Primero. Cuatro años largos después de su salida de la Moncloa, ya podemos afirmarlo con rotundidad: Mariano Rajoy Brey ha sido uno de los políticos más mediocres y nefastos que han ocupado, bajo un régimen parlamentario, la presidencia del gobierno de España. ¡Y mira que hay para elegir! A su lado, personajes característicos de los trapicheos políticos de la Restauración alfonsina, como por ejemplo el conde de Romanones –el travieso conde, como lo llamaba la prensa madrileña–, parecen estadistas de la talla de Bismarck.

1. Desjudicialización. En política, los objetivos cambian en función de cómo evolucionan las relaciones de fuerzas. Hace cinco años las movilizaciones eran contra la judicialización del Procés. Fracasado el intento, la evaluación de las relaciones de fuerzas lleva ahora a hacer de la desjudicialización uno de los objetivos estratégicos del momento. Y tiene que ser una apuesta prioritaria de la mesa de negociación, de la cual Junts ya se ha descolgado conforme a la lógica estratégica del enreda que te enreda (aunque de momento parece que no hace mucho más que debilitarlos), que es la suya.

El exconseller de Presidencia, Francesc Homs, ha declarado este viernes ante la juez que investiga la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017. La Fiscalía lo acusa de malversar dinero en tres expedientes del 2012 cuando era secretario general de Presidencia. La magistrada ya archivó esta parte del caso, pero el ministerio público lo recurrió y la Audiencia de Barcelona ordenó que se citara a declarar a Homs como investigado. A la salida de los juzgados, el exconseller ha criticado el papel de la Fiscalía: “Esto solo se explica por razones de persecución política de la Fiscalía, que invierte esfuerzos en perseguir a independentistas y se relaja a más no poder cuando se trata del rey emérito”.

Primer giro de guion en la causa de Exteriores en el Tribunal de Cuentas desde que el órgano renovó sus consejeros. Este lunes la sala de justicia ha decidido aceptar los avales del Institut Català de Finances para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros, tal como ha avanzado El País y ha confirmado el ARA. Inicialmente, la delegada instructora del procedimiento rechazó este mecanismo creado por la Generalitat argumentando que no amparaba las conductas de la treintena de ex altos cargos del Govern investigados. La delegada instructora consideraba que el decreto de la Generalitat era legal, pero que no daba cobertura a aquellos casos en los que los implicados hubieran actuado con "dolo, culpa o negligencia grave".

El Tribunal de Cuentas ha levantado el embargo de cuatro propiedades que los condenados por el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 tenían como garantía para afrontar costas e intereses del juicio y la condena. Este jueves la consellera del departamento segundo de la sección de enjuiciamiento, Elena Hernáez, firmó la resolución -a la cual ha tenido acceso el ARA - y esta mañana lo han recibido las defensas del expresident de la Generalitat Artur Mas y los ex consellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. La liberación de los inmuebles se produce después de que la Caixa de Solidaritat abonara 190.828 euros que acabaron de cubrir la responsabilidad contable por el 9-N.

El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido la recusación del expresidente Carles Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí, Lluís Puig y Antoni Comín contra el instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, por haber aceptado un premio de la Fundación Villacisneros. El magistrado de la sala segunda, Julián Sánchez Melgar, considera que se basa en causas "infundadas y arbitrarias, es abusiva y tiene defectos formales".

La Fiscalía quiere que el expresidente del Parlament, Roger Torrent, y los exmiembros de la mesa Eugeni Campdepadrós, Josep Costa y Adriana Delgado se sientan en el banquillo de los acusados por haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) y haber permitido el debate y la votación en la cámara de varias resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación pese a las advertencias del alto tribunal. El ministerio público ya ha presentado su escrito de acusación, en el que pide que se inhabilite a Torrent, Costa y Campdepadrós durante un año y ocho meses para ejercer cualquier cargo público y que paguen una multa. Para Delgado pide una inhabilitación un poco inferior, de un año y cuatro meses.

