Anna Gabriel vuelve del exilio y se pone a disposición del Supremo

BarcelonaLa exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha vuelto este martes después de casi cinco años de exilio en Suiza para comparecer ante el Tribunal Supremo (TS). Así lo ha informado por sorpresa esta mañana el propio tribunal en un comunicado. Gabriel ha comparecido acompañada de su abogado, Iñigo Iruín Sanz, que es el mismo que representa a la ex consellera Meritxell Serret. Precisamente, la cupaire es la segunda exiliada que decide volver después de la ex consellera, que lo hizo en marzo del 2021. Una vez se ha presentado ante el juez Pablo Llarena, este la ha citado para interrogarla próximamente y ha sido puesta en libertad. Gabriel tiene previsto volver a Suiza hoy mismo.

"Después de cuatro años y medio de exilio, hoy se produce un paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que nunca hubiera tenido que perder, ni yo ni nadie", ha explicado la exdiputada a través de un comunicado propio. Según ha dicho, ha decidido dar el paso este martes después de una "serie de consideraciones, reflexiones y análisis que tienen que ver tanto con el contexto político y judicial general como también con una serie de circunstancias personales". Gabriel no ha querido hacer ninguna más consideración alegando que "ya habrá tiempo para poder hablar tranquilamente de todo".

Investigada por el Supremo por un presunto delito de desobediencia por su papel en los acontecimientos de otoño del 2017, Gabriel vivía exiliada en el país helvético desde febrero del 2018. Desde el primer día decidió tener un perfil bajo y se ha prodigado poco tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Una de las últimas noticias que se conocían de ella es que había sido elegida secretaria regional en Ginebra del sindicato Unia –el principal de Suiza con más de 200.000 afiliados–, convirtiéndose en la primera mujer que ocupaba el cargo.

Precisamente, Gabriel ha explicado que por sus "responsabilidades profesionales y personales adquiridas", hoy mismo volverá a marchar para seguir viviendo y trabajando en el mismo lugar que hasta ahora, en Ginebra. A pesar de su regreso fugaz, ha querido dejar claro que sus compromisos políticos y sociales permanecen donde estaban: "Con mi pueblo, con su gente, y muy especialmente con el conjunto de personas represaliadas". Una de las primeras muestras de apoyo la ha recibido de alguien que, como ella, también emprendió el camino del exilio suizo. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, le ha expresado todo su apoyo: "Te deseo suerte y aciertos en los caminos que vendrán, que seguro que serán en libertad". También el Govern, por boca de su portavoz, Patrícia Plaja, ha mandado un mensaje de apoyo a Gabriel como "víctima de la represión". "En nombre del Govern, si decide volver a Catalunya se le dará la bienvenida, celebremos este nuevo paso para que lo pueda hacer en libertad", ha recalcado.

Penas de multa e inhabilitación

En el comunicado del Supremo, se expone que no existía ninguna orden europea o internacional de detención contra la exdiputada puesto que el delito de desobediencia que se le atribuye no comporta prisión –sí que puede comportar una multa de hasta 12 meses y una inhabilitación de hasta dos años–. En cambio, sí que había una orden de detención si pisaba el Estado para que acudiera a prestar declaración. Lo que ha hecho el magistrado este martes ha sido citarla para ser interrogada próximamente y la ha puesto en libertad. En su escrito, el juez Llarena ha comunicado que deja sin efecto la declaración de rebeldía de Gabriel, así como la orden de búsqueda y captura que pesaba contra ella si volvía a España. Eso sí, el magistrado formula varias advertencias: la exdiputada ha tenido que dejar domicilio y teléfono donde poder localizada "inmediatamente"; tiene la obligación de comparecer las veces que haga falta y tiene el aviso de que, si no cumple con todo ello, quedará modificada su "situación personal" actual.

El único precedente para tener alguna pista sobre el futuro de Gabriel es el de Serret. Después de volver en marzo del 2021, a finales de abril de aquel año declaró ante Llarena, a quien reconoció haber seguido adelante con el 1-O a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). Negó, eso sí, haber sufragado ningún gasto por el referéndum desde su departamento. Un año después, el Supremo anunciaba que le abría juicio oral por desobediencia –finalmente cayó el delito de malversación– y enviaba la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Así pues, ahora está pendiente de juicio. En el exilio quedan Marta Rovira, el ex president Carles Puigdemont y los ex consellers Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí.