Ha llegado el día. Este domingo Andalucía vota en unas elecciones que son autonómicas y que muchos percibirán como unas auténticas primarias. Pero en cierto sentido también se trata de una final, una cita en la que están en juego el estado de ánimo y las posibilidades con que el PP habrá de afrontar lo que queda de legislatura en el conjunto del Estado. Si el actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, consigue revalidar su mayoría absoluta, en la calle Génova de Madrid, donde los populares tienen su sede central, sonarán muy fuerte las campanas. Y si no obtiene este resultado también las harán sonar, pero emitirán un sonido diferente, más contenido, porque habrá que ir a buscar a Santiago Abascal, el líder de Vox, para intentar garantizarse una nueva mayoría parlamentaria. Y por las experiencias anteriores ya se sabe que una operación de este tipo es siempre un dolor de cabeza.

La polémica está asociada al nombre de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hace años que de esto ha hecho su particular estrategia política, pero su último viaje a México seguramente ha superado todas las expectativas. Un viaje oficial que, por un lado, ha puesto en entredicho el proceso de reconciliación entre España y el país presidido por Claudia Sheinbaum después de años de congelación de las relaciones; y, por otro, ha incendiado la política y la sociedad mexicana hasta el punto de que el equipo de Díaz Ayuso decidió marcharse antes de tiempo del viaje oficial. Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por culpar de ello al gobierno español y al mexicano: "Hemos tenido que desaparecer. Estábamos en peligro".

Desde hace unas semanas el Govern y Esquerra negocian con discreción los presupuestos que descarrilaron en marzo. Las dos partes decidieron darse una segunda oportunidad para intentar llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de verano y, tras múltiples encuentros y grupos de trabajo, según ha podido saber el ARA socialistas y republicanos en Barcelona y en Madridhan desencallado dos cuestiones que allanan el terreno para las cuentas. Si una parte del Cuarto Cinturón (por carretera) fue lo que desencalló los presupuestos del 2022 del Govern de Pere Aragonès, el eje orbital ferroviario, una especie de Cuarto Cinturón ferroviario, es lo que parece encarrilar las primeras cuentas de Salvador Illa. Se trata de la red ferroviaria para conectar la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona.

La elección de magistrados para ocupar puestos relevantes de la judicatura siempre está asociada a la batalla política o, como mínimo, al tira y afloja entre conservadores y progresistas. La composición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acostumbra a ocupar primeras planas de la prensa, mientras que la elección para estar en instancias internacionales suele pasar a un segundo plano. Ahora no es el caso: hay abierta una batalla por el proceso de selección del juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la actual, la conservadora María Elósegui, se le acaba el mandato en marzo de 2027 y el proceso que ha puesto en marcha el gobierno español ha generado controversia entre los candidatos: lo ha impugnado un vocal del CGPJ propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, y, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, no ha sido el único, ya que otros aspirantes también lo han hecho o han verbalizado su intención de hacerlo.

El ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa una propuesta de ley planteada por fundaciones sin ánimo de lucro que gestionan la vivienda social, como Hàbitat3 o Provivienda. Las entidades –agrupadas bajo el paraguas de ALIVAS– quieren crear una nueva figura jurídica con el objetivo de ampliar este segmento del mercado residencial en España, los "proveedores de vivienda social". Según explican a el ARA fuentes del gobierno español, la intención es que la norma llegue al Congreso "cuanto antes mejor", y que la tramite el grupo socialista porque el proceso es "más rápido" y tiene "menos procedimientos" si se hace vía partidos.

Hay un sector en el Estado que vive una época dorada, que crece sin tener todavía una regulación integral y que cada vez es más relevante en el proceso de decisión de gobiernos y Parlamentos: las consultoras de asuntos públicos. Un tipo de puente entre el mundo público y privado, que es terreno desconocido para una buena parte de la población y que en los últimos años está proliferando con fuerza en Madrid, pero también en Barcelona, a raíz de la fragmentación política, la complejidad cada vez mayor de los procesos de decisión y el aumento de las crisis económicas y geopolíticas. ¿Qué hacen, sin embargo, estas empresas? ¿Es un sector profesionalizado? ¿Por qué es terreno propicio para expolíticos? El ARA ha hecho una radiografía de las principales empresas instaladas en el Estado, hablando conpersonas de dentro del sector, asociaciones profesionales, políticos y también expertos que señalan la falta de regulación como principal problema.

