El Tribunal de Cuentas rechaza el aval del ICF por la acción exterior de la Generalitat
Los encausados preveían un plan B ante la hipótesis de que el órgano fiscalizador no aceptara esta vía
Madrid / BarcelonaEl Tribunal de Cuentas no frena su ofensiva contra la treintena de ex altos cargos de la Generalitat investigados por la acción exterior entre 2011 y 2017, según han avanzado El País y El Mundo y ha confirmado Efe. La delegada instructora, Esperanza García, ha decidido rechazar el aval del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros impuesta en el mes de junio. Si bien reclamó que con urgencia se abonara el dinero, los encausados idearon una fórmula para no tener que responder con su patrimonio personal y el Govern elaboró un decreto para que el ICF sufragara la fianza. Una alternativa que avaló el Consejo de Garantías Estatutarias y que investiga la Fiscalía en Catalunya.
García dudó de la legalidad de este mecanismo y se dirigió al abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas para preguntarle si un órgano que depende de la Generalitat podía proteger a personas que, según su criterio, habían malversado fondos públicos. El abogado del Estado creía que no tenía que responder porque había formado parte de la acusación durante la fase de instrucción del procedimiento y consultó a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, cómo tenía que actuar. Pasaron semanas y meses y no fue hasta el 21 de septiembre pasado cuando, en la misma línea, optó por no mojarse.
El plan B
La posibilidad de que el Tribunal de Cuentas no aceptara los avales del Institut Català de Finances no era una opción remota para los encausados. Es por eso que paralelamente siempre han trabajado desde hace meses en una alternativa para evitar el embargo de los investigados. La cuestión es si ahora la podrán reactivar. Tal como explicó el ARA, hay diferentes fórmulas para intentar minimizar el embargo a las 34 personas investigadas en la causa de la acción exterior. Esquerra tenía previsto movilizar 2,2 millones de euros con el objetivo de cubrir la supuesta responsabilidad contable de la actividad exterior entre 2016 y 2017.
También estaba previsto que el ex president Artur Mas y el ex conseller Francesc Homs, que liberaron sus bienes inmuebles de la causa del 9-N después de que la Caixa de Solidaritat se hiciera cargo de lo que quedaba para pagar de la multa, pudieran depositar como fianza su patrimonio -a pesar de que formalmente todavía no se ha resuelto, matizan fuentes jurídicas-; y, por otro lado, Junts también tenía que poner en marcha una recolecta de dinero privado entre la militancia y los simpatizantes -así como el PDECat- para cubrir las fianzas.
Ahora todo esto se tendrá que activar de nuevo a pesar de que hasta ahora desde el Govern eran optimistas sobre la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas aceptara los avales del Institut Català de Finances. La semana pasada, precisamente, acabó el plazo para que el gobierno español impugnara el decreto que ampara el movimiento de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas en el Tribunal Constitucional, de forma que desde el ejecutivo catalán creían que era más difícil que se rechazaran los avales públicos. También remarcaban que el decreto -que ahora se está tramitando como proyecto de ley en el Parlament- ha obtenido el aval del Consejo de Garantías Estatutarias y que la Abogacía del Estado evitó mojarse sobre si se tenían que aceptar o no la garantía pública para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros.
