Cada modelo organizativo, cada “nosotros” –empresarial, familiar, gastronómico– tiene una dinámica y unos instrumentos propios. La corrupción pública forma un triángulo con tres vértices: el político, el técnico y el empresarial. Las sentencias condenatorias suelen centrarse en el primer ángulo y acostumbran a ignorar las otras dos puntas de la horquilla. Pero sin funcionarios que vistan el negocio de pulcritud administrativa y sin proveedores, intermediarios o consejeros, el negocio no marcharía. En la corrupción corporativa, tampoco es frecuente que se llegue al meollo, más allá del directivo codicioso, el jurista complaciente o el auditor interno poco atento. Ciertamente, siempre tiene que haber alguien de servicio, en la cocina y en la sala, a punto para emplatar o llenar la copa; pero cuesta creer que la cúpula nunca sepa nada. En el caso del BBVA, irá a juicio –a raíz de los encargos ilegales al comisario Villarejo–, además del jefe de seguridad, el de la asesoría jurídica y el responsable de riesgos, su principal. Y, aún más infrecuente, la propia entidad como persona jurídica. Que nadie se asuste, porque a pesar de peticiones fiscales rigurosas, ninguno de los directivos implicados ha pisado la cárcel; tampoco el expresidente acusado, que pasa el trance en los refugios estivales de Mallorca y Marbella. Las fianzas impuestas, hasta ahora, o la multa para el banco, si fuera condenado, son una nimiedad para economías holgadas. No exagero: la entidad ha batido el récord de beneficios en 2025 y repartirá un dividendo de más de 5.200 millones. Repsol o Caixabank ni se sentaron en el banquillo por hechos equivalentes, como premio a la diligencia observada, ni asumieron la responsabilidad civil subsidiaria, por la renuncia de los perjudicados.La sentencia del caso Ábalos también es para enmarcar, como hacen muchos comensales con las cartas míticas de los restaurantes estrellados. De los funcionarios no dice ni pío, como si los arreglos corruptos no se manipularan sino que se despacharan en un autoservicio. Pero lo más llamativo es la desproporción entre la condena del político y la del empresario. El tribunal no ve ninguna trident con responsabilidad compartida, sino un punzón de entachar. El que pueda hablar, que hable…, que le saldrá gratis. Parece que la invitación tendrá efecto, visto el debut del empresario Julito Martínez, ya se verá con qué fortuna. No critico las medidas instrumentales para hacer aflorar las infracciones ocultas ni la modulación de la pena para cada uno de los implicados, pero cuando se rompe el equilibrio entre utilitarismo y ecuanimidad, el mensaje es peligroso. El éxito, tanto en el juzgado como en la cazuela, pasa por acertar las proporciones.

El ministerio de Trabajo quiere blindar a los empleados que denuncien posibles casos de corrupción en la empresa o institución en la que trabajen. En concreto, la cartera que pilota Yolanda Díaz (Sumar) tiene previsto llevar al consejo de ministros de este martes un anteproyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores para declarar la nulidad de un despido que se produzca como represalia contra el trabajador que ha denunciado un posible caso de corrupción, según explican fuentes del ministerio.

Probablemente son las explicaciones más esperadas de los últimos tiempos. Tanto para la opinión pública, como para la oposición del PP y Vox y también el gobierno español, que mantiene su confianza en el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Dos meses después de haber sido imputado, el exlíder del PSOE ha roto este jueves el silencio en la primera entrevista que ha concedido desde que es investigado en la Audiencia Nacional. Y solo empezar ha sido claro: mantiene que es inocente, que no se ha "corrompido" y que las joyas fueron un "regalo de cortesía", cuyo origen explicará ante el juez José Luis Calama. Es decir, Zapatero se ha reafirmado en el hecho de que no ejerció ningún tipo de influencia sobre el gobierno que preside Pedro Sánchez porque durante la pandemia rescatasen la aerolínea de Plus Ultra y, paralelamente, ha defendido que no ha tenido ningún afán de lucro en la tenencia de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros. Incluso, en un momento dado de la entrevista, ha llegado a decir que sencillamente "estaban allí", en la caja fuerte, mezcladas con las joyas de herencia de la familia.

