La crisis de la vivienda tiene en el sinhogarismo su cara más oscura. Ignorarla no es ninguna solución. Dejarles morir de frío es una vergüenza. Esto es lo que, como sociedad, estamos haciendo.

El recuento de Arrels es contundente. En sólo dos años hay casi otras 600 personas durmiendo en las calles de Barcelona. Son ya 1.982, y como admitía la directora de la entidad, Bea Fernández, es un recuento de mínimos, porque incluye sólo lo que los voluntarios pudieron ver en el último recuento. Este 43% más de personas sintecho respecto a hace dos años no extraña a nadie, porque todos vemos cómo cada vez hay más gente durmiendo como puede encima de un colchón o de cartones en la calle. Es realmente una emergencia social que no puede quedarse así. Como sociedad tenemos un problema si no ponemos manos a la obra para dar algún tipo de solución a todo este pueblo itinerante que no encuentra un lugar donde poder pasar la noche.

Al día siguiente del incendio que causó dos heridos leves, la Guardia Urbana desplegó este miércoles por la mañana un dispositivo especial para desalojar los asentamientos de barracas situados debajo del puente de Calatrava de Barcelona, ​​junto a las obras de la Sagrera. El asentamiento está ubicado en la esquina entre las calles Bac de Roda y Huelva. Hasta allí, se han desplazado varios agentes –que coordinan la actuación–, así como furgones de los Mossos d'Esquadra, camiones de los Bomberos de Barcelona, ​​personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) y de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona.

Este fin de semana explicábamos al ARA los problemas con la gestión de la vivienda pública en Barcelona, ahora que el objetivo es que crezca con celeridad y que se mantenga la propiedad pública. Es una de las caras de la crisis residencial que vivimos. Pero hay otros, claro. Y entre ellas una de las más extremas es la que afecta a la parte más vulnerable de la sociedad. Si el Ayuntamiento tiene un problema con su parque público residencial –tanto a la hora de realizar las adjudicaciones como cuando se trata del mantenimiento de los inmuebles–, también tiene uno con la necesidad de alojar bajo un techo a las personas sin recursos expulsadas de casa y abocadas a vivir a la calle. A menudo, además, la capital atrae a ciudadanos metropolitanos que no encuentran apoyo en sus municipios.

La Fundación Arrels ha informado este jueves de que 84 personas sin hogar murieron en Barcelona el pasado año. Son 29 más que en el 2023, según el recuento anual del ente, que conocía a 49 de las víctimas. En la recopilación provisional de la entidad, que deberá ratificar en su memoria anual, también consta que a lo largo del 2024 atendieron a 3.176 personas sin hogar y realizaron 7.219 visitas a 786 personas que viven en la calle, un 6,7 % más que el año anterior.

Primero anunciaron la construcción de estanques para imposibilitar "los asentamientos" de personas sin hogar debajo de los puentes del Jardín del Turia y, así, evitar que éstos "impidan que la ciudadanía disfrute de sus parques y jardines". Y, después, decidieron no renovar el permiso a las entidades que reparten comida porque esta actividad genera "suciedad" y tiene un efecto "llamamiento". En apenas siete meses y desde un supuestamente aséptico departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia, el concejal de Vox Juanma Badenas ha constatado cuál es su política para las personas más desfavorecidas: expulsarlas de la ciudad.

Nunca como hasta ahora había habido tantas personas viviendo en la calle. El recuento anual que hace una semana realizó la Fundación Arrels calcula que como mínimo son 1.384 (en torno al 8% son mujeres), 153 más que el año pasado, y eso que, como el recuento se ha realizado en pleno invierno, no incluye a las 75 personas que dormían en el Centro de Alojamiento de Emergencia (CAE) que el Ayuntamiento de Barcelona activa durante los meses de más frío. En cifras relativas, supone un aumento del 12% respecto a 2022 y un 56% si lo comparamos con las poco menos de 900 personas que se localizaron en 2015. De hecho, la entidad referente en el sinhogarismo sospecha que la cifra podría ser superior porque en algunos de los casos, los voluntarios detectaron una tienda o un menaje provisional vacíos donde se podrían cobijar a más personas.

