Cataluña tenía en el mes de mayo 51.305 pisos turísticos, 5.546 menos que un año atrás, es decir, un 9,7% menos, según los datos de la estadística experimental de pisos turísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles. El número de plazas en pisos turísticos en el Principado era en mayo de este año 284.653, un 7,8% menos que el mismo mes del año anterior, cuando eran 308.770 las plazas disponibles.

Los datos y cifras sobre la situación del mercado de la vivienda, inaccesible tanto para compra como para alquiler para una buena parte de la población, dibujan un panorama angustioso. Uno de los últimos ha sido el informe anual del Banco de España, que, además de reflejar el esfuerzo que deben hacer las familias para pagar el lugar donde vivir y el riesgo que esto supone para el crecimiento, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de aumentar la oferta. Por un lado, calcula que hay un déficit de 700.000 viviendas, que no para de subir. Esta es la cifra que se debería poner en el mercado para frenar el empuje de los precios. Pero resulta que hay al mismo tiempo 900.000 pisos ya hechos en toda España, que suponen el 3,3% de todo el parque de la vivienda, que están en manos de extranjeros no residentes o se destinan al turismo, en lugar de ponerlos en el mercado como oferta residencial.

Begur es un pueblo bucólico con calles empedradas, restauración, tiendas y playas de aguas cristalinas. Tiene más de 4.200 personas censadas y, en los últimos diez años, ha incorporado casi 4.800 plazas en pisos turísticos, prácticamente el doble de las que tenía hasta entonces. Por cada habitante hay 2,27 camas para visitantes reservadas solo en casas. Naut d'Aran lidera el ranking de municipios con más camas en pisos turísticos por habitante –la proporción escala hasta las 3,67 plazas en pisos por habitante–, seguido por Port de la Selva (3,3) y Pals (3).

La pugna entre el Ayuntamiento de Barcelona y Apartur por el cierre de los pisos turísticos a partir de 2028 ha llegado a la calle. La última campaña lanzada por el consistorio ha enervado a la patronal, que ha elevado un escrito a la administración pidiendo que la retire de forma "inmediata" porque, dice, "estigmatiza" al sector. La campaña en concreto consiste en un anuncio en el que el Ayuntamiento explica la voluntad de eliminar todas las licencias de este tipo de viviendas a partir de 2028 y defiende que "priorizar la vivienda es un buen plan". Además, anima a la ciudadanía a denunciar los pisos turísticos ilegales.

Golpe del Ayuntamiento de Barcelona a una trama de pisos turísticos ilegales cerca del Hospital de Sant Pau. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha explicado este viernes que, a raíz de una denuncia ciudadana, la Dirección de Servicios de Inspección (DSI) ha detectado 31 pisos turísticos ilegales en un mismo edificio. Durante la inspección, se encontraron diversas irregularidades tanto en cuanto al uso fraudulento de las viviendas como piso turístico como en cuanto a obras hechas sin la licencia adecuada. Por todo ello, el Ayuntamiento ha incoado 34 expedientes, siete de los cuales pueden comportar sanciones de hasta 600.000 euros por infracciones muy graves de la ley de turismo.

El Tribunal Supremo da la razón, parcialmente, a aquellas comunidades autónomas que presentaron un recurso contra el registro único de viviendas de corta duración del gobierno español porque creían que invadía competencias autonómicas. En una sentencia publicada este jueves, y como respuesta a un recurso que presentó la Generalitat valenciana (también presentó uno Andalucía), el alto tribunal anula la medida porque considera que el Estado no tiene competencias para crear una herramienta así.

