La estelada es una bandera legal que no consta en el conjunto de símbolos vetados en las competiciones deportivas como el fútbol, pero se está requisando en numerosos partidos tanto de fútbol como de baloncesto y otras disciplinas, sobre todo fuera de Cataluña. Lo que ocurrió este domingo en Elche, rematado con una brutal agresión a un chico menor de edad que llevaba una estelada, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta: ¿quién está dando la orden de confiscar a diestro y siniestro esta enseña? Aún más teniendo en cuenta que la responsabilidad final del cuerpo de policía estatal es el ministerio del Interior comandado por el socialista Fernando Grande-Marlaska.

El CNI ha vuelto a entrar en escena respecto a la crisis en Ceuta. El papel de los servicios de inteligencia era una de las claves de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes en el Congreso. Sobre ella y su ministerio ha planeado la incógnita de qué sabía el CNI sobre la entrada de decenas de miles de personas –unas 80.000– los días 30 y 31 de julio desde Marruecos. Y en particular, si los servicios habían advertido de la posibilidad de la crisis migratoria. La pregunta ha desencadenado en un lío entre esta cartera, el ministerio del Interior y la Delegación del gobierno español en Ceuta, ya que todos quieren defender su actuación. Mientras que Robles asegura que el CNI trasladó información a Interior y a la Delegación, estos matizan que en ningún caso se les avisó de una entrada masiva de migrantes.

Semana de alto voltaje para el gobierno español: con movimiento en la Moncloa, donde se celebrará el primer consejo de ministros tras el paréntesis del verano, pero sobre todo con movimiento en el Congreso. Hasta ocho ministros del ejecutivo de Pedro Sánchez comparecerán para rendir cuentas por la gestión de la crisis en Ceuta cuando aún planean muchas incógnitas.

Desde que hay gobierno de coalición en España, las críticas de ministros de Sumar en contra del rey se han producido hasta el punto de que ya forman parte de la normalidad, como también los plantones en actos oficiales de la casa real. Ahora bien, este no es el caso de los ministros socialistas. De hecho, la parte socialista del gobierno estatal siempre ha defendido acérrimamente al jefe de Estado, también ante las críticas de la derecha y la extrema derecha de determinados discursos o acciones, teniendo en cuenta que todo lo que haga Felipe VI debe estar refrendado por el gobierno español. Con todo, esta semana ha emergido una crisis repentina entre el gobierno español y la Corona que supone un giro de guion, después de una dura crítica de un ministro socialista como Óscar Puente, uno de los principales escuderos del presidente español, Pedro Sánchez, por una fotografía reciente del rey con el agitador de extrema derecha Javier Negre en Colombia, en el marco de la investidura del nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella.

Pedro Sánchez no encuentra apoyos para sacar adelante las medidas de vivienda que anunció hace casi un mes. Tras semanas de tira y afloja con los socios del bloque de investidura, en particular con Junts, el gobierno español ha decidido dejar para después del verano la aprobación del nuevo decreto de vivienda, que entre otras cosas debía incluir una prórroga extraordinaria de los alquileres hasta 2028, según ha avanzado El País y han confirmado desde el ministerio de Vivienda.

Describir estos días la vida del PSOE equivale a redactar la crónica de una desolación. Si ya era difícil dar un crédito total a las manifestaciones iniciales meramente exculpatorias del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero seguidas de un silencio de más de dos meses, su aparición televisiva para dar explicaciones no ha hecho otra cosa que agravar la situación, en especial en el terreno político. En el ámbito judicial puede ser diferente, porque hay otras reglas del juego. La defensa jugará fuerte la carta de pedir la nulidad de las actuaciones, basándose en problemas procesales y garantías de derechos fundamentales. Tampoco es una batalla fácil, pero Zapatero tiene un abogado con experiencia en este capítulo, Víctor Moreno Catena. Se trata de un catedrático precisamente de derecho procesal que durante seis años (1988-1994) ocupó altos cargos en el ministerio del Interior, primero como secretario general técnico y más tarde como subsecretario.

El ministerio de Vivienda ha anunciado este lunes que ha fallecido David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, a los 58 años. Lucas, que también había sido alcalde de Móstoles, había aparcado su vida pública a finales de junio para tratarse de un cáncer, que no ha podido superar. "El ministerio lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común".

