El entorno de Puigdemont se inclina porque vuelva después de las elecciones

Barcelona / MadridTras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la amnistía de los líderes del Procés, todas las miradas están sobre el expresidente Carles Puigdemont. Su retorno a Catalunya, tras nueve años de exilio, se mueve entre la inminencia y la espera del momento político oportuno, y ahora mismo es una incógnita si lo hará coincidir o no con la campaña de las elecciones generales del 29-N. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, sin embargo, ya ha levantado la orden de detención que había sobre él, si bien diversas personas destacadas del entorno del exjefe del Gobierno han expresado públicamente que Puigdemont debería volver tras los comicios. Un parecer distinto del gobierno español, que recuerda que tiene luz verde para el retorno inmediato: "Puigdemont podría volver hoy si quisiera", ha afirmado esta mañana en declaraciones a la SER el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. "Es una decisión que le corresponde a él", ha añadido. De momento, el Govern sí que ha atendido la petición de Puigdemont para que la oficina que tiene como expresidente, que se encontraba en el Palau Centelles de Barcelona, se traslade a unas dependencias en la calle Dr. Roux, 51-63 que son propiedad de la Generalitat, tal como ha avanzado El País y ha confirmado el ARA.

Desde el entorno de Puigdemont, el abogado del líder de Junts, Gonzalo Boye, y el vicepresidente de la ANC, Lluís Llach, defienden que el retorno se produzca al margen de la contienda electoral, mientras que el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que debe ir más allá de unos comicios. "La jugada de que el presidente en el exilio vuelva ahora es una trampa política que hay que esquivar", ha dicho Llach en X. "A pesar de no ser votante suyo, espero que Junts actúe con inteligencia patriótica", añadía. En el mismo sentido se ha expresado Boye, que ha opinado en 3Cat que Puigdemont debería evitar que su retorno influyera en la campaña electoral. "Creo que el presidente tiene muy claro que no debe confundir tomar la temperatura a los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error", ha dicho. A su vez, Turull ha evitado pronunciarse sobre si debe ser antes o después de los comicios, pero sí ha querido puntualizar que debe ser el retorno "del presidente de un país y no del presidente de un partido". "Esto trasciende unas elecciones", ha dicho.

Lo cierto es que hoy hay diversos escenarios que el expresidente podría explorar en función de cuándo el Supremo aplique de manera definitiva el olvido penal. Si fuera más inmediato, existiría la brecha para que el retorno se adelantase, ya que a estas alturas todavía quedan cerca de dos meses para los comicios y quedaría bastante lejos de la campaña stricto sensu, a pesar de que la precampaña ya esté a la orden del día. En todo caso, si no es así, el retorno ya iría a las puertas de las fiestas de Navidad, porque lo que los juntaires consideran más importante, sea cual sea el tempo, es que la institucionalidad del retorno quede salvaguardada. Además, tampoco se quiere interferir en la campaña, en la que Junts tiene la confianza plenamente depositada en la líder en Madrid, Miriam Nogueras.

En la comparecencia de este martes después de que el TC avalara la amnistía, Puigdemont no aclaró cuándo y cómo piensa volver. Ahora bien, lo que quedó claro desde el principio, escuchando a su abogado, es que como mínimo esperará a que la causa contra él esté archivada, algo que podría tardar varias semanas. A primera hora, el Constitucional ha comunicado oficialmente su sentencia al Supremo, en la cual ordena al alto tribunal la aplicación "urgente" de la amnistía a la malversación.

La pelota, en el tejado del Supremo

Ahora es Pablo Llarena quien tiene que dictar el auto de conclusión del sumario de la causa. Antes, ha dado cinco días a las partes –las defensas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox– para que se pronuncien. El martes, menos de una hora después del veredicto del Constitucional, levantó las órdenes de detención, pero lo hizo de manera “provisional” y con un “carácter estrictamente transitorio” mientras esperaba y estudiaba el contenido de la sentencia. Por tanto, es una decisión que tendrá que confirmar después de recibir el pronunciamiento de las partes.

La previsión es que en ese mismo momento envíe la causa a la sala penal del Supremo, presidida por Andrés Martínez-Arrieta y de la que también forma parte Manuel Marchena, para que sean ellos los que, después de dar cinco días más a las partes, dicten el archivo de la investigación. Esto conduce el calendario a la última semana de octubre, coincidiendo con el noveno aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia. Es un desenlace que en la Moncloa ya dan por hecho. "Hubo una parte de la judicatura que se manifestó en contra de la ley de amnistía. [...] A partir de aquí, el estado de derecho ha funcionado. El tiempo lo ha puesto todo en su lugar", ha reivindicado Bolaños.

En cuanto a los exconsellers condenados, la pelota está en el tejado de Manuel Marchena. El juez que presidió el juicio del Procés tendrá que redactar la resolución para aplicar la amnistía a Dolors Bassa y tendrá que decidir si propone extenderla al resto de condenados o espera a que vayan llegando individualmente las sentencias de los recursos de amparo de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Eso sí, primero ha tenido que dar un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien. Fuentes solventes del Supremo consultadas por el ARA dejan claro que la pena de inhabilitación, al menos la de la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, "estará levantada seguro" antes del lunes 26 de octubre, que es el plazo para presentar las candidaturas de cara al 29-N. Horas más tarde de la resolución del Supremo, Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado de Lluís Puig, ha pedido al Supremo que aplique de "manera inmediata" la amnistía a la vista de la "contundencia" de la sentencia del Constitucional.

En la entrevista de esta mañana, el ministro Bolaños ha sacado pecho de los efectos que, a su parecer, ha tenido la amnistía, la cual ha insistido en que no iba dirigida a ninguna "persona" en particular. Según ha dicho, gracias a medidas "valientes" y "muy contestadas" como esta, el gobierno español ha conseguido la "normalización" en Cataluña después de los años convulsos del Procés. "La normalización es absoluta", ha llegado a decir, y ha hecho referencia al último barómetro del CIS, que apunta que solo "un 0,2% de la población considera que la eventual independencia de Cataluña es un problema". "Ya no existe este problema, y lo hemos conseguido nosotros, el gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho.