El Congreso ha tumbado los dos decretos de vivienda del gobierno español. Con uno decae la posibilidad de que se pongan en marcha los llamados contratos de alquiler indefinidos: se pierden las prórrogas automáticas de los contratos que en algunos casos irían acompañadas de indemnizaciones a los inquilinos –si no se cumple con la ley–. Con el otro decreto decae una batería de medidas, muchas de las cuales sociales, también en materia de vivienda. Son estas medidas las que han puesto en alerta a los movimientos por el derecho a la vivienda. Entre otras cosas, desaparece la moratoria de algunos desahucios a familias vulnerables.

Esta mañana, Junts per Catalunya ha decidido lanzar un cohete al cielo, un cohete que se vea de lejos e indique a todo el mundo, para cuando venga otro ciclo electoral, que es Junts y no Aliança la única alternativa al bloque de investidura y de presupuestos PSC-Esquerra-Comuns. Y por eso la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, ha anunciado una acción que no se había visto nunca: quiere que el Parlament vote la reprobación del presidente Salvador Illa: “Usted, presidente, es el peor presidente que ha tenido la Cataluña moderna (...) Por eso le anuncio que hoy el grupo parlamentario de Junts presentaremos una moción para reprobarle como presidente de la Generalitat”

El gobierno español es optimista, pero el hecho es que, a 48 horas de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, todavía no tienen los apoyos garantizados. Ni para el primer decreto ley, con una amplia batería de medidas como la suspensión de los desahucios e incentivos fiscales –ya publicado en el BOE–, ni para el segundo, que prorroga de manera automática los contratos de alquiler, que se publicará oficialmente este jueves. De momento, el gobierno español solo cuenta con el voto afirmativo de EH Bildu y de Esquerra, ya que así lo ha anunciado su presidente, Oriol Junqueras, aunque el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que se mirará hasta la "última coma". Mientras tanto, Junts, Podemos y el PNV mantienen la incógnita. De hecho, es con estas dos formaciones con quienes el gobierno español tiene que hacer más malabares para satisfacer sus exigencias, muy a menudo contrapuestas. En paralelo, el Sindicato de Inquilinas ha exigido a los grupos que convaliden los dos decretos.

Los textos definitivos de los dos decretos en materia de vivienda que ha aprobado el gobierno español este martes tienen diversas claves con algunas medidas fundamentales. El primer decreto ley ya se ha publicado en el BOE y el segundo decreto no se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta este jueves.

La calle también presiona pocas horas antes de que el gobierno de Pedro Sánchez lleve al consejo de ministros el nuevo decreto ley de vivienda. También en Barcelona, donde este lunes el presidente español, Pedro Sánchez, ha realizado diversos actos y ha cerrado el día en el Palacio de Congresos de Cataluña en la entrega de premios de La Vanguardia. 2.000 personas según la Guardia Urbana y 20.000 según los organizadores se han reunido en la avenida Diagonal para reclamar que el nuevo decreto incorpore, entre otros, la prórroga indefinida de los contratos de alquiler y la suspensión de los desahucios.

Maricarmen Abascal en Madrid; Olga, la mujer de 54 años de Hospitalet que se suicidó después de ser desahuciada... La lista es terriblemente extensa. Aunque el número total de lanzamientos judiciales es inferior al de hace unos años, sigue siendo un problema, una lacra. Y lo más grave es que cuando se ha intentado aplicar una medida, aunque fuera temporal –como el decreto para impedir los desahucios de personas vulnerables–, un conjunto de partidos, como PP, Vox y Junts, se opusieron.

La Generalitat ha determinado que hay 118 municipios que deben continuar incluidos en la zona de mercado residencial tensionado (ZMRT), una consideración que establece, entre otras cosas, dónde se aplica el tope de los alquileres. Ahora bien, según la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, "solo" en 33 de estas localidades las familias tienen que destinar más del 30% de los ingresos a pagar el alquiler y los suministros.

