Malestar en los Comunes por la composición de las candidaturas del Frente Amplio en Cataluña para las elecciones españolas, que encabezará Ada Colau. El consejo nacional de la formación ha aprobado la lista con un 66% de votos a favor, pero también con un 34% en contra y 20 votos en blanco. Entre los motivos del desacuerdo, según ha podido confirmar el ARA, está la exclusión de Aina Vidal, cabeza de lista en las generales de 2023 y hasta ahora diputada en el Congreso.

Sonaba la canción Los niños del barrio cuando los líderes del Frente Amplio han salido este sábado en Madrid ante más de un millar de militantes que esperaban conocer el proyecto que aglutina a las izquierdas en el Estado en las elecciones del 29-N. Pero no estaban todos. Faltaban los niños de Podemos, con quienes la posibilidad de concurrir conjuntamente en Madrid, Barcelona y otros territorios se esfumaba este viernes por la noche después de una negociación "agónica", reconocen algunas voces de este espacio, que han llegado al acto sin prácticamente haber dormido. Tampoco estaba Gabriel Rufián, que se había erigido en el rostro aglutinador de todas las fuerzas a la izquierda del PSOE para frenar la amenaza de un gobierno PP-Vox. Ni Yolanda Díaz, que hace tres años era la candidata de este espacio –entonces bajo el nombre de Sumar– a la presidencia del gobierno español. Este sábado tenía un acto paralelo en una universidad. Hoy vuelve a la primera línea política Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la presidencia del gobierno español y número uno por Barcelona –Ernest Urtasun saldrá como número dos de la candidatura en la capital catalana–, y Emilio Delgado será el número uno por Madrid.

El viernes termina el plazo para presentar las coaliciones para las próximas elecciones generales y, a estas alturas, las negociaciones entre los partidos a la izquierda del PSOE continúan abiertas. En 2023 el acuerdo para configurar Sumar llegó sobre la bocina (con Podemos dentro, a pesar del veto a Irene Montero) y, este año, va camino de resolverse para bien o para mal también a última hora. De hecho, el escollo vuelve a ser cómo unir a los partidos que conforman el Frente Amplio –Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes– con Podemos, que ahora mismo se presentaría en solitario. Los morados, sin embargo, se han buscado una alianza con Gabriel Rufián y ERC, que quieren que les sea un revulsivo y una manera de poner presión al Frente Amplio en la negociación. ¿Hay posibilidades de una candidatura conjunta? ¿Qué pasaría con ERC si Podemos se integra en el Frente Amplio?

En septiembre de hace dos años Ada Colau ponía punto y seguido a su carrera política institucional. Punto y seguido porque en aquel momento, a pesar de abandonar el consistorio barcelonés un año después de perder la vara de alcaldesa que había tenido en la mano durante ocho años, no cerraba la puerta a volver a presentarse a la reelección en las municipales de 2027. Durante los últimos dos años, y habiendo abandonado formalmente también el liderazgo de Comuns en Cataluña, su rol político ha pasado a un segundo plano: ha liderado la Fundación Sentit Comú, el think tank de Comuns, y lo ha combinado con una incursión en entidades y partidos de la izquierda internacional.

La legislatura española se agota y las izquierdas no están preparadas. Ya sea en verano, cuando habrán pasado los cuatro años desde las últimas elecciones, o a finales de noviembre en caso de que Pedro Sánchez pulse el botón electoral este lunes, Comuns, Sumar, IU y Más Madrid no tienen todavía definida la estructura ni tampoco el candidato. El fracaso de los decretos de vivienda ha hecho remover el tablero político y este sábado Ada Colau ha activado el modo electoral con un llamamiento urgente. "Es el momento de grandes alianzas. La ciudadanía no entendería que cada uno fuera por su lado", ha exclamado en la inauguración de unas jornadas de la Escuela de Imaginación Política que organiza la Fundación Sentido Común que preside la misma Colau.

Ada Colau está dispuesta a dar un paso adelante dentro del espacio a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Según fuentes conocedoras, la exalcaldesa de Barcelona ha cambiado de opinión durante las últimas semanas y, tras obviar los cantos de sirena de los compañeros de partido en diversas ocasiones, ha aceptado ponerse a trabajar para impulsar un frente amplio de izquierdas en el Estado y postularse como una de las principales líderes, en un momento en que la izquierda post Yolanda Díaz va escasa de referentes.

