El PSC y Units per Avançar son el matrimonio más bien avenido de la política catalana. La alianza entre ambas fuerzas políticas comenzó en 2017, cuando los socialistas empezaron a querer acercarse a los nacionalistas escépticos (o incluso asustados) con la apuesta rupturista del independentismo y que ya habían empezado a añorar CiU. El líder de Units, Ramon Espadaler, encarnaba este perfil: exconsejero del gobierno de Jordi Pujol y de Artur Mas, lanzaba en junio de aquel año lo que entonces definió como una plataforma "catalanista" y democristiana que, en la Cataluña de los meses anteriores al 1-O, apostaba por el diálogo con España con el aval de exmiembros de Unió. El entonces primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no dudó en hacerles una oferta para ir juntos a las elecciones. Las bodas se oficiaron en un hotel frente a la sede del PSC en la calle Nicaragua bajo el lema "Alianza por el sentido común y el catalanismo" y fueron la antesala de la apuesta por fichar perfiles de centro que Salvador Illa desplegó cuando aterrizó en la Generalitat. Sin embargo, y casi diez años después de aquel entendimiento, Units no renuncia a asomar la cabeza para evitar ser engullido por la marea socialista, ahora que el PSC gobierna en los cuatro niveles de la administración.

Este jueves el departamento de Justicia ha hecho públicos por primera vez los datos que permiten realizar una radiografía de las contenciones mecánicas por motivos disciplinarios en las prisiones. Han sido 313 en los diez primeros meses del año. Estas inmovilizaciones se realizan ocho veces más a los internos en régimen cerrado o de aislamiento que a los que pueden salir puntualmente de la cárcel con permisos o están en semilibertad, con un ratio de 9,16 por cada 100 internos en el primer caso y de 1,21 en el segundo. En proporción, también afectan más a los presos menores de 25 años: entre los jóvenes, el ratio de inmovilizaciones por cada 100 internos es de 3,74, mientras que entre los adultos es de 1,28.

La misma semana que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía en el Proceso y unos días antes de que oficialmente se ponga en marcha la transformación del sistema judicial, el ARA entrevista al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Las personas condenadas por delitos "violentos con resultado de muerte o lesiones graves" no podrán trabajar en las cocinas de las cárceles catalanas. Desde este lunes todos los centros penitenciarios tendrán que seguir este criterio, emitido en forma de circular por parte del departamento de Justícia, actualmente en manos del conseller Ramon Espadaler. Tal y como explicó el ARA la semana pasada, la anterior conselleria, liderada por Gemma Ubasart (ERC), dejó terminado un nuevo protocolo después del asesinato de la cocinera de Mas d'Enric a manos de un preso que cumplía una pena de prisión por haber asesinado a una mujer. Este protocolo pretendía unificar los criterios para trabajar en las cárceles de una vez por todas y no vetaba de las cocinas a los condenados por delitos violentos, si bien endurecía los criterios para trabajar. La medida debía entrar en vigor el 1 de octubre, pero ya llevaban semanas las cárceles lo tenían y se estaban adaptando. Tal y como apuntó este diario, la nueva conselleria de Espadaler se guardaba la posibilidad de introducir cambios y finalmente lo ha hecho.

Hace exactamente 177 días que ISO, que cumplía una pena de cárcel en Mas d'Enric por haber asesinado a una mujer,mató a la cocinera de la cárcel, Núria. La asesinó con un cuchillo de la misma cocina donde ambos trabajaban y después se suicidó. Este crimen, el primero de la historia penitenciaria catalana que tiene como víctima a una trabajadora y como verdugo a un preso, inició un ciclo de movilizaciones de los funcionarios de prisiones sin precedentes. Y también dejó una pregunta en el aire: ¿qué había fallado? El departamento de Justícia, que descartó ceses de la cúpula de la conselleria (dimitió el director de Mas de Enric), también negó en un informe posterior que el asesinato pudo evitarse. Sin embargo, rápidamente pidió a las cárceles que reevaluaran a los presos que trabajaban en las cocinas, todo a la espera de una nueva circular que, definitivamente, unificaría los criterios por los que los internos pueden trabajar, ya que ahora cada cárcel en tenía diferentes.

¿Por qué la justicia siempre es la gran olvidada de la política? En las 25 páginas del acuerdo de investidura entre PSC y ERC no hay ninguna referencia a las políticas públicas de justicia. Tampoco hay rastro en las 13 páginas del pacto con los Comuns. Alguien podría decirme que estos dos documentos son acuerdos de carácter genérico que no entran en detalles sectoriales. Muy bien. Pues vayamos al debate de investidura del pasado 8 de agosto. Más de seis horas con intervenciones de todos los grupos parlamentarios. Ninguna mención. Nadie. Olvidados por todos. Esta es nuestra realidad.

El goteo de nombres que formarán parte del gobierno del nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comenzó el viernes por la noche y no se ha detenido hasta este domingo, con el consejo ejecutivo ya completo. Los nuevos consejeros y consejeras tomarán posesión del cargo en un acto en el Palau de la Generalitat este lunes y celebrarán la primera reunión del consejo ejecutivo este martes. A la espera de que expliquen cuáles son sus prioridades para sus respectivas carteras, Salvador Illa ha formado un gobierno transversal, más allá de las siglas, donde los perfiles técnicos e independientes se combinan con dirigentes de peso del PSC y algunos exdirigentes de CiU y Junts, además de excargos del ejecutivo de ERC. Repasamos sus perfiles.

No tendría que ser extraordinario que el Govern indemnice de oficio a alguien que ha perdido un ojo por un proyectil policial por el solo hecho de participar en una protesta, sin haber cometido ningún delito. Pero Ester Quintana tuvo que pelearlo a fondo en los juzgados. Su caso marcó un punto de inflexión, con la prohibición en 2013 del uso de balas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra y la creación, el año siguiente, de un protocolo para indemnizar a las víctimas de actuaciones de la policía catalana. Tenía que ser un cambio de dirección que no lo fue tanto: el protocolo no se había aplicado nunca hasta ahora –los consellers Ramon Espadaler, Jordi Jané, Joaquim Forn y Miquel Buch no crearon nunca la comisión que lo tenía que ejecutar– y los proyectiles policiales, ahora de foam, continúan reventando ojos. 

“En Catalunya no hay un problema con la policía, sino un problema por falta de policías. Y la policía tiene un problema con el Govern”. Las palabras, el pasado viernes, de Ramon Espadaler en el Parlament resumen la posición que el PSC y Units per Avançar –aliados en la cámara catalana y varios ayuntamientos, incluido el de Barcelona– han tomado en materia de seguridad y orden público. En el marco de la alternativa que quiere construir Salvador Illa, el grupo socialista ha cogido la bandera de la defensa de la policía y especialmente de los Mossos, que han protagonizado varias topadas con el ejecutivo. La “indefensión” que, a su parecer, sufren los agentes fruto de unas políticas “al dictado” de la CUP, así como la percepción de inseguridad en los municipios, sirven al partido para erigirse como alternativa de orden y, de retruque, no perder espacio allá donde la extrema derecha hace agujero. “En cada barrio en el que hay un conflicto y no tenemos herramientas para solucionarlo, lo que hacemos es abrir la puerta a Vox”, afirman fuentes de la dirección socialista.