El Tribunal Constitucional (TC) hará el primer debate sobre la amnistía a los líderes del 'Procés' el próximo 22 de septiembre, según ha podido saber el ARA. Será en el marco del recurso de amparo presentado por el exconseller y ahora secretario general de Junts, Jordi Turull, cuyo ponente es el magistrado José María Macías. Con esta primera discusión, el Constitucional iniciará las deliberaciones que tanto el gobierno español como el independentismo esperan que acaben con resoluciones favorables a la amnistía para el expresidente Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de exconsellers condenados o procesados. De hecho, es el paso que ya se preveía en otoño, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya concluido que los gastos relacionados con el 1-O no afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta semana también había pleno del Constitucional, pero han considerado que no tenían suficiente tiempo para abordar el tema antes de vacaciones.

Hay estados fuertes, pesados, laberínticos, implacables. También los hay de fallidos. En el caso de España les dejo a ustedes el adjetivo calificativo, pero el caso es que no estaríamos hablando ni de resolutivo ni de pragmático. ¿Quizás tampoco lo es la mayoría de nuestra sociedad? Este es un tema para otro día.

Avalada por la justicia europea, la amnistía ha iniciado esta semana el último tramo del camino para que todos los represaliados del independentismo puedan dejar atrás las causas judiciales. Para empezar, en las próximas semanas los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo y los treinta y cinco dirigentes políticos a quienes la Fiscalía pide 3 millones de euros al Tribunal de Cuentas, deberían ser los primeros beneficiados por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero en la cúspide de la jerarquía jurídica del Estado, el Tribunal Supremo se resiste a aceptar que los líderes del Procés queden exonerados de cualquier responsabilidad, algunos sin siquiera haberse presentado ante él.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apoyando la ley de amnistía española es un paso sumamente importante para conseguir que algún día esta norma se pueda aplicar finalmente sin exclusiones ni restricciones. Pero de momento no es suficiente para parar la larga partida de ajedrez que en los ámbitos políticos y judiciales se juega desde 2017 –y antes– en torno a esta cuestión. Resulta evidente que la razón de estado sigue presente en la actitud que mantienen instituciones, organismos e instancias de todo tipo, junto con el núcleo de poder de la magistratura conservadora, bien asentado en la cúpula del organigrama del edificio estatal. Para darse cuenta no hace falta ser un independentista radical. Basta con haber seguido con algún interés los acontecimientos de los últimos años.

Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965) es uno de los abogados de cabecera del Procés, el principal responsable de la estrategia jurídica del exilio y uno de los artífices de la ley de amnistía que acaba de ser validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del jueves sobre la amnistía ha vuelto a poner el foco sobre quién y cómo juzga a nuestros representantes. Una vez el Tribunal Constitucional (TC) determine su posicionamiento, la decisión final sobre la aplicación de la ley a los líderes del 'procés' recaerá sobre el Tribunal Supremo (TS), dado que fueron o deberían ser juzgados por esta instancia. Pero, ¿por qué hay que ir directamente a Madrid?

