Podemos se abre ahora a desbloquear la delegación de competencias de inmigración en Cataluña

Barcelona / MadridPodemos había sido hasta ahora un muro ante el acuerdo entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias de inmigración en Cataluña. "No se hará con los votos de Podemos", aseguraba el partido lila, muy beligerante con los motivos "racistas" que achacaba al pacto. Esta oposición frontal era el principal escollo para materializar una de las exigencias de los de Carles Puigdemont para apoyar parlamentario a los socialistas. El incumplimiento de este punto fue, de hecho, uno de los principales motivos esgrimidos por los junteros para romper con la Moncloa. En uno de los momentos más delicados de la legislatura, con el gobierno español contra las cuerdas por la crisis ferroviaria, el PSOE ha pulsado la tecla que Podemos ya había apuntado que podía ser el deslumbrante de este bloqueo: la regularización de medio millón de personas que ya están en el Estado.

La eurodiputada Irene Montero ha confirmado este martes que su formación se abre ahora a negociar la delegación de competencias en la Generalitat. En declaraciones a la SER, mostró su predisposición a hablar ahora del texto para "modificar" lo que hasta ahora bloqueaban para que "no tenga ningún contenido racista", pese a que la proposición de ley PSOE-Junts es un articulado más bien técnico que traspasa funciones que hasta ahora realizaba la administración general del Estado a la Generalitat. "Estamos abiertas a negociar siempre que se consideren nuestras aportaciones", confirmó la líder de Podemos, Ione Belarra, en rueda de prensa en el Congreso.

"Antes de hablar de competencias debíamos garantizar derechos", ha explicado Montero para justificar el cambio de posición de su formación. La regularización, añadió, era "uno de los elementos fundamentales para que la delegación de competencias no refuerce el racismo contra las personas migrantes". Juntos exige al PSOE que acabe de convencer a la formación lila. "Cataluña necesita ejercer el 100% del poder en materia de inmigración", dijeron los diputados junteros en declaraciones a la prensa tras el pleno en el Congreso. Fuentes del partido, en esta línea, dicen que ahora corresponde a los socialistas reactivar la proposición de ley, pendiente en la cámara española desde que el 23 de septiembre el Congreso rechazó esta iniciativa, con los votos en contra del PP, Vox, Podemos, UPN, un diputado de Compromís y otro de la Chunta Aragonesista.

"Legitimación política" de la medida

¿Y qué dice el gobierno español? La portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, se mostró prudente y se limitó a recetar "diálogo" ya decir que "cumplan los acuerdos". A juicio de la Moncloa, sería un paso relevante que la Generalitat asumiera estas competencias para "avanzar en una política migratoria integral".

A partir de ahí, Saiz ha querido defender la "legitimación política" de la regularización de este medio millón de personas (unas 150.000 personas residen en Catalunya), aunque la medida no pasará por el Congreso porque se trata de la modificación de un reglamento. Según Saiz, en un contexto de auge de la extrema derecha en Europa y de políticas migratorias restrictivas de gobiernos de todos colores, el gobierno español quiere ser una "semilla" en favor de la lucha contra la ola de ultraderecha.

Oposición de la derecha y aval de la Iglesia

Tal y como ya manifestaron ayer el PP y Vox, la portavoz del PP en la cámara baja, Ester Muñoz, ha rechazado el acuerdo entre PSOE y Podemos y ha criticado el cambio de posicionamiento de los lilas. "Lo que antes era racista ahora ha dejado de serlo", ironizó en declaraciones en el pasillo del Congreso. Según Muñoz, la iniciativa es una "frivolidad" del PSOE, y ha dicho que busca desviar la atención de la crisis ferroviaria. El PP, además, se opone por una cuestión de fondo. Sostienen que las regularizaciones no pueden ser masivas, sino que deben realizarse "persona a persona". El partido de extrema derecha fue más allá que los populares y anunció que recurrirá la iniciativa ante el Tribunal Supremo. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho que es una "locura" y una "barbaridad".

Esta postura contrasta con la de la Iglesia española. En un comunicado, el departamento de migraciones de la Conferencia Episcopal Española celebró el anuncio de regularización. La valoración de los obispos españoles es que se trata de una medida "de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país".