En Santiago de Compostela los alquileres han subido un 40,26% en cinco años: han pasado de los 444 € mensuales de media en 2019, a 623 € en 2024. Aunque los precios quedan lejos de lo que pagan los barceloneses –1.137 € de media, según la Generalitat–, Santiago cumple las condiciones establecidas en la ley estatal de vivienda para ser considerada una Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), el paraguas que permite establecer topes a los alquileres.

Novedades en la lista de municipios catalanes que cumplen las condiciones para aplicar el tope de precios del alquiler. La Generalitat ha revisado la declaración de municipios considerados zona de mercado residencial tensionado y ha incorporado y excluido diversas poblaciones: después de hacer un estudio sobre la situación de la vivienda, el Govern propone que 302 municipios tengan reconocimiento oficial de que su mercado de la vivienda está tensionado.

Nuevos datos sobre el impacto de los topes de los alquileres. El precio medio de los nuevos contratos de alquiler ha bajado un 1,28% en los municipios declarados zonas tensionadas —donde la administración puede aplicar la contención de rentas— respecto a cuando empezó a aplicarse la medida en marzo de 2024, mientras que en el resto de Cataluña los precios han subido un 9,53%. Son datos publicados por la Generalitat este lunes a partir de las fianzas de los nuevos contratos de alquiler depositadas en el Incasòl durante el primer trimestre de 2026.

Más de tres años después de la entrada en vigor de la ley de vivienda estatal, la Generalitat ha multado por primera vez a tres grandes tenedores –es decir, propietarios de más de cinco viviendas cada uno– por incumplimientos de la normativa, según ha avanzado la agencia Efe este viernes. A preguntas de la ARA, la Conselleria de Territori i Habitatge no ha concretado por qué tipo de incumplimiento se trata (si es, por ejemplo, por vulnerar el tope de los alquileres).

Hace pocos días, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, avisó que la vivienda es una verdadera emergencia nacional. No le falta razón. Esta problemática, que supone una preocupación creciente para los ciudadanos, se ha convertido en la principal fuente de crecimiento de la desigualdad social. Se cojan los datos que se cojan, el diagnóstico siempre es el mismo: hay más demanda que oferta, cara y prácticamente inaccesible para una buena parte de la población. Y de la oferta que hay, una parte está en manos de no residentes o son pisos que se utilizan para alquilarlos a turistas. En total son unos 900.000 en todo el país, según los datos del Banco de España.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha propuesto poner fin a las prácticas abusivas en los contratos de alquiler. Ahora, además de perseguir a grandes inmobiliarias –este mismo jueves abrió un expediente a una compañía–, informará a propietarios y inquilinos de cuáles son las cláusulas ilícitas más frecuentes detectadas en los contratos de alquiler de una vivienda habitual. Lo hará a través de las organizaciones más representativas del sector, ya sean organizaciones de propietarios (patronales o grandes inmobiliarias) o aquellas vinculadas a la defensa de los inquilinos, por ejemplo el Sindicat de Llogateres. "El objetivo es prevenir posibles vulneraciones y favorecer una correcta aplicación de la ley", indican desde el ministerio que pilota Pablo Bustinduy.

El Tribunal Supremo da la razón, parcialmente, a aquellas comunidades autónomas que presentaron un recurso contra el registro único de viviendas de corta duración del gobierno español porque creían que invadía competencias autonómicas. En una sentencia publicada este jueves, y como respuesta a un recurso que presentó la Generalitat valenciana (también presentó uno Andalucía), el alto tribunal anula la medida porque considera que el Estado no tiene competencias para crear una herramienta así.

