Los colectivos de vivienda y la izquierda en el Congreso presionan a Junts para que salve el escudo social

MadridEl gobierno español se asoma a la primera derrota parlamentaria de 2026. Pedro Sánchez somete a votación los dos últimos decretos ley del año pasado: el escudo social –que incluye, entre otras cosas, la subida de las pensiones y la extensión de la prohibición de desahucios y suministros básicos para gente vulnerable– y el abono único de transportes para todo el Estado. El PP ha confirmado que votará en contra de ambos textos y, por tanto –y como de costumbre–, todo queda en manos de Junts, que continúa con los puentes rotos con el gobierno español. En las últimas horas, los junteros han sido muy críticos debido a que el primero de los decretos mezcla un asunto con el que están de acuerdo, como es la revalorización de las pensiones, con otro que, para ellos, es controvertido. "No pueden obligarnos a votar que sí a que no puedas hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler", ha argumentado la portavoz juntera en el Congreso, Míriam Nogueras, durante el pleno, en una intervención en la que ha acusado a la Moncloa de chantajearles.

24 horas antes de la votación, los colectivos sociales se reunieron con Junts, pero no lograron su beneplácito. Y mientras sigue la cuenta atrás para la votación, mantienen la presión para que los junteros den luz verde a una medida "imprescindible". Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la portavoz Valeria Racu cree que la oposición de los junteros es "sorprendente", dado que Catalunya es "líder en desahucios". "Juntos va totalmente en contra de lo que necesita la sociedad catalana. Confiamos en que recapacite y sea consciente de que, por el pueblo catalán, si es lo que tanto les interesa, debe aprobar esta moratoria", ha añadido en declaraciones desde delante del Congreso. Por su parte, Paco Moroto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, avisó de que si el texto cae habrá "movilizaciones serias y duras" tanto en Madrid como en Barcelona. Hace año y medio, el Sindicato de Alquiladoras ya convocó una concentración a las puertas de la sede de Junts después de que los junteros hicieran descarrilar la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

La presión en Junts también se ha ejercido dentro del hemiciclo por parte de las formaciones de izquierdas. El diputado de ERC Jordi Salvador ha afirmado que es necesario ser "mala persona" para votar en contra de detener los desahucios a colectivos vulnerables. "Estamos hablando de grandes tenedores [...] quizás en pijolandia conoce a mucha gente con once pisos, a mi entorno no", ha recriminado a Nogueras. En nombre de Podemos, Ione Belarra ha reclamado a Junts que tenga "un poco de humanidad" de cara a las personas que se benefician de estas medidas excepcionales: "Si no, pensarán que son lo mismo que Xavier García Albiol", espetó la junta a los juntos la junta a los juntos. "política del titular" para "ganar un poco de atención mediática". En representación de Sumar, Aina Vidal, ha acusado a Nogueras de "mentir" porque su voto en contra "da vergüenza". a las personas vulnerables con "soluciones efectivas" gracias al "crecimiento económico" Desde la Moncloa, la portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, también ha pedido "responsabilidad" Justamente hoy, el consejo de ministros ha dado luz verde a una partida de 300 millones de euros para financiar la línea de avance de guiño a Junts. Un gesto que se suma al acuerdo con Podemos para regularizar migrantes que puede desbloquear una de las exigencias de los junteros esta legislatura como es la delegación de las competencias en inmigración en Catalunya.

Críticas de los colectivos en el PSOE y en el PP

Asimismo, los colectivos de vivienda también han tenido palabras dirigidas al gobierno español: "Es totalmente incapaz de sacar adelante una única medida que nos proteja", ha lamentado Racu. Morote ha reclamado "medidas estructurales" en materia de vivienda para superar el "parche" que considera que es el escudo social que hoy está encima de la mesa. El PP también ha recibido por su voto en contra, pero se ha reafirmado. El vicesecretario popular Juan Bravo defendió en el pleno que es "una falta de respeto" que se hayan mezclado asuntos que nada tienen que ver entre sí en un mismo decreto y rechazó una prohibición de desahucios que, sostiene, "ahoga al propietario". Proteger a los vulnerables, dice el PP, es "trabajo del Estado" y no de los ciudadanos "cumplidores" que "tienen una vivienda ocupada".