"Aguanté las torturas. No hablé. Cuando salimos de la dirección general de Seguridad tenía los pies negros de los golpes, pero tuve un momento de euforia porque no había dicho nada. Ninguno de nosotros había hablado. Los torturadores me doblaron, y eso me ha dado bastante toda la vida. Si ellos no consiguieron romperme, a verme", a ver. Militante antifranquista de la Liga Comunista Revolucionaria, fue torturada por Antonio González Pacheco, más conocido por el sobrenombre Billy el Niño. Durante los 14 meses que estuvo detenida en la cárcel de Yeserías de Madrid, Rius escribió e hizo dibujos, que ahora publica en forma de libro: Memoria dibujada. Cárcel de Yeserías (1974-1975) con prólogo de Ignasi Aragay y publicado por L'Avenç. Ni la represión ni las palizas la detuvieron y la resiliencia le ha servido para muchas de las otras luchas que ha tenido como activista y militante a lo largo de la vida.

"Llevamos 49 años luchando para que nos escuchen. Este documento de reparación no es suficiente, pero es un primer paso. Nos han dado la coz toda la vida, porque nos han señalado para ser familiares de un terrorista. Mi hermano fue víctima de una doble injusticia y luchó por la libertad. Mi madre lo pasó muy mal porque le mataron a su hijo cuando sólo tenía 21 años No nos hemos rendido ni hemos perdido la esperanza", explica Victoria Sánchez- Bravo Solla. Su hermano, José Luis Sánchez-Bravo Solla, fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, en el campo de tiro de Hoyo Manzanares (Madrid). Era miembro del FRAP y el consejo de guerra que le condenó estaba lleno de irregularidades. La suya es una de las veinte familias víctimas de la dictadura franquista que han recibido una declaración de reparación del gobierno español.

La decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir un recurso de amparo de una víctima del franquismo, Francisco Ventura, que fue torturado por la policía durante el régimen ha vuelto a frustrar las esperanzas de los colectivos de memoria histórica, que esperaban que la aprobación de la nueva ley de memoria democrática permitiera investigar a aquellos crímenes y saltar el muro de la ley de amnistía de 1977. La resolución del TC, con mayoría progresista pero donde sólo dos magistrados se han desmarcado de la decisión, argumenta que la entrada en vigor de la nueva ley no supone ningún cambio respecto a la situación anterior. Y eso que el artículo 2.3 de la norma afirma que la ley de amnistía debe interpretarse de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos, es decir, considerando que hay una suerte de delitos que no prescriben ni se pueden amnistiar, que son los de lesa humanidad, que incluye precisamente las torturas.

"Te envío estas fotografías para que puedas mirarme cuando no estemos juntos", se puede leer en una fotografía que Florinda le envió a Jesús Fraile, de quien se había enamorado hacía ocho meses. Jesús y Florinda amaban, pero no se pudieron volver a tocar. Él tuvo que huir a Francia después de la victoria franquista, y el 7 de abril de 1939 murió de tifus en el campo de concentración de Setfonts, en Languedoc, muy cerca de Toulouse. Las fotografías y sus objetos personales estuvieron escondidos durante más de 80 años en una urna electoral de madera en el techo del antiguo edificio consistorial de Setfonts.

"Me amenazaban con pegar a mi hermana si no hablaba y me hacían mirar por una ventanilla y ver cómo le pegaban. Yo sabía que ella era más dura que yo y que no hablaría. Estuvimos encerrados 32 días en Via Laietana", explica Pepus Ferrándiz. Pepus y Maribel son hermanos gemelos y tenían tan sólo 17 años cuando los detuvieron. Los torturaron de todas formas posibles y, después de 32 días en los calabozos de Via Laietana, los enviaron a la cárcel. Pepus estuvo en la Modelo durante 13 meses, los mismos que Maribel pasó a la cárcel de mujeres de la Trinidad, donde las monjas de la Cruzada Evangélica la sometieron a un nuevo calvario de adoctrinamiento moral y castigos. Ahora, más de 50 años después, los hermanos tienen la oportunidad de querellarse contra los policías que les torturaron: Vicente Juan Creix, Rafael Núñez Valverde, Genuino Nicolás Navales y Atilano del Valle.

El campo de concentración de Albatera (en el término municipal de Sant Isidre, Baix Segura) era hasta hace poco invisible. Y, si no fuera por todo aquello que esconde su subsuelo, quizás Franco habría ganado la batalla de la memoria. La arqueología, sin embargo, es terca. En este campo, que estuvo en manos franquistas de abril a noviembre de 1939, encerraron a entre 12.000 y 15.000 prisioneros republicanos, que pasaron mucha sed y hambre y sufrieron torturas, enfermedades y todo tipo de vejaciones. Lo peor, sin embargo, debió de ser la angustia. En el patio hubo muy a menudo fusilamientos sin juicio. Y todo esto no solo lo explican algunos de los prisioneros, sino que se han encontrado pruebas.

Muerto el dictador, el miedo impregnaba todavía la vida de buena parte de la población española. En 1977 Esperanza Pérez regresó de su exilio en Bélgica decidida a encontrar a su padre, sus abuelos y sus tíos. Todos ellos habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes. A lo largo de más de un año y con la ayuda de su marido, que era taxista y la llevaba de un sitio a otro, recorrió diferentes pueblos de la provincia de Palencia hasta encontrar a ocho de sus familiares. Terminó exhumando a 150 víctimas del franquismo. “Estoy muy orgullosa. Fue extenuante, tanto física como psicológicamente, pero volvería a hacerlo”, dice desde su casa de Palencia, donde vive con una hermana y una tía. Esperanza, que ahora tiene 87 años, tenía 18 meses cuando mataron a su padre, a sus abuelos ya sus tíos: “A mi padre le llamaban Juanón, porque era muy alto, muy guapo y muy valiente. Lo único que hizo fue enseñar a leer y a escribir a los niños más pobres”, dice aún indignada.