Un buen libro sobre vivienda es el de Javier Gil, Generación inquilina, publicado por Capitán Swing. Lo es porque está escrito con lenguaje llano y aterriza algunos de los pronósticos que habían hecho Saskia Sassen y Richard Sennett en el caso de la España postburbuja. El autor explica que las contradicciones en materia de vivienda del mundo occidental comienzan con las políticas neoliberales de desposesión de la clase trabajadora, con una batería de decisiones que favorecieron la especulación rampante y la preferencia por la acumulación de patrimonio, que dio la vuelta a la tendencia de alquileres estables hacia compras de vivienda para invertir. Lo conecta con las conocidas tesis de Thomas Piketty: cuando la vivienda es un bien de inversión se vuelve inaccesible para la mayoría y los ingresos patrimoniales crecen por encima de las rentas del trabajo.Pero, además, Gil cuantifica la magnitud de la tragedia en España: después del 2007, los fondos de inversión como Blackstone, Lone Star, Oaktree, Deutsche Bank, Goldman Sachs o Cerberus compraron cientos de miles de viviendas de los bancos españoles. Solo Blackstone, Cerberus y Lone Star adquirieron 450.000 viviendas en España en pocas operaciones. El gigante Blackstone ha comprado grandes volúmenes de pisos en España, mientras que en el resto del mundo tiene activos más diversificados. Esto merece un estudio, porque, simultáneamente, se han perdido muchas promotoras locales.Paralelamente, el Estado destinó 72.000 millones al rescate de los bancos, y 51.000 millones para la creación de la Sareb. Gil hace una pregunta importante: ¿qué habría pasado si la movilización más grande de fondos públicos de la historia se hubiera destinado a comprar las viviendas obtenidas por los desahucios?

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a grandes inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que los contratos de sus inquilinos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 22 de diciembre de 2027 deberán prorrogarse siempre que los arrendatarios lo soliciten. El texto enviado por el gobierno se ha dirigido a trece grandes tenedores que concentran más de 100.000 viviendas en toda España, según ha informado el ministerio liderado por Pablo Bustinduy. El ministro ha justificado la carta porque "impera la claridad" y se garantice "el derecho de más de dos millones de compatriotas a prorrogar sus contratos" y que se aplique un tope a la actualización de sus rentas.

El tiempo de cuenta atrás para la votación del decreto con las medidas de vivienda que el gobierno español ha aprobado para afrontar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio ha desencadenado en un llamamiento por parte de colectivos sociales y partidos de izquierda a los inquilinos a pedir "ya" la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los términos y las condiciones del contrato en caso de que este finalice antes del 31 de diciembre de 2027. Esta es una de las medidas estrella del decreto que, a la espera del resultado de la votación en el Congreso, está en vigor (el límite temporal para que sea votado son 30 días hábiles desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado).

Leemos en el ARA cuáles son las medidas del gobierno español para parar la subida de precios del petróleo, que hace que suba todo, con o sin causa. Es evidente que los barriles de petróleo que estamos consumiendo hoy estaban en el almacén de los dueños y subamos del mundo, y que los han subido para ir avanzando trabajo. Y es evidente que las verduras venidas de ultramar que consume (servidora lo evita) vinieron con aviones y barcos hace meses, y que las cámaras frigoríficas donde fueron guardados hace meses, también, se abastecían con electricidad que aún no se había encarecido a tal efecto dominó que nos inventamos a medias. Las medidas del gobierno son bajar el IVA del combustible, gas y electricidad. Al tira y afloja habitual entre partidos (ahora yo te pido más, para que parezca que te apriete, ahora a ti no te puedo conceder esto para no parecer un calzazas), Sumar ha conseguido que se incluya, de momento, "la prórroga automática del alquiler".

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca eliminar los anuncios de pisos de alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la normativa vigente de consumo, según ha anunciado este viernes en un comunicado. "Si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales, el ministerio actuará con toda contundencia", advirtió el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), en rueda de prensa. Bustinduy no quiso decir cuáles son los portales inmobiliarios investigados, pero señaló que se trata "de los mayores".

La prórroga del escudo social en vigor y que decae este 31 de diciembre comienza a tomar forma. Después de que el gobierno español anunciara que se mantendrán las ayudas actuales al transporte público, aunque no se sabe en qué medida ni por cuánto tiempo, EH Bildu ha cerrado un acuerdo con el ejecutivo de Pedro Sánchez para que también se mantenga todo el 2026 la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Hacía semanas que los movimientos sociales por el derecho a la vivienda presionaban para que esta medida aprobada durante la pandemia de la Covid-19 se mantuviera.