Podemos anuncia el veto al traspaso de inmigración a la Generalitat

MadridDespués de un año de negociaciones, Juntos y el PSOE han llegado a un acuerdo para traspasar las competencias en inmigración a la Generalitat. Pero lo que parecía el final del camino apenas es el principio: Podemos, socio imprescindible, ya ha anunciado que vetará el traspaso. "No se hará con los votos de Podemos", ha garantizado la líder del partido lila, Ione Belarra, en un mensaje a X, sin demasiadas más explicaciones. A Podemos no le gusta que el PSOE haya pactado con Junts, "un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana", aunque las competencias se traspasarían a la Generalitat, actualmente en manos del PSC de Salvador Illa. "Lo urgente en nuestro país es que se apruebe la ILP de regularización, que lleva un año esperando", ha añadido Belarra en referencia a la proposición a trámite en el Congreso que reclama "regularizar a los extranjeros que se encontraban en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021".

"No sé con qué votos pretende el PSOE sacar adelante este acuerdo con Junts, pero ya les digo que con los votos de Podemos esto no se hará. Primero debe aprobarse la ILP de regularización extraordinaria y cuando Junts demuestre que no es racista, entonces Podemos estará abierto a debatir y discutir sobre competencias en migración", ha dicho después Bel. El gobierno español le ha respondido invitando a todos los grupos parlamentarios a hacer una "lectura sosegada" de la proposición de ley registrada este martes por la mañana por el PSOE y Junts al Congrés. Según la ministra de Migraciones, Elma Saiz, la exposición de motivos "recoge perfectamente" los principios del ejecutivo español, "poniendo en el centro los derechos humanos", así como una visión "positiva" de la inmigración. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Saiz ha invitado a dialogar para aprobar un texto en el que, ha remarcado, hay margen para que hagan "aportaciones".

Fuentes de Junts también han avanzado que hablarán con la formación lila y han esperado no tener problemas para hacerles cambiar de opinión. Sin Podemos la norma no tiene ninguna opción de prosperar porque los números no saldrán. Por tanto, convencer al partido lila se convertirá ahora en el principal reto. Y no serán los únicos votos a sumar. Para que salga adelante la votación se necesita la mayoría absoluta de la cámara baja y, por tanto, eso también incluye al resto de socios de la investidura: Sumar y ERC, que ya han verbalizado que están a favor, Bildu y PNV (el voto del BNG sería prescindible). Desde Sumar la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha garantizado en una entrevista en TVE que el acuerdo "se encuentra en el marco del respeto constitucional y también del respeto a las competencias que marcan las directrices europeas". También insistió en que el respeto a los derechos humanos "queda garantizado".

Rechazo del PP y Vox

Como era de esperar, al PP no le ha gustado el traspaso de inmigración a la Generalitat pactado entre PSOE y Junts. "Es una humillación sin precedentes", se quejó Alberto Núñez Feijóo en una atención a los medios desde el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. A juicio del presidente del PP, es una demostración más de que Pedro Sánchez es "un figurante" al que "pone y quita el independentismo de Junts". Isabel Díaz Ayuso también criticó que Sánchez pacte sobre esta materia con un partido al que el presidente español había acusado de "xenofobia" en el pasado. La presidenta madrileña ha afirmado que el incremento de plantilla de los Mossos d'Esquadra implica tratar a este cuerpo policial autonómico "como si fuera un nuevo ejército". Vox tampoco ha escatimado esfuerzos creativos por calificar el acuerdo de "pacto criminal" y una "sentencia de muerte" en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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Los populares consideran que el acuerdo, que los junteros son detallados en rueda de prensa, "supone profundizar en la desigualdad de los españoles" y "seguir desmantelando el Estado en Catalunya" porque "las competencias en extranjería son exclusivas del Estado". El ejecutivo español ha defendido, por el contrario, que se trata de una "delegación" de competencias contemplada en la Constitución, que pese a ser "integral" e "importante" no va en detrimento del Estado.

¿Qué dice el Gobierno?

A la espera de que la reforma supere el trámite en las Cortes Generales, el Govern se prepara ya para asumir las nuevas competencias: este martes el consejo ejecutivo ha creado un grupo de trabajo liderado por la conselleria de Derechos Sociales que analizará la letra pequeña del traspaso para planificar qué recursos harán falta para hacerlo efectivo. También estarán representados los departamentos de Presidencia y de Interior. Este grupo será el que decidirá, entre otros, si cerrará o no los CIE en Cataluña. En cualquier caso, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantizado que el ejecutivo actuará con "rigor" y "responsabilidad" ante el traspaso: "Cualquier avance competencial y mejora del autogobierno es siempre bienvenido", ha dicho durante un acto este martes.

La ampliación adicional de 1.800 agentes a los 25.000 anunciados por el Gobierno hace una semana también obligará a la Generalitat a reorganizar el calendario y las convocatorias para incorporar nuevos agentes. La consellera y portavoz del Govern, Silvia Paneque, enmarcó esta ampliación en la necesidad de acompañar el traspaso de más recursos que permitan a la Generalitat asumir estas nuevas funciones, que quiere ejercer con vocación de ser "tierra de acogida". En respuesta al PP, Paneque ha criticado que consideren que "España se rompe" cada vez que hay un traspaso de competencias a Catalunya y ha recordado que anteriores ejecutivos españoles del PP también firmaron pactos similares con la Generalitat.

Parlamento

En el Parlament de Catalunya el PP y Vox han registrado este martes una petición de comparecencia de Isla para que explique cómo gestionará la delegación de competencias. En un comunicado, el portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Fernández, tachó esta cesión "de ilegal" y añadió que les "preocupa en serio" la medida. A su vez, el portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, criticó que el acuerdo "es un atentado contra la seguridad" de Catalunya. Aliança Catalana también criticó el acuerdo, pero porque sólo se traspasarán "competencias administrativas". "No queremos migajas, queremos las llenas potestades para legislar sobre extranjería", ha reclamado la diputada Rosa Maria Soberana. También ha mostrado su rechazo la CUP, pero por motivos muy diferentes. El diputado Dani Cornellà ha acusado a la formación de Carles Puigdemont de reclamar "lo mismo" que Aliança Catalana: "Si piden las competencias de inmigración es porque han comprado el marco impuesto por la extrema derecha". En cambio, los comunes han dicho que es una "muy buena noticia" que la ventanilla única pueda servir para eliminar los desmanes de burocracia que empeoran la vida de las personas migradas.