Cataluña vuelve a situarse una vez más entre las comunidades donde el Estado destina menos recursos. Según los informes que el ministerio de Hacienda ha enviado este viernes a los partidos políticos y al Congreso, y a los cuales ha tenido acceso el ARA, el gobierno español gastó en Cataluña el 8,6% de toda la inversión que ejecutó durante el año 2025 en las comunidades autónomas. Es el año en que recibe el trozo de pastel más pequeño de los últimos diez años, un periodo durante el cual Cataluña ha recibido entre el 9% y el 13% de las inversiones llevadas a cabo por el ejecutivo central.

Al día siguiente de la validación de la justicia europea a la amnistía todo el mundo construye su propio relato. Mientras el independentismo celebra la decisión del TJUE, pero avisa que esto no acaba con la represión, tanto el gobierno catalán como el español ven validada su agenda de la "reconciliación" y reivindican el fin de la "crisis política" entre Cataluña y el Estado. Es más, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que si él "fuera Carles Puigdemont" volvería a España, "sin ninguna duda". "Hay que plantar cara de una vez", ha dicho en una entrevista a RNE recogida por Efe. Esta actitud no ha gustado nada a Junts, ya que la orden de prisión se mantiene vigente y el expresidente sería detenido. "Cuánta miseria y frivolidad", ha replicado el secretario general del partido, Jordi Turull. Después de esto, fuentes del partido consultadas por el ARA se reafirman en la ruptura con el gobierno español, también después de la sentencia favorable a la amnistía del TJUE.

Mariano Rajoy no solo ha quitado hierro a su comentario racista sobre la selección francesa, amparado por el PP, sino que ahora se resiste a disculparse. En medio de la euforia por el pase de España a la final del Mundial, el expresidente español ha publicado un nuevo artículo en El Debate en el que habla de la polémica a su alrededor. Una crónica con poca carga futbolística y mucha política, en la que dispara directamente contra el gobierno español: "Ellos no piden perdón por nada", llega a decir.

El comentario racista de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol todavía trae cola, pero el PP ha optado por ignorar las críticas y quitarle hierro. Después de que Francia protestara por las palabras del expresidente español, que dijo que el conjunto galo es un equipo con mucho "nivel" pero "sin franceses", el gobierno de Pedro Sánchez ha salido este lunes en tromba para utilizar la polémica contra los populares. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido directamente a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy y ha pedido al medio que publicó su crónica futbolística, El Debate, que retire el artículo, el sexto del popular en este Mundial.

El gobierno español ha oficializado el relevo en la cúpula de la Agencia Tributaria este martes. Asumirá la dirección general de la administración tributaria Antonio Ansón Latorre (Zaragoza, 1962), que desde hace poco más de un año es el director del gabinete del secretario de estado de Hacienda, el máximo responsable de dirigir y coordinar la política fiscal, la gestión del sistema tributario y la financiación autonómica.

Mientras la legislatura española tenga vida, el gobierno español mantiene los pasos para intentar que el nuevo modelo de financiación autonómica vea la luz. ¿Con qué calendario trabaja? Una vez superadas las elecciones andaluzas –en las que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentó de candidata–, el ejecutivo estatal ha reactivado la maquinaria y ha fijado para el miércoles 29 de julio una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debería servir para poner sobre la mesa el nuevo sistema de financiación que los socialistas pactaron con ERC (y presentaron en enero). Previamente, el 14 de julio el gobierno español hará una reunión técnica preparatoria con todas las autonomías y esta semana ya distribuirá a todas las comunidades la propuesta concreta. El siguiente paso ya será que el consejo de ministros apruebe la propuesta para después enviarla al Congreso, probablemente en septiembre. Y allí, todavía ha de ganar los apoyos necesarios para que este nuevo modelo vea la luz.

La catalana Openchip, especializada en el diseño y comercialización de chips de alto rendimiento, recibe una nueva inyección de fondos públicos para impulsar su proyecto. Este lunes, la compañía con sede en Barcelona ha recibido 115 millones de euros del gobierno español a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la también llamada SEPI tecnológica del ejecutivo central.

