El Estado cerró el 2025 con el déficit público más bajo desde el estallido de la crisis financiera del año 2008, gracias a un nuevo récord histórico de recaudación de impuestos, según ha informado este martes el ministerio de Hacienda.

El gobierno español trabaja en un paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, sobre todo la escalada de los precios energéticos. Mientras, patronales, sindicatos y distintos sectores de la economía ya le están poniendo sobre la mesa distintas demandas, algunas de las cuales tienen como denominador común una rebaja fiscal. De hecho, tras la ronda de contactos políticos entre el ministerio de la Presidencia y los partidos en el Congreso, este jueves por la mañana es el turno de los sindicatos mayoritarios y las patronales: CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se reunirán con las carteras económicas del gobierno español en el ministerio de Economía.

Cataluña tiene una virtud indiscutible: sabe analizarse. Disponemos de informes, comisiones, estudios, think tanks y debates de gran nivel. Pero esa fortaleza también puede convertirse en un lastre cuando el diagnóstico sustituye a la acción. Somos un país sobrediagnosticado. Y ha llegado la hora de sobreejecutar.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el ejercicio tributario de 2025 cerrará con un incremento en la recaudación tributaria. Según el último informe publicado por el organismo que dirige Cristina Herrero, los ingresos tributarios se habrían elevado un 9,5% en el último año. Este crecimiento se explica por una combinación de factores.

En el ámbito de la economía pública es bastante conocida la máxima de que los impuestos son el precio que hay que pagar por vivir en democracia. Sin embargo, pagar impuestos no supone un beneficio directo a la persona que paga, sino al conjunto de la sociedad, ya menudo puede caerse en la tentación de pensar que no pasa nada si no se paga, porque ya lo hará otro. Por este motivo, además de garantizar una administración tributaria que facilite y garantice el efectivo cumplimiento de los impuestos, es bueno que los gobiernos fomenten la confianza en el sector público, de modo que la predisposición a pagar impuestos sea favorable. Esto, por ejemplo, es lo que encontramos en un estudio realizado conjuntamente con Leo Rizzo y Riccardo Secomandi, profesores de la Universidad de Ferrara e investigadores asociados del IEB, en el contexto del proceso de vacunación de la covid-19.

Es recurrente el clamor de buena parte de la clase empresarial por reducir la presión fiscal que soportan las empresas y los inversores para favorecer la innovación, la creación de puestos de trabajo, la recuperación de talento, etc. Es difícil no mostrar simpatía con esta postura, aunque la reivindicación no puede ser eliminar todo lo que molesta. No se trata de abolir por la vía fácil alguno de los impuestos que generan ciertos problemas empresariales de forma genérica, sino de ajustar la fiscalidad a los propósitos concretos.

La Agencia Tributaria ha desmantelado una estructura de 38 sociedades que habría defraudado a más de 300 millones de euros en 2024 a través del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el sector de los hidrocarburos. El entramado es uno de los dos casos más grandes de la historia de España en este sector, y ha sido bautizado como Pamplinas Stars. La investigación contó con la participación de 160 funcionarios de la agencia y fueron detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal. Una de estas personas opera como líder de la trama y ya está en prisión por presuntos delitos contra la hacienda pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

En el tema de la fiscalidad es muy fácil hacer demagogia. Por un lado, nadie quiere pagar impuestos voluntariamente, a pesar de saber que si todos nos negamos, probablemente todos acabaremos perdiendo. Por otra parte, las cosas a veces son bastante envueltas debido a la misma legislación que queriendo afinar resulta muy compleja, y al final algunos analistas optan por una simplificación que sirve para argumentar a favor de la supresión. A menudo lo hacen argumentando bajar los brazos ante el dumping fiscal autonómico, olvidando la existencia del impuesto estatal. Y a veces, reside algún interés oculto, ya que por el bien de la economía son propuestas que benefician siempre a las clases más poderosas. Por ejemplo, desde la idea de que los impuestos son confiscatorios, se pide la abolición del impuesto sobre el patrimonio, sin mayores consideraciones respecto de la globalidad de la fiscalidad en renta y riqueza, renta del trabajo y del capital, o de patrimonios productivos y no productivos, cuando de hecho en renta y patrimonio se limita al 60% como máximo la renta tributaria como máximo.

La vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su partido, Sumar, exigirá al PSOE la creación de un nuevo tributo, que ha llamado tasa Trump, sobre las multinacionales tecnológicas estadounidenses para asegurar que pagan impuestos en España. Con este impuesto, Díaz cree que el Estado podría garantizar una competencia más "leal" de las grandes tecnológicas estadounidenses con las empresas españolas.

"La aportación de Catalunya se realizará a través de un porcentaje de los impuestos. No nos quedaremos todos los impuestos". Así ha descrito la profesora de economía pública de la Universidad de Barcelona (UB), Maite Vilalta, la principal diferencia entre la propuesta de financiación singular para Catalunya pactada entre PSC y ERC y el modelo de concierto que tienen País Vasco y Navarra. Vilalta, que es miembro del grupo de expertos nombrado por la Generalitat para diseñar el nuevo modelo, ha reiterado que la propuesta acordada es muy distinta a la de los modelos de las dos comunidades forales.