El gobierno español y ERC oficializaron el acuerdo para una nueva financiación autonómica en enero, con presentación incluida por parte de la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de meses de negociaciones con los republicanos. El pacto lo llevó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde recibió el sonoro rechazo de los consejeros autonómicos del PP. El gobierno español, sin embargo, defendió durante semanas las bondades del nuevo modelo y explicó que estaba elaborando la ley que debía permitir someterlo a debate de los grupos parlamentarios del Congreso. Tres meses después y con un nuevo ministro al frente, Arcadi España, la norma aún no se ha hecho pública, no ha habido reuniones bilaterales con los consejeros autonómicos y tampoco se ha empezado a tramitar. El debate ha pasado a un segundo plano en la esfera pública, sobre todo después de la ruptura entre Esquerra y los socialistas por el traspaso de la recaudación del IRPF.

Luz verde a la regularización de migrantes. Después del proceso de audiencia pública y los informes preceptivos, el gobierno español ha aprobado este martes el real decreto que servirá para regularizar la situación de más de medio millón de personas que ya están en el Estado pero no tienen reconocidos sus derechos. "Es un acto de coherencia y justicia social", ha proclamado la portavoz y titular de esta cartera, Elma Saiz, este martes. "Es una medida histórica y tiene todas las garantías legales", ha añadido. ¿Cómo funcionará, sin embargo, el trámite?

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y la UGT, han exhibido unidad con propuestas concretes sobre el despido, la vivienda, el contrato a tiempo parcial y el diálogo social y la negociación colectiva. Este martes, las dos organizaciones han presentado un plan conjunto en torno a estas cuatro materias que suponga un revulsivo para la acción sindical, sobre todo a las puertas del Primero de Mayo, pero que también sirva como "correa de transmisión" de aquellas preocupaciones que afectan a los trabajadores y que, a juicio de las organizaciones, la agenda política marcada por la crispación no está recogiendo. "Estamos ante una iniciativa [sindical] que tiene pocos precedentes", ha indicado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, en rueda de prensa.

"Siempre le gusta recordar que es licenciada en medicina". Es uno de los rasgos que recuerda un exdiputado catalán en el Congreso encargado de los temas económicos cuando se le pregunta qué destacaría de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora que sale del gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que la trayectoria de Montero está marcada por la Sanidad. No solo es médica de formación, sino que los primeros pasos profesionales los dio como gestora de hospitales. Esta, de hecho, fue su puerta de entrada a la consejería andaluza de Salud en el año 2002. Y quizás por eso, Montero vuelve ahora a su tierra natal anunciando que si gana las elecciones –es la candidata del PSOE–, una de las primeras medidas será aprobar un plan para "salvar" la sanidad pública andaluza.

El retrato de una España con las fronteras cerradas a la inmigración perfila una sociedad más envejecida, pero también con pérdidas importantes, tanto en la población como en la mano de obra en sectores esenciales como son los cuidados, la educación o la sanidad. También habría un inevitable aumento de impuestos e incluso el cierre de escuelas, bares, comercios y explotaciones agrarias. Este panorama casi distópico responde a la siguiente pregunta: ¿cómo sería la España de 2075 si los flujos migratorios se redujeran un 30% siguiendo las políticas restrictivas que impulsan casi todos los socios de la Unión Europea?

Hay una primera crisis del petróleo. Lo enseñamos en todos los cursos de historia económica. La crisis se inició en octubre de 1973 a raíz de la guerra del Yom Kippur, cuando Arabia Saudí, al frente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), negó la venta de petróleo a los países que se habían alineado con Israel. Rápidamente, la propia OPEP transformó el boicot en incrementos de precio. Ante la rigidez de la demanda mundial de petróleo, la OPEP pudo repetir los incrementos de precio varias veces hasta llegar a multiplicarlos por cuatro en unos pocos meses, un impacto que se extendió por todo el mundo y favoreció el enriquecimiento obsceno de los grandes exportadores.

Una de las primeras consecuencias de el anuncio de elecciones en Andalucía ha sido la salida de María Jesús Montero del gobierno español. La vicepresidenta y ministra de Hacienda tendrá que hacer las maletas para convertirse en candidata del PSOE a los comicios, anunciados este lunes de manera anticipada por el presidente Juanma Moreno Bonilla. En la primera rueda de prensa desde el anuncio, Montero ha asegurado este martes que inicia "esta carrera electoral" como candidata y que su marcha como ministra "será inminente en los próximos días", tal como dijo el lunes.