Vilanova del Vallès encadena semanas de traiciones, acusaciones de corrupción, proyectos con negligencia destapados y una moción de censura celebrada este martes de la mano de unos concejales tránsfugas que estaban en el gobierno municipal actual, pero que salieron hace dos semanas y que han sido premiados con la alcaldía. Josep Casals ha sido investido alcalde este martes después de haber roto con su partido y gracias al acuerdo con el histórico rival en el municipio. Además, según ha podido saber el ARA, Casals es cortejado por Aliança Catalana para convertirse en el candidato del partido a las próximas elecciones municipales. Ahora bien, todavía no está "cerrado" aunque se trabaje en ello, según fuentes de la formación. Él aclara que no está "en contacto con nadie" para este propósito, aunque el interés de Aliança Catalana en el municipio es evidente, según fuentes consultadas por el ARA.

Junio comenzó en el Parlament con una crispada sesión de control en la que la oposición intentó cercar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Y la primera sesión de control de este julio ha comenzado igual, con un paso más de los juntaires. La presidenta del grupo de Junts en la cámara catalana, Mònica Sales, ha exigido este miércoles a Illa que pida "perdón" por los casos judiciales y que deje de "esconderse". "Cuando Cataluña tiene un problema usted desaparece, cuando lo tiene el PSOE siempre está", ha dicho. "Este fin de semana tenía la oportunidad de pedir perdón en nombre de su partido", ha espetado, haciendo referencia al comité federal del PSOE, en el que el presidente dijo que los socialistas no tienen "miedo" de nada. Illa, por su parte, ha reiterado que no teme nada y que ya ha dado las "explicaciones" que tocaban.

Es un lugar común afirmar que la política consiste en elegir la menos mala de dos alternativas deficientes y que la democracia sirve para echar a quien no lo hace bien. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, Thomas Jefferson escribió que “todos los hombres son creados iguales y son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”. Los ciudadanos tenemos el derecho de ser libres y tratar de ser felices.En España, hace años que nos encontramos enfrascados en un enfrentamiento que ha convertido la política en una guerra de comunicación donde todo vale para perjudicar al adversario, ya convertido en enemigo. Nos hemos alejado de los principios proclamados por Jefferson y practicados por Adams, y hemos construido un entorno político fundamentado en lo negativo y malo más que en lo bueno y positivo, y en el hecho de que decir mentiras es "legítimo" si resulta eficaz. "La política es esto", dicen. No lo es.No importa que una persona no haya incumplido la ley o no haya abusado de su poder si puedo acusarle, con falsas razones o medias verdades, de hacerlo. Una vez iniciada la acusación, las redes sociales harán el resto y, desde el anonimato, convencerán a muchos de que es verdad lo que no es cierto. El problema es que el enemigo de la verdad no es la mentira, sino la media verdad, que, al contener parte de veracidad, hace difícil discernir el grado de falsedad.

El futuro de la vida política española se juega en estos momentos en dos escenarios diferentes, cada uno de los cuales tiene sus propios ritmos y liturgias, lo que hace que sea difícil acertar en los pronósticos. El primer campo es el judicial y el segundo, el estrictamente político. Pongo por delante el de la justicia, porque, hoy por hoy, si cae el gobierno de Pedro Sánchez no será por problemas de gestión, por graves errores en las decisiones clave del ámbito económico o las relaciones exteriores. El asedio al ejecutivo no lo está consiguiendo hacer la oposición, sino las unidades especializadas en delitos económicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con los jueces y tribunales implicados en la persecución penal del PSOE. No estoy hablando de lawfare, sino de una situación de hecho, en la que la actualidad política viene marcada por el contenido de los atestados y las diligencias de los sumarios.

El Congreso de los Diputados ha vuelto a vivir este miércoles una de esas jornadas nefastas que hacen que la ciudadanía se aleje de la política. El cruce de reproches entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no ha aportado ninguna novedad y solo ha servido para ensuciar aún más el clima político, algo que, como bien han advertido algunos portavoces, beneficia sobre todo a la extrema derecha. En una democracia normal una sentencia como la del caso Ábalos, en un proceso judicial que ha sido sospechosamente rápido y unas penas que algunos juristas tildan de desproporcionadas, sería suficiente para hacer caer un gobierno. Pero es cierto que España tiene unas peculiaridades que explican tanto la resistencia de Pedro Sánchez a tirar la toalla como que ningún socio se plantee, hoy por hoy, apoyar una moción de censura junto al PP y Vox.

