"¿Piensa responder a alguna pregunta?". Esta es la cuestión que registró la portavoz del PP, Ester Muñoz, esta semana en la sesión de control del Congreso para dirigirse al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Una pregunta, sin contenido explícito, que evidencia la desesperación en las filas populares con el estilo del número dos de Pedro Sánchez. A diferencia de la ya exvicepresidenta María Jesús Montero, ahora en Andalucía, que era mucho más visceral y se enfrentaba a cara descubierta a los de Alberto Núñez Feijóo, el nuevo vicepresidente español emplea una estrategia de moderación y pausa que descoloca a su homóloga en el PP. Si Ester Muñoz le habla de casos de corrupción, Carlos Cuerpo le responde con los datos macroeconómicos positivos. Si Muñoz le reprocha que haya dirigentes del PSOE que atribuyen las investigaciones por corrupción a una operación política, Carlos Cuerpo se limita a decir que respeta la justicia.

El gobierno español saca pecho de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). España ha comenzado a edificar el número más alto de viviendas de VPO en un primer trimestre desde 2012, en un contexto de precios a niveles máximos y el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. En paralelo, también ha alcanzado el número más alto de VPO terminadas desde entonces.

La economía española mantiene el pulso a pesar del impacto de la guerra en Oriente Próximo, pero no por ello está exenta de riesgos. Es una de las grandes conclusiones de los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe anual sobre la economía española, el llamado Artículo IV, en el que lanzan una serie de recomendaciones al gobierno español, empezando por el hecho de llevar a cabo una consolidación fiscal que ayude a fortalecer las arcas públicas.

El Estado y la Generalitat han rubricado este miércoles los acuerdos con ERC para los presupuestos catalanes en la Comisión Bilateral que han celebrado en Madrid y que ha durado menos de una hora. Los republicanos fijaron esta condición para tener garantía del cumplimiento de los pactos que dependen del ejecutivo de Pedro Sánchez, entre los cuales está la constitución de una sociedad mercantil de inversiones, es decir, una empresa que aprobará el consejo de ministros a lo largo de este 2026 y estará participada por ambas administraciones. Esta sociedad servirá para "dotar de más agilidad, flexibilidad y capacidad operativa" la ejecución de estudios, proyectos y obras vinculados a infraestructuras y otras inversiones públicas, tal como ha explicado el Govern en un comunicado de prensa. En paralelo, sin embargo, no se tira la toalla con la posibilidad de sacar adelante un "consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones" y que dependería del ministerio de Transportes. Para que esto prospere, sin embargo, hace falta el aval del Congreso, donde la propuesta descarriló hace pocas semanas por el voto contrario de Junts.

Ha llegado el día. Este domingo Andalucía vota en unas elecciones que son autonómicas y que muchos percibirán como unas auténticas primarias. Pero en cierto sentido también se trata de una final, una cita en la que están en juego el estado de ánimo y las posibilidades con que el PP habrá de afrontar lo que queda de legislatura en el conjunto del Estado. Si el actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, consigue revalidar su mayoría absoluta, en la calle Génova de Madrid, donde los populares tienen su sede central, sonarán muy fuerte las campanas. Y si no obtiene este resultado también las harán sonar, pero emitirán un sonido diferente, más contenido, porque habrá que ir a buscar a Santiago Abascal, el líder de Vox, para intentar garantizarse una nueva mayoría parlamentaria. Y por las experiencias anteriores ya se sabe que una operación de este tipo es siempre un dolor de cabeza.

La polémica está asociada al nombre de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hace años que de esto ha hecho su particular estrategia política, pero su último viaje a México seguramente ha superado todas las expectativas. Un viaje oficial que, por un lado, ha puesto en entredicho el proceso de reconciliación entre España y el país presidido por Claudia Sheinbaum después de años de congelación de las relaciones; y, por otro, ha incendiado la política y la sociedad mexicana hasta el punto de que el equipo de Díaz Ayuso decidió marcharse antes de tiempo del viaje oficial. Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por culpar de ello al gobierno español y al mexicano: "Hemos tenido que desaparecer. Estábamos en peligro".

Desde hace unas semanas el Govern y Esquerra negocian con discreción los presupuestos que descarrilaron en marzo. Las dos partes decidieron darse una segunda oportunidad para intentar llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de verano y, tras múltiples encuentros y grupos de trabajo, según ha podido saber el ARA socialistas y republicanos en Barcelona y en Madridhan desencallado dos cuestiones que allanan el terreno para las cuentas. Si una parte del Cuarto Cinturón (por carretera) fue lo que desencalló los presupuestos del 2022 del Govern de Pere Aragonès, el eje orbital ferroviario, una especie de Cuarto Cinturón ferroviario, es lo que parece encarrilar las primeras cuentas de Salvador Illa. Se trata de la red ferroviaria para conectar la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona.