Después de la validación de la justicia europea a la amnistía, quedan un par de preguntas inmediatas, la primera: ¿quién queda por amnistiar?Aquí lo explicamos: los CDR (encausados en la Audiencia Nacional por terrorismo) y los pendientes del Tribunal de Cuentas, acusados por la Fiscalía y por Societat Civil Catalana, que les reclama cinco millones, pero después hay un pequeño goteo de casos que se reparten por diversos puntos del país. Y la otra: ¿cuándo podrá regresar Puigdemont? La Núria Orriols, nuestra delegada en Madrid, repasa todos los escenarios posibles, que incluyen el hecho de que el Tribunal Supremo no tiene ningún plazo que le marque ninguna prisa para pronunciarse y que incluso podría volver a preguntar a Europa si la malversación es amnistiable, por más que el Tribunal Constitucional ya hubiera dicho que la amnistía era constitucional. Lo único que es seguro es que el Constitucional se pronunciará en otoño precisamente sobre que la malversación es amnistiable. Y aquí es donde entra el calendario político: por Madrid corre que será en otoño cuando Pedro Sánchez puede anunciar la convocatoria de elecciones. Si Puigdemont llega antes o en plena campaña, las consecuencias son diversas: ayuda a Junts, le hace la campaña a PP y VOX contra el PSOE en España y ayuda al PSC en Cataluña. Ayer Aznar dijo que “la agresión sediciosa” no podía quedar impune. Y es que en la amnistía confluyen dos agravios según el PP, el agravio patriótico (España no se vota) y el del poder, y aquí es donde se encuentran los dos enemigos públicos número uno: Puigdemont y Sánchez. Los quieren a los dos en prisión. El PSOE gobierna habiendo perdido, gracias a la amnistía pactada con Junts. Aznar, por cierto, recordó que la unidad de España es básica para la Unión Europea, como lo es la de Italia o la de Alemania o la de cualquier otro país. Aznar y buena parte de la política española ponen primero la unidad y después la democracia, con la reserva mental de que sin unidad no hay democracia. De este enredo entre bandera agravada y el poder que no tienen, se deriva la razón de la negativa de la cúpula judicial española a aplicar una ley que hace más de dos años que está aprobada, que es Constitucional y conforme a la legislación comunitaria. Recuerden el Estatuto 2006. Llevamos 20 años igual. Y el problema es que en estos 20 años el país ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, se han multiplicado las necesidades y no tenemos todas las herramientas. Y los partidos de Cataluña están demasiado divididos para superar la enormidad del reto que representa el futuro del país. Una cierta unidad de acción es condición necesaria.Buenos días.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley de amnistía, y ha desactivado de esta manera las principales dudas de los jueces españoles que hasta ahora se han resistido a aplicarla. La Gran Sala del tribunal de Luxemburgo ha resuelto las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas –sobre los 35 ex altos cargos de la Generalitat investigados por la financiación del 1-O y la acción exterior– y por la Audiencia Nacional, en la causa contra los CDR de la operación Judes. La sentencia llega dos años y medio después de que entrara en vigor la ley, y puede ser el desbloqueo definitivo para decenas de causas que llevan meses –algunas, años– paralizadas a la espera de una respuesta de Luxemburgo.

La legislatura española acabará más o menos como empezó: debatiendo sobre la ley de amnistía. Pero mientras Pedro Sánchez ya hace tiempo que asumió los costes políticos, parece que el poder judicial todavía tiene facturas pendientes y no está claro si querrá cobrarlas o guardarlas en un cajón. No en vano, la ley del olvido penal, validada el jueves de forma contundente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha afrontado desde el inicio la hostilidad de la derecha política y mediática, pero sobre todo de la derecha judicial, herida por lo que se ve en su amor propio (y en su patriotismo), incluso antes de que el Parlament, única instancia con legitimidad democrática directa, decidiera dejar sin efecto los severos escarmientos impuestos por un puñado de modernos torquemadas a los fautores del Procés. No en vano, la ley ha experimentado muchos obstáculos políticos, como las minas que le puso en el Senado la mayoría del PP, la petición de informes consultivos prescindibles o la intervención de la Comisión de Venecia. Pero también ha tenido que superar el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Constitucional (TC) —a instancias de la sala segunda del Supremo de Marchena y Llarena— y ante el TJUE —en este caso, por parte de la Audiencia Nacional, que juzga a los CDR por terrorismo (!), y del Tribunal de Cuentas, que dirime la responsabilidad contable por el 9-N de decenas de altos cargos—, con el pretexto de que había dudas sobre el encaje de la ley en la Constitución o en el derecho europeo.Primero fue el Constitucional el que reafirmó la plena constitucionalidad de la ley en una veintena de sentencias derivadas de recursos de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP e incluso del inefable García-Page. Y ahora ha sido el TJUE el que se ha pronunciado en dos sentencias sobre la adecuación inequívoca de la amnistía al derecho de la UE, reconociendo que ha servido para rebajar la tensión y que ha actuado como una “herramienta de normalización”, tal como mencionaba el preámbulo de la norma. Este argumento, fundamental, reafirma lo que en su día expresó el abogado general del tribunal, Dean Spielmann, que descartó que se tratara de una "autoamnistía" surgida de un trapicheo político. Además, el Tribunal de Luxemburgo no se opone a que se pueda amnistiar la responsabilidad contable exigida por el Tribunal de Cuentas, porque, como es lógico, una efímera “desconexión” de Cataluña no podía afectar los intereses financieros de la UE, y declara que la ley cumple con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al excluir expresamente de los beneficios los delitos graves y la violación de derechos fundamentales. Game over.