El Brexit es un ejemplo representativo de cómo una idea demagógica (menos que una idea, apenas un eslogan) puede llegar a condicionar una democracia antigua, estable y respetada como la británica, y por extensión, la política internacional. Más que cualquier otra cosa, el Brexit fue una estupidez enorme, colosal, y como pasa con las estupideces, sus efectos fueron —y son todavía— devastadores. Keir Starmer llegó a primer ministro con una vistosa mayoría absoluta laborista como hacía tiempo que no se veía, y ahora abandona el poder a mitad de legislatura, con un descrédito ganado a pulso: para hacer políticas neoliberales ya estaban los otros, no hacía falta un laborista tanto o más de derechas —y tanto o más antieuropeo— que los tories mismos. A Starmer le ha tocado vivir desde el poder el estallido de la extrema derecha en el Reino Unido, representada por Reform UK, el partido de Nigel Farage, un viejo populista que siempre había hecho un papel residual dentro de la política británica y que ahora tiene posibilidades sólidas de tocar poder.La dimisión de Starmer ha coincidido con la condena al exministro y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, y la derecha española suspira: que siga Pedro Sánchez el ejemplo de su colega Starmer, que al fin y al cabo también es de los suyos, dicen. A Starmer lo ha hecho dimitir, como él mismo ha reconocido, su propio partido. A Pedro Sánchez la derecha española le quiere hacer la jugada que ya conocemos por Lula da Silva en Brasil o António Costa en Portugal: montar un cerco judicial en torno a un presidente y a su gobierno (con causas ciertas y otras falsas, y con un uso arbitrario y discrecional de la administración de justicia) hasta conseguir que el presidente en cuestión abandone o acabe en la cárcel (este sería el desenlace más deseado con Sánchez).Los que irán a prisión, con sentencias que seguramente deben ser ajustadas a sus delitos, son Ábalos y Koldo. Hay que celebrar la ejemplaridad de la sentencia, y también la celeridad del proceso: ojalá el ejemplo se aplique también al PP, un partido que según la sentencia de la Gürtel está organizado para delinquir como mínimo desde el año 1988 y que ocupa una sede pagada con dinero negro, sin que pase nada. Las dos velocidades, las diferentes varas de medir: la Kitchen ha llegado a juicio con trece años de retraso, y parece que tampoco hay ninguna prisa por parte de la justicia con el caso Montoro, de una gravedad estructural para los poderes del estado. Nada que no conozcamos, por otra parte, desde la ofensiva de las togas contra el Procés. Finalmente, quien no irá a prisión será Víctor de Aldama, uno de esos personajes que parecen extraídos de las películas de Santiago Segura y que abundan y se mueven a gran velocidad entre los altos poderes madrileños. Un vividor, un delator, un mentiroso y un estafador casi confeso que se sale con la risa del sinvergüenza que triunfa. “Gracias a la justicia”, dice el sujeto, con todo el cinismo, y anima “a los que vienen detrás” a seguir su ejemplo. A la democracia española no le hace falta ningún Brexit, ya se lo hace cada día.

"La izquierda no puede robar", dijo hace un año Gabriel Rufián, diputado de Esquerra en el Congreso, a la bancada del PSOE. Esta advertencia resonó con fuerza ante un PSOE al que, con el caso Koldo y Cerdán y las investigaciones a Begoña Gómez y David Sánchez –mujer y hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez–, aún se debían sumar los casos de Leire Díez y de el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La percepción en el debate público, sin embargo, es clara: el electorado progresista no perdona el enriquecimiento ilícito, como sí lo hace el conservador. Pero realmente, ¿la corrupción castiga más a las izquierdas que a las derechas? Lejos de ser un mito, la evidencia demuestra que es una realidad con mecanismos estudiados.

