La falta de talento y personal cualificado para cubrir puestos de trabajo no es sólo un problema de las empresas, sino que también afecta al crecimiento económico. La patronal vallesana, Cecot, ha lanzado este grito de alerta y ha planteado a través de un informe titulado Hacia un mercado de trabajo sostenible 38 propuestas para afrontar el problema, que tiene distintas vertientes, que van de la demográfica a los cambios en el mercado laboral. Entre las propuestas está adecuar el horario escolar al laboral, promover la jubilación activa y reversible y fomentar más el teletrabajo, entre otras destinadas a atraer más talento a las empresas.

Fue una negociación a contrarreloj y abierta hasta el último momento. Así fueron las conversaciones entre el gobierno español y sus socios para trocear el decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones y el escudo social. Un decreto ley que tumbó la semana pasada al Congreso con los votos del PP y Junts porque, pese a ser favorables a la subida de la paga a los jubilados, ninguno de los dos grupos quiere avalar las medidas antidesahucios. Por eso en el marco de la negociación era de vital importancia cómo se dividía el decreto ley en dos: es decir, qué medidas del conjunto del escudo social –principalmente las ayudas para pagar suministros eléctricos– se ponían con las pensiones y qué otras con las medidas antidesahucios. ¿Por qué? Porque lo que fuera con las pensiones estaba claro que prosperaría, mientras que todo lo que se pusiera con las medidas antidesahucios sería muy difícil que prosperase, tal y como ya se ha evidenciado con el anuncio del voto en contra de Junts y el PP.

Tras el veto de Junts y el PP en el decreto ómnibus, el gobierno español se ha visto abocado a trocearlo para salvar el aumento de la subida de las pensiones y, por otra parte, ha introducido medidas a favor de los pequeños propietarios en la suspensión de los desahucios para asegurarse los votos del PNV y guiñar el ojo. "Son todo medidas buenas", ha defendido la portavoz de gobierno español, Elma Saiz, sorteando la marcha atrás que ha tenido que realizar la Moncloa en esta ocasión: después del batacazo la semana pasada en el Congreso, y pese a lo que había dicho previamente, ha separado las pensiones de las medidas antidesahucios para intentar blindarlas.

La semana pasada el Congreso tumbó la revalorización de las pensiones y el llamado escudo social para frenar los desahucios, con los votos del PP, Junts y Vox. Ahora el gobierno español se ha visto abocado a trocear el decreto ley para poder salvar, por un lado, el aumento del poder adquisitivo de los pensionistas; y, por otra, ha incluido medidas a favor del "pequeño propietario" para intentar seducir a Junts y al PNV. Este martes, según confirman fuentes de la Moncloa, el gobierno español ha aprobado dos decretos leyes por separado —que entran en vigor de forma inmediata— y que dentro de un mes deben convalidarse en el Congreso. El de las pensiones tiene el apoyo garantizado para salir adelante (Juntos y PP votaron en contra porque iba mezclado con otras medidas), mientras que está por ver qué pasa con el decreto que tiene que ver con la vivienda.

Cuanto más graves son los problemas, más insoportable se hace la tendencia de los dirigentes políticos a conducir todo hacia la simplificación, que acaba generando grotescas descalificaciones del adversario que a menudo dejan en peor posición lo que las hace que lo que las recibe.

Los jubilados cobraron hace unos días la pensión del mes de enero, con la subida del IPC correspondiente. Pero en unas semanas podrían perder poder adquisitivo después de que este martes el Congreso rechazara el decreto que incluía la revalorización de las pensiones. ¿Qué vías tiene el gobierno español para evitarlo?

La Seguridad Social aplica desde este pasado jueves, 1 de enero, una cotización extra, la llamada cuota de solidaridad, a los salarios que superen la base máxima, que para 2026 se situará en 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros al año) tras revalorizarse un 3,2% respecto a 3,9%. en vigor en 2025 y estará completamente desplegada en 2045, consiste en una cotización adicional para la parte del salario que excede la base máxima de cotización. Se aplica por tramos y progresivamente.