Ángel Losada (Berna, Suiza, 1953) es un diplomático español con una larga carrera a sus espaldas. Ha sido embajador de España en Nigeria, en Kuwait, enviado especial de la Unión Europea al Sahel y embajador en Irán. Ya jubilado, atiende a el ARA para analizar la guerra abierta en Oriente Medio.

Pedro Sánchez entra a la sala decidido, camina con desenvoltura con la carpeta bajo el brazo, saluda a las cámaras –"buenos días"–, y se dirige directamente al canciller, Friedrich Merz. Unas palmaditas en la espalda, risa de oreja a oreja y charla amistosa para escenificar la reconciliación después del choque por el papel que hizo el alemán junto a Donald Trump cuando amenazó a España. La escena, que se produjo el jueves en Bruselas en el marco del Consejo Europeo, es el ejemplo más claro de la comodidad con la que Sánchez se mueve en el ámbito internacional. Sabiéndose observado, se siente reconocido por su no a la guerra en el seno de la Unión Europea. Ganador internamente –el CIS avalaba esta semana que la mayoría de los españoles están en contra del ataque a Irán– y también externamente, porque la mayoría de países europeos se han ido alineando con la posición española en contra del ataque de los EE. UU. e Israel. Politico avalaba la tesis esta misma semana. Primero era un outsider... y ahora todos quieren estar a su lado, relataba.

Después de un encontronazo inédito con los ministros de Sumar por el plan de choque contra la guerra de Irán, el presidente español, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes en la Moncloa para explicar un nuevo escudo social que ha definido como el "más grande" de toda Europa. Tendrá dos patas: un paquete de rebajas de impuestos al combustible, el gas y la electricidad, y otro decreto ley sobre vivienda con la prórroga de los contratos de alquiler hasta dos años. Ha dicho que en total serán 80 medidas que costarán 5.000 millones de euros a las arcas públicas, básicamente por la bajada de la presión fiscal. "España está mejor preparada que otros países para hacer frente al shock energético derivado de la guerra ilegal de Irán", ha reivindicado en referencia a su apuesta estratégica por las renovables. Al mismo tiempo, Sánchez ha lamentado que ningún plan, "por muy ambicioso que sea", podrá "neutralizar todas las miserias" del conflicto y se ha mostrado "enfadado por la situación del mundo".

El PSOE y Sumar ultiman el contenido del decreto ley para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, que se aprueba este viernes en un consejo de ministros extraordinario. Los socios de coalición deben transitar en un equilibrio difícil: debe convalidarse en el Congreso el jueves que viene y eso significa que necesita el apoyo desde Junts hasta Podemos. Por eso hay un tira y afloja sobre las medidas que debe incluir el plan de choque: según diversas fuentes consultadas por el ARA, el gobierno español incorporará en el paquete rebajas de impuestos para intentar contentar a Junts; y, a cambio, el PSOE y Sumar presionan a los de Carles Puigdemont para que avalen medidas que tengan que ver con la vivienda, como la prórroga de los contratos de alquiler o la suspensión de los desahucios que hasta ahora han tumbado en la cámara española. Y es que la vivienda es una condición sine qua non de Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos.

