La Audiencia Nacional ha confirmado que hay indicios para enviar a juicio al BBVA como persona jurídica, también quien fue presidente de la entidad financiera entre los años 2000 y 2018, Francisco González, y otras doce personas entre altos directivos de la entidad y cargos policiales por el caso Villarejo. De este modo, BBVA es, por ahora, la primera y única empresa del Ibex-35 que irá a juicio por esta causa, mientras que otras compañías salpicadas como Repsol, CaixaBank o Iberdrola no se han visto obligadas a sentarse ante un tribunal.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha ido este miércoles a la Fiscalía para reclamar que investigue a la expresidenta del PP catalán Alícia Sánchez-Camacho y al excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo por haberle intervenido las comunicaciones en el marco de la operación Catalunya. En su denuncia, considera que se podrían haber cometido delitos de descubrimiento y revelación de secretos por parte de funcionarios públicos, organización o grupo criminal y malversación de dinero público.

¿Qué credibilidad pueden tener las palabras del excomisario José Manuel Villarejo? El debate ha vuelto a reavivar a raíz de sus declaraciones sobre el vínculo de los servicios secretos españoles con los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils. No es la primera vez, ni probablemente será la última, que el expolicía aprovecha su condición de amplio conocedor de las cloacas del Estado para hacer afirmaciones que desatan todas las polémicas. En diversas de ellas, no ha aportado nunca pruebas. En otras, se ha servido de su extensa fonoteca para intentar documentarlas. A menudo, incluso, sus consideraciones han coincidido con las de la Fiscalía. Una fiscalía que ahora pide para él más de 100 años de prisión en el marco del caso Tándem, la macrocausa sobre su red de espionaje que salpica a empresarios, partidos y cargos políticos, comisarios de la Policía Nacional y periodistas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga si el ex comisario José Manuel Villarejo, con la colaboración de su socio Antonio Giménez Raso y de acuerdo "con miembros de la cúpula policial", había "fabricado indicios falsos" para conseguir, en febrero del 2013, el registro de las oficinas de la agencia de detectives Método 3 y la detención de su jefe, Francisco Marco. En un auto que ordena la citación de tres testigos y al cual ha tenido acceso el ARA, el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explica que en julio se abrió la pieza separada número 27 del caso Tándem, la macrocausa que investiga al ex comisario de la Policía Nacional, una pieza clave de las cloacas policiales del Estado.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fichó al general Félix Sanz Roldán en los primeros meses de 2020. El 29 de junio del año pasado, el nombramiento obtuvo la luz verde de la Oficina de Conflictos de Intereses del gobierno de Pedro Sánchez, requisito obligado habida cuenta que el general había sido director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante diez años, ente julio de 2009 y julio de 2019. 

El ex comisario más conocido de las cloacas del Estado y pieza clave de la operación Catalunya, José Manuel Villarejo, llegó a conspirar para implicar al actual mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero –cuando era un mando de policía judicial del cuerpo–, en un caso de drogas fabricado a medida para conseguir que el juez Baltasar Garzón le diera permiso para pincharle el teléfono. Esto es lo que se desprende de la grabación de una conversación que se ha incorporado a una causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garcia-Castellón y a la cual ha tenido acceso el ARA. Dos fuentes diferentes que conocen las voces han identificado a los tres interlocutores como Villarejo, su estrecho colaborador Antonio Giménez Raso, que también era policía, y el ex jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) José Luis Olivera, que más tarde llegó a dirigir el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Raso y Olivera también están implicados en la llamada operación Catalunya contra los políticos independentistas.