Podemos se abre ahora a desbloquear la delegación de competencias de inmigración en Cataluña

BarcelonaPodemos había sido hasta ahora un muro ante el acuerdo entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias de inmigración en Cataluña. "No se hará con los votos de Podemos", aseguraba el partido lila, muy beligerante con los motivos "racistas" que achacaba al pacto. Asimismo, también dejaba una puerta abierta a un cambio de posición si el gobierno español accedía a "aprobar la ILP de regularización extraordinaria" de migrantes. Y ese momento ha llegado.

El día en que el gobierno español aprobará -tras acordarlo con el partido lila- la regularización de medio millón de personas extranjeras que ya están en España, la eurodiputada Irene Montero ha confirmado que su formación se abre ahora a negociar el alcance de la delegación en la Generalitat. En declaraciones a la SER, confirmó la predisposición a hablar para "modificar" el texto que hasta ahora bloqueaban para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

La ley de delegación de competencias en inmigración continúa en el cajón de las medidas pactadas entre socialistas y junteros que todavía están pendientes de cumplir, desde que el pasado 23 de septiembre el Congreso rechazó esta iniciativa, con los votos en contra del PP, Vox, Podemos, UPN, un diputado de Compromís y otro de la Chroma. Montero admite ahora que ese voto en contra de Podemos no es inamovible: "Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado, para que no tenga ningún contenido racista", ha dicho, pese a la oposición frontal manifestada hasta ahora.

Lo que ha cambiado es el acuerdo anunciado este lunes para la regularización extraordinaria. La medida afectará a medio millón de migrantes (de los que más de 150.000 residen en Catalunya), según cálculos de la formación lila, los cuales tendrán que acreditar cinco meses de residencia en España previos al 31 de diciembre de 2025. "Antes de hablar de competencias, teníamos que garantizar derechos", ha dicho Montero para justificar el cambio. La regularización, añadió, era "uno de los elementos fundamentales para que la delegación de competencias no refuerce el racismo contra las personas migrantes".