La elección de magistrados para ocupar puestos relevantes de la judicatura siempre está asociada a la batalla política o, como mínimo, al tira y afloja entre conservadores y progresistas. La composición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acostumbra a ocupar primeras planas de la prensa, mientras que la elección para estar en instancias internacionales suele pasar a un segundo plano. Ahora no es el caso: hay abierta una batalla por el proceso de selección del juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la actual, la conservadora María Elósegui, se le acaba el mandato en marzo de 2027 y el proceso que ha puesto en marcha el gobierno español ha generado controversia entre los candidatos: lo ha impugnado un vocal del CGPJ propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, y, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, no ha sido el único, ya que otros aspirantes también lo han hecho o han verbalizado su intención de hacerlo.

El ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa una propuesta de ley planteada por fundaciones sin ánimo de lucro que gestionan la vivienda social, como Hàbitat3 o Provivienda. Las entidades –agrupadas bajo el paraguas de ALIVAS– quieren crear una nueva figura jurídica con el objetivo de ampliar este segmento del mercado residencial en España, los "proveedores de vivienda social". Según explican a el ARA fuentes del gobierno español, la intención es que la norma llegue al Congreso "cuanto antes mejor", y que la tramite el grupo socialista porque el proceso es "más rápido" y tiene "menos procedimientos" si se hace vía partidos.

Hay un sector en el Estado que vive una época dorada, que crece sin tener todavía una regulación integral y que cada vez es más relevante en el proceso de decisión de gobiernos y Parlamentos: las consultoras de asuntos públicos. Un tipo de puente entre el mundo público y privado, que es terreno desconocido para una buena parte de la población y que en los últimos años está proliferando con fuerza en Madrid, pero también en Barcelona, a raíz de la fragmentación política, la complejidad cada vez mayor de los procesos de decisión y el aumento de las crisis económicas y geopolíticas. ¿Qué hacen, sin embargo, estas empresas? ¿Es un sector profesionalizado? ¿Por qué es terreno propicio para expolíticos? El ARA ha hecho una radiografía de las principales empresas instaladas en el Estado, hablando conpersonas de dentro del sector, asociaciones profesionales, políticos y también expertos que señalan la falta de regulación como principal problema.

El gobierno español y ERC oficializaron el acuerdo para una nueva financiación autonómica en enero, con presentación incluida por parte de la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de meses de negociaciones con los republicanos. El pacto lo llevó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde recibió el sonoro rechazo de los consejeros autonómicos del PP. El gobierno español, sin embargo, defendió durante semanas las bondades del nuevo modelo y explicó que estaba elaborando la ley que debía permitir someterlo a debate de los grupos parlamentarios del Congreso. Tres meses después y con un nuevo ministro al frente, Arcadi España, la norma aún no se ha hecho pública, no ha habido reuniones bilaterales con los consejeros autonómicos y tampoco se ha empezado a tramitar. El debate ha pasado a un segundo plano en la esfera pública, sobre todo después de la ruptura entre Esquerra y los socialistas por el traspaso de la recaudación del IRPF.

Luz verde a la regularización de migrantes. Después del proceso de audiencia pública y los informes preceptivos, el gobierno español ha aprobado este martes el real decreto que servirá para regularizar la situación de más de medio millón de personas que ya están en el Estado pero no tienen reconocidos sus derechos. "Es un acto de coherencia y justicia social", ha proclamado la portavoz y titular de esta cartera, Elma Saiz, este martes. "Es una medida histórica y tiene todas las garantías legales", ha añadido. ¿Cómo funcionará, sin embargo, el trámite?

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y la UGT, han exhibido unidad con propuestas concretes sobre el despido, la vivienda, el contrato a tiempo parcial y el diálogo social y la negociación colectiva. Este martes, las dos organizaciones han presentado un plan conjunto en torno a estas cuatro materias que suponga un revulsivo para la acción sindical, sobre todo a las puertas del Primero de Mayo, pero que también sirva como "correa de transmisión" de aquellas preocupaciones que afectan a los trabajadores y que, a juicio de las organizaciones, la agenda política marcada por la crispación no está recogiendo. "Estamos ante una iniciativa [sindical] que tiene pocos precedentes", ha indicado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, en rueda de prensa.