Llucia Ramis (Palma, 1977) llegó a Barcelona para estudiar en la universidad y aquí ha construido la vida, relaciones, trabajos, amistades. Durante años, hasta pasados los 40, vivió angustiada por los contratos de alquiler que subían imparablemente (ha pasado de pagar 240 a 750 euros) y hacían que tuviera que compartir piso y moverse de zona. Treinta años y diez mudanzas después, publica Un metro cuadrado (premio de no ficción de Libros del Asteroide; en catalán en Anagrama), donde analiza la crisis de la vivienda desde su experiencia como inquilina en Barcelona. El ensayo incorpora los titulares periodísticos, las cifras y los posicionamientos de los expertos que han abordado el tema en los últimos años, pero también el impacto íntimo y emocional que tiene en los habitantes la transformación de la ciudad.

El Ayuntamiento de Barcelona ha recibido este lunes un aval europeo a su voluntad de actuar ante los pisos turísticos. En una rueda de prensa junto al alcalde, Jaume Collboni, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha asegurado que "no hay ninguna duda" de que el alquiler de corta duración se ha convertido en un "gran problema" en muchas ciudades europeas, no solo en las grandes capitales. También ha explicado que está de visita en la capital catalana para "aprender" sobre lo que se está haciendo en materia de vivienda.

El Gobierno ha creado un registro estatal único de viviendas turísticas. Número obligatorio. Ventanilla única. Trazabilidad digital. Y ya hay recursos ante el Supremo por invasión de competencias. Andalucía y asociaciones del sector lo han impugnado. Las comunidades defienden su terreno. El Estado quiere centralizar datos.

El PSC, ERC y Comuns han llegado a un acuerdo para aumentar la tasa turística en Catalunya, una medida que impulsó el Govern tras pactarla con los comunes en febrero del año pasado, pero que no se convalidó en el Parlament por discrepancias con los republicanos sobre los criterios de aplicación. Finalmente se han limado las diferencias y el Gobierno y sus socios han pactado varias enmiendas conjuntas con el objetivo de aprobar la ley de forma definitiva en el Parlamento en febrero, para que pueda empezar a aplicarse a partir del mes de abril, con la entrada en vigor del nuevo período de recaudación.

La fractura entre ambas Barcelones por la crisis de la vivienda es cada vez "más profunda" y acelera la gentrificación de unos barrios y el vaciado de otros. Así lo constata el último informe de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), titulado SOS vivienda, que ha detectado que en 2024 había más de 600 grandes promociones especulativas en marcha en la capital catalana que afectaban a más de 11.800 viviendas. Se trata, en su mayoría, según la FAVB, de familias que se han visto obligadas a marcharse de su casa por la extinción de su contrato de alquiler por "la típica operación de compra de todo un bloque, expulsión de los vecinos y reforma por vender a precios de lujo", señalaron los portavoces.

El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, ​​Jordi Clos, ha reclamado este martes salvar la mitad de los 10.000 pisos turísticos que existen en la ciudad para poder atender toda la demanda, desmarcándose del tradicional rechazo de los hoteleros frente a los apartamentos. Una petición que ha sido descartada de forma frontal e inmediata por el teniente de alcaldía de Economía y Turismo de Barcelona, ​​Jordi Valls, quien ha parado los pies a una demanda más del sector.

Ante la proliferación de pisos turísticos, las administraciones intentan poner más ojos para acotar a un mercado que se ha descontrolado. Desde el 1 de julio, está en vigor el registro estatal para poder operar legalmente en plataformas digitales, una capa de control más que se suma a otras como el registro de la Generalitat o las licencias que otorga el Ayuntamiento de Barcelona. En el registro estatal, de Barcelona constan 6.759 pisos turísticos, según los últimos datos disponibles, correspondientes al pasado viernes. Representan a cerca de un 68% de los 10.000 apartamentos con una licencia otorgada por el Ayuntamiento. Por tanto, un tercio aún no se ha inscrito. Esto no incluye a los ilegales, por los que no hay una cifra exacta, pero el consistorio detecta entre 300 y 400 mensuales.

