Mariano Bergés: “El Supremo no debería demorarse aplicando la amnistía, más aún cuando la orden es tan explícita y clara”

MadridMariano Bergés es el abogado de Dolors Bassa. Defendió a la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el juicio del Procés y hace casi dos años presentó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la negativa de Manuel Marchena de aplicarle la ley de amnistía. La sentencia ha abierto el camino al resto del gobierno del 1-O: permitirá el retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig a Cataluña y pondrá fin a las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. El recurso argumentaba que la interpretación que hizo el Supremo de la amnistía “atenta de manera frontal” contra “el espíritu y la finalidad” de la norma y “se adentra peligrosamente” en la función legislativa con una maniobra que “conlleva la práctica derogación” de la ley.

¿Cómo valora la sentencia del Tribunal Constitucional?

— Mi valoración es buena porque estima el recurso de amparo y acoge nuestros argumentos, que son que el Supremo no aplicó la ley de amnistía cuando lo tenía que hacer con una interpretación extensiva y contra reo con unas conclusiones que eran contradictorias con el sentido de la ley de amnistía.

De hecho, la sentencia comparte el grueso de su argumentación e incluso hace suyos algunos de los términos que usted utilizaba.

— La amnistía no necesitaba una interpretación; el tenor literal de la ley era clarísimo, era un supuesto que encajaba perfectamente en la amnistía.

La casualidad ha hecho que el recurso de Dolors Bassa haya acabado siendo el primero en ser resuelto.

— Me alegro mucho por ella. Yo creo que en algunos momentos ha estado un poco invisibilizada y yo creo que ha sido una ocasión para hacerla más visible y que sirve también de reconocimiento por todo lo que ha hecho y ha sufrido.

¿Cómo ha recibido ella la noticia?

— Lo ha recibido muy bien. Satisfecha, pero cauta. Porque ahora hay que dar el siguiente paso, que es la ejecución de la orden dada por el Constitucional al Supremo, que es finalmente quien debe amnistiarla. Está a la expectativa para ver cómo lo resuelve, a pesar de que el Constitucional es muy claro y expreso y no da margen.

Los magistrados conservadores consideran que esta orden directa y explícita provoca una “colisión institucional absolutamente injustificada e innecesaria”. ¿Considera que era necesario?

— No me parece una orden desorbitada. Me parece lógica, pertinente y ajustada a derecho. Lo que le está diciendo el Constitucional es que anule las dos resoluciones porque vulneran derechos fundamentales de Dolors Bassa, que se retrotraiga el procedimiento y aplique la ley de amnistía. La tramitación preferente y urgente no es una cosa que se haya inventado el Constitucional, es una cosa que prevé la misma ley de amnistía.

Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo. ¿Cuándo pronostica que podría archivar la causa definitivamente?

— Yo creo que el Supremo no debería demorarse mucho, y menos aún cuando la orden es tan explícita y tan clara. No encuentro razones jurídicas por las cuales el Supremo debería aplazar esta resolución que le ordena el Constitucional.

¿Cree que la convocatoria de las elecciones para el 29-N puede acelerar el pronunciamiento, considerando que los condenados por el juicio del Procés están inhabilitados?

— Bien, eso es tanto como decir si una cuestión política está influyendo en la tramitación de un procedimiento judicial, pero esta valoración no me corresponde a mí. Desde un punto de vista jurídico, la convocatoria de elecciones no tiene por qué influir ni en la decisión ni en el tiempo para dictar la resolución.

¿Usted solicitará formalmente al Supremo que aplique la sentencia?

— El Supremo no necesita que yo le diga que aplique la amnistía porque ya se lo está diciendo el Constitucional. Habrá que ver si tarda o no tarda. Dejaré pasar los días a ver cómo responde el Supremo. Si tardara mucho, existe la posibilidad de plantear un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional, pero espero que no sea necesario.

Después de la sentencia, ¿tiene la sensación de haber ganado, en cierta manera, la batalla contra el Supremo?

— Desde un punto de vista profesional, yo no lo vivo como una batalla; yo lo he vivido como una satisfacción profesional en el sentido de que he combatido jurídicamente unos argumentos dados por el Supremo que no compartía y que me parecían no ajustados a derecho y que vulneraban derechos fundamentales.

Dentro de pocos días, se cumplirán siete años de la sentencia del Procés. ¿Se cierra ahora definitivamente este capítulo de la judicialización del papel de Dolors Bassa el 1-O?

— Dolors Bassa ha pasado por todo un periplo. Se tuvo que enfrentar a una petición de 76 años de cárcel por parte de Vox y treinta años por parte de la Fiscalía. Estuvo aproximadamente tres años y medio en la cárcel. El indulto que se le concedió fue parcial y no impidió que siguiera inhabilitada hasta el 2031. Y con lo que parecía el final del capítulo, que era la ley de amnistía, resulta que el Supremo hace esta interpretación que la lleva a la práctica derogación.

Los conservadores creen que la sentencia “ha suplantado el trabajo” del Supremo. ¿Cree que el Constitucional ha cumplido con su papel?

— A mí me parece que argumenta muy bien. Está hablando de una vulneración de derechos fundamentales. Todo pivota alrededor de esta vulneración porque la resolución del Supremo se fundamenta en conceptos y definiciones desatinadas. No me parece que el Constitucional esté adentrándose en el terreno del Supremo o de la jurisdicción ordinaria.