¿Qué medidas incluía el decreto que han tumbado Junts y el PP?

MadridLa derrota parlamentaria del gobierno español con la caída del decreto ómnibus ha hecho descarrilar medidas como el incremento de las pensiones en 2025 en relación con la inflación o las bonificaciones en el transporte público Pero los votos en contra de Junts, el PP y Vox no sólo han provocado el adiós, por ahora, de estas políticas, sino de muchas más. Boletín Oficial del Estado (BOE) de 140 páginas (además de las medidas en sí, se incluye la modificación técnica de artículos y disposiciones). Juntos y el PP dicen estar abiertos a votar favorablemente a un decreto siempre que éste incluya pocas cosas –por ejemplo, sólo pensiones y las ayudas al transporte público–, pero el gobierno de Pedro Sánchez insiste en mantener vivas muchas más medidas.

Estas son algunas de las medidas más destacadas:

• Subida de las pensiones contributivas, como la jubilación o la prestación por orfandad, un 2,8%. Por ahora, sólo se aplicará este enero.
• Subida de las pensiones mínimas, no contributivas y el ingreso mínimo vital entre un 6% y un 9%.
• Entrada en vigor de la "cuota de solidaridad" vinculada a las pensiones. Esta cuota se aplica a la parte de los salarios que ahora no cotizan (lo que queda fuera de la base máxima de cotización), es decir, sólo afecta a los sueldos más altos. A partir de 2025 debía aplicarse una cuota de un 1% y los ingresos iban a parar a la hucha de las pensiones.
• Prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobado en 2024. La medida que se aprueba cada año a la espera de una nueva actualización para que no decaiga el último incremento. Si no, se devuelve al SMI anterior. Trabajo acaba de publicar una instrucción para impedir este retroceso y mantener el SMI en 1.134 euros brutos al mes.
• Suspensión durante un año de algunos desahucios: los que afectan a familias en situación de vulnerabilidad sobrevenida, o que ya la sufrían pero que se ha agravado.
• Medidas que afectaban a la declaración de la renta de los trabajadores autónomos.
• Prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables un año más.
• Prórroga de un año de los descuentos sobre el bono social eléctrico y térmico, que van del 65 al 42% en función de la vulnerabilidad del consumidor. Se preveía una reducción progresiva.
• Gratuidad hasta junio de los abonos de Renfe –Cercanías y media distancia convencional– a todos los usuarios.
• Bonificación del 100% también durante seis meses de los abonos o títulos multiviaje de las líneas estatales de autobús.
• Subvención durante un año del transporte urbano e interurbano (30%), como el metro o el autobús.
• Prórroga de las entregas a cuenta por valor de 9.675 millones en las comunidades autónomas vinculadas al modelo de financiación de régimen común. Ahora quedan paralizadas a la espera de su aprobación o actualización. Cataluña, con 1.910 millones, es la comunidad más perjudicada.
• Prórroga anual de las deducciones en la declaración del IRPF por obras de mejora en eficiencia energética en el inmueble. Deducciones entre el 20% y el 60% de los gastos.
• Prórroga anual de las deducciones en la declaración del IRPF por la adquisición de un vehículo eléctrico o instalación de un punto de carga.
• Ayudas públicas en la industria electrointensiva.
• Retraso hasta abril de la entrada en vigor del impuesto sobre los puros electrónicos (ahora se fija el calendario de la reforma fiscal).
• Recargo de un 15% sobre el impuesto a la banca por una integración bancaria. La medida, que ahora decae, afectaba directamente al BBVA en caso de prosperar la opa sobre el Banc Sabadell.
• Exención de impuestos en la UEFA para llevar a España la final de la Europa League 2025. Es el próximo 21 de mayo en San Mamés (Bilbao).
• Prórroga de dos años del escudo antioperas: el gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras de más del 10% del capital en empresas estratégicas cotizadas.
• Ayuda por valor de 4,5 millones de euros en la ciudad autónoma de Ceuta para la protección de menores migrantes no acompañados.
• Traspaso al PNV de un edificio situado en París. El partido vasco argumenta que es un cumplimiento de la ley de memoria democrática. La formación explica que lo adquirió en 1936, pero la Gestapo le incautó y lo entregó al régimen franquista.