Cataluña vuelve a situarse una vez más entre las comunidades donde el Estado destina menos recursos. Según los informes que el ministerio de Hacienda ha enviado este viernes a los partidos políticos y al Congreso, y a los cuales ha tenido acceso el ARA, el gobierno español gastó en Cataluña el 8,6% de toda la inversión que ejecutó durante el año 2025 en las comunidades autónomas. Es el año en que recibe el trozo de pastel más pequeño de los últimos diez años, un periodo durante el cual Cataluña ha recibido entre el 9% y el 13% de las inversiones llevadas a cabo por el ejecutivo central.

Al día siguiente de la validación de la justicia europea a la amnistía todo el mundo construye su propio relato. Mientras el independentismo celebra la decisión del TJUE, pero avisa que esto no acaba con la represión, tanto el gobierno catalán como el español ven validada su agenda de la "reconciliación" y reivindican el fin de la "crisis política" entre Cataluña y el Estado. Es más, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que si él "fuera Carles Puigdemont" volvería a España, "sin ninguna duda". "Hay que plantar cara de una vez", ha dicho en una entrevista a RNE recogida por Efe. Esta actitud no ha gustado nada a Junts, ya que la orden de prisión se mantiene vigente y el expresidente sería detenido. "Cuánta miseria y frivolidad", ha replicado el secretario general del partido, Jordi Turull. Después de esto, fuentes del partido consultadas por el ARA se reafirman en la ruptura con el gobierno español, también después de la sentencia favorable a la amnistía del TJUE.

Mariano Rajoy no solo ha quitado hierro a su comentario racista sobre la selección francesa, amparado por el PP, sino que ahora se resiste a disculparse. En medio de la euforia por el pase de España a la final del Mundial, el expresidente español ha publicado un nuevo artículo en El Debate en el que habla de la polémica a su alrededor. Una crónica con poca carga futbolística y mucha política, en la que dispara directamente contra el gobierno español: "Ellos no piden perdón por nada", llega a decir.

El comentario racista de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol todavía trae cola, pero el PP ha optado por ignorar las críticas y quitarle hierro. Después de que Francia protestara por las palabras del expresidente español, que dijo que el conjunto galo es un equipo con mucho "nivel" pero "sin franceses", el gobierno de Pedro Sánchez ha salido este lunes en tromba para utilizar la polémica contra los populares. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido directamente a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy y ha pedido al medio que publicó su crónica futbolística, El Debate, que retire el artículo, el sexto del popular en este Mundial.

El gobierno español ha oficializado el relevo en la cúpula de la Agencia Tributaria este martes. Asumirá la dirección general de la administración tributaria Antonio Ansón Latorre (Zaragoza, 1962), que desde hace poco más de un año es el director del gabinete del secretario de estado de Hacienda, el máximo responsable de dirigir y coordinar la política fiscal, la gestión del sistema tributario y la financiación autonómica.

Mientras la legislatura española tenga vida, el gobierno español mantiene los pasos para intentar que el nuevo modelo de financiación autonómica vea la luz. ¿Con qué calendario trabaja? Una vez superadas las elecciones andaluzas –en las que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentó de candidata–, el ejecutivo estatal ha reactivado la maquinaria y ha fijado para el miércoles 29 de julio una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debería servir para poner sobre la mesa el nuevo sistema de financiación que los socialistas pactaron con ERC (y presentaron en enero). Previamente, el 14 de julio el gobierno español hará una reunión técnica preparatoria con todas las autonomías y esta semana ya distribuirá a todas las comunidades la propuesta concreta. El siguiente paso ya será que el consejo de ministros apruebe la propuesta para después enviarla al Congreso, probablemente en septiembre. Y allí, todavía ha de ganar los apoyos necesarios para que este nuevo modelo vea la luz.

La catalana Openchip, especializada en el diseño y comercialización de chips de alto rendimiento, recibe una nueva inyección de fondos públicos para impulsar su proyecto. Este lunes, la compañía con sede en Barcelona ha recibido 115 millones de euros del gobierno español a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la también llamada SEPI tecnológica del ejecutivo central.