El PSC y Comuns han vuelto a ausentarse este año de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Prada de Conflent. El espacio de formación y reflexión del catalanismo y el soberanismo en los Països Catalans tiene un marcado acento independentista, pero todas las formaciones del catalanismo han sido bienvenidas y el PSC históricamente ha estado presente. Comuns tampoco ha acudido este año y ningún dirigente de la CUP ha intervenido, a diferencia de Junts y ERC u otros partidos extraparlamentarios como Alhora. ¿A qué se deben las ausencias?

La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha abierto a presentarse de nuevo como candidata a las elecciones catalanas previstas para 2028: "Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo", ha afirmado en una entrevista de Europa Press, aunque ha matizado que la decisión no depende solo de ella: "No es solo una cuestión mía, es una cuestión del partido. Y quedan dos años, pero, vamos, yo estoy donde quiero estar". Albiach ha reivindicado el papel de su grupo en la actual legislatura, con solo seis diputados: "Nunca seis diputados habían dado tanto de sí". Ahora bien, ¿Albiach podría volver a presentarse en 2028?

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminado este martes, por unanimidad, que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por Comuns, vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa. Además, el órgano consultivo –cuyas resoluciones no son vinculantes– concluye que tramitarla por lectura única contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este procedimiento exprés, y el artículo 23.2 de la Constitución, que se refiere al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. El dictamen también añade una tercera pata de inconstitucionalidad: considera que el artículo clave de la propuesta invade la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales. Ante este escenario, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern buscará "todas las medidas legales [...] para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya" de acuerdo con el Estatut.

En plena crisis de la vivienda, el Govern ha hecho de la vivienda de protección oficial (HPO) uno de sus proyectos bandera. Este viernes el PSC y los comunes han presentado una proposición de ley para acelerar la creación de vivienda de protección oficial que incluye cinco medidas, una de las cuales es dar la opción de convertir locales comerciales, oficinas y hoteles en pisos protegidos a los propietarios que estén interesados. Según fuentes próximas a la negociación, "si todo fuera bien y todo el paquete de medidas funcionara" podría servir para incorporar hasta 20.000 pisos. "Era una prioridad ineludible ampliar el parque de vivienda protegido y garantizar que la vivienda cumpla su función esencial de ser un hogar", ha defendido la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la presentación conjunta de esta normativa junto a la líder de Comuns, Jéssica Albiach.

"Talar árboles no es un delito", decía este lunes Salvador Illa en una entrevista a RAC1. El presidente de la Generalitat reclamaba un "cambio de mentalidad" con la gestión forestal y defendía que "el bosque se debe gestionar". Hace unos meses, el Parlament modificó una parte de un decreto del Govern de medidas relacionadas con el sector agrario y forestal. ¿Qué cambió exactamente?

Salvador Illa llegará al ecuador de la legislatura con la estabilidad política que buscaba. Este jueves el Parlament ha aprobado de forma definitiva los presupuestos que hace unas semanas acordó con Esquerra y Comuns, los dos socios de investidura, que esta mañana han sumado sus votos para validar las primeras cuentas del gobierno socialista –también ha votado a favor por error la diputada de Junts Noemí Nieto–. Unas cuentas que llegarán casi a los 50.000 millones de euros, un 22% más que las de 2023, el último proyecto aprobado todavía bajo la presidencia de Pere Aragonès. El pleno de este jueves también ha validado la ley de acompañamiento de los presupuestos, que incluye, entre otras cosas, subir hasta los 30 euros al día la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona y crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. Illa se garantiza, así, llegar al final de la legislatura con unos presupuestos actualizados y con una mayoría parlamentaria que necesita que el Govern continúe para que cumpla sus acuerdos.

María Pozuelo (Lanzarote, 1976), coordinadora de Podem Catalunya desde el 28 de junio de 2025, ahora hace justo un año, recibe a El ARA cuando arranca la precampaña de las elecciones municipales y coincide con un clima de posibles pactos en el bloque de la izquierda.

El PSC, Esquerra y los Comunes han llegado a un acuerdo para encarecer la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona. A través de una enmienda a la ley de acompañamiento de presupuestos de la Generalitat, presentada este martes en el Parlament, los tres grupos forzarán el incremento del impuesto hasta los 30 euros para los buques que estén menos de 12 horas en la capital catalana.

