El gobierno español, sobre Puigdemont: “Podría volver hoy si quisiera"
El TC traslada oficialmente al Supremo la orden de aplicar la amnistía a los líderes del Procés
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Barcelona / MadridTras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la amnistía de los líderes del Procés, todas las miradas están sobre el expresidente Carles Puigdemont. Su regreso a Cataluña, tras nueve años de exilio, se mueve entre la inminencia y la espera del momento político oportuno, y ahora mismo es una incógnita si lo hará coincidir o no con la campaña de las elecciones generales del 29-N. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, sin embargo, ya ha levantado la orden de detención que pesaba sobre él, y el gobierno español recuerda que esto implica luz verde para el regreso del expresidente. “Puigdemont podría volver hoy si quisiera”, ha afirmado esta mañana en declaraciones a la SER el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. “Es una decisión que le corresponde a él”, ha añadido.
En la comparecencia de este martes después de que el TC avalara la amnistía, Puigdemont no aclaró cuándo y cómo piensa volver, pero su abogado ha explicado que como mínimo esperará a que la causa contra él esté archivada, algo que podría tardar varias semanas. “No hay una fecha concreta del retorno porque estamos esperando que el Supremo cierre definitivamente la causa”, dijo el letrado en declaraciones a 3Cat. De momento el Constitucional ya ha comunicado oficialmente su sentencia al Supremo, en la cual ordena al alto tribunal la aplicación “urgente” de la amnistía a la malversación.
Ahora es Llarena quien debe dictar el auto de conclusión del sumario de la causa y enviarlo a la sala penal del Supremo, presidida por Andrés Martínez-Arrieta, y de la cual también forma parte Manuel Marchena. Y serán ellos los que, tras escuchar a las partes –las defensas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox–, dictarán el archivo de la investigación para la aplicación de la amnistía a Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Un desenlace que en la Moncloa ya dan por hecho. “Hubo una parte de la judicatura que se manifestó en contra de la ley de amnistía [...]. A partir de aquí, el estado de derecho ha funcionado. El tiempo lo ha puesto todo en su lugar”, ha reivindicado Bolaños.
En cuanto a los exconsejeros condenados, la pelota está en el tejado de Manuel Marchena. El juez que presidió el juicio del Procés deberá redactar la resolución para aplicar la amnistía a Dolors Bassa y deberá decidir si propone extenderla al resto de condenados o espera a que vayan llegando individualmente las sentencias de los recursos de amparo de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Eso sí, primero dará un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien. Pablo Llarena, por su parte, no ha necesitado la sentencia de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig para levantar sus órdenes de detención. Fuentes solventes del Supremo consultadas por el ARA dejan claro que la pena de inhabilitación, al menos la de la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, “estará levantada seguro” antes del lunes 26 de octubre, que es el plazo para presentar las candidaturas de cara al 29-N.
En la entrevista de esta mañana, el ministro Bolaños ha sacado pecho de los efectos que, a su parecer, ha tenido la amnistía, la cual ha insistido que no iba dirigida a ninguna “persona” en particular. Según ha dicho, gracias a medidas “valientes” y “muy contestadas” como esta, el gobierno español ha conseguido la “normalización” en Cataluña después de los años convulsos del Procés. “La normalización es absoluta”, ha llegado a decir, y ha hecho referencia al último barómetro del CIS, que apunta que solo “un 0,2% de la población considera que la eventual independencia de Cataluña es un problema”. “Ya no existe este problema, y lo hemos conseguido nosotros, el gobierno de Pedro Sánchez”, ha dicho.