Jesús de la Fe Martín es el ejemplo que demuestra que los toxicómanos que vagan colocados por la calle y parece que no tengan remedio sí que tienen. Él era uno de ellos no hace mucho. Ahora vive en un piso en el Prat de Llobregat y abre la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Luce un aspecto cuidado y con una camisa impoluta. “Hace quince meses pesaba doce kilos menos, estaba muy mal”, asegura. Tan mal que nadie le quería alquilar una habitación. Deambulaba por las calles y dormía en albergues o cajeros automáticos. Se dedicaba a malvivir y delinquir. Ha entrado y salido de la prisión infinidad de veces. Su boca, completamente desdentada a pesar de que solo tiene 53 años, es la evidencia de tan mala vida. Hasta que el junio del año pasado todo cambió: entró a formar parte del programa de housing first del Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

La ciudad de Washington, la capital del país más rico del mundo, ha alegado que la inseguridad y la insalubridad son motivos suficientes para arrebatar las pocas propiedades de los sintecho que viven en sus parques. Después de desmantelar el campamento de Union Station, le ha llegado el turno al de la plaza McPherson, situada a dos calles de la Casa Blanca, donde decenas de personas sin hogar dormían cada noche en tiendas de campaña y donde se había constituido una pequeña comunidad. El ARA ya constató en diciembre las duras condiciones en este y otros parques de una ciudad gobernada por demócratas, que se autoproclama la más progresista de Estados Unidos.

A las seis y diez minutos de la mañana, las farolas del paseo de Sant Joan de Barcelona se apagan. Empieza a despuntar el día. Fran sigue durmiendo en un parque infantil, estirado de lado en el suelo sin nada que le amortigüe de la dureza del pavimento. Solo una mochila le sirve de almohada para apoyar la cabeza. Un poco más allá, otro sin techo descansa sobre un banco. La ciudad también sigue medio dormida: apenas circulan vehículos e incluso se oye el cantar de los pájaros.

Sergio Camacho vive en el barrio de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Hoy irá a votar al Colegio Charlie Rivel, muy cerca de casa, porque le parece “fundamental” participar en las elecciones. “En este país nos hemos ganado el derecho a votar perdiendo muchas vidas, sobre todo las de nuestros abuelos”. No siempre lo ha tenido tan claro. Durante cinco años vivió en la calle: de día se movía por Barcelona y por la noche dormía en un cajero automático. “Entonces no estaba por votar sino por sobrevivir”. Las prioridades eran otras, pero evidentemente esta no es la única dificultad que se encuentran los sintecho para ejercer su derecho fundamental al voto: para poder estar en el censo electoral necesitan un documento de identidad en vigor y poder certificar su empadronamiento. Y viviendo en la calle no es sencillo acreditar un domicilio fijo.

"Casualmente, el día que murió le hice una fotografía con un ramo de flores", dice Rabid antes de buscar la imagen en el móvil y enseñarla con un cierto orgullo. La fotografía es perturbadora: el chico no aparece con un ramo de flores sino junto a una corona fúnebre de rosas rojas. Posa ojeroso y con chándal, pero dibujando una leve sonrisa bajo la mascarilla y sosteniendo una rosa en la mano. Es Amin, el chico marroquí que murió de frío la noche del 10 al 11 de enero en el Parc de la Ciutadella de Barcelona. Rabid es su primo y asegura que pasó con él todas las noches a la intemperie excepto algunas horas de esa fatídica noche en la que perdió la vida. La foto que le hizo por pura casualidad es la que ahora ha mandado a la madre de la Amin en Marruecos: "Para que tenga un recuerdo".