Este viernes se ha repetido la imagen de hace un año. Si en mayo del año pasado, la CUP llevaba a David Fernández y Anna Gabriel al bastión de Berga en el acto final de las elecciones municipales, los propios exdiputados han vuelto a estar presentes en el cierre de campaña del 12-M. Ambos, grandes referentes de la izquierda independentista, fueron cruciales en el crecimiento de la CUP en el Parlament. Entre 2012 y 2015 –o lo que es lo mismo, entre Fernández y Gabriel– los cuperos ganaron más de 200.000 votos para llegar a casi 340.000 votos en lo que es su récord histórico.

La Audiencia de Barcelona ha archivado finalmente este viernes la causa de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel por el referéndum del 1 de octubre de 2017. Según la resolución enviada por el tribunal, tras recibir la causa por desobediencia del Tribunal Supremo , la Fiscalía pidió el archivo del caso y Vox no se ni pronunció sobre si debía abrirse juicio oral. Por todo ello, la Audiencia acuerda el archivo de las actuaciones, por lo que la causa que llevó a Gabriel al exilio queda en nada.

En el inicio de la legislatura, la CUP fue clave para la investidura del president Pere Aragonès, pero dos años después los anticapitalistas han quedado relegados a un papel testimonial, lejos del asiento de socio preferente del Govern en el Parlament. En este escenario, la formación ha organizado unas jornadas de tres días en la Nave Bostik de Barcelona para reflexionar sobre el papel que tiene que tener la izquierda independentista. La guinda ha sido el acto de conclusión de este domingo, en el que se ha escenificado el reencuentro de la exdiputada Anna Gabriel con las bases del partido después de cuatro años y medio en el exilio. Gabriel ha sido recibida con un sentido aplauso y, en un discurso breve en el que ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con JxCat y ERC, ha advertido de que el movimiento independentista se encuentra ante el “cierre de un ciclo político”. Y, ante esto, ha reivindicado la importancia de su espacio. 

Anna Gabriel se ha dejado ver fuera del exilio cuatro años y medio después de irse a Ginebra. Ha sido este miércoles con motivo de la declaración ante el magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, que el 19 de julio ya le retiró la orden de detención cuando la exdiputada de la CUP se presentó por sorpresa en el Tribunal Supremo. En declaraciones a la salida, Gabriel ha explicado que el juez le ha preguntado si recibió algún requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) en 2017 y, como no recibió ninguno –así lo ha trasladado al magistrado–, se ha mostrado confiada de que "la causa se archive o se envíe a Barcelona". Gabriel, procesada por desobediencia –un delito que no implica prisión– por haber promovido la DUI en 2017 como portavoz del grupo parlamentario de la formación anticapitalista, ha declarado durante unos diez minutos y ha rechazado responder a Vox. A la salida, visiblemente emocionada y sin aceptar preguntas, ha agradecido el apoyo a las "personas solidarias", ha denunciado que la judicialización "no se tendría que haber producido nunca" y ha dejado claro, eso sí, que "los principios continúan intactos".

Otoño caliente, cuando menos a los juzgados. El independentismo volverá a sentarse en el banquillo de los acusados con diferentes procesos judiciales que afectan a consellers y diputados, pero también a numerosos activistas para participar en movilizaciones del Procés. El compromiso de desjudicializar el conflicto político no altera el calendario judicial.

Después de más de cuatro años en el exilio, Anna Gabriel (CUP) ha seguido este martes los pasos de la ex consellera Meritxell Serret (ERC) y se ha puesto a disposición del Tribunal Supremo. Estos dos casos son excepcionales respecto al resto de exiliados. ¿Por qué han podido regresar? ¿Se puede extender la posibilidad al resto de exiliados? Serrat y Gabriel tienen al menos dos cosas en común: las dos han cambiado de abogado –ahora es el vasco Iñigo Iruin (véase el perfil)– y en los dos casos la sentencia sobre el 1 de Octubre les dibuja una casuística judicial individual en que difícilmente podrían entrar en prisión.

La comparecencia de Anna Gabriel ante el Tribunal Supremo de este martes, después de casi cinco años de exilio en Suiza, ha sido un hecho inesperado. Uno de los elementos más destacados de este regreso sorpresa, sin embargo, ha sido que el abogado que ha acompañado a la exdiputada de la CUP para ponerse a disposición del magistrado Pablo Llarena no ha sido Benet Salellas, que hasta ahora ejercía su defensa, sino Iñigo Iruin. Nacido en Donosti en 1953 y con una larga trayectoria profesional como abogado penalista y constitucionalista, es el mismo letrado a quien ya hizo confianza la exconsellera y diputada de ERC Meritxell Serret, hasta entonces defendida por Gonzalo Boye, en su retorno desde Bélgica en marzo del año pasado. E Iruin también asumió en abril el liderazgo de la estrategia de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para llevar su condena al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). ¿Por qué el independentismo catalán recurre a él para combatir los efectos de judicialización? Su trayectoria da algunas pistas sobre ello.

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha vuelto este martes después de casi cinco años de exilio en Suiza para comparecer ante el Tribunal Supremo (TS). Así lo ha informado por sorpresa esta mañana el propio tribunal en un comunicado. Gabriel ha comparecido acompañada de su abogado, Iñigo Iruín Sanz, que es el mismo que representa a la ex consellera Meritxell Serret. Precisamente, la cupaire es la segunda exiliada que decide volver después de la ex consellera, que lo hizo en marzo del 2021. Una vez se ha presentado ante el juez Pablo Llarena, este la ha citado para interrogarla próximamente y ha sido puesta en libertad. Gabriel tiene previsto volver a Suiza hoy mismo.

Anna Gabriel (Sellent, 1975) se ha convertido esta semana en la primera mujer que lidera en la región de Ginebra el sindicato Unia, el más importante de Suiza, con más de 200.000 afiliados. La ex diputada de la CUP se exilió en el país helvético en febrero de 2018, solo tres días antes de su citación en el Supremo por el 1-O. Cuatro meses después consiguió un permiso de residencia de cinco años en Suiza, hecho que le permitió trabajar legalmente en el sindicato que ahora abandera, donde se afilió poco después de llegar al país. Amigos de su abogado, Olivier Peter, fueron los que la acogieron en su casa durante los primeros días. Poco después ya colaboraba con una ONG y participaba en los movimientos sociales de la ciudad. También hizo un curso de inglés y consiguió que la Universidad de Ginebra la aceptara para cursar el doctorado, requisito indispensable para poder dar clases.