"¿Piensa responder a alguna pregunta?". Esta es la cuestión que registró la portavoz del PP, Ester Muñoz, esta semana en la sesión de control del Congreso para dirigirse al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Una pregunta, sin contenido explícito, que evidencia la desesperación en las filas populares con el estilo del número dos de Pedro Sánchez. A diferencia de la ya exvicepresidenta María Jesús Montero, ahora en Andalucía, que era mucho más visceral y se enfrentaba a cara descubierta a los de Alberto Núñez Feijóo, el nuevo vicepresidente español emplea una estrategia de moderación y pausa que descoloca a su homóloga en el PP. Si Ester Muñoz le habla de casos de corrupción, Carlos Cuerpo le responde con los datos macroeconómicos positivos. Si Muñoz le reprocha que haya dirigentes del PSOE que atribuyen las investigaciones por corrupción a una operación política, Carlos Cuerpo se limita a decir que respeta la justicia.

El gobierno español saca pecho de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). España ha comenzado a edificar el número más alto de viviendas de VPO en un primer trimestre desde 2012, en un contexto de precios a niveles máximos y el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. En paralelo, también ha alcanzado el número más alto de VPO terminadas desde entonces.

La economía española mantiene el pulso a pesar del impacto de la guerra en Oriente Próximo, pero no por ello está exenta de riesgos. Es una de las grandes conclusiones de los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe anual sobre la economía española, el llamado Artículo IV, en el que lanzan una serie de recomendaciones al gobierno español, empezando por el hecho de llevar a cabo una consolidación fiscal que ayude a fortalecer las arcas públicas.

El Estado y la Generalitat han rubricado este miércoles los acuerdos con ERC para los presupuestos catalanes en la Comisión Bilateral que han celebrado en Madrid y que ha durado menos de una hora. Los republicanos fijaron esta condición para tener garantía del cumplimiento de los pactos que dependen del ejecutivo de Pedro Sánchez, entre los cuales está la constitución de una sociedad mercantil de inversiones, es decir, una empresa que aprobará el consejo de ministros a lo largo de este 2026 y estará participada por ambas administraciones. Esta sociedad servirá para "dotar de más agilidad, flexibilidad y capacidad operativa" la ejecución de estudios, proyectos y obras vinculados a infraestructuras y otras inversiones públicas, tal como ha explicado el Govern en un comunicado de prensa. En paralelo, sin embargo, no se tira la toalla con la posibilidad de sacar adelante un "consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones" y que dependería del ministerio de Transportes. Para que esto prospere, sin embargo, hace falta el aval del Congreso, donde la propuesta descarriló hace pocas semanas por el voto contrario de Junts.

Ha llegado el día. Este domingo Andalucía vota en unas elecciones que son autonómicas y que muchos percibirán como unas auténticas primarias. Pero en cierto sentido también se trata de una final, una cita en la que están en juego el estado de ánimo y las posibilidades con que el PP habrá de afrontar lo que queda de legislatura en el conjunto del Estado. Si el actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, consigue revalidar su mayoría absoluta, en la calle Génova de Madrid, donde los populares tienen su sede central, sonarán muy fuerte las campanas. Y si no obtiene este resultado también las harán sonar, pero emitirán un sonido diferente, más contenido, porque habrá que ir a buscar a Santiago Abascal, el líder de Vox, para intentar garantizarse una nueva mayoría parlamentaria. Y por las experiencias anteriores ya se sabe que una operación de este tipo es siempre un dolor de cabeza.

La polémica está asociada al nombre de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hace años que de esto ha hecho su particular estrategia política, pero su último viaje a México seguramente ha superado todas las expectativas. Un viaje oficial que, por un lado, ha puesto en entredicho el proceso de reconciliación entre España y el país presidido por Claudia Sheinbaum después de años de congelación de las relaciones; y, por otro, ha incendiado la política y la sociedad mexicana hasta el punto de que el equipo de Díaz Ayuso decidió marcharse antes de tiempo del viaje oficial. Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por culpar de ello al gobierno español y al mexicano: "Hemos tenido que desaparecer. Estábamos en peligro".

Desde hace unas semanas el Govern y Esquerra negocian con discreción los presupuestos que descarrilaron en marzo. Las dos partes decidieron darse una segunda oportunidad para intentar llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de verano y, tras múltiples encuentros y grupos de trabajo, según ha podido saber el ARA socialistas y republicanos en Barcelona y en Madridhan desencallado dos cuestiones que allanan el terreno para las cuentas. Si una parte del Cuarto Cinturón (por carretera) fue lo que desencalló los presupuestos del 2022 del Govern de Pere Aragonès, el eje orbital ferroviario, una especie de Cuarto Cinturón ferroviario, es lo que parece encarrilar las primeras cuentas de Salvador Illa. Se trata de la red ferroviaria para conectar la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona.