La oposición de Esquerra Republicana, sumada al rechazo del PP, Vox y UPN, ha hecho naufragar la ley que impulsó el PSOE en el Congreso para rebajar la tasa de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 para conductores profesionales y noveles. Ha sido la primera vez esta legislatura que los republicanos han tumbado una ley promovida por los socialistas –también votaron en contra de la ley contra el proxenetismo, pero su voto no fue determinante–. La decisión llega, precisamente, el mismo día que el PSC y ERC han acordado que el Govern retire los presupuestos de la Generalitat para evitar que el viernes Salvador Illa sufriera un revés parlamentario. "Esta ley no evitará los accidentes, lo que hará es provocar mucha frustración", ha argumentado la diputada Inés Granollers durante el debate en la comisión de Interior de la cámara baja. La republicana ha lamentado que los socialistas sean "cobardes" por no instaurar una tasa en torno al 0,0 y ha esgrimido que la norma es "muy cínica" y contiene una "falsa promesa". En cambio, el PSOE, Sumar, Junts, Bildu y el PNV han dado apoyo. La votación se ha saldado con 18 votos a favor y 19 votos en contra. A pesar del revés parlamentario, los socialistas se han comprometido a presentar la ley "exactamente igual" porque su propuesta es "innegociable". Más allá de la reducción de la tasa, los republicanos reclamaban anticipar la jubilación de los conductores profesionales –presentaron una enmienda en este sentido– y reducir las horas que pueden estar al volante. Además, hace tiempo que exigen que haya más examinadores de autoescuela en Cataluña para acabar con el colapso de las listas de espera. De hecho, esta mañana ha habido una llamada entre ERC y Pere Navarro, el director general de Trànsit, pero la conversación no ha sido fructífera. "La verdad es que no hemos tenido una respuesta adecuada", ha resumido Inés Granollers. En cambio, el PSOE apostaba por circunscribir la ley solo a la tasa de alcoholemia para evitar que los otros grupos pudieran encontrar motivos para votar en contra. Después de la votación, el diputado socialista Manuel Arribas ha acusado a los republicanos de buscar "excusas" para oponerse: "Pueden incluir cualquier otro factor en el debate para justificar su voto en contra, pero la realidad es que hoy han votado en contra de la reducción de la tasa de alcohol". Justo esta mañana, durante la sesión de control, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendía la ley a capa y espada y apelaba a la "responsabilidad" de todos los partidos para votar a favor: "Yo puedo transaccionar en muchas cosas, pero no en salvar vidas", ha dejado claro durante una pregunta del PP. La Moncloa quería introducir la modificación a través de una ley y no directamente en el consejo de ministros –históricamente se ha hecho sin pasar por el Congreso– para blindarla y "garantizar que ningún gobierno por vía de reglamento podrá modificarla". "La política de seguridad vial es una política de estado", ha esgrimido. Durante el debate, Manuel Arribas ha insistido en este extremo y ha acusado al PP de no querer incluirlo en una ley para "evitar que tenga que votarse y tener que posicionarse con claridad". "Cuando hablamos de salvar vidas, no puede haber atajos ni trampas", ha concluido. La diputada de Junts presente en la comisión, Marta Madrenas, ha decidido no intervenir durante el debate. Eso sí, los juntaires han avalado la propuesta del PSOE y celebraban en privado que durante la tramitación parlamentaria se habían retirado de la ley los elementos que ellos no compartían, como las sanciones por difundir información relativa a los controles policiales de alcohol y drogas. Por parte del PNB, Nerea Renteria ha presentado la reducción de la tasa de alcohol como una "apuesta por la vida" y ha defendido que "ha llegado el momento de dar este paso". En nombre del PP, la diputada Bella Verano ha criticado que la ley tiene una "evidente falta de contenido y de solidez" y ha apostado por promover una "política integral" acompañada de "medidas complementarias". "La ley no puede construirse desde las prisas ni desde los atajos. Lo que es importante es que sirva de verdad para salvar vidas", ha concluido.

Había expectación este jueves en el Círculo de Economía para escuchar a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ya que hablaba de un tema que genera polémicas políticas y demagógicas: la inmigración. Precisamente este foro de opinión presidido por Teresa Garcia-Milà emitió hace unos días una nota de opinión en la que reclamaba modular la llegada de inmigrantes y alinearla a un nuevo modelo económico basado en una mayor productividad. Y exigía también una "verdadera política de inmigración". Saiz, acostumbrada a difundir las consecuciones del ejecutivo de Pedro Sánchez (incluso se lo hizo venir bien para acabar las declaraciones a los periodistas antes de entrar con un No en la guerra), no satisfizo por completo cuando le hicieron preguntas.

La representación diplomática del Estado en Israel se ha rebajado oficialmente. Hace seis meses, el gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomón, después de un nuevo choque con el gobierno de Benjamin Netanyahu, con quien las relaciones se tensionaron desde la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Y este miércoles, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha formalizado su cese a través de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE). La salida llega "a propuesta" del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y después de haberse discutido en el consejo de ministros de este martes. Ahora, al frente de la embajada española en Israel se queda una encargada del área de negocios, explican fuentes del ministerio de Exteriores, dejando la representación diplomática "al mismo nivel" que la embajada de Israel en Madrid.