Se empiezan a mover piezas en el Tribunal de Cuentas una vez renovado el pleno. La letrada de la Comunidad de Madrid Elena Hernáez, una de las consejeras propuestas por el PP que tomó posesión este jueves, se perfila para juzgar la causa sobre la acción exterior de la Generalitat, según ha podido saber el ARA. El reparto de los nuevos miembros del órgano a cada sección –la de fiscalización y la de enjuiciamiento– no se decidirá hasta la semana próxima, pero ya circula informalmente una distribución que llevaría a esta expresidenta del Tribunal de Contratación Pública de Madrid al departamento segundo de la sección de enjuiciamiento. Hasta ahora lo ocupaba Margarita Mariscal de Gante, encargada de juzgar la causa del 1-O y la de Exteriores. De hecho, antes de irse dio por cerrada la fase administrativa e invitó a las acusaciones a presentar la demanda.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado por acabada la investigación contra los miembros independentistas de la mesa del Parlament liderada por Roger Torrent, y la jueza ve indicios de desobediencia por haber permitido el debate y votación de resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación que incumplían las advertencias del Tribunal Constitucional. De este modo, la magistrada ha dejado este jueves a un paso del juicio al propio Torrent –actual conseller de Empresa–, el entonces vicepresidente de la mesa, Josep Costa, y los ex secretarios Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Ahora la instructora ha dado 10 días a las acusaciones y a la Fiscalía –que inició la causa querellándose contra ellos– para que presenten sus escritos de acusación.

El historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del president Carles Puigdemont, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía lo acusa de haber pagado con dinero público un viaje de carácter "personal" en 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia y pide para él tres años de prisión y hasta diecisiete años de inhabilitación para ejercer un cargo en la administración.

"Un devastador efecto desaliento sobre el derecho a la representación política". Esto es lo que provoca, según los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, la condena de 11 años y medio de prisión a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Xiol y Balaguer son los dos miembros del TC que han presentado un voto particular a la decisión del pleno de desestimar el recurso de Forcadell contra la sentencia del Tribunal Supremo. De hecho, también lo hicieron en los recursos de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Como hicieron en estos casos, la pena de Forcadell también la consideran "desproporcionada". En la situación de la expresidenta se añade otro factor a la ecuación: el derecho a la representación política, que consideran que ha sido vulnerado.

El juicio contra los nueve de Lledoners, acusados de delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones por la movilización contra el traslado de los presos políticos a Madrid en enero de 2019, ha arrancado este martes en los juzgados de Manresa con la incógnita de cuál será la posición final de la Generalitat. El Govern pide hasta quince meses de prisión para tres de ellos –la Fiscalía eleva la petición hasta los siete años–, pero esto puede cambiar este miércoles, cuando se presentarán los escritos de conclusiones finales y el juicio quedará visto para sentencia. Según ha podido saber el ARA, el ejecutivo estudia rebajar las acusaciones para los tres activistas para reducir la pena privativa de libertad. De hecho, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ya ha afirmado este martes que el ejecutivo estaba revisando su posición en esta causa.

En medio de las negociaciones entre la CUP y el Govern para acordar los presupuestos, los conocidos como los nueve de Lledoners se sentarán en el banquillo de los acusados. Hoy y mañana volverá a emerger una de las principales reivindicaciones cupaires: la retirada de las acusaciones contra manifestantes. El Govern pide quince meses de prisión para tres de los nueve de Lledoners, encausados por las protestas alrededor de la prisión durante el traslado de los presos a Madrid por el juicio del Procés. La Fiscalía atribuye a seis de los manifestantes un delito de desórdenes públicos y pide para ellos tres años de prisión. Además, a tres manifestantes les suma un delito de atentado a la autoridad, que aumenta la pena hasta los siete años. Hoy empieza el juicio en Manresa.

