La crisis económica de 2008 terminó, al menos teóricamente, en 2013. Fue el último año en que la economía española registró un crecimiento negativo. Las consecuencias de la recesión todavía perduran hoy en día, y se agravan por el encarecimiento más reciente de un grupo muy determinado de productos de la cesta de la compra. Son fundamentalmente dos: la vivienda y la alimentación, según deja claro la Generalitat en el Informe Social 2025.

Parece que hay cambios en el mercado de la vivienda. Las compraventas con hipotecas ganan peso, y en agosto ya llegaron a ser la mitad de las 12.442 operaciones cerradas en Cataluña, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este lunes. Es una proporción que no se veía desde 2011, en plena crisis económica.

La situación es contradictoria en mayúsculas: mientras que los promotores alertan de que la falta de suelo es uno de los principales impedimentos para la creación de vivienda nueva, los datos muestran que hay una "sobreabundancia" de terreno vacante y estancado, que no está entrando en el mercado. Solo en los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado (ZMRT) –es decir, donde hacen falta políticas como los topes para facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de mucha demanda–, hay suelo para construir 423.600 pisos en parcelas que todavía no forman parte del tejido urbano, pero están a las puertas. Antes hay que urbanizarlas o requieren cambios de usos, pero los ayuntamientos, en sus planes urbanísticos, ya previeron que se construyeran viviendas en ellos.

El segundo episodio del pódcast Tocar sostre gira en torno a cómo debemos entender la vivienda: ¿es un bien de primera necesidad, un bien de inversión o un derecho social? En él participan el antropólogo urbano Manuel Delgado, el economista Josep Oliver, y la economista y presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla. Modera la periodista Carla Turró.

El bloque Papallona de la Esquerra de l'Eixample da un paso adelante en su resistencia contra el fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAD) con una huelga de alquiler indefinida. Se han sumado 17 vecinos de 4 de los 6 pisos habitados, organizados con el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, y esperan que los inquilinos que faltan también acaben adhiriéndose. Su objetivo es conseguir que el Ayuntamiento de Barcelona expropie el edificio de la calle Llança "a beneficio 0", es decir, que la compra se haga al precio que el fondo adquirió el inmueble, señala Anna Olesti, vecina del bloque y portavoz del sindicato en el Eixample. Los vecinos movilizados también reclaman contratos indefinidos y convertir los actuales pisos vacíos en viviendas de alquiler social.

Pedro Sánchez pulsó el botón del adelanto electoral por la emergencia habitacional que vive el Estado, personificada en el desahucio de Maricarmen Abascal, que murió pocos días después. La vivienda y, en concreto, los alquileres están en el centro del debate político desde entonces, y el PSOE intenta erigirse en el garante de los intereses de la ciudadanía y en contra de los especuladores. La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha sido una de las más beligerantes en este debate, y ahora es precisamente la más señalada por el PP y Junts, una vez se ha publicado que su pareja tiene un negocio inmobiliario con decenas de pisos de alquiler. "Es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la ley de vivienda de Cataluña", justificaba Mínguez este martes en una entrevista en el programaEspejo públicode Antena 3. El medio digital Artículo 14 había publicado poco antes que su pareja tiene al menos una inmobiliaria, Nest Capital, que gestiona 8 millones de euros en patrimonio y entre 20 y 30 pisos de alquiler. Este miércoles el mismo medio ha ampliado la información apuntando que tendría tres empresas más que se dedican a la gestión inmobiliaria.

El primer episodio del pódcast Tocar sostre trata la problemática del alquiler de viviendas. Participan la empresaria Joana Amat, la notaria y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Economía Camino Quiroga y la escritora Llucia Ramis. Modera el periodista Antoni Bassas.

El Congreso ha tumbado los dos decretos de vivienda del gobierno español. Con uno decae la posibilidad de que se pongan en marcha los llamados contratos de alquiler indefinidos: se pierden las prórrogas automáticas de los contratos que en algunos casos irían acompañadas de indemnizaciones a los inquilinos –si no se cumple con la ley–. Con el otro decreto decae una batería de medidas, muchas de las cuales sociales, también en materia de vivienda. Son estas medidas las que han puesto en alerta a los movimientos por el derecho a la vivienda. Entre otras cosas, desaparece la moratoria de algunos desahucios a familias vulnerables.

Esta mañana, Junts per Catalunya ha decidido lanzar un cohete al cielo, un cohete que se vea de lejos e indique a todo el mundo, para cuando venga otro ciclo electoral, que es Junts y no Aliança la única alternativa al bloque de investidura y de presupuestos PSC-Esquerra-Comuns. Y por eso la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, ha anunciado una acción que no se había visto nunca: quiere que el Parlament vote la reprobación del presidente Salvador Illa: “Usted, presidente, es el peor presidente que ha tenido la Cataluña moderna (...) Por eso le anuncio que hoy el grupo parlamentario de Junts presentaremos una moción para reprobarle como presidente de la Generalitat”

El gobierno español es optimista, pero el hecho es que, a 48 horas de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, todavía no tienen los apoyos garantizados. Ni para el primer decreto ley, con una amplia batería de medidas como la suspensión de los desahucios e incentivos fiscales –ya publicado en el BOE–, ni para el segundo, que prorroga de manera automática los contratos de alquiler, que se publicará oficialmente este jueves. De momento, el gobierno español solo cuenta con el voto afirmativo de EH Bildu y de Esquerra, ya que así lo ha anunciado su presidente, Oriol Junqueras, aunque el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que se mirará hasta la "última coma". Mientras tanto, Junts, Podemos y el PNV mantienen la incógnita. De hecho, es con estas dos formaciones con quienes el gobierno español tiene que hacer más malabares para satisfacer sus exigencias, muy a menudo contrapuestas. En paralelo, el Sindicato de Inquilinas ha exigido a los grupos que convaliden los dos decretos.