Serhii K. parece de entrada un inquilino normal. Firma el contrato a su nombre, aporta la documentación y abona la fianza a tiempo. Pero su intención no es vivir en ese piso, que poco después ya aparece en los principales portales de alojamientos turísticos. que durante los últimos tres años habría alquilado más de una decena de pisos a su nombre o al de otros compañeros –Angelina L. y Victor P.–, y que habría engañado después a los propietarios, que viven una pesadilla si quieren recuperar sus viviendas.

La Generalitat ha identificado más de 9.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en Catalunya que se promocionan en la plataforma Airbnb, según ha avanzado este viernes La mañana de Catalunya Ràdio y han confirmado al ARA fuentes de Turisme de Catalunya, agencia que depende del departamento de Empresa y Trabajo. Según la radio pública, del total de pisos detectados hay 6.200 que son de viviendas en Barcelona. Desde Turismo explican que les permite detectar "indicios de irregularidad" como por ejemplo que los pisos no tengan número de registro o que el número no coincida con la dirección que se indica en la web, entre otros. Las mismas fuentes confirman que ya se ha pedido a Airbnb que se retiren los anuncios afectados.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, arrancó el año anunciando un plan para movilizar el alquiler asequible en el Estado y revertir las dificultades que sufren muchos ciudadanos, sobre todo jóvenes y personas migrantes, para acceder a una vivienda. Cinco meses después, y en plena presión social con manifestaciones por el derecho a la vivienda en las principales ciudades del Estado, algunas de las medidas se pusieron negro sobre blanco a través de una proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso de los Diputados. En concreto, en el texto presentado este jueves los socialistas recogen buena parte de las medidas fiscales del plan anunciado por Sánchez.

Golpe del Tribunal Constitucional (TC) a los propietarios de pisos turísticos en Cataluña. La letra pequeña de la sentencia que avala el decreto del Gobierno que regula las viviendas de uso turístico deja muy tocadas las expectativas del sector, que ya había elevado reclamaciones patrimoniales en la Generalitat por valor de 4.280 millones de euros. En la sentencia –que tiene un voto particular firmado por dos magistrados–, el alto tribunal tumba los argumentos que hasta ahora habían esgrimido los propietarios de pisos turísticos para defender estas indemnizaciones.

Lo hemos visto con la Casa Orsola. Un episodio más, esta vez con final feliz para los inquilinos y muchas preguntas sobre el futuro de las otras Casas Orsola que hay en Barcelona. Una flor no hace verano. Explicamos cada día una crisis residencial con muchas aristas, con una amplísima casuística. Hoy mismo recogemos la triste realidad de un estudiante de FP –un muy buen estudiante– de origen marroquí que ha tenido que vivir en la calle: la ayuda de los profesores le ha salvado y ahora está pendiente de una solución más estable. Es un caso extremo. Otros mucho más cotidianos y menos dramáticos, pero igualmente preocupantes: muchos jóvenes de familias de clase media (entendida como un amplio cajón de sastre) que no pueden emanciparse porque los precios están disparados. Los topes de las zonas tensionadas han frenado el alza, pero no es suficiente. La oferta no crece. El turismo y los inversores extranjeros siguen tensando el mercado al alza. Y se mantiene un importante volumen de pisos vacíos.

El alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, se marcó un objetivo: no renovar las licencias de vivienda de uso turístico (HUT) para que en 2029 ya no quede hacia Barcelona tal y como las conocemos ahora. El sector ahora contrataca y hoy ha presentado un estudio con dos conclusiones: los pisos turísticos tienen un impacto de 1.928 millones de euros y 40.340 empleos; y su existencia no hace crecer el precio del alquiler en la ciudad.

Los propietarios de pisos turísticos de Catalunya han pasado ya la factura a la Generalitat por el decreto que permite cerrar todos los apartamentos turísticos en un plazo de cinco años. En rueda de prensa, el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, ha explicado que la suma de las reclamaciones patrimoniales hechas a la Generalitat por los propietarios de 7.200 viviendas de uso turístico de la demarcación de Barcelona alcanza los 4.280 millones de euros.