Como un eterno retorno, persistente migraña democrática, vuelven las grabaciones pornográficas, el hedor del alcantarillado, las triangulaciones del fango del subsuelo y el dinero sucio de comisiones. Pasa, sin embargo, que en aguas turbias, llenas de sedimentos tóxicos acumulados, siempre se mezcla todo a la vez, una cosa y la contraria: legitimidad e ilegitimidad, legalidad e ilegalidad, ingenuidad y fanfarronería. Porque, en puridad, parece del todo legítimo –atendiendo la cronología de los hechos– que si un partido y un gobierno se sienten víctimas de las profundidades de un estado que ya acreditaba sobradamente sus oscuridades y miserias, pues intente averiguar actores, dinámicas y arterias. Para denunciarlas públicamente, para anularlas políticamente y para enjuiciarlas criminalmente, claro. No para lo contrario. Porque no es que parezca ilegítimo, es que lo es, radicalmente, pretender que el combate por una pretendida regeneración democrática se haga con idéntica guerra sucia, equipos salvapatrias torpes y, hasta, empleando actores estructurales –Villarejo, de nuevo– de la trama que pretendían desmantelar. Reír para no llorar. Decía Felipe González que "el estado de derecho también se defiende en las cloacas", y podríamos decir, con esfuerzo, que el bipartidismo también se revuelca por aquellos lares. ¿Qué estaríamos diciendo si esto salpicara al PP.A estas alturas de la degradación democrática, ya las hemos visto de tantos colores como para saber que este tipo de conjuras siempre acaban repletas de personajes bien curiosos, poco cuidadosos y bastante bocazas, que tan a menudo pregonan de relaciones, informaciones y contactos que a menudo nunca han existido. Incluso, ingenuos del todo, piensan que saldrán de rositas y nunca dudan de si no acabarán hundiendo a quien pretendían rescatar. Es decir, que desconocen a fondo la alta tecnoestructura policial y militar del Estado. De este Estado dentro del Estado, que siempre ha visto el independentismo como una amenaza, vio en Podemos un riesgo sistémico y piensa que la actual mayoría legislativa es una anomalía a corregir. De otro modo, en otras latitudes de noche y niebla, la opacidad de las estructuras paralelas es recurrente y habitual, y suelen ser muy periféricas –intentando no dejar ni restos, ni rastros ni rostros–. Ni el PP con la Kitchen ni el PSOE con el caso Leire se han esforzado mucho. Otra ingenuidad burda que nos desvela de dónde somos, pero no todavía qué factura pagaremos.La paradoja, en todo caso, es que si todo fuera mentira se entiende la respuesta del PSOE, pero que si todo es verdad, también. Dice el PSOE que los implicados eran "farsantes, oportunistas y resentidos". ¿Seguro? Porque son dos antiguos secretarios de organización –Ábalos y Santos Cerdán– que Sánchez nombró. Entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Hasta dónde llega la mancha de aceite? ¿Cuán profundo es el cráter? Sólo hay que remover la hemeroteca para comprobar que volvemos al punto de partida. Ver a Grande-Marlaska cambiar, en menos de una semana, tres veces la versión sobre las conversaciones finalmente confirmadas de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil es simplemente demoledor: de negar-las a reconocer-las. Un día, una cosa, y al día siguiente, la contraria. No será por paradojas. La cadena trófica de todo esto es que el último atacado –el PSOE de Pegasus y los infiltrados policiales, ¡vaya por Dios!– se piensa que es el primero. Lo cree ahora el PSOE –que miraba a otra parte cuando las hostias caían sobre Podemos–, lo decía Podemos hace unos años –como si la dureza contra el independentismo no existiera antes– y lo decía el independentismo catalán en 2017 –olvidándose de los años de excepción antijurídica en el País Vasco y de un ciclo largo de represión contra los movimientos sociales catalanes y los nuevos sospechosos criminales, de Julia García-Valdecasas a Núria Pórtulas, o de los Tres de Gràcia a los Once del Raval–. Si nos ponemos a rebobinar, ya sabemos a las claras a dónde llegaremos: a los ángulos ciegos de la Transición. A aquello que anidaba en el corazón del Estado.

Ahora ya se sabe que el final de la legislatura española será un calvario judicial para el PSOE. Tal como explicamos hoy, hay hasta siete frentes judiciales abiertos contra miembros del partido o del gobierno, y eso si no hay causas secretas en marcha que puedan aparecer en cualquier momento. Se pueden decir muchas cosas, pero lo único cierto es que la legislatura comenzó con protestas de la derecha en la calle y manifestaciones de los jueces contra la ley de amnistía, y acaba con un asedio judicial a un partido como no se recordaba al menos desde el final del felipismo.

