Dean Spielmann, que descartó que se tratara de una "autoamnistía" surgida de un trapicheo político. Además, el Tribunal de Luxemburgo no se opone a que se pueda amnistiar la responsabilidad contable exigida por el Tribunal de Cuentas, porque, como es lógico, una efímera “desconexión” de Cataluña no podía afectar los intereses financieros de la UE, y declara que la ley cumple con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al excluir expresamente de los beneficios los delitos graves y la violación de derechos fundamentales. Game over.

La ley de amnistía para los encausados por el procés independentista entró en vigor en junio de 2024. Han pasado más de dos años y el bloqueo continúa. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar hasta que llegue a todos los implicados?

El magistrado del TJUE que ha dado voz al aval de la justicia europea a la amnistía ha mencionado el propósito de reconciliación que lo animaba. Ha sonado prometedor, esperanzado, deseable. Pero el poder judicial ya ha emitido suficientes señales de que, en el caso del Procés, reconciliación rima con prisión. La justicia europea le ha señalado a la española que no hay más camino que la amnistía y, en cambio, ya veremos cuándo vuelve Carles Puigdemont o se habilita Oriol Junqueras. El contraste es tan descarado que un ministro socialista español ha llegado a afirmar que “no estaría de más que la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, llegara a todas las instituciones del Estado”. Claro que el ministro de Cercanías habla por la herida de las imputaciones a la familia de Pedro Sánchez, no por las del Procés, y que solo es un aliado de la causa del sentido más elemental de la justicia por pura necesidad de supervivencia política. No es nada nuevo: juzgaron a los presos políticos por rebelión, fueron condenados por sedición y han pasado más de dos años sin aplicarles la amnistía por un delirante delito de malversación y de terrorismo para los CDR. Poca reconciliación habrá aquí.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía era un paso muy relevante para alcanzar un aval jurídico desde Europa a la norma aprobada en el Congreso de los Diputados, ya que es la primera vez que se pronuncia sobre la medida para poner fin a las causas penales del Procés. Lo ha hecho avalando el espíritu del legislador: la normalización de la situación política en Cataluña en pro de la "reconciliación". Ahora bien, ¿cuáles son los efectos prácticos de esta resolución? ¿Cuándo podrá volver el expresidente Carles Puigdemont? ¿Cuándo dejarán de estar inhabilitados Oriol Junqueras y los expresos políticos?