La ley de amnistía para los encausados por el procés independentista entró en vigor en junio de 2024. Han pasado más de dos años y el bloqueo continúa. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar hasta que llegue a todos los implicados?

El magistrado del TJUE que ha dado voz al aval de la justicia europea a la amnistía ha mencionado el propósito de reconciliación que lo animaba. Ha sonado prometedor, esperanzado, deseable. Pero el poder judicial ya ha emitido suficientes señales de que, en el caso del Procés, reconciliación rima con prisión. La justicia europea le ha señalado a la española que no hay más camino que la amnistía y, en cambio, ya veremos cuándo vuelve Carles Puigdemont o se habilita Oriol Junqueras. El contraste es tan descarado que un ministro socialista español ha llegado a afirmar que “no estaría de más que la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, llegara a todas las instituciones del Estado”. Claro que el ministro de Cercanías habla por la herida de las imputaciones a la familia de Pedro Sánchez, no por las del Procés, y que solo es un aliado de la causa del sentido más elemental de la justicia por pura necesidad de supervivencia política. No es nada nuevo: juzgaron a los presos políticos por rebelión, fueron condenados por sedición y han pasado más de dos años sin aplicarles la amnistía por un delirante delito de malversación y de terrorismo para los CDR. Poca reconciliación habrá aquí.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía era un paso muy relevante para alcanzar un aval jurídico desde Europa a la norma aprobada en el Congreso de los Diputados, ya que es la primera vez que se pronuncia sobre la medida para poner fin a las causas penales del Procés. Lo ha hecho avalando el espíritu del legislador: la normalización de la situación política en Cataluña en pro de la "reconciliación". Ahora bien, ¿cuáles son los efectos prácticos de esta resolución? ¿Cuándo podrá volver el expresidente Carles Puigdemont? ¿Cuándo dejarán de estar inhabilitados Oriol Junqueras y los expresos políticos?

El independentismo celebra la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar el encaje europeo de la ley de amnistía. Una noticia que, en teoría, debería acelerar su aplicación por parte de todos los tribunales que hasta ahora se han negado. Pero hay uno que, de momento, no se siente aludido. El Tribunal Supremo seguirá sin amnistiar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes condenados por malversación, según explican fuentes consultadas por el ARA. ¿Qué margen tiene para hacerlo? Hoy por hoy, todo el que quiera, a pesar de que los servicios jurídicos de Junts y ERC denuncien que hace meses que está incumpliendo la ley.

Magnífica noticia: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha avalado ampliamente la ley de amnistía.Lo ha encontrado conforme al derecho comunitario, porque ha considerado que la amnistía no es contraria ni a los intereses financieros de la Unión Europea ni es contraria a la directiva en materia de terrorismo (delito por el cual habían sido procesados algunos CDR). Dice más, de manera contundente: el TJUE establece que la amnistía no perjudica la igualdad de trato, en el sentido de que era una ley solo pensada para favorecer a unos, sino que se aprobó “en un contexto real de reconciliación política y social” y que, por tanto, no constituye una “autoamnistía”. Con esta sentencia, el Tribunal de Cuentas debería archivar sus expedientes, y la Audiencia Nacional, también. Y el Supremo, está claro. Pero en el momento en que les hablo, se mantiene la orden de detención sobre Carles Puigdemont o la inhabilitación de Oriol Junqueras. Y es bastante probable que se espere a otoño para levantarlas, que es cuando el Tribunal Constitucional dictará sentencia sobre la negativa del Supremo a aplicar la amnistía. Por decirlo así, Carles Puigdemont está un paso más cerca de volver a Catalunya, y ahora ya parece que solo es cuestión de pocos meses.La sentencia del TJUE es una gran noticia, pero que la amnistía no se aplique completamente es una desgracia que solo se explica por el “a por ellos”. Es importante recordar de dónde venimos: el TS procesó a los presos políticos por rebelión, delito que debería haber pedido violencia armada, condenó por sedición, que igualmente debería haber pedido violencia, y ahora se niega a aplicar la amnistía por malversación, que tampoco la ha habido. Es un despliegue de justicia creativa, patriótica.El presidente Illa ha hecho una declaración en catalán, castellano e inglés:“Comparezco ante todos ustedes para expresar mi satisfacción y la del Gobierno de Cataluña por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una sentencia explícita, que avala la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. La más alta instancia de la justicia europea se ha pronunciado de manera clara: la ley cumple con el derecho europeo. Europa dice «sí» a la amnistía, Cataluña dice «sí» al futuro. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia. No hay vuelta de hoja. La ley de amnistía forma parte, con todas las consecuencias, de nuestro marco legal, y, por tanto, su aplicación es de obligado cumplimiento.”

