Eran casi las nueve de la noche y en el mostrador de admisiones de urgencias del Hospital del Mar en Barcelona dos personas atendían a los pacientes que llegaban. Había un tercer mostrador, pero estaba cerrado porque el trabajador que estaba allí charlaba tranquilamente con otros dos compañeros. Quizás hablaban de trabajo, pero la sensación de que estuvieran ignorando a los que esperábamos era exasperante: si vas a urgencias es porque precisamente necesitas que alguien te atienda con urgencia. Tuve la desgracia de tener que ir allí el viernes de la semana pasada para acompañar a mi pareja.

El crucero afectado por hantavirus desembarcará de aquí tres o cuatro días en Granadilla de Abona, un puerto secundario al sureste de la isla canaria de Tenerife, muy cerca del aeropuerto. Aquí se espera que todos los pasajeros y la tripulación puedan ser evaluados por equipos médicos, pero no podrán bajar del barco. A partir del lunes que viene serán repatriados a sus países de origen si no presentan ninguna sintomatología compatible con la infección. En el caso de las 14 personas de nacionalidad española que están a bordo —entre ellas, cinco catalanes—, serán trasladadas en un avión del ejército hacia la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para ser ingresadas en el hospital militar Gómez Ulloa, donde pasarán la cuarentena. Las autoridades no han determinado aún durante cuánto tiempo, pero sí que el periodo de incubación del hantavirus es de unos 45 días. El barco zarpó este miércoles al atardecer y Sanidad calcula que tardará tres días y 12 horas en atracar en Canarias si no hay ningún imprevisto.

No se trata de que a nadie se le atragantara el desayuno esta mañana, pero el paro y la inflación han asomado la cabeza, y si la guerra de Irán continúa acabarán sacando la cabeza entera. El encarecimiento de la vida es un hecho y las perspectivas son a peor, con profecías de shock energético y disrupción del comercio internacional, incluidos los alimentos.

La Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) ha publicado este martes un informe sobre la homeopatía que concluye "de manera categórica" que no hay evidencia científica que avale su eficacia y que sus efectos son "similares al placebo". Si, además, se sustituye o se abandona un tratamiento médico avalado para patologías graves o crónicas, el informe señala que puede "poner en peligro" la salud de las personas. El estudio de la agencia estatal adscrita al ministerio de Sanidad, con el nombre de Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias sobre su eficacia y seguridad, analiza 64 informes sobre la homeopatía y los efectos publicados desde 2009.

Esta mañana hemos vuelto a ver al presidente Salvador Illa, que ya ha ido a trabajar.

Cuando era el máximo responsable de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell describió a Europa como "un jardín", en contraposición a la "jungla" que es buena parte del resto del mundo. Sobre el papel, este supuesto jardín se basa en una seguridad y capacidad de progresar económica y materialmente por parte de los ciudadanos garantizada por un estado fuerte que redistribuye la riqueza a través de los impuestos, pero sobre todo a través de servicios básicos. Es decir, el elemento diferencial del progreso europeo es el llamado estado del bienestar.

La circulación de virus respiratorios, especialmente el de la gripe, ha vuelto a poner a prueba unos servicios sanitarios que llevan demasiado tiempo funcionando al límite. Cada episodio epidémico lo confirma. Y mientras aquí resistimos cómo podemos la presión asistencial, a miles de kilómetros, en China, se exploran caminos que podrían transformar radicalmente la forma en que entendemos la medicina.

Gabriel Masfurroll ha fallecido a los 72 años después de una larga enfermedad. El economista fue uno de los pioneros del sistema sanitario privado en España y fue vicepresidente y portavoz del FC Barcelona entre 2000 y 2002 –a lo largo del mandato de Joan Gaspart– después de formar parte de la junta de Josep Lluís Núñez. Masfurroll participó en una de las decisiones más importantes del club, como el fichaje de Leo Messi. Años más tarde, también sería el vicepresidente de la Fundación Barça entre 2000 y 2015, bajo el mandato de Sandro Rosell. Su compromiso con el deporte también fue más allá del Barça, ya que presidió la Fundación Laureus en España, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para integrar a personas en riesgo de exclusión a través del deporte, y fue embajador de la candidatura olímpica de Madrid en 2012 y 2016.

La privatización de la sanidad madrileña vuelve a estar en el punto de mira. Y las miradas apuntan al Hospital de Torrejón de Ardoz. Está en el ojo del huracán después de que El País haya destapado unos audios en los que se siente el consejero delegado de Ribera Salut –la empresa que lo gestiona–, Pablo Gallart, ordenando rechazar pacientes o procesos no rentables para alargar las listas de espera con la voluntad de realizar menos intervenciones, necesitar personal y medios y, en consecuencia, aumentar sus beneficios. Fue en una reunión del 25 de septiembre con mandos del grupo y del hospital: "En Torrejón, en los años 2022 y 2023 decidimos como organización hacer un esfuerzo para reducir la lista de espera. Lo único que pido es: deshacemos camino", decía.

El 51,8% de los estudiantes de 14 a 18 años en España dicen haber bebido en el último mes, frente al 68% que lo hacían en el 2015. Sólo uno de cada cuatro ha probado el tabaco, cuando hace una década eran cuatro de cada diez. Y el 21% reconoce haber fumado cannabis alguna vez frente al 29% de hace diez años. Hace treinta años que se realiza la Encuesta sobre el uso de drogas en la enseñanza secundaria (Estudes) y nunca se había constatado una bajada del interés por el alcohol, el tabaco y las drogas entre los adolescentes como en la actualidad.

