Recibo el correo cuando ya estoy en Colombia, en la Feria del Libro de Bogotá. En un par de días despego desde allí hacia Nueva York para asistir al World Voices Festival, el festival literario internacional de la ciudad. El PEN International, el organizador del evento, es el remitente del mail. Adjunto, hay un documento llamado "Viajar a Estados Unidos". Lo abro en el recibidor del hotel. Encabezándolo, en negrita, dice: "Por favor, sepa que esta información no debe ser entendida como un consejo legal".

Los ojos negros están clavados en el suelo y las manos angustias estrechan contra el pecho la bolsa de plástico precintada con el escudo estadounidense. Dentro están las pocas pertenencias que Victorina todavía tenía cuando la patrulla fronteriza la detuvo la madrugada del domingo. En medio de los llantos y llamadas telefónicas de las más de cincuenta personas que acaban de ser deportadas a Nogales, México, Victorina está inmóvil. La mirada, vacía. "¿Qué haré ahora?", susurra por ella. "No puedo volver a Guerrero. No puedo, no puedo", reniega. ¿Por qué? "Me han amenazado con muerte". La mujer, de 44 años, estalla a llorar. "Lo he contado a los agentes, pero no han querido escucharme. Me han obligado a firmar los papeles".

No hay tiranía del presente inmediato que valga para no seguir hablando de lo que se ha denominado como la masacre de Melilla. Esto es: veinticuatro de junio del dos mil veintidós, asesinato a noche cerrada de decenas de personas que trataban de atravesar la frontera con España en la valla de Melilla. Un baile de cifras para decir cuánta vida había antes de lo que ahora llamamos "tragedia", repitiendo así el lenguaje institucional de la frontera. Un lenguaje que habla de "tragedia", como también habla de "migrantes", "mafias", "fuerzas de seguridad", "integridades nacionales", "cooperaciones" diversas, "órdenes" y "buenas resoluciones". 

Christopher y Noël son dos vecinos franceses que han aprovechado el domingo por la mañana para ir a uno de los centros comerciales de la Jonquera a comprar tabaco, bebidas alcohólicas y algo de comida. Desde el 30 de marzo es obligatorio mostrar una PCR negativa para cruzar la frontera, y solo estaban exentos los trabajadores transfronterizos, los transportistas y los vecinos de las poblaciones que están a 30 km de la línea imaginaria. Sin embargo, en la práctica, lo cierto es que franceses y españoles pueden cruzar a ambos lados sin que les pidan nada. “Nosotros hace dos semanas que volvemos a venir. Nos dijeron que se podía pasar aunque no tengas PCR, porque nadie lo controla”, explican los dos amigos.

Las antiguas cabinas fronterizas situadas entre Portbou y Cervera hacía años que no tenían ninguna utilidad, más allá de traer recuerdos del pasado. Sin embargo, con la llegada del covid-19 y las posteriores restricciones de movilidad, se tuvo que quitar el polvo a los viejos edificios policiales para poder controlar a todo el mundo que cruza la línea imaginaria. Francia estableció hace semanas que se tenía que mostrar una PCR negativa para entrar en el país y España lo anunció también el sábado, por sorpresa, y lo ha empezado a aplicar este martes. Ahora bien, la nueva medida no se ha dejado ver en dos de los puntos principales para entrar y salir de Francia por carretera: en La Jonquera, la Policía Nacional ha hecho algunos controles aleatorios durante la mañana, pero en Portbou había vía libre para ir y volver; ni en el lado español ni en el francés había ningún agente que controlara el paso de vehículos, motos y personas. 

La obligatoriedad de presentar una PCR negativa para entrar en territorio francés no afectará a la movilidad cotidiana en zonas fronterizas como la Cerdaña y l'Aran. A pesar de que el confinamiento perimetral de Catalunya impide entrar y salir del país si no es por causas justificadas, las estrechas relaciones fronterizas entre la Alta y la Baixa Cerdanya se han mantenido casi igual y todo apunta a que esta nueva decisión gubernamental no lo modificará.