Los cambios de gobierno en España pasan por procesos de demolición. Parecen cambios de régimen, y hasta a veces lo son. No hablo de la virulencia del enfrentamiento político. Las luchas intestinas dentro y fuera de los partidos no convierten España en una singularidad. No, lo que hace singular España es una arquitectura territorial inacabada que amenaza siempre con ser demolida o reconfigurada. Es esta cuestión no resuelta y la expresión sanguínea de la diferencia ideológica lo que convierte la política en un campo de batalla. 

“No se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad, porque no hay inestabilidad mayor que la que emana de la corrupción”. La frase es de Pedro Sánchez y fue dirigida a Mariano Rajoy el día antes de la moción de censura que convirtió al líder socialista en presidente del gobierno español, el 1 de junio de 2018. El próximo lunes hará ocho años.

Ante la crisis que planea con fuerza sobre el PSOE por el caso Zapatero, el presidente español, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo al expresidente socialista, imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El día que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, Sánchez ha asegurado desde Roma que se ha leído la interlocutoria del juez y se ha informado del sumario a través de los medios y que "se reafirma" en su opinión: "Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. No hay motivos para cambiar esta posición".

La política no debería ser un oficio. En un sistema democrático óptimo nuestros representantes deberían salir de la sociedad misma y, por tanto, tener ya un trabajo propio, un oficio. Son tan insólitos los casos de quienes vienen de trabajar y vuelven a trabajar una vez acabada su tarea, que su caso se convierte en noticia, como pasó con Julio Anguita. Los expresidentes, además, tienen paga vitalicia, secretaria, despacho y chofer con escolta, tanto si estuvieron en el cargo media vida como si no duraron más que unos meses. Una jubilación de lujo, a los antípodas de las viudas que cobran la mínima. El establecimiento de estos privilegios ya es un escándalo y establece un agravio comparativo del todo injusto con el resto de trabajadores. (Bueno, yo soy autónoma, de manera que ya sé qué me espera el día que no pueda enlazar dos frases seguidas y que me paguen por hacerlo: convertirme en una abuela okupa y antisistema como mínimo.)

La Guardia Civil detuvo ayer a la junta de gobierno al completo del Ayuntamiento de Torredembarra, con el alcalde Daniel Masagué al frente, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, prevaricación y tráfico de influencias. La Guardia Civil también detuvo a los tenientes de alcalde, Francisca Felguera, Santiago Ardèvol, Elia Rodríguez y Pere Font, de CiU, José Oviedo, del PP, e Ignasi Duran, del Grupo de Independientes de Torredembarra (GIT).

1. Mientras aquí nos comemos la mona, en Madrid trabajan. El tercer trimestre del curso comienza con una de esas noticias que traerán cola. Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la operación Kitchen. El caso volverá a situar al Partido Popular en el epicentro del fango. Y es que este no es, solo, un caso de corrupción. Es mucho más que eso. Se investiga si el partido que mandaba utilizó al Estado para tapar su propia corrupción. Los indicios parecen claros, pero la justicia, en España, siempre puede salir con un cirio roto.

Forestalia es una gran empresa aragonesa de energías renovables que en el Camp de Tarragona conocen bastante bien: pretendía impulsar una línea de alta tensión de 287 kilómetros, 181 de los cuales en territorio catalán, para hacer llegar la electricidad desde Aragón hasta Cataluña. Un proyecto, polémico en su día, que hoy ya es historia. Los quebraderos de cabeza para la compañía, sin embargo, no han terminado y ahora la polvareda la genera un presunto caso de corrupción ambiental que, de momento, se ha saldado con seis detenciones. ¿Qué se investiga?

Vamos por partes. La causa ya se ha bautizado como el caso Forestalia. Este viernes hay prevista precisamente una vista de medidas cautelares por parte del magistrado responsable del caso. Finalmente, sin embargo, lo ha aplazado cinco días. A grandes rasgos, se investiga una supuesta trama de corrupción ambiental que afecta a la provincia de Teruel, en Aragón.

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El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha sido detenido este viernes por la mañana por la Policía Nacional, según ha podido saber el ARA de fuentes de la investigación. Según ha detallado la agencia Efe, la detención se habría producido por un supuesto delito de corrupción en relación con la gestión de bonos de consumo en una veintena de municipios de la provincia durante los años 2022 y 2023.

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