No ha sido nunca fácil ni se espera que lo sea a partir de ahora. Después de que el pasado viernes la juez argentina María Servini de Cubría dictara el auto de procesamiento del ex ministro Rodolfo Martín Villa, su equipo jurídico divisa un camino largo y muy complicado para que este procesamiento se haga efectivo: "El equipo de abogados de Martín Villa es muy poderoso –asegura la abogada argentina Julieta Bandirali en la rueda de prensa de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua)–. Ahora la pelota está en su campo y ellos se defenderán con uñas y dientes, pero tenemos que conseguir que esta orden sea firme y trabajaremos mucho para conseguirlo". La previsión es que, después de que los abogados del ex ministro hayan recurrido, todo se alargue más de un año.

Es muy difícil saber con precisión qué pasó el 18 de octubre del 1971 cuando más de 6.000 obreros de Seat ocuparon la fábrica en solidaridad con 11 cargos sindicales y 33 trabajadores despedidos. Nunca se han investigado los hechos. Sí que son claras las consecuencias: uno de los policías –se desconoce el nombre– sacó el arma y apretó el gatillo no una, sino unas cuantas veces, y mató al trabajador Antonio Ruiz Villalba: "No disparó ni al aire ni al pie, el tío tenía seis orificios de bala en el abdomen y murió de las heridas días después, el 1 de noviembre", explica Anna Maria, una de las tres sobrinas de Ruiz Villalba. "Si hubiera sido ahora, habríamos salido con pancartas para exigir que se investigara".

La represión contra los que perdieron la Guerra Civil se prolongó durante cuarenta años de dictadura, y reconocer las injusticias que sufrieron ha sido siempre muy complicado en el estado español. Este jueves el Congreso de Diputados ha debatido una nueva ley de memoria democrática que propone, entre otras cosas, una auditoría del expolio franquista, una nueva fiscalía para investigar los crímenes del franquismo –ningún juzgado español ha aceptado nunca investigar los crímenes que se cometieron durante la dictadura–, subvenciones para exhumar fosas o resignificar el Valle de los Caídos. La nueva ley se presenta catorce años después de que se aprobaran las leyes de la memoria en España y Catalunya. La ley española del 2007 aprobada por el gobierno de Zapatero ha vivido, además, largos periodos de hibernación por falta de presupuesto, sobre todo durante el gobierno del PP.

En 1940 los prisioneros políticos y los delincuentes comunes se amontonaban en la prisión de Manresa, un antiguo convento cerca de las casas de la calle Sant Bartomeu. Ahí surgió la historia de amor entre Vicent Prades, un santfruitosenc de 22 años pendiente de juicio por haber combatido en el bando republicano, y Lola Batlle, una vecina de 18 años que vivía delante de la cárcel. Se escribieron cartas apasionadas durante dos años y, cuando él salió, se casaron. Después él volvió a la prisión y las cartas continuaron.

Hace muchos años que los familiares de las víctimas de la Guerra Civil reivindiquen poder saber dónde están sus muertos. No es fácil saberlo, porque han pasado 82 años desde el final de la guerra y se calcula que tan solo se podrán recuperar un 10% de las fosas comunes del Estado. El resto quedarán tragadas por el olvido, porque los testigos han ido muriendo y porque en muchos casos los ejecutores escondieron muy bien sus crímenes. Pero siempre hay gente obstinada en rescatar los nombres sepultados en carpetas. La asociación Innovation and Human Rights (IHR) ha publicado un mapa estatal en el que se pueden encontrar algunas de las personas que murieron asesinadas o sufrieron condenas y represión durante la Guerra Civil. La asociación empezó a recopilar datos en 2017. Ese año cerró con 200.000 registros y actualmente ya tiene 1.200.000. En el mapa han colocado tan solo los 82.000 nombres de los que han podido averiguar el lugar de nacimiento. “Hemos querido destacar el lugar de nacimiento, porque uno de los principales objetivos de esta herramienta es ayudar a los familiares y romper el silencio. Mucha gente desconoce qué le pasó a su familia. Con esta herramienta se puede mirar un apellido y la población de origen. Ayuda a hacer que muchas personas puedan descubrir este pasado tan silenciado”, asegura Concha Catalán, presidenta de Innovation and Human Rights.

Una peineta destrozada por el impacto de una bala y unos alfileres al lado de un esqueleto enterrado sin tumba ni nombre en el cementerio de Fuendejalón. Es todo lo que queda de una mujer pionera, María Domínguez, la primera alcaldesa democrática de España. Domínguez, que de pequeña casi no había podido ir a la escuela y fue autodidacta, defendía el derecho a la educación, sobre todo de las mujeres, y en 1932 fue la primera alcaldesa de la Segunda República Española en la población de Gallur (Zaragoza). Cuando dejó la alcaldía, un año después, se dedicó a la docencia y el periodismo. En 1936, poco después de que estallara la Guerra Civil, los franquistas le dispararon en la cabeza y la tiraron a una fosa común. Este fin de semana, sus restos se han podido exhumar y ahora se compararán con el ADN de sus familiares para comprobar si realmente es ella.