Casi veinticuatro horas después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el centro de Myanmar, sólo había 144 víctimas confirmadas. Eran las de un hospital que se había desmoronado. No fue hasta el día siguiente que la junta militar hizo público el primer balance: 1.644 fallecidos, 2.389 heridos y 30 desaparecidos. Este martes, después de dos días sin actualizar datos, el balance ascendió a 2.719 muertos, 4.521 heridos y 400 desaparecidos, según la televisión china CCTV que citaba fuentes del gobierno militar. Estos silencios no son casuales: es el sello de la opacidad sistemática del régimen birmano, que controla la información con puño de hierro. Pero también refleja la debilidad de la junta militar, que, en medio del creciente caos, afronta un reto mayúsculo: demostrar que tiene el control del país.

Casi cuatro días después del devastador terremoto que sacudió Myanmar, los trabajos para intentar sacar a los supervivientes de debajo de los escombros se mantienen, aunque la ventana de oportunidad cada vez es más pequeña. El seísmo del viernes, de magnitud 7,7 y con el epicentro a solo 10 kilómetros de profundidad, sigue teniendo réplicas –unas 170 hasta este domingo, según el servicio meteorológico de Tailandia– y el difícil acceso a los lugares más afectados y los cortes en los suministros de electricidad, internet y telefonía complican las tareas de rescate e impiden la labor de rescate e impiden la labor de rescate.

Un terremoto de magnitud 7,7 ha afectado este viernes al centro de Myanmar, según los servicios de alerta de Estados Unidos. Las autoridades del país, una junta militar que mantiene abierta una guerra civil desde su golpe de estado hace cuatro años, no ha informado de afectaciones o heridos. Pero el terremoto se ha escuchado incluso en Bangkok, la capital de Tailandia, donde cientos de personas han salido de los edificios en medio de una ola de pánico, según Reuters. Un edificio en construcción se ha hundido en la capital tailandesa y ha dejado a 43 trabajadores atrapados entre los escombros.

La junta militar birmana ha ejecutado a cuatro hombres, entre ellos dos activistas políticos, en la primera aplicación de la pena de muerte en el país asiático en tres décadas. La agencia de noticias controlada por el régimen militar ha informado este lunes que "el castigo se ha realizado" y que los presos han muerto ahorcados. Entre los ejecutados están Phyo Zeyar Thaw, un exdiputado de la Liga Nacional para la Democracia –el partido fundado por Aung San Suu Kyi– y el activista Kyaw Min Yu, conocido como Ko Jimmy, los dos detenidos el otoño pasado y acusados de terrorismo en unos juicios celebrados a puerta cerrada a principios de este año.

"Me temo que la situación en Birmania se está convirtiendo en un conflicto en plena expansión. Los estados no pueden permitir que se repita el mortal error del pasado cometido en Siria y otros territorios". Es la conclusión que la alta comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expone en un comunicado publicado este martes y que pretende implicar a la comunidad internacional para parar la actitud represiva del ejército birmano contra los ciudadanos que protestan contra el golpe de estado militar del 1 de febrero.

La escalada de violencia en Birmania amenaza con convertirse en una verdadera guerra civil, no solo por la cada vez más mortífera represión militar contra las protestas en la calle, sino también por la entrada en escena de las guerrillas étnicas que actúan en algunos estados del país. Este martes el Ejército de Akaran, el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar han hecho público un comunicado conjunto para apoyar al movimiento de desobediencia civil contra el golpe de estado y para exigir al ejército birmano que pare "inmediatamente los tiroteos violentos y el asesinato de ciudadanos que protestan pacíficamente". Los tres grupos, de hecho, amenazan con anular el acuerdo de alto el fuego que mantenían con el estado birmano si continúan las matanzas en las manifestaciones pro democracia.

El ejército de Birmania, que ocupó el poder de este país asiático desde 1962 hasta 2011, ha protagonizado la madrugada del lunes un golpe de estado contra el ejecutivo de Aung San Suu Kyi. La líder birmana ha sido detenida y sustituida por el general Min Aung Hlaing, que ha declarado el estado de emergencia al menos durante un año, hasta que se hagan otras elecciones. Tanto en Naypidaw -la capital política- como en Yangón -la capital económica- como en otras grandes ciudades, camiones de militares controlan desde ayer por la mañana las calles. En un primer momento, se cortó internet, tampoco funcionaban la mayoría de teléfonos móviles, el aeropuerto internacional había quedado cerrado -con los vuelos supsendidos- y los bancos y cajeros automáticos estaban fuera de servicio. Alrededor de los supermercados se habían formado largas colas de gente, que se intentaba proveer de alimentos ante la incertidumbre de los próximos días.