¿Por qué el juez envía a prisión a tres manifestantes del 11-N? Familiares y sindicatos hablan de “presos políticos”
El entorno de uno de los detenidos alega que es imposible que participara en todos los incidentes que la policía le atribuye
BarcelonaTiene 26 años, es de Barcelona y vive con sus padres. El miércoles pasado, el día de la huelga general, los Mossos d’Esquadra le detuvieron por participar en los altercados y, después de pasar a disposición judicial, el juez le ha enviado a la cárcel de manera provisional. Se llama Aniol y es uno de los tres jóvenes, de los 52 arrestados, que está privado de libertad. En la resolución judicial, a la cual ha tenido acceso el ARA, se le acusa, básicamente, de quemar contenedores y de lanzar objetos peligrosos, como piedras o botellas de vidrio, contra los vehículos policiales. En delitos esto se traduce en atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y daños. Este jueves, en una rueda de prensa, familiares de los encarcelados, el Sindicato de Inquilinas, la Confederación Sindical de la Vivienda de Cataluña (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña han pedido la libertad de unos chicos a quienes consideran “presos políticos”.
Según el juez, los tres jóvenes, que no tienen antecedentes, debían entrar en la cárcel ante la gravedad de la pena a la que se podían enfrentar –los tres delitos sumados superan los dos años de prisión– y por el riesgo de fuga que podría haber ante esta posible condena. Asimismo, justifica que la manera de actuar organizada, el hecho de ocultarse entre la multitud, vestirse de negro y con el rostro tapado, conlleva un riesgo de reiteración delictiva. En el caso del chico de 26 años, negó haber participado en los altercados y asegura que le detuvieron cuando volvía a casa. El juez dice que, después de comprobar toda la información policial, es “poco creíble” esta afirmación.
En el atestado, los Mossos afirmaron que, hasta que le detuvieron, no perdieron de vista al joven y que el primer incidente del cual le responsabilizan fue encender una barricada alrededor de las 21 horas en la esquina entre las calles Casp y Roger de Llúria. Su defensa, coordinada por Alerta Solidària, ya ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona pidiendo su libertad, y uno de los argumentos es que, en medio de una manifestación con miles de personas, es poco verosímil que no le perdieran de vista.
El recurso, al cual ha tenido acceso el ARA, también critica que solo pasen cinco minutos desde el primer altercado hasta la detención, cuando por el medio se le atribuyen otros desórdenes que creen que es imposible que llevase a cabo por una cuestión de tiempo. Asimismo, el escrito asegura que no hay ninguna lesión a un agente acreditada para imputarle el delito de atentado.
El argumento del arraigo
Uno de los elementos en el cual pone el foco el abogado de la defensa es que su arraigo en Barcelona deshace el argumento del riesgo de fuga. Aporta documentos en este sentido, como el hecho de que trabaja, que es monitor, socio de un ateneo y que vive con sus padres en la misma ciudad. La defensa pide medidas más laxas, como la comparecencia semanal en los juzgados, la retirada del pasaporte o una fianza proporcional a su poder adquisitivo.
Los familiares de los tres encarcelados han calificado, en una rueda de prensa ante la sede del PSC, en el barrio del Poblenou de Barcelona, que la prisión provisional es una medida “totalmente desproporcionada”, y también critican que no se pueda justificar por su arraigo, a pesar de que “viven y trabajan aquí y se preocupan por hacer comunidad”. “Los tres mantienen la calma, pero es una experiencia que deja huella”, han afirmado. En este sentido, han añadido que “echan de menos a alguien que, de un día para otro, ha dejado de estar ahí”.
El “quien la hace la paga”
De hecho, han criticado el mensaje de “quien la hace, la paga”, que está popularizando el Gobierno cuando habla de seguridad; dicen que “no puede ser una excusa para dejar de lado las garantías en un estado democrático”. Los tres sindicatos han acompañado a los familiares en esta rueda de prensa y han convocado una protesta este viernes por la tarde en la plaza Sant Jaume, así como otra manifestación el sábado 28 de noviembre.
El abogado de los detenidos, Eduardo Cáliz (Alerta Solidaria), ha afirmado que están entre rejas “no por lo que han hecho, sino por lo que son”, y la portavoz de la COSHAC, Marta Espriu, ha cargado contra los políticos socialistas porque, dice, se presentan como “progresistas, pero ponen la alfombra roja a los discursos y las maneras de hacer de la extrema derecha”.