"¿Piensa responder a alguna pregunta?". Esta es la cuestión que registró la portavoz del PP, Ester Muñoz, esta semana en la sesión de control del Congreso para dirigirse al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Una pregunta, sin contenido explícito, que evidencia la desesperación en las filas populares con el estilo del número dos de Pedro Sánchez. A diferencia de la ya exvicepresidenta María Jesús Montero, ahora en Andalucía, que era mucho más visceral y se enfrentaba a cara descubierta a los de Alberto Núñez Feijóo, el nuevo vicepresidente español emplea una estrategia de moderación y pausa que descoloca a su homóloga en el PP. Si Ester Muñoz le habla de casos de corrupción, Carlos Cuerpo le responde con los datos macroeconómicos positivos. Si Muñoz le reprocha que haya dirigentes del PSOE que atribuyen las investigaciones por corrupción a una operación política, Carlos Cuerpo se limita a decir que respeta la justicia.

El gobierno español saca pecho de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). España ha comenzado a edificar el número más alto de viviendas de VPO en un primer trimestre desde 2012, en un contexto de precios a niveles máximos y el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. En paralelo, también ha alcanzado el número más alto de VPO terminadas desde entonces.

La economía española mantiene el pulso a pesar del impacto de la guerra en Oriente Próximo, pero no por ello está exenta de riesgos. Es una de las grandes conclusiones de los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe anual sobre la economía española, el llamado Artículo IV, en el que lanzan una serie de recomendaciones al gobierno español, empezando por el hecho de llevar a cabo una consolidación fiscal que ayude a fortalecer las arcas públicas.

El Estado y la Generalitat han rubricado este miércoles los acuerdos con ERC para los presupuestos catalanes en la Comisión Bilateral que han celebrado en Madrid y que ha durado menos de una hora. Los republicanos fijaron esta condición para tener garantía del cumplimiento de los pactos que dependen del ejecutivo de Pedro Sánchez, entre los cuales está la constitución de una sociedad mercantil de inversiones, es decir, una empresa que aprobará el consejo de ministros a lo largo de este 2026 y estará participada por ambas administraciones. Esta sociedad servirá para "dotar de más agilidad, flexibilidad y capacidad operativa" la ejecución de estudios, proyectos y obras vinculados a infraestructuras y otras inversiones públicas, tal como ha explicado el Govern en un comunicado de prensa. En paralelo, sin embargo, no se tira la toalla con la posibilidad de sacar adelante un "consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones" y que dependería del ministerio de Transportes. Para que esto prospere, sin embargo, hace falta el aval del Congreso, donde la propuesta descarriló hace pocas semanas por el voto contrario de Junts.

Ha llegado el día. Este domingo Andalucía vota en unas elecciones que son autonómicas y que muchos percibirán como unas auténticas primarias. Pero en cierto sentido también se trata de una final, una cita en la que están en juego el estado de ánimo y las posibilidades con que el PP habrá de afrontar lo que queda de legislatura en el conjunto del Estado. Si el actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, consigue revalidar su mayoría absoluta, en la calle Génova de Madrid, donde los populares tienen su sede central, sonarán muy fuerte las campanas. Y si no obtiene este resultado también las harán sonar, pero emitirán un sonido diferente, más contenido, porque habrá que ir a buscar a Santiago Abascal, el líder de Vox, para intentar garantizarse una nueva mayoría parlamentaria. Y por las experiencias anteriores ya se sabe que una operación de este tipo es siempre un dolor de cabeza.

La polémica está asociada al nombre de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hace años que de esto ha hecho su particular estrategia política, pero su último viaje a México seguramente ha superado todas las expectativas. Un viaje oficial que, por un lado, ha puesto en entredicho el proceso de reconciliación entre España y el país presidido por Claudia Sheinbaum después de años de congelación de las relaciones; y, por otro, ha incendiado la política y la sociedad mexicana hasta el punto de que el equipo de Díaz Ayuso decidió marcharse antes de tiempo del viaje oficial. Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por culpar de ello al gobierno español y al mexicano: "Hemos tenido que desaparecer. Estábamos en peligro".