En una reciente entrevista en una televisión pública de Tarragona, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, abogaba por reformar profundamente el modelo actual de pensiones. El sistema alternativo que defiende la formación de extrema derecha plantea que los trabajadores reciban directamente el dinero de sus cotizaciones sociales. Es decir, que la hucha de las pensiones no se nutra de las aportaciones de los trabajadores. En ese modelo, al llegar a la jubilación, el Estado aportaría un mínimo a los ciudadanos, que deberían complementar las pensiones con planes privados –quienes les hayan contratado–. Orriols criticaba la cantidad "ingente" de dinero que "el Estado incauta a los trabajadores". Según la líder de Aliança, esto permitiría que los ciudadanos "ahorraran mucho más". Una propuesta que ya dejó caer en el Parlament hace unas semanas.

Sé que este posicionamiento va a generar críticas, pero como sociedad debemos afrontar una realidad incómoda: el sistema de pensiones no es sostenible. En 2025 más del 40% del presupuesto del Estado se ha destinado al pago de las pensiones y, sin embargo, ha sido necesario recurrir a un préstamo para hacer frente a las dos pagas de diciembre. Vivimos en un déficit estructural y permanente. Y lejos de detenerse, el gasto continuará al alza: ya se ha anunciado que las pensiones subirán un 2,7% en el 2026.

El consejo de ministros ha aprobado este año la revalorización de las pensiones contributivas y el aumento de la cuantía anual de las no contributivas. En concreto, a todos los efectos, las primeras han aumentado un 3,8%, y las segundas se han actualizado hasta los 7.905,80 euros por año, que suponen 568,70 euros mensuales en 14 pagas. ¿Pero qué son cada una de estas pensiones y cómo se pueden solicitar?

Sólo desde la cortedad de vista se puede incubar el resentimiento contra los jubilados y los boomeros en general, pintándolos como beneficiarios privilegiados de un pasado esplendoroso de sueldos generosos y de un futuro opulento asegurado gracias a la propiedad de un piso ya una pensión jugosa, reducido a la sentencia "han vivido mejor que sus padres".

Lo leemos en el ARA (con las gafas de leer, que acabamos de perder y encontrar). El dossierDesafíos y políticas en la era de la longevidad, publicado este lunes por CaixaBank Research, nos hace saber que "para financiar las pensiones será necesario retrasar la edad de jubilación hasta los 68 años". La culpa es nuestra, al parecer, de los hijos del baby boom, que no sólo somos muchos por cobrar sino que, encima, cuando hemos tenido edad de procrear no hemos seguido el ejemplo de nuestros progenitores esforzados. Mis padres tuvieron seis. Yo, una. ¿Dónde vas a parar? En mi infancia y adolescencia, marcada por la serie Cono ocho basta (sobre la familia numerosa de un periodista viudo, padre de ocho hijos, que vivía en Sacramento y llegaba a fin de mes), a menudo se nos bromeaba, que todos nosotros captamos de mayores. "Tú eres un oginet", te decían. Quería decir que tus padres, pobres, a la sazón sin móvil, sin Netflix, sin calefacción, sin restaurantes japoneses baratos, debían hacerse pasar el aburrimiento y el frío en la cama haciendo el amor (a escondidas de los abuelos y de toda la caterva de hijos que ya tenían). A falta de preservativos famoso método del doctor Ogino, que se basaba en abstenerse los días próximos a la ovulación y hacer como los conejos el resto del mes. Era un método, por supuesto, que fallaba más que un paraguas comprado en el metro, y de ahí que los hijos del método que no fue bien fuéramos llamados oginetes.

