Un terremoto de magnitud 7,7 ha afectado este viernes al centro de Myanmar, según los servicios de alerta de Estados Unidos. Las autoridades del país, una junta militar que mantiene abierta una guerra civil desde su golpe de estado hace cuatro años, no ha informado de afectaciones o heridos. Pero el terremoto se ha escuchado incluso en Bangkok, la capital de Tailandia, donde cientos de personas han salido de los edificios en medio de una ola de pánico, según Reuters. Un edificio en construcción se ha hundido en la capital tailandesa y ha dejado a 43 trabajadores atrapados entre los escombros.

Han pasado dos años desde el golpe de estado que expulsó del poder a la Nobel de la paz de Birmania Aung San Suu Kyi, y la situación en el país es el de una auténtica guerra civil. La junta militar que asumió el gobierno el 1 de febrero de 2021 ha extendido en varias zonas del país los métodos de terror que había usado hace unos años –entonces bajo el gobierno de Suu Kyi– contra la minoría étnica de los rohingyas, que los forzaron a huir masivamente del país. Aviones de combate militares bombardean pueblos enteros y queman las casas. En su lucha de décadas contra los grupos étnicos armados de algunas regiones se añade ahora el combate contra las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF, en las siglas en inglés) que surgieron después del golpe de estado para tratar de derribar la dictadura militar. Son principalmente estudiantes universitarios que tomaron las armas y que se enfrentan con métodos de guerrilla contra el poderoso ejército birmano (Tatmadaw), pero que, según varias fuentes, ya controlan algunas zonas del centro del país.

La junta militar birmana ha ejecutado a cuatro hombres, entre ellos dos activistas políticos, en la primera aplicación de la pena de muerte en el país asiático en tres décadas. La agencia de noticias controlada por el régimen militar ha informado este lunes que "el castigo se ha realizado" y que los presos han muerto ahorcados. Entre los ejecutados están Phyo Zeyar Thaw, un exdiputado de la Liga Nacional para la Democracia –el partido fundado por Aung San Suu Kyi– y el activista Kyaw Min Yu, conocido como Ko Jimmy, los dos detenidos el otoño pasado y acusados de terrorismo en unos juicios celebrados a puerta cerrada a principios de este año.

La junta militar birmana, que gobierna el país desde el golpe de estado de febrero del 2021, ha condenado este lunes a cuatro años de prisión a Aung San Suu Kyi, ex líder civil y premio Nobel de la paz. Una condena que se suma a los dos años de prisión a los que ya fue sentenciada en diciembre.

Un hombre graba con el móvil a decenas de soldados y policías que avanzan por la calle de debajo de su balcón disparando fuego real contra manifestantes que hay más hacia delante. De repente, algunos de los agentes lo ven, y se oye un disparo. La cámara enfoca dentro del balcón y una chica, junto al autor de la grabación, tambalea con una mancha de sangre en la frente. Decenas de vídeos como este acreditan las atrocidades del ejército y las fuerzas policiales en Birmania, que perpetran “homicidios sistemáticos y premeditados con un despliegue importante de armas de campo de batalla”, como denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe, después de haber verificado hasta 55 vídeos de este tipo, grabados por ciudadanos anónimos. “No son acciones de agentes individuales abrumados por los acontecimientos que toman decisiones erróneas, sino mandos implicados ya en crímenes de lesa humanidad que despliegan sus tropas y métodos asesinos a la luz del día del día”, denuncia el informe.

"Me temo que la situación en Birmania se está convirtiendo en un conflicto en plena expansión. Los estados no pueden permitir que se repita el mortal error del pasado cometido en Siria y otros territorios". Es la conclusión que la alta comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expone en un comunicado publicado este martes y que pretende implicar a la comunidad internacional para parar la actitud represiva del ejército birmano contra los ciudadanos que protestan contra el golpe de estado militar del 1 de febrero.

La escalada de violencia en Birmania amenaza con convertirse en una verdadera guerra civil, no solo por la cada vez más mortífera represión militar contra las protestas en la calle, sino también por la entrada en escena de las guerrillas étnicas que actúan en algunos estados del país. Este martes el Ejército de Akaran, el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar han hecho público un comunicado conjunto para apoyar al movimiento de desobediencia civil contra el golpe de estado y para exigir al ejército birmano que pare "inmediatamente los tiroteos violentos y el asesinato de ciudadanos que protestan pacíficamente". Los tres grupos, de hecho, amenazan con anular el acuerdo de alto el fuego que mantenían con el estado birmano si continúan las matanzas en las manifestaciones pro democracia.

