Los años y años de interinidad en los órganos parlamentarios se han liquidado en tres horas y media. Es el tiempo que ha durado el pleno del Parlament, que ha aprobado las renovaciones del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC), la Sindicatura de Cuentas y la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Todas fruto del acuerdo entre el PSC, ERC y Junts, que en poco también permitirá que se renueve el Síndic de Greuges, el Consejo de Garantías Estatutarias y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). "Pedimos disculpas por no haberlo hecho antes", ha dicho el socialista Òscar Ordeig. Pero la oposición –hoy el PSC se defendía junto al Govern y los comuns y la CUP protagonizaban los argumentos en contra– no los ha criticado por ir tarde –que también– sino, sobre todo, por hacer "un reparto de sillas entre partidos", en palabras de Dolors Sabater (CUP), y hacerlo solo entre los tres, "excluyendo a una parte de la cámara", en boca de Joan Carles Gallego (comuns).

La ex consellera de Gobernación en el Govern del 1-O, Meritxell Borràs, que ha sido propuesta como directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, ha defendido en el Parlament su candidatura por su "capacidad de liderazgo" y por sus conocimientos de este ámbito de actuación. Después de cumplir los veinte meses de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo en el juicio del 1-O por el delito de desobediencia, Borràs ha dicho que es "un honor volver a estar en el Parlament" y que encara este nuevo reto profesional con la máxima ilusión. Durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, Borràs ha explicado que "ser el más experto en la materia no significa que sea la persona más adecuada, sino que tener capacidad de escucha y de trabajo con los profesionales también es un tema muy relevante” y ha subrayado su conocimiento de la administración pública.

Un año y ocho meses después, este miércoles Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila han cumplido su condena y se han convertido en los primeros dirigentes independentistas que dejan atrás la pena impuesta por el Tribunal Supremo en el juicio del Procés. La suya fue una condena por desobediencia que les comportó veinte meses de inhabilitación. En la práctica, estos veinte meses les han cambiado poco la vida porque los tres ya habían abandonado la política institucional antes del juicio. Y ahora que se les ha levantado la inhabilitación es probable que tampoco les suponga ningún cambio sustancial, porque ninguno de los tres tiene intención de volver a dar el salto a las instituciones, al menos a corto plazo. Eso sí, tal como dice el ex conseller de Justicia, haberse liberado de una condena que ve del todo “injusta” no deja de ser liberador.

Si no hay ningún cambio de última hora, la campaña electoral en Catalunya empezará con los tribunales marcando otra vez el ritmo de los partidos. Y no por la fecha de los comicios, sino por una nueva decisión sobre el independentismo. Ocho meses después de haber admitido a trámite los recursos de todos los condenados por la sentencia del Procés, el pleno del Tribunal Constitucional aborda esta semana la respuesta a la decisión del Tribunal Supremo. El orden del día es extenso y según apuntan al ARA fuentes del alto tribunal no está previsto que los magistrados tengan sobre la mesa la respuesta al recurso de la ex consellera Meritxell Borràs hasta el jueves, la vigilia del inicio oficial de la campaña. El tribunal, sin embargo, abre también la puerta a la posibilidad de que no haya una decisión consensuada hasta el próximo pleno, prevista para después de las elecciones catalanas del 14 de febrero.