De aquí a un mes el gobierno de Salvador Illa tendrá aprobados los primeros presupuestos de la legislatura. Un acuerdo con Comuns y ERC que da aire al ejecutivo y que certifica que esta es hoy día la única mayoría viable en Cataluña. Republicanos y comunes ya invistieron a Illa y, a pesar de los tira y afloja de los últimos dos años, continúan siendo los socios que le dan estabilidad. Incluso para evitar comparecencias molestas del presidente en el Parlament. Este martes, por segunda semana consecutiva, ERC, Comuns y el PSC evitaron que la cámara citara a Illa. Junts quería hacerle comparecer para que explicara el papel de la Generalitat en la crisis abierta con los docentes de la escuela pública. Hace siete días los juntaires, de la mano del PP y Vox, reclamaban que el presidente respondiera por los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE (y que el juez no descarta del todo que tengan una derivada en el PSC).

Los primeros presupuestos de Salvador Illa han superado este jueves el primer trámite en el Parlament. El debate sobre la totalidad de las cuentas ha vuelto a exhibir la alianza que llevó al presidente socialista al Palau de la Generalitat y que el Govern pretende que le sirva también para llegar al final de la legislatura. Así, los presupuestos se han empezado a tramitar con el apoyo de los dos socios de investidura, ERC y Comuns, con quienes el Govern cerró un acuerdo hace dos semanas. El ejecutivo, sin embargo, no ha conseguido arrancar el sí de ninguno de los grupos de la oposición: Junts, la CUP, Aliança, el PP y Vox habían presentado enmiendas a la totalidad, cuatro textos que han quedado rechazados. Las palabras de la consellera de Economía, Alícia Romero, pidiéndoles salir de la "trinchera" y defendiendo unas cuentas que llegan casi a los 50.000 millones de euros y que crecen un 22% respecto a las de 2023 no han servido para convencerlos. Y más aún cuando, durante el debate, se ha conocido la noticia de que los docentes rechazaban el acuerdo de los sindicatos con Educación. Junts y la CUP han aprovechado para cargar contra el ejecutivo, mientras que los socios han pedido al Govern que reabra la negociación.

El frente de izquierdas que comenzó a caminar en febrero en Madrid ha hecho parada este sábado en Barcelona. Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida y Moviment Sumar han vuelto a compartir escenario para defender un proyecto común de cara a las próximas elecciones generales en un momento en que la propuesta de Gabriel Rufián, que pide unir las fuerzas de izquierdas estatales y soberanistas, continúa resonando. Bajo el lema Un paso adelante, los promotores de esta refundación de lo que fue el Sumar en 2023 se han presentado como la alternativa al PSOE en un momento en que los casos de presunta corrupción rodean a los socialistas y, especialmente, al entorno del presidente español, Pedro Sánchez. En este sentido, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido al PSOE que mueva ficha: "Se deben asumir responsabilidades, dar la cara y tomar decisiones valientes".

Nadie cuestiona que Gabriel Rufián se ha erigido en un referente indiscutible para las izquierdas en toda España: no en vano es el cuarto político más valorado en España y el preferido de los catalanes. El portavoz de ERC en el Congreso lleva tiempo haciendo un llamamiento desacomplejado –y desautorizado por la dirección de su partido– a tejer una alianza entre las izquierdas a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales para impedir que el PP y Vox lleguen a la Moncloa. Mientras transita por este camino, se está acercando a diferentes sensibilidades a un lado y otro, con una actitud de poliamor electoral que desconcierta, a menudo, al resto.

Pocas veces (muy pocas o nunca) se asiste dos veces en un año a la presentación de un mismo proyecto de presupuestos. Es lo que ha pasado en esta ocasión en el Parlament, donde han entrado las cuentas para lo que resta de ejercicio, después de que el pasado febrero se acabaran retirando por desacuerdo con ERC.

El Gobierno ya tiene todos los apoyos para aprobar los presupuestos de 2026. Después de el acuerdo de esta semana con ERC, validado este miércoles por el gobierno español, el ejecutivo y Comuns han firmado este jueves por la mañana su pacto definitivo para las cuentas, que incluye 2.500 millones para vivienda y repensar la R-Aeropuerto, entre otros. Salvador Illa y Jéssica Albiach han sellado el entendimiento en el Palau de la Generalitat y este viernes el Gobierno aprobará los números en consejo ejecutivo, con el objetivo de que el Parlament los valide definitivamente la primera quincena de julio.