Mañana a las 9 se jugará el España-Francia, y el nacionalismo banal español se infiltra por todas partes, incluida la pantalla del móvil de los clientes de Movistar, que, en vez de decir “Movistar” dice “con la selección”, con independencia de que el cliente pase olímpicamente del Mundial o la selección le caiga mal. El rendimiento que obtienen los estados y las empresas de sus selecciones deportivas explica hasta qué punto el deporte también es política y la identidad también es negocio. Cruel paradoja para tantos catalanes que han gritado alguna vez “ni España, ni Francia, Países Catalanes”, y resulta que mañana, o la una o la otra. Sobre M. Rajoy y su comentario de que Francia juega sin franceses, decir que: primero, siguiendo su razonamiento, España juega sin españoles, y segundo, que la Francia republicana se ha sentido muy ofendida, pero que estaría bien que mirara si la indignación que siente por el comentario racista es coherente con la ausencia de racismo en la vida de cada día. En contra de lo que dice este artículo, no es que personas como Rajoy lleven el Mundial al terreno de la identidad, es que todo el Mundial es una competición de identidades (solo hay que ver los himnos, las banderas y los jefes de estado en los palcos). Otra cosa es qué se entiende por identidad nacional en cada país. Pero esta semana tiene otra cita importante, que es la del jueves, día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictar sentencia sobre la amnistía, en concreto sobre si el delito de malversación es amnistiable o no. Es un episodio más de esta canción del enfado judicial en que se ha convertido la negativa del poder judicial español a aplicar la ley de amnistía tal como la aprobó el poder legislativo ya hace más de dos años, en mayo del 2024. Recuerden que, para impedir su aplicación, el Supremo llegó a establecer que, como el referéndum se pagó con dinero público, los líderes del Procés se enriquecieron personalmente porque se ahorraron de poner dinero de su bolsillo, como aquel que paga con dinero público la boda de la hija (el ejemplo es del Supremo). Bien, el jueves el TJUE se pronunciará, pero aunque la sentencia diga que la amnistía es conforme a la ley europea, no se aplicará automáticamente, sino que entonces, el Tribunal Constitucional debe decidir si la interpretación que hizo el Supremo es correcta o no, se supone que dirá que no, pero esta sentencia no llegará hasta el otoño, prácticamente cuando harán 9 años que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig están en el exilio.  

El próximo jueves 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará sobre la amnistía. Será a raíz de una cuestión del Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del 1-O, en la que este organismo estatal pregunta a las autoridades judiciales europeas si poner fin al caso va en contra de los intereses financieros de la UE. Pero la resolución tendrá efectos más allá: saber qué piensa Europa es la condición que había puesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que afectan a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. ¿Se acaba ya, pues, su periplo judicial? No todavía: véase el análisis.

Desde la prisión, Oriol Junqueras fue el cabeza de lista de ERC en las elecciones catalanas de 2017, en las generales de 2019 y también en las europeas de ese mismo año. Desde Esquerra, de hecho, sentenciaron que, mientras durara la represión, Junqueras sería su número 1 en todos los comicios. Pero ya hace seis años que esto no es posible: a pesar de estar indultado y fuera de la prisión, el presidente de los republicanos está inhabilitado hasta 2031 a la espera de saber si se le aplica la amnistía. De esto depende, de hecho, la estrategia del partido pensando en 2028.

El 16 de julio hace semanas que estaba rodeado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley, aceptando que tiene encaje en la legislación europea y descartando que afecte los intereses financieros de la UE. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un cojín argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. De momento, fuentes del tribunal consultadas por el ARA explican que, hoy por hoy, no se moverán porque ellos no han hecho ninguna petición al TJUE.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque las fuentes remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. De momento, consideran que no la hay. Hay un precedente inmediato en el que el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, hay un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por lo tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes de la ruptura, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía con la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa aún no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

]]>

La semana que viene será una de las más importantes de esta legislatura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene anunciada para el jueves, día 16, la publicación de su sentencia sobre la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en mayo de 2024. Se trata de la resolución de la justicia europea sobre las impugnaciones que presentaron la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas contra el perdón a los líderes del procés independentista, encabezados por el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont. Tanto en el Constitucional como en el Supremo hay mucho interés en conocer la decisión del TJUE, porque ambos tribunales tienen sentencias pendientes sobre la aplicación de esta ley, que ha provocado en el ámbito judicial tanta o más controversia que en el terreno político.