Para muchas mujeres, llegar a la edad de jubilación no implica, como debería ser, un merecido descanso después de décadas de trabajo, sino la entrada a una nueva etapa de inseguridad económica. Nuestro sistema de pensiones es, en esencia, contributivo: se cobra en función de lo cotizado. Esto significa que si las trayectorias laborales han sido cortas, discontinuas o con salarios bajos, la pensión será menor. Y éste es, precisamente, el caso de muchas mujeres que actualmente tienen más de 65 años.

El envejecimiento de la población ha llevado al gobierno español a buscar soluciones para poder hacer frente a las pensiones. Por eso, desde hace años, en Madrid se busca incentivar un modelo híbrido que permita empezar a recibir la jubilación mientras se alarga la vida laboral. Es decir: un sistema que permita trabajar y ser pensionista de forma simultánea. Tras los múltiples fracasos, a partir del 1 de abril entrarán en vigor una nueva serie de cambios en la regulación que pretenden incentivar estas vías.

Hace pocos días Junts instaba al Govern a que todas las personas pensionistas tengan el acceso gratuito al transporte público. Mi duda —y no de forma polémica— es: ¿es necesario? Pongamos datos.

Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1933 a 1945, se enorgullecía a menudo de haber implementado el estado del bienestar. "No podemos proteger al cien por cien de la población del cien por cien de riesgos de la vida, pero les podemos dar cierta protección cuando pierdan el trabajo o cuando se hagan viejos", dicen las palabras iniciales de la ley que consagraba la seguridad social . Años después, visto el impacto positivo que tuvo la legislación en la vida de muchos americanos, Roosevelt exclamó: "No habrá ningún maldito político que se atreva a tocar mi programa de la seguridad social".

Pedro Sánchez espera que no tengan que pasar muchos días hasta aprobar la mejora de las pensiones y la bonificación en el transporte público que decayeron el miércoles en el Congreso, pero no está dispuesto a ceder a las normas que le quieren imponer Junts y el PP: trocear las medidas en varios decretos para que, esta vez sí, la derecha pueda aprobarlos. El presidente español ha subrayado este viernes desde Fitur, en Madrid, que quiere recuperar todas las medidas que incluía el decreto ómnibus, "que es un escudo social que necesita nuestro país", y prepara una nueva negociación con Junts para intentar sacarlo adelante. Mientras, el PP explota al máximo la derrota parlamentaria del PSOE y ha puesto en marcha una recogida de firmas para exigir al gobierno español nuevos decretos específicos para subir las pensiones y bonificar el transporte público.

Habiendo fallado el plan A, consistente en ganar una votación muy importante en el Congreso y entonces presumir de fortaleza parlamentaria, el PSOE ha pasado al plan B, consistente en no tener aumento de pensiones, pero tener relato: PP y Junts han votado en contra de la subida de las pensiones. Da igual que el gobierno español planteara la votación en el marco de un decreto ómnibus donde se votaban otras medidas, el caso es que el PP ha quedado señalado. Junts, también, pero los socialistas españoles lo dicen con menos énfasis (ya se encargan de recordarlo el PSC y Esquerra, cada uno por la parte que les toca) porque el PSOE y Junts siguen sentados en el sillón del dentista a ver quién se cansa antes, aunque cada día que pasa se hacen más daño el uno al otro, en un espectáculo político cada vez más desagradable.

España se sitúa en la cola entre los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE, la organización que agrupa a las economías desarrolladas) en el fondo de reserva de la Seguridad Social –conocido como la hucha de las pensiones– tanto por la cantidad estimada en dólares como por porcentaje del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el tamaño de una economía).

Los precios vuelven a repuntar en noviembre en España. El índice de precios de consumo (IPC, el indicador que mide el coste de la vida de las familias) ha crecido este mes un 2,4% respecto a noviembre del año pasado, lo que sitúa la variación media de 'IPC en 2024 al 2,8%. Así, según ha informado en un comunicado el gobierno español, éste será el incremento medio de las pensiones que se aplicará a partir de enero de 2025.