El Congreso discutirá si da papeles a 500.000 extranjeros que viven en España

BarcelonaEl pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la regularización extraordinaria del medio millón de personas originarias de países extracomunitarios que residen en el Estado español (unos 100.000 en Cataluña) sin documentación. Hasta el último minuto, los promotores del texto temieron que la petición se archivara y la cámara baja fuera el final del trámite. Finalmente, PSOE y PP se han sumado a las izquierdas (Sumar, ERC, Bildu y BNG), el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque con matices, y sólo la extrema derecha n se ha quedado al margen.

Se trata de una iniciativa que en la anterior legislatura registraron más de 800 entidades sociales (incluida la Conferencia Episcopal), que pretende dar documentación legal para residir a los inmigrantes que estén viviendo en el Estado desde antes de el 1 de noviembre de 2021, como ya se ha hecho en anteriores ocasiones. La ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que la ciudadanía puede presentar propuestas legislativas en el Congreso si presenta al menos medio millón de firmas. En este caso, se han reunido más de 660.000 a través de la iniciativa conjunta bautizada como Esenciales, para evidenciar el papel esencial en el ámbito económico y social que juega el colectivo de extranjeros extracomunitarios.

En su intervención, la socialista Elisa Garrido ha afirmado que la legitimidad de las firmas que avalan la propuesta hace que "no se pueda hacer otra cosa que apoyar la toma de consideración de la ILP", aunque ya ha avisado de que el PSOE introducirá enmiendas cuando la iniciativa dé al salto a la comisión de migración del Congreso. Una vez aquí, se discutirá entre los grupos parlamentarios, se introducirán las enmiendas o cambios y se votará un dictamen final que volvería al pleno de la Cámara Baja Española para ser votado definitivamente.

Por su parte, la diputada popular Sofía Acedo ha justificado su sí a sacar adelante la ILP debido a que les ha pedido una entidad como Cáritas, que "siempre está donde debe estar", ha dicho. El PP también busca abrir el debate de la gestión migratoria para "retratar al gobierno" español, al que ha responsabilizado de "la irregularidad sobrevenida" por haber desmantelado las oficinas de extranjería y haber dejado de controlar las fronteras por las que entran cada día inmigrantes en situación irregular.

En clave catalana, desde Junts el diputado Josep Maria Cervera ha evitado entrar en el fondo de la ILP y aclarar su postura en la posterior etapa del trámite y se ha limitado a justificar que la formación siempre ha defendido que " en los Parlamentos debe poder hablarse de todo, también en el de Catalunya". Mientras, el republicano Jordi Salvador ha subrayado que la regularización de los migrantes será positiva no sólo para los propios afectados, que conseguirán derechos, sino también para la economía y la sociedad. Así, aseguró que supondrá un aumento de las contribuciones a la Seguridad Social y Hacienda.

Más de la mitad, mujeres y criaturas

La mitad de los 500.000 extranjeros en situación irregular son mujeres y alrededor de 125.000 menores de edad. Son dos de los grupos con mayor vulnerabilidad social, según denuncian insistentemente las entidades sociales que, como las administraciones públicas no pueden atender a estas personas, son las que se hacen cargo con todo tipo de apoyo: desde la alimentación y la ropa hasta becas comedor para las criaturas.

La irregularidad administrativa aboca a este colectivo a trabajar en trabajos sin contrato ni seguros o en condiciones de explotación. La falta de una autorización de residencia también les dificulta el empadronamiento en gran parte de los ayuntamientos catalanes, que retrasan la inscripción en el padrón municipal, o incluso el poder alquilar una vivienda. El miedo a ser detenidos o el desconocimiento de los mecanismos administrativos y legales complica, además, que puedan denunciar los abusos con los que se topan en su día a día. Tampoco pueden votar, lógicamente, así que pueden vivir durante años en el país, pero no tienen derecho a escoger a sus representantes políticos ni a hacer oír su voz. En España ha habido hasta nueve regularizaciones extraordinarias como la que busca esta ILP, la última de las cuales fue hace dos décadas.