¿Será el 2025 el año en que Hacienda tocará los beneficios fiscales? Si nos guiamos por lo que se detalla en elInforme de progreso anual del Plan Fiscal Estructural 2025 - 2028, que el gobierno español envió a Bruselas en abril, la medida debería estar encarrilada "a más tardar" el cuarto trimestre de este año. El objetivo sería reducir algunos de los beneficios fiscales (deducciones y similares) del actual sistema tributario español para incrementar sus ingresos. En concreto, se quiere incrementar de forma permanente los ingresos públicos en un 0,1% del PIB, lo que supone unos 1.600 millones de euros, fruto de modificar los beneficios fiscales. "La medida ya está en curso y se dispone de margen temporal para alcanzar ese objetivo", indicaba el ministerio de Hacienda en el documento enviado en abril al ejecutivo comunitario.

Fuego cruzado entre Salvador Isla e Isabel Díaz Ayuso por el dumping fiscal. La presidenta madrileña no ha dudado en responder a la acusación de la Generalitat de que Madrid practica una competencia fiscal a la baja desleal. Y desde el PP cierran filas con ella: "Están atacando a la comunidad que aporta más recursos al bote común", ha expresado el responsable económico de los populares, Juan Bravo, en rueda de prensa este lunes. De hecho, a raíz de las declaraciones de Isla este fin de semana en el ARA, Ayuso ha afirmado que Madrid aporta "el 70% de la caja común" del sistema de financiación de régimen común (lo que se conoce como fondo de garantía). En este sentido, según los últimos datos disponibles del ministerio de Hacienda correspondientes al año 2023, ese año el fondo se nutrió con 116.508 millones de euros. Un 70% significaría que Madrid habría aportado más de 80.000 millones, aunque su aportación fue de 17.201 millones.

Solo tres países de la Unión Europea recaudan más que Catalunya con el impuesto de sucesiones y donaciones, aunque existen dos comunidades del Estado –Baleares y Asturias–, que también superan la recaudación, según un estudio del Banco de España. El informe, publicado el 1 de julio y titulado El posible impacto recaudatorio de algunas reformas hipotéticas del impuesto sobre sucesiones y donaciones, señala que todas las comunidades autónomas podrían recaudar más si reajustaran las tarifas que se pagan por este tributo a los niveles que tenían en 1996, cuando el gobierno español cedió su gestión a las autonomías.

La Agencia Tributaria española debe devolver 2.198 millones de euros correspondientes a 2,33 millones de declaraciones de la renta de 2024 presentadas por contribuyentes catalanes, según datos publicados este miércoles por el ministerio de Hacienda. El dinero a devolver corresponde a las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de la campaña de la renta, que se abrió el pasado 2 de abril y se cerró este lunes, 30 de junio.

Si bien la campaña de la renta se inició el 2 de abril, los contribuyentes no podrán recibir atención presencial hasta el 2 de junio, ya partir de entonces tendrán escasos 20 días laborables para ser atendidos presencialmente. Este plazo, cada vez más corto, ha levantado la crítica de los técnicos tributarios, que lo consideran incluso "una falta de respeto" a los contribuyentes.

"Esto es un sin sentido, una locura –aseguraba el senador David Pocock–. Un país que está orgulloso de estar en el podio mundial de exportadores de gas, y, sin embargo, recaudamos más dinero de los estudiantes que devuelven sus créditos que de las compañías con la Petroleum Resource Rent Tax (PRRT)".

La patronal Foment del Treball y la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (APCE) han cargado este lunes contra el decreto ley acordado entre el Gobierno y los comunes que, entre otras medidas, incrementa el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) –lo que se paga cuando se adquiere un inmueble de segunda mano– en el caso de los grandes tenedores y operaciones de pisos de más. El presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, ha criticado que el Govern saliera adelante la norma sin consultar con el sector y ha añadido que empeorará el acceso a la vivienda.

Los devastadores incendios de Los Ángeles y otros lugares del sur de California han obligado a desplazar a cientos de miles de personas y han calcinado barrios enteros. Los fuegos han tenido repercusión en diversos ámbitos de la economía -por ejemplo, han impactado de lleno el sector de los seguros-, entre ellos el resurgimiento del debate sobre las balanzas fiscales: qué territorios pagan más y cuáles reciben más dinero del que recauda el gobierno federal.

Formular afirmaciones demasiado contundentes siempre es arriesgado, sobre todo si hablamos de fiscalidad, un campo en el que el comportamiento de unos pocos contribuyentes puede conducir fácilmente a confundir la anécdota con la categoría. De ello sufren, en mi opinión, dos artículos publicados en este diario (ediciones de 4 de diciembre de 2024 y 5 de enero de 2025) sobre los incentivos fiscales para empresas familiares en los impuestos sobre el patrimonio y sucesiones.

La celebración anual de la gala de premios Carles Ferrer-Salat de Foment del Treball estaba prevista, este año, para el 30 de octubre; pero tuvo que cancelarse por los desoladores estragos de la DANA en Valencia. Por último, se ha celebrado este lunes por la noche, en una jornada también de luto por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, y en un formato diferente al que se había previsto inicialmente, aunque ha habido espacio para Ona, una copresentadora creada con inteligencia artificial.