La elección de magistrados para ocupar puestos relevantes de la judicatura siempre está asociada a la batalla política o, como mínimo, al tira y afloja entre conservadores y progresistas. La composición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acostumbra a ocupar primeras planas de la prensa, mientras que la elección para estar en instancias internacionales suele pasar a un segundo plano. Ahora no es el caso: hay abierta una batalla por el proceso de selección del juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la actual, la conservadora María Elósegui, se le acaba el mandato en marzo de 2027 y el proceso que ha puesto en marcha el gobierno español ha generado controversia entre los candidatos: lo ha impugnado un vocal del CGPJ propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, y, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, no ha sido el único, ya que otros aspirantes también lo han hecho o han verbalizado su intención de hacerlo.

El ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa una propuesta de ley planteada por fundaciones sin ánimo de lucro que gestionan la vivienda social, como Hàbitat3 o Provivienda. Las entidades –agrupadas bajo el paraguas de ALIVAS– quieren crear una nueva figura jurídica con el objetivo de ampliar este segmento del mercado residencial en España, los "proveedores de vivienda social". Según explican a el ARA fuentes del gobierno español, la intención es que la norma llegue al Congreso "cuanto antes mejor", y que la tramite el grupo socialista porque el proceso es "más rápido" y tiene "menos procedimientos" si se hace vía partidos.

Hay un sector en el Estado que vive una época dorada, que crece sin tener todavía una regulación integral y que cada vez es más relevante en el proceso de decisión de gobiernos y Parlamentos: las consultoras de asuntos públicos. Un tipo de puente entre el mundo público y privado, que es terreno desconocido para una buena parte de la población y que en los últimos años está proliferando con fuerza en Madrid, pero también en Barcelona, a raíz de la fragmentación política, la complejidad cada vez mayor de los procesos de decisión y el aumento de las crisis económicas y geopolíticas. ¿Qué hacen, sin embargo, estas empresas? ¿Es un sector profesionalizado? ¿Por qué es terreno propicio para expolíticos? El ARA ha hecho una radiografía de las principales empresas instaladas en el Estado, hablando conpersonas de dentro del sector, asociaciones profesionales, políticos y también expertos que señalan la falta de regulación como principal problema.

El gobierno español y ERC oficializaron el acuerdo para una nueva financiación autonómica en enero, con presentación incluida por parte de la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de meses de negociaciones con los republicanos. El pacto lo llevó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde recibió el sonoro rechazo de los consejeros autonómicos del PP. El gobierno español, sin embargo, defendió durante semanas las bondades del nuevo modelo y explicó que estaba elaborando la ley que debía permitir someterlo a debate de los grupos parlamentarios del Congreso. Tres meses después y con un nuevo ministro al frente, Arcadi España, la norma aún no se ha hecho pública, no ha habido reuniones bilaterales con los consejeros autonómicos y tampoco se ha empezado a tramitar. El debate ha pasado a un segundo plano en la esfera pública, sobre todo después de la ruptura entre Esquerra y los socialistas por el traspaso de la recaudación del IRPF.

Luz verde a la regularización de migrantes. Después del proceso de audiencia pública y los informes preceptivos, el gobierno español ha aprobado este martes el real decreto que servirá para regularizar la situación de más de medio millón de personas que ya están en el Estado pero no tienen reconocidos sus derechos. "Es un acto de coherencia y justicia social", ha proclamado la portavoz y titular de esta cartera, Elma Saiz, este martes. "Es una medida histórica y tiene todas las garantías legales", ha añadido. ¿Cómo funcionará, sin embargo, el trámite?

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y la UGT, han exhibido unidad con propuestas concretes sobre el despido, la vivienda, el contrato a tiempo parcial y el diálogo social y la negociación colectiva. Este martes, las dos organizaciones han presentado un plan conjunto en torno a estas cuatro materias que suponga un revulsivo para la acción sindical, sobre todo a las puertas del Primero de Mayo, pero que también sirva como "correa de transmisión" de aquellas preocupaciones que afectan a los trabajadores y que, a juicio de las organizaciones, la agenda política marcada por la crispación no está recogiendo. "Estamos ante una iniciativa [sindical] que tiene pocos precedentes", ha indicado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, en rueda de prensa.