La diputación permanente del Congreso —el mini-Parlamento que funciona desde que se convocaron las elecciones generales y, por tanto, desde que la cámara baja está disuelta— ha dado luz verde a uno de los dos decretos en materia de vivienda que volvió a aprobar el gobierno español cuando decayeron (después, Pedro Sánchez convocó elecciones). En concreto, prospera el texto que incluye el grueso de las medidas habitacionales, pero no el que incluía la renovación automática de los contratos y las indemnizaciones a los inquilinos.

La calle también presiona pocas horas antes de que el gobierno de Pedro Sánchez lleve al consejo de ministros el nuevo decreto ley de vivienda. También en Barcelona, donde este lunes el presidente español, Pedro Sánchez, ha realizado diversos actos y ha cerrado el día en el Palacio de Congresos de Cataluña en la entrega de premios de La Vanguardia. 2.000 personas según la Guardia Urbana y 20.000 según los organizadores se han reunido en la avenida Diagonal para reclamar que el nuevo decreto incorpore, entre otros, la prórroga indefinida de los contratos de alquiler y la suspensión de los desahucios.

Maricarmen Abascal en Madrid; Olga, la mujer de 54 años de Hospitalet que se suicidó después de ser desahuciada... La lista es terriblemente extensa. Aunque el número total de lanzamientos judiciales es inferior al de hace unos años, sigue siendo un problema, una lacra. Y lo más grave es que cuando se ha intentado aplicar una medida, aunque fuera temporal –como el decreto para impedir los desahucios de personas vulnerables–, un conjunto de partidos, como PP, Vox y Junts, se opusieron.

La Generalitat ha determinado que hay 118 municipios que deben continuar incluidos en la zona de mercado residencial tensionado (ZMRT), una consideración que establece, entre otras cosas, dónde se aplica el tope de los alquileres. Ahora bien, según la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, "solo" en 33 de estas localidades las familias tienen que destinar más del 30% de los ingresos a pagar el alquiler y los suministros.

En Santiago de Compostela los alquileres han subido un 40,26% en cinco años: han pasado de los 444 € mensuales de media en 2019, a 623 € en 2024. Aunque los precios quedan lejos de lo que pagan los barceloneses –1.137 € de media, según la Generalitat–, Santiago cumple las condiciones establecidas en la ley estatal de vivienda para ser considerada una Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), el paraguas que permite establecer topes a los alquileres.

Novedades en la lista de municipios catalanes que cumplen las condiciones para aplicar el tope de precios del alquiler. La Generalitat ha revisado la declaración de municipios considerados zona de mercado residencial tensionado y ha incorporado y excluido diversas poblaciones: después de hacer un estudio sobre la situación de la vivienda, el Govern propone que 302 municipios tengan reconocimiento oficial de que su mercado de la vivienda está tensionado.

Nuevos datos sobre el impacto de los topes de los alquileres. El precio medio de los nuevos contratos de alquiler ha bajado un 1,28% en los municipios declarados zonas tensionadas —donde la administración puede aplicar la contención de rentas— respecto a cuando empezó a aplicarse la medida en marzo de 2024, mientras que en el resto de Cataluña los precios han subido un 9,53%. Son datos publicados por la Generalitat este lunes a partir de las fianzas de los nuevos contratos de alquiler depositadas en el Incasòl durante el primer trimestre de 2026.

Más de tres años después de la entrada en vigor de la ley de vivienda estatal, la Generalitat ha multado por primera vez a tres grandes tenedores –es decir, propietarios de más de cinco viviendas cada uno– por incumplimientos de la normativa, según ha avanzado la agencia Efe este viernes. A preguntas de la ARA, la Conselleria de Territori i Habitatge no ha concretado por qué tipo de incumplimiento se trata (si es, por ejemplo, por vulnerar el tope de los alquileres).

Hace pocos días, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, avisó que la vivienda es una verdadera emergencia nacional. No le falta razón. Esta problemática, que supone una preocupación creciente para los ciudadanos, se ha convertido en la principal fuente de crecimiento de la desigualdad social. Se cojan los datos que se cojan, el diagnóstico siempre es el mismo: hay más demanda que oferta, cara y prácticamente inaccesible para una buena parte de la población. Y de la oferta que hay, una parte está en manos de no residentes o son pisos que se utilizan para alquilarlos a turistas. En total son unos 900.000 en todo el país, según los datos del Banco de España.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha propuesto poner fin a las prácticas abusivas en los contratos de alquiler. Ahora, además de perseguir a grandes inmobiliarias –este mismo jueves abrió un expediente a una compañía–, informará a propietarios y inquilinos de cuáles son las cláusulas ilícitas más frecuentes detectadas en los contratos de alquiler de una vivienda habitual. Lo hará a través de las organizaciones más representativas del sector, ya sean organizaciones de propietarios (patronales o grandes inmobiliarias) o aquellas vinculadas a la defensa de los inquilinos, por ejemplo el Sindicat de Llogateres. "El objetivo es prevenir posibles vulneraciones y favorecer una correcta aplicación de la ley", indican desde el ministerio que pilota Pablo Bustinduy.