La policía y el ejército birmanos han matado al menos a 91 personas, incluido un niño de 5 años, en la que puede ser la jornada de represión más sangrienta desde el golpe de estado del 1 de febrero. Los manifestantes han salido a las calles de una cuarentena de ciudades desafiando la amenaza de los militares de que los dispararían "a la cabeza y por la espalda", coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas. El número total de civiles muertos en las protestas contra la junta militar puede elevarse ya a los 400, según la prensa local.

En medio de la conversación, por videollamada, empieza a sonar la cacerolada de las 8 del anochecer, que se repite cada día en Rangún desde el 2 de febrero, al día siguiente del golpe de estado militar que ha dejado la vida en suspenso en Birmania. El subjefe de la misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Birmania, Ignasi Calbó, lleva un año y medio en el país, donde ha sido testigo en primera línea de los acontecimientos del último mes y medio. Asegura que los cooperantes extranjeros hoy por hoy no son un objetivo, pero en el barrio donde vive se siente "muy protegido por la comunidad", una red de vecinos que se ayudan y que estos días levantan barricadas en las calles para defenderse de los militares y la policía.

Kyel Sin tenía 19 años y una camiseta de "Todo irá bien" cuando salió a las calles de Mandalay el miércoles a protestar contra el golpe de estado militar en su país, Birmania. Su muerte, de un disparo en la cabeza, la ha convertido en un nuevo icono de la protesta, elevada a través de las redes sociales a mártir y heroína. "Un ángel sin alas", la llamaban en Twitter, usando el apodo que ella misma se había puesto en Facebook, la plataforma más utilizada en el país, donde aparecía como Deng Jia Xi (Àngel).

Ni la declaración de la ley marcial, el lunes, ni el hecho de que una chica de 20 años, Mya Thwe Thwe Khine, se esté debatiendo entre la vida y la muerte después de haber recibido un disparo policial en la cabeza durante las protestas del martes, han disuadido a los ciudadanos de Birmania de salir a las calles de las principales ciudades del país este miércoles, por quinto día consecutivo, para mostrar el rechazo al golpe de estado militar del día 1, que depuso al gobierno democrático liderato por Aung San Suu Kyi.

La policía birmana ha presentado cargos este martes contra la que hasta el lunes era la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, que sigue bajo custodia del ejército y en paradero desconocido. Se la acusa de haber importado ilegalmente equipación de comunicaciones, después de que en el registro en su casa –perpetrado después de detenerla el lunes durante el golpe de estado militar– encontraran dos radios tipos walkie-talkie que habrían sido importadas ilegalmente y utilizadas sin permiso, según la declaración policial.

Los diputados detenidos durante el golpe de estado en Birmania, que han pasado la noche en un centro de detención al aire libre en la capital, Naypidaw, han sido autorizados por el ejército a volver a casa, según ha anunciado esta mañana el partido de la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional Democrática (NLD). Fuentes del partido aseguran también que han podido saber que Suu Kyi, líder de facto del país hasta el golpe de estado de ayer, se encuentra en buen estado de salud.

El ejército de Birmania, que ocupó el poder de este país asiático desde 1962 hasta 2011, ha protagonizado la madrugada del lunes un golpe de estado contra el ejecutivo de Aung San Suu Kyi. La líder birmana ha sido detenida y sustituida por el general Min Aung Hlaing, que ha declarado el estado de emergencia al menos durante un año, hasta que se hagan otras elecciones. Tanto en Naypidaw -la capital política- como en Yangón -la capital económica- como en otras grandes ciudades, camiones de militares controlan desde ayer por la mañana las calles. En un primer momento, se cortó internet, tampoco funcionaban la mayoría de teléfonos móviles, el aeropuerto internacional había quedado cerrado -con los vuelos supsendidos- y los bancos y cajeros automáticos estaban fuera de servicio. Alrededor de los supermercados se habían formado largas colas de gente, que se intentaba proveer de alimentos ante la incertidumbre de los próximos días.