"Siempre le gusta recordar que es licenciada en medicina". Es uno de los rasgos que recuerda un exdiputado catalán en el Congreso encargado de los temas económicos cuando se le pregunta qué destacaría de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora que sale del gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que la trayectoria de Montero está marcada por la Sanidad. No solo es médica de formación, sino que los primeros pasos profesionales los dio como gestora de hospitales. Esta, de hecho, fue su puerta de entrada a la consejería andaluza de Salud en el año 2002. Y quizás por eso, Montero vuelve ahora a su tierra natal anunciando que si gana las elecciones –es la candidata del PSOE–, una de las primeras medidas será aprobar un plan para "salvar" la sanidad pública andaluza.

El retrato de una España con las fronteras cerradas a la inmigración perfila una sociedad más envejecida, pero también con pérdidas importantes, tanto en la población como en la mano de obra en sectores esenciales como son los cuidados, la educación o la sanidad. También habría un inevitable aumento de impuestos e incluso el cierre de escuelas, bares, comercios y explotaciones agrarias. Este panorama casi distópico responde a la siguiente pregunta: ¿cómo sería la España de 2075 si los flujos migratorios se redujeran un 30% siguiendo las políticas restrictivas que impulsan casi todos los socios de la Unión Europea?

Hay una primera crisis del petróleo. Lo enseñamos en todos los cursos de historia económica. La crisis se inició en octubre de 1973 a raíz de la guerra del Yom Kippur, cuando Arabia Saudí, al frente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), negó la venta de petróleo a los países que se habían alineado con Israel. Rápidamente, la propia OPEP transformó el boicot en incrementos de precio. Ante la rigidez de la demanda mundial de petróleo, la OPEP pudo repetir los incrementos de precio varias veces hasta llegar a multiplicarlos por cuatro en unos pocos meses, un impacto que se extendió por todo el mundo y favoreció el enriquecimiento obsceno de los grandes exportadores.

Una de las primeras consecuencias de el anuncio de elecciones en Andalucía ha sido la salida de María Jesús Montero del gobierno español. La vicepresidenta y ministra de Hacienda tendrá que hacer las maletas para convertirse en candidata del PSOE a los comicios, anunciados este lunes de manera anticipada por el presidente Juanma Moreno Bonilla. En la primera rueda de prensa desde el anuncio, Montero ha asegurado este martes que inicia "esta carrera electoral" como candidata y que su marcha como ministra "será inminente en los próximos días", tal como dijo el lunes.

Ángel Losada (Berna, Suiza, 1953) es un diplomático español con una larga carrera a sus espaldas. Ha sido embajador de España en Nigeria, en Kuwait, enviado especial de la Unión Europea al Sahel y embajador en Irán. Ya jubilado, atiende a el ARA para analizar la guerra abierta en Oriente Medio.

Pedro Sánchez entra a la sala decidido, camina con desenvoltura con la carpeta bajo el brazo, saluda a las cámaras –"buenos días"–, y se dirige directamente al canciller, Friedrich Merz. Unas palmaditas en la espalda, risa de oreja a oreja y charla amistosa para escenificar la reconciliación después del choque por el papel que hizo el alemán junto a Donald Trump cuando amenazó a España. La escena, que se produjo el jueves en Bruselas en el marco del Consejo Europeo, es el ejemplo más claro de la comodidad con la que Sánchez se mueve en el ámbito internacional. Sabiéndose observado, se siente reconocido por su no a la guerra en el seno de la Unión Europea. Ganador internamente –el CIS avalaba esta semana que la mayoría de los españoles están en contra del ataque a Irán– y también externamente, porque la mayoría de países europeos se han ido alineando con la posición española en contra del ataque de los EE. UU. e Israel. Politico avalaba la tesis esta misma semana. Primero era un outsider... y ahora todos quieren estar a su lado, relataba.

Después de un encontronazo inédito con los ministros de Sumar por el plan de choque contra la guerra de Irán, el presidente español, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes en la Moncloa para explicar un nuevo escudo social que ha definido como el "más grande" de toda Europa. Tendrá dos patas: un paquete de rebajas de impuestos al combustible, el gas y la electricidad, y otro decreto ley sobre vivienda con la prórroga de los contratos de alquiler hasta dos años. Ha dicho que en total serán 80 medidas que costarán 5.000 millones de euros a las arcas públicas, básicamente por la bajada de la presión fiscal. "España está mejor preparada que otros países para hacer frente al shock energético derivado de la guerra ilegal de Irán", ha reivindicado en referencia a su apuesta estratégica por las renovables. Al mismo tiempo, Sánchez ha lamentado que ningún plan, "por muy ambicioso que sea", podrá "neutralizar todas las miserias" del conflicto y se ha mostrado "enfadado por la situación del mundo".