Indignación por la agresión policial a un menor en la previa del Barça: "Estos animales tienen que pagar por el abuso"
Junts, ERC, la CUP y Òmnium exigen responsabilidades
BarcelonaLas cargas policiales y las retiradas de esteladas a la fuerza que se vivieron durante la previa del partido de este domingo entre el Barça y el Elche se han personificado en un vídeo en X en el que se ve a un joven aficionado del Barça cayendo a tierra a golpes de porra justo después de que la Policía Nacional le retirara la estelada. En consecuencia, la oleada de reacciones políticas y sociales no se ha hecho esperar: ha recibido la condena unánime del independentismo, desde Junts hasta ERC, la CUP, Òmnium Cultural, Aliança Catalana y diversas entidades y peñas azulgranas, que exigen al ministerio del Interior que explique la actuación de los agentes y depure responsabilidades.
El joven aficionado catalán, menor de edad, recibió varios golpes de porra hasta que decidió defenderse, hecho que comportó que numerosos agentes lo golpearan con fuerza hasta reducirlo a tierra. Ha pasado la noche en el calabozo y ya está en libertad.
Junts ha sido el primero en reaccionar. La líder del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido desde X "toda la información" disponible sobre los hechos y ha reclamado que los agentes –que ha categorizado como "animales"– "paguen" por su actuación, que califica de "abuso y maltrato". El presidente del partido, Carles Puigdemont, ha ido más allá y ha acusado al cuerpo de "supurar odio a la catalanidad de forma estructural", una "enfermedad" en la que, dice, "participan desde gente de las más altas instancias hasta jugadores de fútbol, pasando por jueces y periodistas". En una sociedad sana, añade, esto "sería intolerable", pero "en España es un mérito". El partido registra este lunes en el Congreso una extensa batería de preguntas sobre la base legal de la retirada de esteladas y pide medidas disciplinarias si se confirma un uso desproporcionado de la fuerza.
ERC ha seguido la misma línea, con un comunicado oficial en el que reclama "una investigación inmediata" sobre el operativo policial y ha presentado una solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro del Interior. ERC reclama que se aclare si la policía se ajustó "a los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales" y recuerda que "la libertad de expresión debe ser garantizada siempre, con independencia del lugar donde juegue el Barça o del contexto deportivo".
Òmnium Cultural, por su parte, ha situado el episodio en un contexto más amplio: "Que la policía requise esteladas y ejerza una violencia desproporcionada no es nuevo: evidencia las graves carencias democráticas del estado español", ha tuiteado la entidad, que insiste en que defender la independencia "es ejercer la libertad de expresión" y "no es ningún delito". A las redes también se ha sumado Acció Cassandra, un colectivo independentista que se dedica a documentar y denunciar casos de represión, y que ha anunciado que prepara denuncias formales sobre la actuación policial en Elche, además de pedir testimonios directos de los hechos para reunir pruebas. Varias peñas del Barça han hecho llegar quejas similares en las redes sociales y han exigido responsabilidades para los agentes presentes en el estadio. El mismo club ha hecho un comunicado denunciando los hechos.
Aliança Catalana ha aprovechado el caso para hacer campaña política relacionando el caso en Elche con la llegada de inmigrantes: "Un estado que nos detiene en Elche para llevar esteladas mientras en Ceuta hace el pasillo a violadores y ladrones. De verdad que no votaréis Aliança Catalana?", se ha preguntado Sílvia Orriols en X.
Un patrón que viene de lejos
El episodio del Elche no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una tendencia que se repite desde hace más de una década. Desde la final de Copa de 2012 en el Vicente Calderón –cuando ERC ya denunció una "brutal agresión" policial por una estelada– hasta los controles en el Bernabéu en 2015, la prohibición expresa de esteladas en la final de Copa de 2017 o los decomisos más recientes en el estadio Metropolitano de Madrid este abril, el símbolo catalán ha sido objeto sistemático de controles y retiradas en contextos deportivos. No es solo la policía española quien ha perseguido el símbolo: la misma UEFA llegó a multar al Barça con 40.000 euros por la exhibición de esteladas y cánticos independentistas, al considerar que se trataba de una actuación de carácter político y no de un clamor social, tal como alegaba el club.
En el plano jurídico, la retirada de esteladas se suele amparar en la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que en realidad no menciona los símbolos políticos: prohíbe banderas que inciten a la violencia o vejen a alguien por raza, religión u orientación sexual, no la expresión ideológica. De hecho, un juzgado de Madrid ya lo tumbó en 2016, a raíz de una demanda de la asociación Drets y el socio del Barça al considerar que la estelada era "una simple manifestación de la libertad ideológica" amparada por la Constitución –una sentencia con efectos limitados a aquel partido pero que Abad ha recordado este lunes en X para cuestionar la legalidad de lo que ha pasado en el Elche.