A raíz de la pandemia, la Generalitat ha aumentado la inversión en políticas sociales para hacer frente a la crisis social derivada de las medidas restrictivas, pero lo ha hecho 10 puntos por debajo de la media española. De hecho, Cataluña se mantiene en la cola de las comunidades en cuanto al incremento del gasto social entre 2019 y 2024, con un 14,9%, ligeramente por debajo de los gobiernos de Madrid y Murcia (15 y 16,4%). Son datos del último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado este lunes, que denuncia que el crecimiento presupuestario general en este quinquenio poscovido no se ha reflejado en los capítulos de sanidad, educación y servicios sociales. La recuperación en los presupuestos sociales en Catalunya supone un incremento de 383 euros per cápita, sólo superando por la mínima de un euro al Madrid de la popular Isabel Díaz Ayuso, mientras que la media española se sitúa en torno a los 660 euros.

Los procesos de reproducción asistida tienen un impacto emocional, físico y económico. Hablamos con mujeres sobre cómo han vivido este periplo.

Madrid se llenó este domingo de miles de personas que protestaron contra la política de la Comunidad de Madrid en materia de salud. Según datos de la Delegación del Gobierno, cerca de 30.000 personas han salido a la calle para reclamar una sanidad más pública y mejor financiada, al tiempo que han denunciado el "desmantelamiento" de la atención primaria realizada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, centro de las dianas en la marcha de este domingo. Un gran muñeco con el rostro de Ayuso, envuelto en la palabra culpable bien visible, ha sido uno de los grandes animadores de la protesta.

El Gobierno de Salvador Illa se ha propuesto desatascar de una vez por todas la transformación del sistema sanitario, que lleva años reclamándose desde diferentes esferas del sector para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública. Los profesionales, las sociedades científicas, los sindicatos y las patronales coinciden en que se necesitan cambios urgentes para adaptar el sistema a la realidad actual, con una sociedad más envejecida y diversa que ha vivido cambios económicos y tecnológicos muy importantes en las últimas décadas. Por eso, piden que estas reformas sean de largo recorrido y anticipen las problemáticas y las necesidades de futuro.

La Obra Cultural Balear (OCB) ha tenido suficiente con recoger los datos del Servicio de Salud de las Islas Baleares para comprobar que la lengua catalana no es ni ha sido nunca un impedimento para cubrir plazas de enfermería en estas islas. Esto es importante, porque el Partido Popular y el ejecutivo de Marga Prohens habían insistido en decir lo contrario. Según llegaron a declarar la consejera de Salud del Govern Balear, Manuela García, y el vicepresidente y consejero de Economía, Antoni Costa, el catalán era "un obstáculo" para la contratación de personal en la sanidad pública de Baleares. Deberían dimitir o ser cesados ​​por ello. En todo caso, son los datos del propio Gobierno Balear los que los dejan en evidencia.

Medirse el nivel de azúcar en la sangre y pincharse insulina. Es lo primero que hace cada día Pau Ribas, un ingeniero y emprendedor de 28 años a quien a los 21 le diagnosticaron diabetes del tipo 1, una enfermedad crónica que se caracteriza por la incapacidad del páncreas de generar la insulina necesaria para regular la glucemia en la sangre. Con estas dos primeras acciones matinales, la rutina diaria de Pau como paciente diabético no ha hecho más empezar: a lo largo del día se tendrá que volver a inyectar insulina (en su caso, de cuatro a diez veces) y tendrá que ajustar la dosis según lo que se disponga a comer. También tendrá que calcular la cantidad de hidratos de carbono que contiene cada alimento o cada comida, ya que la ingesta de este componente hace subir los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre y los pacientes de diabetes deben mantenerla bajo estricto control para evitar daños en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los tejidos, en los riñones, en los vasos sanguíneos.

Lleva 22 años sin actualizarse la ley que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en España. En este tiempo, la población que atienden a diario ha cambiado mucho, así como sus necesidades, ya que ahora es más diversa y está más envejecida. Pero también lo han hecho las demandas de los profesionales y prioridades de la administración, que en algunos ámbitos son contrarias. Tras semanas de tira y aflojas y críticas cruzadas, incluida la filtración de un primer borrador que obligó al gobierno español a defenderse públicamente, este miércoles el ministerio de Sanidad y los sindicatos se han sentado de nuevo por reanudar las negociaciones del anteproyecto de ley del estatuto marco del sector sanitario. Uno de los aspectos que más polvareda han levantado es la voluntad del ministerio de exigir exclusividad a los cargos de responsabilidad y cargos directivos de la sanidad pública y que, por tanto, no puedan trabajar en la privada.

La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que el ejecutivo lanzará antes de que acabe el año una nueva licitación para prestar asistencia sanitaria a los trabajadores públicos adscritos a Muface, la mutualidad de los funcionarios. Según Alegría, el nuevo concurso público incrementará un 33,5% en tres años la prima que la administración pagará a las aseguradoras, superior al 17,11% en dos años ofrecido en la primera puja de este año, que quedó desierta en noviembre.

Un estadounidense es alguien que cuenta. Como nosotros, pero más mucho más. Y una parte importante de su estrés financiero se debe a las facturas que paga por su cobertura sanitaria y la de su familia. Y a menudo vive con el alma en un puño de que el día que caiga enfermo de verdad se enfrente a morirse o arruinarse, porque no esté tan cubierto como se pensaba, o aparezca una letra pequeña interpretada de la manera más ventajosa por la aseguradora o lo condenen a dar vueltas por un laberinto de gestiones y demoras.

En 2022 el gobierno Sánchez confeccionó un real decreto (RD 209/2022 de 22 de marzo) que establecía la comisión consultiva para la determinación de las sedes de los nuevos organismos públicos. La forman funcionarios de la administración central. La introducción del Real Decreto es impecable. Enfatiza que ser una entidad del Estado de ámbito estatal no comporta que la sede física esté en Madrid y se alinea con una agenda de desconcentración territorial de entidades.