La prórroga de los alquileres tensa la negociación del decreto de vivienda

MadridNegociación in extremis. El gobierno español ultima a esta hora la elaboración de un decreto ley de vivienda para que se apruebe este martes en el consejo de ministros. L'ARA ha accedido al borrador en el que trabajan el PSOE y Sumar y que deben pactar con los socios de la mayoría plurinacional para que el paquete legislativo se acabe aprobando también en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, el pacto dentro de la misma coalición de izquierdas no es un hecho a estas alturas: según el borrador, el ministerio de Vivienda, que pilota el PSOE, incorpora la prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028, pero no de manera indefinida como piden Sumar y el resto de fuerzas a la izquierda de los socialistas, que este lunes han hecho un frente común para hacer suyas las demandas del Sindicato de Inquilinas. Han unido fuerzas Esquerra, EH Bildu, Podemos, Sumar, Compromís y el BNG. Junts, a su vez, considera que el borrador del decreto ley "se aleja" de un pacto que pueda suscribir, pero hace un llamamiento a seguir hablando.

A continuación, desgranamos las medidas del borrador de decreto ley, que puede ir evolucionando en las próximas horas:

• Protección contra los desahucios cuando se trate de familias en situación de vulnerabilidad. Hasta ahora, Junts se había alineado con el PP y Vox para tumbar la prohibición de desahucios a familias vulnerables, ya que pide distinguir a los grandes propietarios de los pequeños. El borrador establece que se detendrán los desahucios cuando el propietario del inmueble sea un fondo buitre. En cambio, el desahucio no se suspenderá si el propietario es una persona vulnerable en caso de dejar de percibir el alquiler o si es propietario de solo uno o dos inmuebles. Para Junts, sin embargo, esta distinción no es suficiente.
• Limitaciones a la especulación con la vivienda. De entrada, en el borrador que se está negociando actualmente –puede evolucionar posteriormente– no hay un veto absoluto a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión. De hecho, de esto se queja, por ejemplo, Esquerra, que pide una regulación clara al respecto. Sí que hay nuevos gravámenes: el gobierno español recupera la propuesta del 2025 sobre las socimis. En concreto, para las que tienen pisos de alquiler se incrementa del 15% al 25% la tributación sobre una parte de los beneficios no distribuidos a través de dividendos. Además, el incremento no afecta a las socimis que gestionan oficinas, naves o centros comerciales, como es el caso de la catalana Colonial. Ahora bien, el incremento prevé fuertes deducciones siempre que los inmuebles se destinen al alquiler asequible. Por otro lado, se faculta a los ayuntamientos a aumentar el IBI el doble o incluso un 150% sobre los inmuebles residenciales que estén desocupados o que se destinen a alojamiento turístico en zonas tensionadas.
• Estabilizar los contratos de alquiler. Se trata de una de las principales demandas del Sindicato de Inquilinas, que quiere contratos indefinidos, pero Junts y el PNV no ven bien esta medida. Según el texto, se establece la prórroga extraordinaria por períodos anuales hasta un máximo de dos años adicionales para los contratos de vivienda habitual que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Pero pone condiciones: que el inquilino esté al corriente de pago los últimos ocho meses. También establece la posibilidad de firmar un nuevo contrato si se baja el alquiler un 5%. En la propuesta que los de Miriam Nogueras hicieron llegar al gobierno español, las prórrogas de alquiler eran voluntarias.
• Regulación de los alquileres de temporada para acabar con el "fraude". Introduce cambios en la ley de arrendamientos urbanos para evitar que se utilice esta modalidad para esquivar los derechos de los inquilinos y el control de precios. En este sentido, el contrato, de doce meses como máximo, debería recoger expresamente el motivo del desplazamiento temporal, y es el propietario quien debe demostrar que esta temporalidad existe.
• Se introduce la figura del IVA en los pisos turísticos, para que tributen como un "negocio". Ahora bien, Esquerra, por ejemplo, pide que no se tengan en cuenta los tipos reducidos.
• Bonificaciones fiscales a los inquilinos, y también a los propietarios que bajen el precio de los alquileres. Junts pedía este tipo de incentivos, pero la izquierda no acepta exenciones fiscales para propietarios, y así lo ha dejado claro en la rueda de prensa de este lunes. Entre los que recoge el borrador del decreto ley está la reducción del 100% del IRPF de la renta que cobre el propietario por un alquiler si se hace un nuevo contrato bajo el índice de precios de referencia. O una exención fiscal del100% de la ganancia patrimonial obtenida en la venta de una vivienda hecha a entes públicos o empresas públicas para vivienda social.
• El alquiler de habitaciones. No existe regulación sobre esto, y es lo que pide que se incluya Sumar y también Esquerra. Los ministros de Sumar amenazan incluso con plantar a los del PSOE en la reunión del consejo de ministros. Fuentes de Esquerra también creen que falta un tope de precio en el alquiler de habitaciones, tal como se ha establecido en Cataluña.
• También se incluye una reducción del IVA de la construcción si se trata de vivienda destinada a ser protegida de forma permanente. Un incentivo para los constructores para que se impliquen en la construcción de viviendas nuevas para destinar a uso social.
• El gobierno español también recupera una promesa: las sanciones a las plataformas digitales que no cumplan con la información con respecto al anuncio de un alquiler de corta duración o turístico. Por ejemplo, Airbnb o Booking. En la norma se reconocen las competencias de las comunidades y los ayuntamientos sobre esto. En concreto, se plantea un régimen sancionador cuando se incumpla la llamada ventanilla única digital de arrendamientos regulada a escala europea. Las infracciones podrán ser muy graves (hasta un millón de euros, como mínimo), graves (500.000) o leves (100.000 euros).

El presidente español, Pedro Sánchez, que se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Barcelona, ha hecho un llamamiento a "actuar en el ámbito de la vivienda" y "poner de una vez por todas el foco en la accesibilidad" de los ciudadanos a las casas y los pisos. Sin embargo, no ha mencionado directamente ninguna medida más allá de priorizar los pisos residenciales a los turísticos, ya que los socialistas trabajan para intentar reunir a toda la mayoría plurinacional en un consenso.

Quien seguro que no estará son el PP y Vox. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a decir que son "ocurrencias sectarias" y ha instado al gobierno español a desalojar la movilización de la Puerta del Sol.