]]>

El resultado de la encuesta del CEO pone números a una realidad que todos hemos palpado en la calle, la de la creciente intención de voto de mucha gente hacia Aliança Catalana. Lo que pasa es que estos números son -o serían, mejor dicho- un tsunami político y representarían una nueva página de la historia de la sociedad catalana.Pasar de los dos diputados que tienen ahora a 23-25 que dice el CEO es un tsunami. Y para Junts, pasar de 35 a 13-18 también lo es.Cuando el mensaje principal de un partido es tan básico como “Salvar Cataluña” y lo formula una líder nada empática, al frente de un equipo desconocido, y, aun así, sus expectativas electorales se disparan, es que ha conectado con los malestares reales o sugeridos de mucha gente, en relación con la inseguridad en las calles, el radicalismo islámico, la inmigración “masiva”, la emigración de jóvenes catalanes bien preparados, la reculada de la lengua o el expolio fiscal. Muchos catalanes sienten –y lo que es peor, notan– que el país se les está deshaciendo entre los dedos. Y atención, porque el diagnóstico ha encontrado una nueva centralidad en la que han ido a coincidir desde votantes del catalanismo integrador de Junts y Convergència hasta españolistas de toro y de Legión de Vox. 1 de cada 3 votos que ganaría Aliança Catalana vendría de Junts, y 1 de cada 4 votos vendría de Vox, hermanados por la bandera de la islamofobia. La actual mayoría parlamentaria PSC, Esquerra, Comuns aguantaría por los pelos, con un PSC que bajaría de 42 a 36-38. El gobierno del sosiego, el de la gestión, no está siendo suficiente, entre otras cosas porque la gestión está siendo claramente mejorable.Que Aliança Catalana haya detectado las causas del malestar no quiere decir que tenga la capacidad de encontrar remedio. De hecho, los partidos de extrema derecha son especialistas en identificar culpables, pero no son tan eficaces a la hora de encontrar las soluciones; al contrario, porque de la dureza al odio que rompe sociedades puede haber un paso muy corto. Y con el odio vamos hacia una nueva fractura social. Miren el reportaje que firma Sebastián Marín, sobre cómo unas 400 personas de origen marroquí se han reunido esta noche en L'Hospitalet de Llobregat para seguir el Francia-Marruecos del Mundial, en un encuentro organizado por el consulado de Marruecos en Barcelona. Tomémoslo como un efecto: no pueden confundir los efectos del islamismo radical, o la delincuencia asociada a la pobreza de algunos inmigrantes, con la convivencia con vecinos de religión islámica. Y la ultraderecha, ya lo sabemos, lo mezcla todo.La encuesta del CEO interpela a Junts y dentro de Junts, al presidente Puigdemont. Ya hace meses que debería poder vivir en Cataluña, en aplicación de la ley de amnistía, pero el poder judicial lo ha bloqueado. Esto perjudica las expectativas de un partido que vive mucho de la figura casi icónica del president en el exilio. Al mismo tiempo, es evidente que hemos pasado de un Puigdemont con iniciativa política, que se movía por Europa y superaba detenciones y estaba muy presente en los medios para dirigir el mensaje, a un Puigdemont que básicamente solo habla en las redes, con un tono a menudo resentido, marcado por los ya casi nueve años de exilio, los magros resultados de la negociación con el PSOE, que transpira la idea de que tanto le da el PP como el PSOE, porque a efectos de Cataluña son lo mismo. Puigdemont tuvo estatus de estrella del rock político. Hoy, Aliança Catalana está actuando de sustituto del interés por la política, de voto emocional, que significó el Procés. Y Junts no podrá abordar esto eficazmente si no deja de ser un partido enfadado con el mundo (por más motivo que tenga) y empieza a generar confianza y orgullo entre la gente.

]]>