La causa del Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat vivió una doble sacudida este jueves con el anuncio de la renovación de sus consejeros y la negativa de la delegada instructora a aceptar los avales del Institut Català de Finances para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros. Un nuevo golpe para la treintena de ex altos cargos del Govern encausados, que ven cómo el procedimiento se encamina hacia un juicio que puede confirmar un castigo que, para algunos, se añadiría al del 9-N de 2014. El exministro José Luis Ábalos hablaba de "piedras en el camino" del diálogo cuando se cerró la instrucción y apostó por "actuar con inteligencia dentro del proceso jurisdiccional" para "desempedrarlo". La Abogacía del Estado se retiró de la acusación, pero se mantiene la Fiscalía y las acusaciones particulares, de forma que relevar los integrantes del tribunal se divisa como una rendija.

El Tribunal de Cuentas no frena su ofensiva contra la treintena de ex altos cargos de la Generalitat investigados por la acción exterior entre 2011 y 2017, según han avanzado El País y El Mundo y ha confirmado Efe. La delegada instructora, Esperanza García, ha decidido rechazar el aval del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros impuesta en el mes de junio. Si bien reclamó que con urgencia se abonara el dinero, los encausados idearon una fórmula para no tener que responder con su patrimonio personal y el Govern elaboró un decreto para que el ICF sufragara la fianza. Una alternativa que avaló el Consejo de Garantías Estatutarias y que investiga la Fiscalía en Catalunya.

“Le encanta la Zardeña”, dice una persona que conoce muy bien a Pablo Llarena. Quería referirse a la Cerdanya, donde el juez del Tribunal Supremo tiene una casa, pero lo traiciona un pequeño lapsus con Cerdeña, la isla que ha vuelto a poner el foco mediático en Llarena. No han sido buenas semanas para el magistrado instructor de la causa sobre el Procés. La negativa de Italia a extraditar inmediatamente a Carles Puigdemont y detener a Toni Comín y Clara Ponsatí ha supuesto un nuevo cuestionamiento de su estrategia para hacer volver a los exiliados. Una carrera de momento sin éxito que, no obstante, será reconocida por la ultraconservadora Fundación Villacisneros -próxima al ala dura del PP y a Vox- con su premio anual el 16 de noviembre. La entidad, que dio a conocer la concesión del premio este jueves, valora su tarea “en defensa del estado de derecho”.

El mismo día que se reúne la mesa de diálogo, los miembros independentistas de la mesa del Parlament de la pasada legislatura -Roger Torrent más Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado- están declarando como investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber tramitado resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra de la monarquía a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). Los primeros en hacerlo han sido Torrent y Delgado. Según fuentes judiciales, el expresidente del Parlament ha alegado que los letrados no les dijeron en ningún momento que tuvieran que paralizar la tramitación y ha defendido la inviolabilidad parlamentaria y el derecho de todos los diputados a poder debatir sobre cualquier materia en sede parlamentaria. "Les hemos trasladado que si esto acaba en condena será un precedente nefasto desde el punto de vista democrático", aseguraba Torrent a la salida del Palau de Justícia.

Duro discurso de Carlos Lesmes contra Pedro Sánchez por el indulto a los presos políticos. En su discurso de apertura del año judicial, ha acusado al gobierno español de "poner en entredicho" la independencia judicial por haber concedido la medida de gracia a los líderes independentistas argumentando que ayudaba a la convivencia. "Se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia ante el resentimiento, como si la acción de la justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuera un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones diferentes previstas en las normas", ha afirmado el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Lesmes ha arrancado su discurso hablando de la independencia judicial y ha lamentado que "desde algunas instancias políticas" se ponga en cuarentena cuando las decisiones judiciales "se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias, o simplemente, no gustan".

Son tantos y tan dispersos que no hay ningún recuento de los manifestantes independentistas encausados durante el Procés. Òmnium y Alerta Solidària hablan de centenares y, de hecho, buena parte de los pleitos todavía tienen que llegar: el 2 de noviembre se juzgará a los conocidos como nueve de Lledoners, todavía se investigan unas 200 personas por el corte de la Jonquera, y hay causas por las protestes postsentencia que están en fase de instrucción. ARA ha accedido a una veintena de acusaciones para hacer un retrato robot.