Los condenados por delitos de sangre podrán trabajar en las cocinas de las prisiones, pero Justícia endurece los requisitos

BarcelonaHace exactamente 177 días que ISO, que cumplía una pena de cárcel en Mas d'Enric por haber asesinado a una mujer,mató a la cocinera de la cárcel, Núria. La asesinó con un cuchillo de la misma cocina donde ambos trabajaban y después se suicidó. Este crimen, el primero de la historia penitenciaria catalana que tiene como víctima a una trabajadora y como verdugo a un preso, inició un ciclo de movilizaciones de los funcionarios de prisiones sin precedentes. Y también dejó una pregunta en el aire: ¿qué había fallado? El departamento de Justícia, que descartó ceses de la cúpula de la conselleria (dimitió el director de Mas de Enric), también negó en un informe posterior que el asesinato pudo evitarse. Sin embargo, rápidamente pidió a las cárceles que reevaluaran a los presos que trabajaban en las cocinas, todo a la espera de una nueva circular que, definitivamente, unificaría los criterios por los que los internos pueden trabajar, ya que ahora cada cárcel en tenía diferentes.

Ésta fue la reacción de una conselleria que entonces lideraba ERC y tenía como consellera a Gemma Ubasart. La nueva circular se ha ido trabajando durante estos cinco meses y ahora ya está terminada: entrará en vigor el 1 de octubre y las prisiones ya la tienen para ir adaptando sus dinámicas. Sin embargo, todo ha coincidido con un cambio de Gobierno, y ahora el departamento lo pilota Ramon Espadaler, en las listas del PSC y líder de Units per Avançar. Así pues, según fuentes de la conselleria, todavía puede haber cambios del nuevo equipo durante este mes. El ARA ha tenido acceso a la esperada circular, que fija más criterios y filtros para que los presos puedan trabajar, pero en ningún momento lo condiciona al delito por el que han sido condenados.

Una de las primeras decisiones de las prisiones después de que la conselleria les pidiera una reevaluación de los internos que trabajaban en las cocinas fue apartar a aquellos que habían sido condenados por delitos de sangre, intentando evitar así un caso como el de ISO De hecho, Justícia, ya bajo el liderazgo de Espadaler, apartó a un preso condenado por un delito de sangre de la cocina de Ponent que ya había sido expulsado de este destino laboral durante el momento de las reevaluaciones posterior al crimen de Mas d' Enrique.

Ahora, sin embargo, los condenados por delitos de sangre podrán seguir trabajando en las cocinas una vez entre en vigor la circular, que quiere ser más restrictiva y poner más filtros. Por ejemplo, clasifica los puestos de trabajo y califica a algunos de especial riesgo: son algunos talleres productivos industriales (dependerá de cada centro), la cocina, la panadería, lavandería, las tiendas y aquellos trabajos que están fuera de los módulos, como la jardinería o los almacenes. Para trabajar en estos trabajos de alto riesgo será necesario haber superado unos requisitos "adicionales" que son más exigentes. En el caso de la cocina, por ejemplo, no podrán trabajar aquellos que hayan estado en celdas de aislamiento en los últimos dos años. Y en estos requisitos "adicionales" es donde entran nuevos filtros: los especialistas tendrán que evaluar si el preso está cumpliendo un programa individualizado de tratamiento. Éste es un punto clave, ya que ISO no estaba haciendo ningún programa (se consideran clave para rehabilitarse) y ahora esto se tendrá más en cuenta. De la misma forma que se incluye que el no cumplimiento de este programa sea una razón que motiva la extinción de la relación laboral.

En los requisitos para entrar a trabajar en la cocina, se mantiene que el preso tenga un test Riscanvi (que mide el grado de reincidencia) que en ningún caso sea alto. El ARA explicó que con ISO también hubo un error en la aplicación de este test: se le tenía que hacer después de que agrediera a otro preso y al final no se hizo. En este sentido, otro de los elementos que criticaban a trabajadores penitenciarios del perfil de ISO es que no pagaba la responsabilidad civil a la familia de la mujer que había asesinado aunque tenía 8.203 euros en la cuenta de prisión. Esto ahora ha provocado también un cambio: si un interno no abona durante dos meses la responsabilidad civil, podrá ser expulsado del trabajo. Sumado a todo ello, una Unidad de Seguridad Interior realizará un "análisis de idoneidad" para evaluar si el preso está listo para trabajar.

El resumen, según fuentes de la conselleria, es que se imponen más requisitos para entrar a trabajar y también se contemplan más para acabar con la relación laboral. Con esta circular, Justícia espera consagrar la seguridad a los centros y evitar casos como el del asesinato de Núria. Este documento ha tardado seis meses en salir a la luz y el nuevo departamento de Espadaler todavía puede introducir algún cambio, pero a partir del 1 de octubre todas las cárceles tendrán los mismos criterios para determinar qué internos pueden trabajar y cuáles no.